Crítica:
El texto original es una simple enumeración de datos del OEC disfrazada de análisis. Le falta profundidad sobre por qué el Gobierno acepta esta asimetría a cambio de silencio político.
El texto original es una simple enumeración de datos del OEC disfrazada de análisis. Le falta profundidad sobre por qué el Gobierno acepta esta asimetría a cambio de silencio político.
Hay algo profundamente poético en ver a un ministro jugar al tenis con los tweets. Óscar Puente, que lleva unos días haciendo malabares con su posible candidatura para suceder a Pedro Sánchez, ha decidido que su nuevo hobby es trolear a Ryanair. El escenario es el de siempre: la aerolínea irlandesa dice que Aena es carísima y que por eso va a recortar tres millones de plazas entre 2025 y 2026. Básicamente, Ryanair quiere que el Estado le baje la factura del alquiler de la pista para seguir engrosando la hucha, usando la 'falta de competitividad' como excusa para apretar las tuercas al Gobierno. Pero Puente ha decidido no comprar el discurso. En lugar de responder con el típico comunicado acartonado de ministerio, ha optado por el sarcasmo digital. Cuando la compañía calificó de 'falsas' sus explicaciones sobre la reducción de vuelos, el ministro soltó una perla en X: 'No sé chicos. Yo me he fiado de lo que dice vuestro CEO. Quizá debía haber buscado una fuente más fiable'. Un zasca en toda regla que traduce la diplomacia institucional al lenguaje de una discusión de bar. La jugada maestra de Puente ha sido usar el arma del enemigo. Ha rescatado las quejas del propio Michael O'Leary contra Boeing y sus fallos de calidad en Seattle con los 737 MAX, citando a Quartz y Tourinews. El mensaje es claro: no es que Aena sea cara, es que Boeing no entrega los aviones y vuestra planificación operativa es un caos. Mientras Ryanair intenta que el Ejecutivo le haga un descuento en las tasas aeroportuarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible le recuerda que, en el juego de las mentiras corporativas, el ministro acaba de aprender a jugar.
Mientras Pedro Sánchez terminaba de broncearse en La Mareta, Lanzarote, la ciudad de Ceuta se convertía en un tablero de juego donde las piezas son personas y los espacios, el patrimonio de los vecinos. El calendario es cruel: el 30 de julio estalla el caos migratorio y el Consejo de Ministros, que parece operar con el ritmo de una siesta eterna, decide despertar el 25 de agosto. Veinticinco días después, cuando la paciencia de la calle ya no cabe en un vaso de agua, el Gobierno activa el mando único bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, quien promete flexibilidad hasta el 31 de diciembre, como quien te dice que la factura del gas es 'negociable'. La solución propuesta es un ejercicio de optimismo surrealista. Mediante un real decreto, el Ejecutivo ha decidido que los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor —sí, esos donde los niños juegan y hay piscinas climatizadas— son el sitio ideal para gestionar la crisis. Es como si, ante una inundación en tu casa, la solución fuera convertir el salón y la cocina en un almacén de esponjas. A esto se suma el Hospital Militar, el aparcamiento de Loma Colmenar y la antigua fábrica de harinas. El Ministerio de Defensa y el de Transición Ecológica también han puesto sus granos de arena, cediendo terrenos en Loma Margarita, la Hípica, la explanada del Guano y el Acuartelamiento Coronel Fiscer. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, ha reaccionado con la indignación de quien descubre que le han cambiado la cerradura de casa sin avisar, ya que estos sitios no figuraban en la lista del domingo. El Gobierno local recurrirá a la justicia, sabiendo que convertir el barrio en un campamento improvisado es la receta perfecta para que la convivencia explote como un petardo en agosto.
Hay quien lucha por llegar a fin de mes con el ticket del supermercado en la mano, y luego está Pedro Sánchez, que gestiona el Estado como quien organiza una agenda de citas en un spa. La secuencia es casi poética: el Gobierno tarda 25 días en admitir que Ceuta es un caos y decide crear un mando único para gestionar la crisis migratoria desde Marruecos. Justo cuando el ciudadano medio piensa que el presidente ha recordado dónde está su despacho, el hombre hace el truco de magia definitivo. 48 horas después de reunir el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez se esfuma. Destino: Andorra. No es una visita oficial, es un 'viaje privado' con Begoña Gómez. El refugio es el Sport Hotel Hermitage & Spa en Soldeu, un complejo de cinco estrellas gran lujo donde el aire es más puro que las promesas electorales. Para los que tengan problemas de memoria, ya en 2025 la pareja reservó una planta entera del hotel para que los escoltas no les interrumpieran la paz. Es el equivalente a alquilar el cine entero para no escuchar al de al lado comer palomitas. Lo más fascinante es el sentido del tiempo del presidente. El 31 de julio interrumpió su estancia en el Palacio de La Mareta, en Lanzarote, solo unas horas para pisar la frontera del Tarajal, soltar cuatro frases y volver a la tumbona el mismo día. Tras pasar allí hasta el lunes 24 de agosto, ha decidido que la crisis territorial de Ceuta puede esperar mientras él despeja su agenda hasta el lunes. Al final, gestionar el país parece ser el pasatiempo que Sánchez practica entre hotel y hotel, siempre que el servicio de habitaciones sea excelente.
Hay familias que comparten el apellido y otras que comparten un catálogo de sociedades pantalla como quien reparte cromos en el recreo. El clan Martínez Martínez ha elevado la ingeniería financiera a nivel de arte abstracto. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de mantenimiento, Manuel Martínez Martínez se pasea vinculado a 94 sociedades activas. Un despliegue industrial impresionante, sobre todo porque la mayoría de estas empresas no tienen ni teléfono, ni web, ni local; son fantasmas corporativos que habitan en el limbo administrativo. La trama es un juego de sillas musicales donde el premio es el silencio. Julio Martínez Martínez, el presunto 'pagador' de José Luis Rodríguez Zapatero, tomó el control de once empresas de su hermano Manuel justo después del rescate de Plus Ultra. De ese lote, nueve sirvieron para canalizar más de 800.000 euros en supuestas mordidas. Es la clásica maniobra de 'limpieza' de fondos: mover el dinero entre hermanos para que el rastro se pierda en un laberinto de papeles. El mapa de este imperio es surrealista. Desde el barrio de Chamberí, donde INVERCASMA SL tiene una sede en un piso que Manuel no pisa hace veinte años, hasta los bloques familiares en Petrer y Elda. Manuel es administrador en 76 empresas y dueño absoluto de otras 16, con actividades que van desde la pesca hasta la venta de alfombras. Una diversificación envidiable para alguien que no parece vender ni una alfombrilla de ratón. La UDEF ya lo tiene claro: Rafael y José Enrique Martínez Martínez también forman parte de este Tetris societario. No hay lógica económica, solo una coreografía familiar coordinada para que el verdadero beneficiario, el expresidente Zapatero, permanezca en la sombra mientras los fondos rotan sin descanso.
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de excesos: da vértigo y siempre hay un cargo que no recuerdas haber autorizado. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas, España ha soltado más de 2.000 millones de euros en la integración de menores no acompañados. Un sablazo monumental que, curiosamente, se cocina a fuego lento entre la opacidad central y la factura que termina pagando el ciudadano a través de las autonomías. La aritmética es, sencillamente, surrealista. Hemos recibido cerca de 28.000 menores y hemos logrado devolver a 41. Sí, cuarenta y uno. Una tasa de éxito que haría llorar al peor de los gestores de un concesionario de coches usados. Y lo más gracioso: ni uno solo ha vuelto a Marruecos, ese socio tan 'colaborador' que el Gobierno alaba en los comunicados oficiales mientras el flujo no cesa. El juego es sencillo: el Estado central controla la frontera (o no), pero cuando el sistema colapsa, el marrón se lo pasan a las Comunidades Autónomas. El Gobierno central ha ido soltando 'propinas' para calmar los ánimos: 40 millones en 2018, unos 60 millones entre 2022 y 2024 para traslados y una partida reciente de 35 millones para las regiones 'tensionadas'. Incluso se han gastado 25 millones en programas como TándEM para que los extutelados encuentren empleo. Pero eso es calderilla comparado con el agujero contable regional. Mientras el Estado juega al malabarismo con subvenciones, las CCAA han pasado de gastar 300 millones en 2018 a una proyección de hasta 700 millones anuales para el periodo 2024-2026. Mantener una plaza cuesta entre 3.000 y 5.000 euros al mes, pudiendo escalar a los 9.000 euros en casos especiales. Básicamente, el coste de mantener a un menor supera el sueldo de cualquier trabajador medio, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado con una sonrisa diplomática.
Cuando los argumentos geopolíticos se quedan cortos y el tablero diplomático se pone terco, siempre queda la carta del cielo. Marruecos, que ya ha probado el camino de los mapas y la historia, ha decidido sacar el manual de teología para reclamar Ceuta. Ahora, según el medio Hespress, la ciudad no es solo un trozo de tierra estratégica, sino el epicentro espiritual donde nació la celebración del cumpleaños del Profeta en el reino alauita. Es una jugada maestra de marketing identitario: pasar de la disputa territorial al sentimiento místico. Para darle cuerpo al asunto, rescatan la figura de Abu al-Abbas al-Azfi al-Sabti, un personaje que ya en 1236 escribía 'Al-Durr al-Munazzam fi Mawlid al-Nabi al-Mu'azzam'. Básicamente, nos dicen que Ceuta era el aula magna del Islam en el Occidente, un lugar donde se educaba a los niños en el amor al Profeta mucho antes de que nosotros supiéramos leer un mapa. Es como si un vecino intentara quitarte el jardín argumentando que hace ochocientos años allí crecía la mejor menta de la comarca. El relato es seductor. Mezclan la nostalgia del siglo XIII, la caída de los reinos musulmanes tras la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 y la erudición de Qadi Iyad al-Sabti con su libro 'Al-Shifa'. Nos venden una Ceuta que forjó la ética social marroquí, el sufismo suní y el credo ash'ari. Es una arquitectura narrativa impecable. Mientras nosotros discutimos presupuestos y vallas fronterizas, ellos elevan la apuesta a un nivel donde no hay abogados que valgan, sino fe y memoria. Al final, convertir una ciudad fronteriza en un santuario de la identidad es la forma más elegante de decir que el contrato de alquiler ha expirado hace siglos y que ahora vienen a cobrar la deuda con intereses divinos.
En la política, como en el mercadillo, el truco está en cómo vendes la mercancía. María Jesús Montero ha salido a la plaza pública con un dato que parece música para los oídos: el tráfico de drogas ha bajado un 7,8%. Sobre el papel, suena a éxito rotundo, casi como si hubiéramos limpiado las calles con un plumero. Pero claro, la realidad tiene una letra pequeña que quema. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado el jarro de agua fría: que bajen los atestados no significa que haya menos droga, sino que quizá hay menos manos para pillar a los que la mueven. Mientras Montero le lanza dardos a Juanma Moreno Bonilla acusándolo de 'sembrar miedo', los números del CITCO del 19 de agosto cuentan una historia muy distinta. En Andalucía, el hachís incautado ha pegado un salto del 38,56%, pasando de 143.070 a 198.244 kilos. Es una cantidad de resina que haría temblar a cualquier almacén logístico. Lo más surrealista ocurre en Huelva, donde la droga intervenida se ha disparado un 105,62%, y en Córdoba, que sin tener un solo metro de playa, ha visto subir sus incautaciones 17,5 veces. Es pura ingeniería financiera del crimen. Lo verdaderamente gamberro es el contraste: más droga en la calle, pero un 21,68% menos de detenciones. Es como si el narco hubiera aprendido a hacer el truco de magia de desaparecer mientras deja el paquete en la puerta. Todo esto ocurre mientras recordamos la tragedia de Barbate el 9 de febrero de 2024, la muerte de agentes en Huelva el 8 de mayo de 2026 y la masacre de Isla Cristina el 16 de agosto. Al final, el debate político se queda en 'la paja en el ojo ajeno', mientras el OCON-Sur, esa unidad que detuvo a 12.000 personas, desapareció en 2022 como quien borra un mensaje comprometido de WhatsApp.
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