El texto es un catálogo de negligencias estructurales que deja claro que la ley es un papel mojado desde 2003. No profundiza en el coste económico de los 'parches' privados, pero el contraste entre plazas ofertadas y aspirantes es demoledor.
Gestionar la frontera se ha convertido en el arte de mirar hacia otro lado mientras el papeleo se acumula como la ropa sucia de un estudiante universitario. La Fiscalía General del Estado acaba de soltar una bomba envuelta en lenguaje burocrático: a finales de 2025, había 3.904 presuntos menores extranjeros esperando a que alguien, algún día, decidiera si son niños o adultos. De los 7.999 expedientes abiertos, casi la mitad quedaron en el limbo. ¿La excusa? La eterna 'falta de medios'. Es fascinante cómo el Estado encuentra presupuesto para todo, menos para un escáner que diga si alguien tiene 15 o 25 años. Este cuello de botella no es casualidad. El 2025 fue el año del caos en Ceuta y las Islas Canarias, territorios que fueron declarados en 'situación de contingencia migratoria'. Para evitar que los centros estallaran, se aplicó la técnica del reparto equitativo entre comunidades, moviendo a la gente como si fueran piezas de un Tetris humano. El resultado es la amenaza de los 'macrocentros', esos almacenes de personas donde la integración es un concepto tan abstracto como la honestidad en una campaña electoral. Lo más delirante es la fotografía al 31 de diciembre de 2025, justo antes de que el 30 de julio de este año irrumpieran 80.000 personas por el espigón de El Tarajal. Mientras el Gobierno dice que solo quedan 5.000 personas de aquella entrada, Juan Jesús Vivas sostiene que son el doble. En medio de este juego de cifras, el Ministerio de Juventud planea repartir a 500 niñas por la península, mientras otros 1.200 menores filiados esperan que el sistema deje de fingir que tiene el control. Básicamente, estamos gestionando la demografía del país con una moneda al aire y un montón de expedientes sin resolver.
Imaginen que el Estado es una tarta y, de repente, alguien decide que quienes ni siquiera están sentados a la mesa tienen derecho a un trozo reservado. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), bajo el ala del Ministerio de Elma Saiz, ha lanzado una propuesta que suena a utopía para unos y a ingeniería electoral para otros: reservar 7 escaños en el Congreso exclusivamente para los españoles residentes fuera. Según sus cálculos, esos 3 millones de personas serían la 'tercera provincia' o la 'quinta autonomía' del país. Básicamente, quieren que el voto exterior deje de ser un trámite burocrático lento y se convierta en un bloque de poder directo, repartiendo cuatro escaños para América y tres para el resto del globo. Pero aquí es donde la historia se pone picante. Mientras el CGCEE insiste en que esto mejoraría la 'visibilidad' de los emigrantes —como quien dice que ponerle luces LED a una bicicleta la hace más segura—, el Tribunal Supremo ha tenido que tirar el freno de mano. El motivo: la Ley de Nietos. Resulta que una instrucción de Sofía Puente abrió la puerta a que cualquiera con un abuelo que saliera de España entre 1936 y 1955 pudiera obtener la nacionalidad y el voto, sin necesidad de haber sido exiliado político. Un 'buffet libre' de sufragios que el Supremo ha calificado como un 'peligro fundado, real y serio' para la objetividad de las elecciones. Es la paradoja perfecta: por un lado, se quiere dar un altavoz dorado a quienes viven lejos; por otro, la justicia advierte que meter a miles de personas nuevas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podría dinamitar la rectitud del proceso. Al final, parece que gestionar la democracia desde el extranjero es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con piezas que sobran.
Hay días en que el ruido de los motores es lo único que no tapa el ruido de la política. Madrid vuelve a jugar en la Champions de la velocidad tras 45 años de sequía, pero mientras Lando Norris se jugaba las milésimas en el asfalto, Isabel Díaz Ayuso se jugaba los nervios en X. La presidenta madrileña ha decidido que el verdadero 'pit stop' no ha sido en los boxes, sino en la redacción de TVE. Según Ayuso, la televisión pública —que según ella es el brazo ejecutor del Gobierno— se ha esforzado más en 'deslucir' el evento que los mecánicos de McLaren en ajustar el alerón de Norris. El escenario es el nuevo circuito de Madring, un despliegue de logística que espera atraer a 350.000 personas. Un número respetable, aunque para la oposición madrileña el evento es un club VIP donde solo entran los que tienen la cartera llena. Ayuso, experta en el arte del contraataque, ha respondido sacando la calculadora: ha recordado que en el circuito de Cataluña se han invertido 40 millones de euros públicos. Es la clásica táctica de 'mi fiesta es para todos, la tuya es un agujero contable'. Mientras tanto, la realidad deportiva ha sido un jarro de agua fría para el patriotismo local. Mientras la presidenta hablaba de 'días gloriosos', Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han tenido una sesión aciaga, quedando relegados a la 17.ª y 18.ª posición. Básicamente, mientras la política se pelea por quién tiene el micrófono, nuestros pilotos están empezando la carrera desde el fondo de la parrilla, casi donde se aparcan los coches de los comisarios. Al final, el GP de España en Madrid es como una boda de lujo: mucha pompa, mucha pelea por el protocolo y, al final, lo único que importa es si el coche de Norris aguanta el ritmo.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, el silencio es un deporte federado. José Manuel Albares y su equipo han gestionado la información sobre la 'ley de nietos' con la misma transparencia que una caja fuerte sumergida en el Atlántico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha tenido que darles un toque de atención —con resolución del 12 de agosto de 2026— porque, básicamente, Exteriores decidió que responder a una solicitud de información del 24 de octubre de 2025 era un esfuerzo excesivo. Ignoraron al ciudadano y, en un despliegue de audacia administrativa, ignoraron también al propio organismo de Transparencia el 1 de junio. Mientras nosotros peleamos con la máquina del cajero para que no nos cobre comisión, el Ministerio ha movilizado a 657 trabajadores adicionales durante 2025 para gestionar un tsunami de papeles. Hablamos de 1.225.188 peticiones presentadas en consulados hasta el 31 de mayo de 2026 bajo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. De ese millón y pico, han aprobado 571.761 expedientes y han inscrito 333.696 en el Registro Civil. Pero claro, los detalles —el 'quién es quién' por países— se guardaban bajo llave. Argentina, por ejemplo, ya presumía a julio de 2025 de 366.579 solicitudes (el 40% del pastel) y 174.277 resoluciones favorables. La cosa se pone picante con el Tribunal Supremo, que el 8 de septiembre puso el freno de mano al voto de los inscritos en el CERA que no acreditaron el exilio de sus ancestros. Ahora, el CTBG ha calificado este hermetismo de 'opacidad institucional', recordándoles que el plazo de respuesta es de un mes, no de una era geológica. Al final, Exteriores tendrá que soltar el Excel con los datos de la Ley 52/2007 y la de 2022, aunque sea empujados por la ley.
En la Comunidad de Madrid han decidido que el reconocimiento docente no puede ser un simple 'gracias' en el claustro, sino que debe venir con un envoltorio de euros. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha inventado la 'carrera profesional', un sistema de seis graduaciones que promete inyectar hasta 350 euros mensuales en la nómina de quienes logren escalar la montaña de méritos. Es, básicamente, convertir la docencia en un juego de rol donde acumulas puntos de experiencia y trofeos académicos para que el sueldo no se quede congelado mientras el alquiler en la capital te come vivo. Isabel Díaz Ayuso, en el debate del estado de la región, vendió la moto con un discurso sobre el 'reconocimiento' y la 'trayectoria de calidad'. Suena precioso, pero en la calle esto se traduce en una carrera de obstáculos: para llegar al Grado 6, el profesor tendrá que demostrar que es un superhéroe de la innovación educativa o que ha asumido responsabilidades que probablemente ya tenía, pero que ahora tienen etiqueta de precio. Mientras el Gobierno regional diseña esta tabla de premios, el sindicato CSIF ha soltado eltoque de realidad. Para ellos, estos pluses son como ponerle una tirita a una fractura expuesta. Reclaman una subida real y general, un complemento de capitalización que no dependa de si el profesor ha hecho tres cursos de vanguardia o si tiene el favor del inspector. La ironía es deliciosa: la Administración quiere 'retener el talento' con un sistema de méritos que ya ha sido discutido tres veces en el último año sin llegar a nada. Es la eterna danza de la mesa sectorial, donde se negocian migajas mientras el coste de vida en Madrid hace que el sueldo base parezca una propina. Al final, nos venden una meritocracia salarial cuando lo que el profesorado pide es, sencillamente, que la nómina no sea un chiste.
La administración tiene un agujero en el calendario que ya parece un abismo. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, a finales de 2025 nos encontramos con 3.904 presuntos menores extranjeros esperando a que alguien, con una regla y un radiólogo, decida si son niños o adultos con el cuerpo cansado. De los 7.999 expedientes abiertos, casi la mitad se quedaron en el limbo. La excusa oficial es la 'falta de medios personales y materiales', una frase que en el lenguaje de la calle significa que el sistema ha tirado la toalla mientras el volumen de trabajo los desborda como una inundación en un sótano sin bomba de achique. El caos se cocinó a fuego lento durante 2025, con llegadas masivas por Ceuta y las Islas Canarias que obligaron a declarar la 'contingencia migratoria'. Para evitar que los centros parecieran latas de sardinas, el Gobierno recurrió al reparto equitativo entre comunidades y a la creación de macrocentros. Estos últimos, según el propio Ministerio Público, son el enemigo natural de la integración, convirtiendo la educación en una gestión de masas donde el individuo desaparece. Lo más fascinante es el optimismo burocrático: nos dicen que la crisis de 2025 fue 'mejor' que la de 2024. Un consuelo glorioso mientras, antes de la explosión del 30 de julio de este año —donde 80.000 personas saltaron el espigón de El Tarajal—, la maquinaria ya estaba rota. Hoy, mientras el Gobierno dice que quedan 5.000 personas en Ceuta y Juan Jesús Vivas insiste en que son el doble, hay 1.200 menores filiados y el Ministerio de Juventud planea repartir a 500 niñas por la península. Al final, la edad es un detalle secundario cuando el sistema prefiere contar plazas que personas.
Hay quien paga el parking con ticket y quien paga el silencio con el presupuesto del Estado. La historia es tan delirante que parece un guion de serie B: te hackean el móvil, te roban 2,6 gigabytes de secretos y, en lugar de llamar al embajador para darle un repaso, le abres la cartera. Desde que el programa Pegasus convirtió el teléfono de Pedro Sánchez en un libro abierto en mayo de 2021, la generosidad de Madrid hacia Rabat ha pasado de ser una cortesía diplomática a un despliegue de generosidad casi mística. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el Gobierno ha inyectado 1.015 millones de euros en créditos FIEM entre 2021 y 2026. Para que nos entendamos: es multiplicar por cinco los 207 millones que se dieron en el trienio 2017-2020. Un sablazo monumental que convierte a Marruecos en el cliente VIP de nuestra Secretaría de Estado de Comercio, desplazando a Arabia Saudí y Ecuador como si fueran extras de una película. La cronología es un poema. Once meses de silencio sepulcral tras el hackeo y, ¡pam!, el 18 de marzo de 2022, España cambia su postura sobre el Sáhara Occidental. El premio al chantaje más exitoso de la historia moderna. No hubo demandas, no hubo quejas oficiales contra Karima Benyaich Millán, ni siquiera se escuchó a Bruselas el 15 de junio de 2023. En cambio, hubo material antidisturbios para Grande-Marlaska y una deuda marroquí que saltó del 263% al 471% entre 2019 y 2025. Al final, el coste de borrar el rastro de esos 2,6 gigabytes ha sido la sumisión total: desde perder la final del Mundial de 2030 hasta mirar hacia otro lado mientras 80.000 personas asaltaban Ceuta. Una gestión impecable, si el objetivo era comprar el silencio con dinero público.
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