Crítica:
La noticia original es un esqueleto vacío, un mero anuncio presupuestario sin contexto operativo. No explica cómo ese dinero se traduce en soluciones reales para los menores.
Marlaska destina 290.850 euros a ACNUR para reforzar la gestión del asilo, especialmente las solicitudes de MENAS
Marlaska suelta un caramelo para los MENAS
Otros artículos
Tomates marroquíes: el negocio redondo del PSOE
Hay una danza muy curiosa en los pasillos de Bruselas. Mientras el agricultor de Almería o Murcia mira el precio del gasoil con el mismo pavor con el que uno mira la factura de la luz en agosto, algunos antiguos peces gordos del PSOE han descubierto que el tomate marroquí sabe mejor cuando se cobra por defenderlo. José Blanco y Antonio Hernando, los arquitectos de Acento Public Affairs, han montado un negocio redondo: representar a Rabat ante la Unión Europea. No es un hobby; hablamos de contratos que oscilan entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales. Para un campesino, eso es una fortuna; para un lobby, es simplemente un martes cualquiera. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Por un lado, el Gobierno se llena la boca hablando del campo español. Por otro, la consultora de Blanco y Hernando —este último ahora Secretario de Estado de Telecomunicaciones— se inscribió en el Registro de Transparencia de la UE para hacerle la pelota a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y a la Embajada de Marruecos. Mientras tanto, la realidad en el supermercado es un sablazo constante. En 2025, España importó 87.603 toneladas de tomate fresco marroquí, un salto del 31,5% en volumen y un 67,1% en valor respecto al año previo. Para 2026, la cosa empeoró: siete de cada diez tomates que entran en el país vienen del vecino. El contraste es obsceno. Andrés Góngora, de COAG, lo resume con una cifra que dinamita cualquier discurso oficial: una jornada agrícola en España cuesta unos 90 euros, frente a los 8 euros de Marruecos. Es jugar un partido de fútbol donde tú vas en chanclas y el rival tiene botas con clavos y el árbitro en nómina. Entre COAG, UPA, ASAJA y FEPEX, el sentimiento es el mismo: mientras ellos pierden terreno, los exministros ganan terreno en el Registro de Transparencia.
Albares se gasta 250.000 euros en Paraguay
Hay una magia casi mística en la forma en que el dinero público se evapora cuando cruza el Atlántico. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, José Manuel Albares ha decidido que Paraguay necesita un soplo de aire fresco. Y ese soplo, curiosamente, tiene un precio exacto: 250.000 euros. No es una cifra cualquiera; es el coste de un plan de «ecoturismo» que suena a folleto brillante diseñado en un despacho con aire acondicionado en Madrid. La ingeniería financiera es sencilla: se etiqueta el gasto como 'estratégico' y se lanza la moneda al aire en tierras guaraníes. Para alguien que paga el alquiler y ve cómo la luz sube sin pedir permiso, 250.000 euros no son un 'plan de fomento', son el presupuesto de varias vidas o la solución a un montón de agujeros contables domésticos. Lo fascinante es la narrativa. El ecoturismo es el refugio perfecto para el gasto opaco: es verde, es sostenible y, sobre todo, es muy difícil de medir en resultados inmediatos. Mientras tanto, en los mercados, el Ibex 35 cae un 1,60% y Telefónica se desangra con un 3,12% menos, recordándonos que la economía real es un campo de minas. Pero en el mundo de la diplomacia, el dinero no se gasta, se 'invierte' en conceptos etéreos. Al final, el balance es el de siempre. Unos pocos nombres en una lista de invitados, un hotel con vistas y un cheque de cuarto de millón que se firma sin que tiemble el pulso. La sostenibilidad, al parecer, es mucho más barata cuando la paga el contribuyente que la que el político presume en el discurso.
Mayor Oreja: 103 irregulares y nostalgia legal
Hay recuerdos que son como una factura mal cobrada: vuelven siempre para recordarte que alguien se ha aprovechado. Jaime Mayor Oreja, el hombre que manejó el Interior con mano de hierro, ha decidido que la inauguración de una exposición de Gregorio Ordóñez en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid era el momento perfecto para hacer memoria. El exministro ha rescatado un episodio de julio de 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar —recién aterrizado en la Moncloa— se encontró con 103 inmigrantes irregulares en Melilla. Para Mayor Oreja, resolver aquello fue una odisea digna de un thriller político: cinco o seis viajes a África para devolver a la gente 'individualmente'. Lo dice con una nostalgia casi conmovedora, admitiendo que 'rozaron la legalidad'. Traducido al lenguaje de la calle: hicieron lo que pudieron saltándose algunas normas para que el problema desapareciera en una semana. Ahora, el exministro mira el espejo retrovisor y compara esos 103 casos con los 70.000 que han llegado este verano a Ceuta, usando la cifra como un mazo para golpear la gestión de Pedro Sánchez. La narrativa es clara: mientras ellos hacían maletas y negociaban cara a cara, el Gobierno actual, según Oreja, aplica una 'política de tierra quemada'. El análisis del presidente de NEOS no se queda en la frontera; se extiende al País Vasco y Cataluña, sugiriendo que Sánchez busca una España débil para que, al final, no quede más remedio que darle la razón a ETA, a ERC o a Marruecos. Es la eterna danza política: convertir un agujero administrativo en un proyecto conspirativo de debilitamiento nacional. Al final, cuando le preguntan por dimisiones, Mayor Oreja suspira. No pide lo imposible, porque sabe que en el tablero del poder, la vergüenza es un activo que cotiza a cero.
Viviendas públicas: ¿prioridad a los de fuera?
En Castilla-La Mancha, conseguir una vivienda pública se ha convertido en una lotería donde, según Vox, el boleto tiene más probabilidades de salir premiado si no tienes el DNI español. David Moreno, presidente del grupo parlamentario de la formación, ha soltado una bomba aritmética que huele a campaña electoral: los extranjeros tendrían el doble de oportunidades que los locales para colarse en una VPO. Los números, que Moreno califica de 'tozudos', cuentan que el 22% de las casas públicas acaban en manos extranjeras, mientras que este colectivo solo representa el 12% de la población regional. Traducido al lenguaje de la calle: mientras el vecino de toda la vida hace cola con el ticket en la mano, la tasa de acceso para los españoles se desploma al 0,49 respecto a la población inmigrante. Pero el verdadero chiste —de los que no hacen gracia— no es solo quién entra, sino cuántas puertas hay abiertas. Aquí es donde entra Gicaman, la empresa pública encargada de que la gente no duerma bajo un puente. Vox denuncia que en los últimos diez años se han entregado menos de 300 viviendas construidas directamente. Menos de 300 en una década. Para que nos entendamos, es como si el Gobierno prometiera un banquete para toda la región y al final solo sirviera un plato de gambas para repartir entre miles de personas. Una parálisis casi absoluta que convierte la vivienda protegida en un unicornio: todo el mundo habla de ella, pero nadie la ve. Mientras tanto, las familias que llevan una vida pagando impuestos se quedan mirando el catálogo de criterios asistenciales, descubriendo que, en la escala de prioridades de Emiliano García-Page, ser de la tierra parece ser el requisito que menos puntos suma.
Fiscalía y WhatsApps borrados: el 'manual' contra Hazte Oír
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere borrar los pasos con un temporizador de WhatsApp. Resulta fascinante que, mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las altas esferas de la Fiscalía General del Estado se manejan 'borradores teóricos' que parecen más un manual de instrucciones para aniquilar al adversario que un análisis jurídico. Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, decidió que la querella de Hazte Oír contra Leire Díez —la supuesta 'fontanera' del PSOE— no era solo infundada, sino 'temeraria'. Y no se quedó en la crítica elegante; el 20 de junio del año pasado, Villafañe envió a Badajoz un archivo cuyo nombre no dejaba lugar a dudas: 'querella temeraria Hazte Oír Badajoz'. Básicamente, le sugirió al Ministerio Público que, en lugar de mirar los indicios de las 'cloacas', le metieran un sablazo económico a la asociación por atrevida. Lo más cómico de esta tragicomedia es la danza de los fiscales. José Luis Alonso Tejuca, el jefe de Badajoz, dice que todo fue un 'debate sobre competencia', pero el papel aguanta todo, y el papel dice que la Fiscalía General quería sancionar a quien denunciaba que Leire Díez ofrecía 'dádivas' a funcionarios para desprestigiar a la UCO. Al final, el fiscal Diego Yebra ignoró la petición de la sanción, pero mantuvo la línea de que no había delito. Para rematar la jugada, cuando el juez Santiago Pedraz pidió las pruebas, apareció la magia tecnológica: los mensajes de Villafañe desaparecen cada 24 horas. Una conveniencia digital digna de una película de espías, mientras en la agenda de Díez figuraba el plan maestro: 'Paso 1: destruir procedimiento'. Así se gestiona el jardín del Estado: con borradores agresivos y chats que se evaporan como el presupuesto público.
Ceuta: drones que cuentan como policías
Gestionar el traslado de miles de personas con un puñado de agentes es como intentar frenar un tsunami con un paraguas roto. Así empezó la jornada en Ceuta a las 6:30 horas, cuando la Guardia Civil intentó agrupar a los migrantes del Trampolín. El resultado fue una carrera desenfrenada hacia la playa de Benítez y luego hacia la zona industrial, una marea humana que dejó en evidencia la aritmética creativa del Ministerio del Interior. Mientras el ciudadano medio se pelea por un hueco en el parking del súper un sábado por la mañana, aquí el caos era estructural. El Ministerio, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, juega al bingo con los efectivos. Las fuentes sobre el terreno hablan de 70 policías de las Unidades de Intervención Policial intentando contener el desbordamiento. Pero claro, en el despacho oficial la cifra sube mágicamente a 170, porque el Gobierno ha decidido que un dron cuenta como un agente. Es una ingeniería contable fascinante: sumar aparatos voladores para maquillar la falta de botas en el suelo. La tensión escaló con cargas policiales antes de que el acceso al Muelle de Poniente se ordenara a las 9:30 horas, donde la bienvenida consistió en una pulsera azul, agua y zumos, mientras los operarios seguían montando las literas en tiempo real. Una improvisación de manual. El sindicato Jupol no se ha callado, denunciando que los agentes han tenido que 'poner el cuerpo' para parchear la falta de planificación. Al final, el guion es siempre el mismo: el Gobierno decide el 'qué' y el 'cuándo', pero el 'cómo' se lo dejan a la suerte y a la integridad física de unos policías que se sienten carne de cañón en un operativo diseñado sobre una servilleta.
Puente y Madina: pelea de patio socialistas
Hay peleas familiares que se heredan y rencores políticos que envejecen peor que la leche abierta en agosto. Lo que empezó como un análisis sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha terminado convirtiéndose en un patio de colegio con ministros de por medio. Eduardo Madina, que ahora hace de tertuliano profesional, soltó en 'Hora 25' que la actuación del Gobierno es un 'brutal hundimiento' y que no hay ni un solo paso que se entienda. Básicamente, dice que el Ejecutivo ha gestionado la crisis como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua y mucha confusión. Pero claro, en el manual de respuestas del PSOE actual, cuando no tienes argumentos para defender la gestión, sacas la artillería del ego. Óscar Puente, ministro de Transportes, decidió que era el momento ideal para recordar que en las primarias de 2014 Pedro Sánchez le dio a Madina un 'baño' monumental. En lugar de explicar por qué Ceuta es un caos, Puente se fue a X (la red social que ahora es el confesionario de los políticos) para soltar que el rencor es un veneno y que Madina está 'para lo que ha quedado'. Es fascinante. Tenemos una crisis humanitaria y administrativa en una ciudad autónoma, pero el ministro prefiere hacer un balance de daños de hace diez años. Mientras Madina intenta salvar los muebles desvinculando sus críticas del PSOE y apuntando al Gobierno de coalición, Puente prefiere el camino corto: el ataque personal. Es la clásica maniobra de quien, al verse acorralado por los datos, decide que es más rentable hablar de quién ganó una elección interna que de cuánta gente está cruzando la frontera sin un plan coherente. Una gestión de Estado convertida en un ajuste de cuentas de bar.
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