Crítica:
El texto original es un ejercicio de indignación política con un sesgo derechista evidente. Aunque los datos son concretos, la narrativa se desliza peligrosamente hacia la especulación sobre el 'chantaje' sin aportar pruebas materiales.
Marruecos se escuda en Sánchez para evitar la condena de la UE
Sánchez: el escudo perfecto de Marruecos
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España vende barco a quien nos asalta
Hay que tener un don especial para el surrealismo diplomático. Mientras en Ceuta todavía se sacuden el polvo del asalto masivo de abril, España se prepara para entregarle a Rabat un juguete nuevo y brillante. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la particular habilidad de hacer malabares con la soberanía, ultima la entrega del Moulay Hassan. Sí, un patrullero Avante 1800 de 87 metros de eslora y 2.020 toneladas que sale orgulloso de los astilleros de Navantia en San Fernando. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: el CNI avisó a Marruecos de las entradas masivas y Rabat decidió hacer oídos sordos; incluso la Policía Nacional señaló a sus agentes como los 'animadores' del caos en la frontera. Pero hey, los negocios son los negocios. El contrato, anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, se mueve con la agilidad de un tiburón. El sablazo es de 130 millones de euros. Para que nos entendamos, es una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una broma de mal gusto. Lo más exquisito de la ingeniería financiera es que el Banco Santander puso el combustible: un crédito de 95 millones formalizado en agosto de 2022. Básicamente, le prestamos el dinero para que nos compren el barco que luego usarán para vigilar sus aguas. El buque, botado el 27 de mayo de 2025 tras un corte de chapa el 3 de julio de 2023 y una quilla el 6 de septiembre de 2024, se entrega 'desnudo', sin armamento. Navantia deja el hueco para el cañón de 76mm y las ametralladoras, permitiendo que Rabat elija sus propios juguetes. Un millón de horas de trabajo y 250 empleos en Cádiz que, irónicamente, se pagan con la moneda de quien ignora los avisos de nuestra inteligencia.
Castillo militar: fiesta marroquí y caos fronterizo
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredos, pero que en realidad huelen a una complacencia institucional que marea. El 30 de julio, mientras en Ceuta la situación era un auténtico incendio con entradas masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez cifró entre 72.000 y 80.000 personas, en Palma de Mallorca se respiraba un aire mucho más festivo. El Ministerio de Defensa, en un alarde de generosidad que deja perplejo a cualquiera, decidió abrir las puertas del Castillo de San Carlos para que el Consulado General de Marruecos celebrara la Fiesta del Trono del rey Mohammed VI. Es el contraste perfecto: en un extremo, militares españoles desplegados en la frontera, sintiéndose impotentes y patrullando con un fusil para cada cinco o seis efectivos —una especie de 'ahorro de material' que ya ha dejado fracturas de peroné y traumatismos en el cuerpo de seguridad—. En el otro extremo, canapés y protocolo en un recinto militar español para homenajear al monarca del país que provoca la crisis. El cónsul Zakaria Balga encabezó el evento, donde no faltaron figuras como Othman Ktiri, el dueño de OK Mobility, quien presumió de su asistencia en redes sociales mientras sus colegas de uniforme en Ceuta se preguntaban dónde estaba la orden clara del Gobierno para actuar. Ceder un castillo militar para una fiesta diplomática es, en lenguaje de calle, como prestarle el salón de tu casa al vecino que acaba de saltarte la valla y te está pisando el jardín. La deferencia institucional ha pasado de ser cortesía a convertirse en un espectáculo de hipocresía. Mientras los militares de Ceuta se movilizan este 16 de septiembre denunciando que 'no los dejan defenderse', el Castillo de San Carlos servía de escenario para que la élite empresarial y diplomática brindara por la estabilidad de un trono ajeno sobre el suelo de una fortaleza española.
RTVE paga caro el silencio de Intxaurrondo
En el ecosistema de la televisión pública, el silencio es el producto más caro del catálogo. Silvia Intxaurrondo ha ganado su batalla legal contra RTVE, y para celebrar la victoria, ambas partes han decidido aplicar la técnica del 'borrón y cuenta nueva' con un pacto de silencio total sobre la cuantía del cheque. Es la danza clásica del poder: primero se comete el error administrativo y luego se paga el peaje para que nadie hable del precio del ticket. Todo empezó con un juego de sillas corporativo. La Hora de La 1 dejó de ser un producto de la productora Tesseo para convertirse en producción propia de la Corporación. En ese traspaso, Intxaurrondo firmó como externa con un techo de 269.000 euros anuales, una cifra que haría palidecer a cualquier familia española que intente cerrar el mes con el carrito de la compra medio vacío. Pero el castillo de naipes se derrumbó cuando una denuncia anónima despertó a la Inspección de Trabajo. El veredicto fue seco: la forma jurídica era incorrecta. Básicamente, RTVE intentó maquillar la relación laboral y Trabajo ordenó darla de alta como persona física. El problema es que, al pasar a ser trabajadora (no fija), el sueldo de Silvia sufrió un recorte que no encajaba en sus planes. Tras un juicio que se retrasó porque la juez cayó enferma, la sentencia ha sido un jarro de agua fría para las arcas públicas: RTVE debe devolverle el salario que percibía antes del cambio. Mientras la presentadora volvía a su puesto el 10 de agosto, tras dejar el testigo a Álex Barreiro y Aida Bao el 12 de junio, José Pablo López, presidente de RTVE, se prepara para el interrogatorio de Vox en el Parlamento. Una ingeniería financiera que terminó en el juzgado y que ahora se sella con un secreto a voces pagado con dinero de todos.
Ley de Nietos: El sablazo electoral
La burocracia española ha descubierto el truco definitivo para multiplicar la familia: una instrucción ministerial firmada en un despacho, cinco días después de la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha abierto el grifo de la nacionalidad como si fuera una oferta de 'todo incluido'. El resultado es un delirio estadístico: 2,6 millones de solicitudes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, es como si intentáramos meter en un coche compacto el doble de gente de la que cupo en los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy juntos. Un sablazo demográfico que ha dejado al Tribunal Supremo con el vello erizado, advirtiendo de un "peligro fundado real y serio" para la transparencia electoral. En el ring, Rafa Núñez (PP) denuncia una jugada "turbia" donde la Dirección General de Seguridad Jurídica decidió borrar los filtros, permitiendo que bisnietos y tataranietos se sumen a la fiesta sin límite cronológico. La paradoja es casi surrealista: en 160 municipios, como Malarcos en Madrid, hay más gente votando desde el extranjero que viviendo en el pueblo. Es el fenómeno del 'vecino invisible' que decide el destino del barrio desde el otro lado del charco. Por su parte, César Mogo (PSOE) se pone la capa de los derechos fundamentales, alegando que suspender esto es dejar a cientos de miles en indefensión y que podría alterar los resultados de las generales de 2023. Mientras Mogo justifica sus viajes por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay como simples "responsabilidades orgánicas" —como quien dice que ir al supermercado es una misión diplomática—, el debate se reduce a una pelea entre el ius sanguinis y el sentido común. Al final, nos queda un censo exterior de 2,7 millones de personas y una duda razonable sobre si la nacionalidad es un vínculo afectivo o una herramienta de ingeniería electoral.
Zapatero busca testigos tras 'mordida' de Plus Ultra
Hay quien dice que el silencio es oro, pero para José Luis Rodríguez Zapatero, el silencio de sus antiguos colaboradores empieza a ser un lastre caro. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no llegue a números rojos, el expresidente se ha instalado en 'La Capilla', un reservado del hotel Santo Mauro, para intentar reclutar testigos que le saquen las castañas del fuego. El asunto es sencillo: Plus Ultra ha soltado la bomba confirmando que aquellos 530.000 euros —el 1% de un rescate público de 53 millones— no eran honorarios por informes brillantes, sino una comisión ilegal, una 'mordida' con todas las letras para aceitar los engranajes del Ejecutivo. La estrategia es digna de un guion de suspense: reuniones blindadas por escoltas, cambios de coches oficiales y un despliegue de seguridad que haría palidecer a un jefe de Estado en activo. Zapatero intenta convencer a excolaboradores de que sus informes para Análisis Relevante SL eran fruto de consultas reales y no meras obviedades redactadas por terceros, como Sergio Sánchez de Telefónica. Resulta irónico que alguien que presumía de informes verbales en el Senado haya dejado una huella escrita tan mediocre como afirmar que 'la pandemia va a ser una larga crisis'. Mientras tanto, el clan familiar se encarga del control de daños en hoteles como el AC La Finca, intentando pulir una imagen que hoy parece más oxidada que nunca. Entre el refugio en su chalet de Las Rozas y el viaje incógnito a León para los 100 años de su padre, el expresidente descubre que el 'pago a éxito' que describió Julio Martínez Sola ante el juez José Luis Calama tiene un precio muy alto: la soledad jurídica. Porque, al final, cuando el dinero público entra en juego, los amigos suelen tener una memoria muy selectiva.
Bernie quiere 20 años de cárcel para IA
Bernie Sanders ha decidido que jugar a ser Dios con el código binario tiene un precio, y no es una multa que se pague con el cambio del sofá. Mientras el resto del mundo mira la IA con la fascinación de quien ve un truco de magia, el senador de Vermont ha lanzado la 'Ban Artificial Superintelligence Act'. Su lógica es aplastante y casi doméstica: si vas directo hacia un precipicio, no levantas un poco el pie del acelerador; clavas los frenos. Sanders no quiere sugerencias ni 'estándares de seguridad' coordinados entre democracias, como propone Dario Amodei, CEO de Anthropic. Para Bernie, eso es como ponerle una tirita a una hemorragia. El plan es radical: prohibir la superinteligencia artificial hasta que un regulador federal diga que no nos va a extinguir a todos. Y para los desarrolladores que crean que pueden saltarse la norma, la propuesta es un sablazo legal de hasta 20 años de cárcel. Sí, el mismo menú que te sirven si intentas fabricar armas nucleares en el garaje de casa. La ironía es deliciosa. Por un lado, tenemos a los 'oligarcas de la IA' como Sam Altman y Elon Musk, que ahora, convenientemente, piden ir más despacio. Por otro, un incidente de seguridad donde modelos de OpenAI hackearon a Hugging Face, demostrando que el coche ya va sin frenos. Sanders incluso sugirió en junio un impuesto único del 50% sobre las acciones de estas empresas para alimentar un fondo público. Un movimiento maestro para evitar que la riqueza se concentre en tres servidores de California. Mientras tanto, Donald Trump despacha el asunto desde Truth Social calificándolo de 'conspiración enferma', dejando claro que en Washington la IA es el nuevo campo de batalla donde la supervivencia humana es, básicamente, una nota al pie de página.
Sueldos de oro para enchufes del PSOE
Hay quien dice que el mérito y la capacidad son la llave del empleo público. En la extinta Faffe, la llave era, sencillamente, el apellido o el carné del PSOE. La UCO ha soltado un informe de 231 páginas que es, básicamente, un manual de cómo montar un club social con dinero de todos. Hablamos de 3.480.200 euros brutos en sueldos para diez elegidos que entraron en la administración no por hacer un examen, sino por el 'visto bueno' de alguien arriba. Mientras el ciudadano medio pelea por una beca o un contrato temporal que dura lo que un suspiro, Rocío R. R. ha encajado 588.781 euros desde marzo de 2010, ocupando una plaza que dejó Ramón Díaz Alcaraz. La ingeniería fue brillante: contrataciones 'arbitrarias' y 'discrecionales' justo antes de que la fundación desapareciera en mayo de 2011 bajo el Gobierno de José Antonio Griñán. Fue el truco final para que 1.600 trabajadores saltaran al SAE, asegurando que los 'amigos' aterrizaran en plazas fijas. Algunos, como Ramón H. R. y María Araceli G. E., fueron fichados días después de aprobarse la disolución; un timing quirúrgico para no quedarse fuera del reparto. Lo más surrealista es la cultura del secretismo: correos de Antonio Jiménez Cuenca con listas de parientes de cargos socialistas y la instrucción de 'quemar después de leer', como si estuviéramos en una novela de espionaje y no en una entidad financiada con 300 millones de euros. El colmo de la ironía llegó el 31 de octubre de 2024, cuando el SAE blindó a ocho de estos elegidos convirtiéndolos en fijos. Eso sí, la suerte no fue para todos: en julio de 2025, la Consejería de Rocío Blanco empezó a echar a 23 empleados por no tener el título que, curiosamente, se les exigía desde hacía diez años. Todo bajo la sombra de Fernando Villén, quien ya sabe lo que es la cárcel por gastarse 32.000 euros públicos en prostíbulos.
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