Crítica:
La noticia es un eco directo de la narrativa del PP, careciendo totalmente de la versión del Gobierno sobre sus ausencias. Es un relato unidireccional que prioriza la confrontación jurídica sobre el análisis de la crisis migratoria.
El Senado llevará al Gobierno ante el Constitucional por irse de vacaciones en plena invasión de Ceuta
Ministros al Constitucional por plantón en Senado
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Sánchez pone al Rey en 'espera' por Marruecos
En la política, como en el barrio, hay quien sabe hacer el paripé y quien simplemente nos toma el pelo. Pedro Sánchez ha decidido que la agenda de Felipe VI tiene que esperar, no por falta de tiempo —que la Zarzuela estaba más vacía que una hucha en agosto—, sino porque en Rabat hay fiesta electoral. El 23 de septiembre, 15,8 millones de marroquíes eligen a sus 395 diputados y Moncloa ha decidido que el Rey en Ceuta es un 'accesorio' demasiado peligroso para el humor de Mohamed VI. Es la clásica jugada de quien quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero termina siendo el recadero de Rabat. Mientras el Gobierno nos vende que no hay veto y que la visita llegará «en las próximas semanas» (la frase comodín para decir 'cuando me deje el jefe'), en la sombra se negocia el aplazamiento para no darle munición al partido Istiqlal. Porque claro, que el Jefe del Estado pise suelo español en Ceuta podría molestar a los nacionalistas que llaman «colonizadas» a nuestras ciudades, y Sánchez prefiere evitar que el ministro Abdellatif Ouahbi se ponga nervioso con sus reivindicaciones de soberanía. Lo más delirante es el contraste. El 6 de agosto, cuando la ciudad estaba bajo presión migratoria, Felipe VI quiso ir y recibió un 'no' rotundo. Para maquillar el desplante, lanzaron un mensaje de «indignación» oficioso, algo así como decir que estamos muy enfadados mientras nos encogemos de hombros. Para rematar la faena, el 24 de agosto el Rey ni siquiera fue invitado al Consejo de Seguridad Nacional. Al final, el Rey se ha quedado en el 'modo sustitutivo': llamadas telefónicas a Juan Jesús Vivas y fotos con banderas en el salón. Gestos que, comparados con una visita real, son como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
Sanchismo: el despertar judicial del verano
El verano ha terminado y, con él, las vacaciones de los juzgados. La justicia española ha decidido despertar con un café cargado y seis expedientes abiertos que hacen que el entorno del sanchismo se sienta como si estuviera en un examen final sin haber abierto el libro. No es un goteo; es una catarata. Hablamos de un centenar de imputados, con una treintena de 'VIP' del socialismo que ahora descubren que el derecho penal no entiende de lealtades partidistas. Empecemos por el 'vintage' de la corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero vuelve al centro de escena gracias a que dos peces gordos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han decidido cantar para salvar el pellejo. Resulta que para 'salvar la compañía' en pandemia, recurrieron al expresidente y a su testaferro, 'Julito'. Y aquí viene lo tierno: más de medio millón de euros volando hacia Whathefav SL, la agencia de las hijas de Zapatero, Alba y Laura, bajo el concepto de 'servicios agencia'. Un concepto tan vago que parece escrito por un estudiante que intenta justificar por qué no entregó el trabajo a tiempo. Todo coordinado por Gertrudis Alcázar, la secretaria que manejaba el correo del jefe desde Ferraz como si fuera la torre de control de un aeropuerto. Pero hay más. El 'caso Leire Díez' es un menú degustación de irregularidades. Desde la 'trama SEPI' con Belén Gualda y Vicente Fernández, hasta las 'cloacas del PSOE' donde Ana María Fuente Pacheco e Ismael Oliver intentaban limpiar el camino judicial, incluyendo el caso del hermano de Sánchez. Santos Cerdán y Leire Díez aparecen como los 'porteros' de los intereses presidenciales, mientras Gaspar Zarrías ponía la infraestructura financiera. Para rematar, la cúpula de la Guardia Civil —Mercedes González, Manuel Llamas y Leonardo Marcos— se encuentra en el mismo saco, recordándonos que los nombramientos a dedo a veces vienen con efectos secundarios judiciales. Entre pendrives del PSOE, sobres de PDVSA con 90.000 euros entregados en Ferraz y el banquillo que espera a Begoña Gómez junto a Juan Carlos Barrabés, la agenda judicial parece un calendario de eventos sociales. Sumemos las mascarillas de Ábalos y los amaños de obra pública con Koldo García, y tenemos el cuadro completo: una ingeniería financiera donde el dinero público parece haber sido tratado como una tarjeta de puntos acumulables.
Enchufes y hoteles públicos: el escándalo ceutí
En el tablero político, hay quienes juegan al ajedrez y quienes simplemente mueven las fichas para que el primo quede colocado. El caso de la Casa del Mar de Ceuta es una clase magistral de ingeniería del favor. José Antonio Ríos Pavón, un malagueño que pasó por el concejalismo de Coín antes de que los 'motivos personales' lo alejaran del cargo en 2016, aterrizó en 2021 como director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM). ¿El método? La 'libre designación'. Traducción para el ciudadano de a pie: entrar sin hacer cola, sin concurso de méritos y con la alfombra roja extendida por Salvadora Mateos. Mientras el vecino de Ceuta mira el presupuesto doméstico con lupa para que no le den el sablazo en la factura de la luz, el Gobierno de Elma Saiz ha decidido que la Casa del Mar —un espacio diseñado exclusivamente para marineros, pensionistas del sector y sus familias— sea el hotel boutique de los activistas de la ONG Accem. Un edificio con 27 habitaciones con baño propio que ahora sirve de base para quienes gestionan carpas para 900 inmigrantes ilegales. El Ministerio lo llama 'situación excepcional', pero en la calle se lee como un intercambio de favores donde el reglamento es una sugerencia opcional. La ironía alcanza su pico cuando Ríos Pavón, además de gestionar el edificio, ostenta desde marzo de 2025 el cargo de secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE de Ceuta, bajo el mando de Miguel Ángel Pérez Triano. Es el círculo perfecto: el partido pone el cargo, el Estado pone el edificio y la ONG Accem, engordada con subvenciones millonarias de Pedro Sánchez, pone el activismo. Todo esto mientras los vecinos de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto gritan 'fuera' frente a una guardería, descubriendo que la 'transformación digital' consiste, aparentemente, en digitalizar el derecho a saltarse las normas.
Financiación autonómica: banquete para pocos, cuenta para todos
Imaginen que organizan una cena entre amigos y, a la hora de pagar, el anfitrión propone un sistema donde casi todos ponen más para que dos coman langostinos mientras el resto se conforma con una ensalada. Exactamente eso ha pasado este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ministerio de Hacienda, con Arcadi España al timón, ha sacado adelante un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene el apoyo de Cataluña y Canarias, y el desprecio absoluto del resto de comunidades. Arcadi España juega la carta de la nostalgia y la urgencia: dice que el modelo actual caducó hace 12 años y que llevábamos 17 sin debatir el tema. Básicamente, nos dice que el coche no anda y que su propuesta es la única pieza de recambio disponible, lanzando un dardo al Partido Popular por no presentar una alternativa. Mientras tanto, desde la Junta de Andalucía, Carolina España no se anda con rodeos y califica el plan de un privilegio exclusivo para Cataluña. Es la eterna pelea del patio del colegio, pero con miles de millones en juego. El Gobierno presume de un 'estirón' presupuestario: una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales. Suena a cifra astronómica, pero en la práctica es como añadirle un poco de nata a un pastel que sigue estando mal repartido. Prometen que nadie perderá recursos y que el sistema será 'más equitativo y solidario', una frase que en el lenguaje de la calle suena a 'no te preocupes, que el sablazo no será tan fuerte'. Ahora la pelota queda en el Congreso de los Diputados, donde se decidirá si este reparto a la carta se convierte en ley o si acaba en la papelera de reciclaje política.
Plus Ultra: El truco contable del rescate
Hay una magia contable que solo dominan los elegidos y que convierte una deuda en aire. Mientras el ciudadano medio se lleva un susto cardiaco si el banco le pasa un recibo del agua, en las altas esferas de la aviación existe el 'arte del aplazamiento'. Resulta que Plus Ultra, la aerolínea que ahora tiene a la UDEF revisando los papeles, logró colarse en el banquete de los 53 millones de euros de los fondos FASEE durante la pandemia. ¿El truco? Estar 'al corriente' sin haber pagado realmente. El juez José Luis Calama ha puesto la lupa sobre tres certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que parecen sacados de un libro de malabarismos financieros. En julio de 2017, la compañía ya debía 308.475,51 euros; un sablazo que en septiembre del mismo año se 'aplazó' para que no molestara. Luego vinieron las reconsideraciones de abril y octubre de 2020, engordando la cifra hasta los 451.954,79 euros. Para la Administración, si la deuda está fraccionada, es como si no existiera: no es vencida ni exigible. Es la diferencia entre deberle dinero al vecino y tener un plan de pagos firmado por el ayuntamiento; en el segundo caso, técnicamente, 'estás al día'. Así, la TGSS validó en agosto de 2020 que a finales de 2019 la aerolínea era una alumna ejemplar, permitiéndole acceder a la millonaria ayuda pública. Todo esto mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero orbitan en el radar de la investigación. Para rematar la jugada, la TGSS admite que antes de 2023 no guardaba un registro completo de los certificados emitidos. Una laguna administrativa que, curiosamente, siempre parece favorecer al que tiene el jet privado.
Sánchez usa notas 'fantasma' para salvarse
Hay una diferencia abismal entre que te avisen de que va a llover y que te digan que viene un tsunami. Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso este jueves intentando vender que el Gobierno caminaba a ciegas durante la crisis fronteriza de Ceuta, usando como escudo dos notas del CENIF de los días 28 y 29 de julio. El problema es que el Ministerio del Interior ha filtrado la nota del 28 de julio y resulta ser un papel mojado; una advertencia tan irrelevante que el propio CENIF, en el informe entregado a la Audiencia Nacional, ni siquiera se molestó en incluirla en la lista de alertas. Es como si el capitán del barco ignorara que el casco tiene una fisura del tamaño de un dedo mientras el agua ya le llega a las rodillas. La hipocresía es un deporte de élite en Moncloa. Mientras el Ejecutivo lanza una campaña de desprestigio contra el CENIF, los datos duros son implacables: hubo nueve avisos concretos entre el 8 de julio y el 4 de agosto que señalaban a Marruecos como el arquitecto de la avalancha humana. Nueve veces que el Gobierno tuvo el mapa del tesoro y decidió que era mejor jugar a las escondidas. Sánchez se agarra ahora a la nota del 29 de julio, hablando de 'riesgo potencial' e 'impacto bajo', pero el Interior se ha guardado ese documento bajo llave, probablemente porque no encaja en la narrativa de la sorpresa. Al final, intentar justificar la gestión de la frontera con una nota que el propio organismo emisor considera insignificante es como querer pagar una hipoteca con monedas de céntimo: el gesto es tierno, pero la deuda sigue ahí y la realidad es demoledora.
Sánchez: Récord de parados viviendo del Estado
El Gobierno se ha despertado hoy con una sonrisa, probablemente porque han descubierto que el camino más corto hacia la 'protección social' es convertir el Estado en el principal empleador de los que no tienen empleo. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, presume de una 'tasa de cobertura' que crece con una fuerza envidiable. Traducido al lenguaje de la calle: el 86,75% de los parados ya depende de una ayuda para no hundirse. Un récord histórico que, en lugar de alarmar, se vende en Moncloa como un trofeo de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. En julio, 1,86 millones de personas cobraban una prestación, un 2% más que hace un año. El Estado ha soltado 2.115 millones de euros en un solo mes, con una media de 1.159 euros por persona. Para el Ejecutivo, esto es 'inversión'; para cualquier persona con sentido común, es un subsidio a la inactividad que se vuelve estructural. La hipocresía alcanza su pico cuando celebran que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegue a casi 2,7 millones de personas, sumando un total de 3,36 millones de ciudadanos que viven de prestaciones no contributivas. El desglose es un catálogo de la dependencia. Tenemos a 980.659 personas en la prestación contributiva (un 5,7% más que en 2025) y a 812.116 en subsidios. Incluso el colectivo extranjero ha subido al 12,78% del total, con 237.382 beneficiarios y un gasto de 253,16 millones de euros. El Gobierno dice que 'protege a más colectivos'. Claro, protegen la dependencia para que nadie se atreva a soltar la mano del Estado. Es la política del 'colchón eterno': mientras más gente esté cómodamente instalada en el subsidio, más fácil es presumir de cobertura social mientras el mercado laboral real sigue siendo un campo de minas.
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