Crítica:
La noticia es un eco vacío de declaraciones oficiales sin contrastar la realidad técnica de las devoluciones. Un ejercicio de taquigrafía diplomática que ignora el drama humano detrás del trámite.
La noticia es un eco vacío de declaraciones oficiales sin contrastar la realidad técnica de las devoluciones. Un ejercicio de taquigrafía diplomática que ignora el drama humano detrás del trámite.
Hay una mística casi sagrada en el Chupinazo de Pamplona, pero para Aitor Zunzarren Crespo, el 6 de julio de 2016 no fue precisamente una experiencia mística, sino un despliegue de codazos. Mientras el resto del mundo veía pasar toros, el marido de la ministra portavoz, Elma Saiz, decidió que la mejor forma de celebrar era intentarremodelar la cara de tres agentes de la Policía Municipal. El escenario: la zona de la calle Estafeta, donde el ambiente estaba más caliente que una sartén en agosto. Zunzarren, que es policía foral pero aquel día estaba 'de vacaciones' del deber, pasó de tener una actitud agresiva con los porteros de un bar a repartir golpes a los uniformados que intentaban evitar que la fiesta terminara en tragedia. La Fiscalía no se anduvo con chiquitas y pidió dos años de cárcel y la inhabilitación para el sufragio pasivo. Pero claro, en el tablero de la justicia, los números se negocian como si fueran puestos de fruta. Zunzarren aplicó la técnica de la conformidad y cambió la celda por un sablazo económico: una multa de 1.680 euros (más 90 euros de indemnización), una cifra que para cualquiera es un agujero en la cuenta bancaria, pero que para evitar el calabozo resulta un chollo administrativo. El resultado físico fue una conjuntivitis en el ojo izquierdo de un agente, cortesía de un codazo preciso junto al furgón policial en la calle Cortes de Navarra. Lo más fascinante es la gimnasia mental del entorno de la ministra. Mientras el acta judicial dice que el supuesto agresor externo nunca apareció, la versión oficial del círculo íntimo es que Zunzarren fue la verdadera víctima. Una narrativa creativa que choca frontalmente con la sentencia firme de mayo de 2017. Ahora, mientras Elma Saiz gestiona la Seguridad Social y la portavozía del Gobierno desde noviembre de 2023, su marido sigue 'exprimiendo el viaje de la vida', preferiblemente lejos de los ojos de la Policía Municipal.
Giorgia Meloni ha decidido que la integración en las aulas italianas funcione como un cupo de entradas para un concierto agotado. El nuevo decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros pone un techo del 30% a los alumnos que no dominen el italiano. Básicamente, si el aula ya tiene su cuota de 'no hablantes', el estudiante se queda fuera, obligando a los padres a jugar a la lotería con cuatro opciones de centros escolares al matricularse. Una ingeniería social que Meloni vende como 'sentido común' para evitar los guetos, aunque en la calle suena más a repartir el problema para que no moleste en un solo sitio. Pero el menú de restricciones no acaba ahí. El Gobierno ha declarado la guerra al 'enmascaramiento'. Adiós al burka y al niqab, pero también a las mascarillas si no hay fiebre y a los cascos. Es el regreso a la escuela de la era analógica, donde el rostro debe estar tan expuesto como el presupuesto público. La coherencia es el plato fuerte: el ministro Giuseppe Valditara recuerda que ya existe una ley de 2023 que manda a los padres a la cárcel hasta dos años si no escolarizan a sus hijos. Así que el mensaje es claro: o entras sin velo, o el niqab te servirá para decorar la celda. Para rematar el paquete, si un alumno tiene un 'grave déficit lingüístico', los Servicios Sociales entrarán en escena. Ofrecen cursos gratuitos, pero si la familia pasa de ellos, el Estado les pasará factura con multas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. Un sablazo educativo que busca integrar a base de sanciones. Mientras Sergio Mattarella, el presidente de la República, recuerda que la Constitución dice que la escuela es para todos, Meloni saca el baúl de sus recuerdos de 1989 para justificar que limitar el acceso es una tradición personal. La Asociación Nacional de Directores (ANP) ya avisa que aplicarlo será un caos, pero claro, la propaganda electoral contra Roberto Vannacci y su 'Futuro Nacional' no puede esperar a que la logística funcione.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el ticket del supermercado como quien lee una sentencia judicial, en RTVE han decidido que el fin de semana necesita un nuevo 'barniz' de infoentretenimiento. El 3 de octubre llega 'Cosas nuestras' a La 1 y RTVE Play, un programa que, más que informar, parece diseñado para que los tertulianos habituales tengan un nuevo púlpito donde reciclar sus opiniones. El sablazo es glorioso: 3.558.610 euros entregados a la productora Catorce Comunicación. Para que nos entendamos, estamos hablando de 111.206 euros por capítulo. Es una cifra que deja en ridículo los 43.000 euros que cuesta Mañaneros 360; básicamente, han decidido triplicar la apuesta en un juego donde la casa siempre gana. El reparto de papeles es el clásico reciclaje corporativo. Aitor Albizua, que viene de sobrevivir al naufragio de 'La familia de la tele', y Aida Bao, que ha hecho el relevo entre Javier Ruiz y Jesús Cintora, liderarán este despliegue de 32 emisiones. Pero lo verdaderamente fascinante no es quién sale en pantalla, sino la ingeniería financiera para saltarse el artículo 35 del Mandato Marco. Mientras los sindicatos se peleaban en paros el pasado 14 de septiembre denunciando que la información debe ser producción interna, la dirección ha encontrado la receta mágica: llamarlo 'entretenimiento'. Así, el contenido informativo se disfraza de magacín para evitar los filtros internos y los controles molestos. Es el truco más viejo del mundo: si lo llamas 'infoentretenimiento', puedes externalizarlo, gastar millones y evitar que los periodistas de la casa pregunten demasiado. Una jugada maestra de maquillaje presupuestario donde el maquillaje cuesta millones y el resultado es el mismo de siempre.
Hay quien paga el alquiler con sudor y lágrimas, y luego está el PSOE, que parece gestionar el presupuesto público como quien reparte propinas en una cena de empresa donde el jefe quiere que todos callen. La UCO ha destapado una ingeniería financiera digna de un libro de contabilidad creativo: camuflar el pago de unos audios comprometedores sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez bajo el disfraz de una 'campaña publicitaria'. La trama es casi cómica. El partido destinó 14.950 euros (sin IVA) a Crónica Libre, un digital que, según la propia agencia IKI Group, tiene la relevancia de un folleto de supermercado en un pueblo abandonado. Pero aquí viene lo mejor: Meritxell Blasco, desde Ferraz, insistió en soltar otros 5.000 euros más. Sí, leyeron bien. El PSOE quería pagar más dinero a un medio que ni siquiera sabía medir sus visitas. Es como intentar comprar un anuncio en una valla publicitaria que está caída, pero insistir en que el dueño quiere un bono extra por el servicio. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la lista de la compra no supere los 100 euros, en Ferraz se movían cifras con una ligereza pasmosa. A esto hay que sumar los 18.000 euros que Patricia López cobró directamente por esos audios de Villarejo, y los 188.000 euros totales que el juez Santiago Pedraz vincula a una trama para blindar al entorno del presidente. Entre abogados como Jacobo Teijelo, que se llevó 125.000 euros, y viajes pagados a Leire Díez, el esquema es claro: el silencio tiene un precio y el PSOE parece tener la tarjeta de crédito sin límite para financiar la tranquilidad familiar. Todo esto mientras Santos Cerdán juraba que los audios no interesaban. Claro, no interesaban... hasta que decidieron pagar por ellos.
La administración pública española se ha convertido en el refugio favorito de quienes buscan el 'salario eterno' sin el estrés de que el jefe te pida cuentas el lunes. El Partido Popular ha mirado los libros y ha decidido que el experimento de Pedro Sánchez —inflar la plantilla con más de medio millón de puestos en ocho años— es, básicamente, un agujero contable con patas. La receta es sencilla: dejar que la naturaleza haga su trabajo. Si el 50% de los funcionarios se jubila en los próximos ocho años, el PP planea no reponer la mayoría de esas plazas. Es como limpiar el armario: lo que ya no sirve, se tira, y lo que sobra, no se compra más. Pero aquí viene lo jugoso. Todos conocemos al funcionario que ha convertido el café de las diez en una disciplina olímpica. Como el estatus de 'vitalicio' es un escudo blindado que impide el despido, el PP propone una ingeniería financiera y logística: el sistema bonus-malus. Para los que curran, un plus que evite que se escapen a la sanidad privada (como el médico que opera seis veces en lugar de tres). Para los 'vagos', el castigo no será la calle, sino el exilio. Trasladarlos a puestos incómodos donde escabullirse sea más difícil que encontrar aparcamiento en el centro un sábado. Mientras tanto, la hipocresía flota en el aire. El PP apunta al dedo a los 145 millones de euros que costarán los asesores y cargos de confianza de Sánchez en 2025, poniendo como espejo la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. El plan es racionalizar, usar la inteligencia artificial para sustituir el papeleo inútil y dejar de usar las oposiciones como una máquina de fabricar votos cautivos. El problema es que, para medir quién es un vago y quién un héroe, primero habría que inventar un sistema de medición de productividad que hoy brilla por su ausencia, ya que casi todos cobran el plus de productividad simplemente por existir.
Hay una técnica muy antigua que consiste en intentar meter el elefante por la puerta del baño esperando que nadie se dé cuenta del ruido. Eso es exactamente lo que han intentado el PSOE y Sumar este miércoles en la Comisión de Educación. En un movimiento que roza el surrealismo administrativo, quisieron colar una enmienda para blindar la 'ley de nietos' aprovechando una reforma educativa. Sí, han intentado arreglar la nacionalidad de los exiliados en el mismo cajón donde se discute el currículo escolar; es como intentar renovar la caldera de casa mientras el fontanero te cambia las bombillas del salón. El plan era sencillo: saltarse el informe de los letrados, ese trámite jurídico que es como el control de calidad en una fábrica, para evitar que alguien les dijera que estaban ignorando la suspensión cautelar del Tribunal Supremo sobre la instrucción de Sofía Puente. Querían que la condición de exiliado se presumiera automáticamente para cualquiera que saliera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin importar si huían de la guerra o simplemente se iban a montar un negocio en Argentina. Pero el Grupo Popular, que estaba atento al ruido, plantó cara y suspendió la reunión. Ahora la jugada se ha complicado. Francina Armengol ha aceptado que el dictamen se vote en el pleno, una 'avocación' que obliga a los diputados a poner la firma y la cara delante de todo el mundo, en lugar de esconderse en la comisión. El Gobierno ahora tiene una semana para deshacer el entuerto, mientras el apoyo de Junts y Coalición Canaria se ha convertido en el peaje obligatorio. Al final, todo se reduce a una partida de póker presupuestaria donde la ley se usa como moneda de cambio y la técnica jurídica como un truco de magia barato.
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena manifestación, y el de Pedro Sánchez este jueves en la Asamblea General de la ONU ha dejado a los diplomáticos con la boca abierta y el guion en la mano. Por primera vez en la historia moderna, un presidente español se ha plantado en Nueva York y ha pasado de Gibraltar como quien ignora un cobro indebido en la factura de la luz. Desde que tomó el mando en 2018, Sánchez tenía el Peñón como un 'copia y pega' obligatorio. En 2018, 2019 y 2020, el discurso era el mismo mantra sobre la doctrina de Naciones Unidas y la prosperidad del Campo de Gibraltar. Incluso en 2021, tras el acuerdo del 31 de diciembre de 2020, insistió en que la soberanía no se negocia. De hecho, entre 2022 y 2024, el párrafo era un calco exacto, una especie de plantilla administrativa para no levantar sospechas. Pero este año, el presidente ha decidido que el feminismo, la cooperación internacional y unas pullas indirectas a Donald Trump eran prioridades más sexys. Ha borrado la Roca del mapa verbal justo después de que el 15 de julio cayera la Verja gracias al acuerdo provisional para entrar en Schengen. Para Sánchez, parece que haber 'comunitarizado' el problema es como haber pagado la deuda con una tarjeta de crédito: el problema sigue ahí, pero ya no molesta en el extracto mensual. Mientras Felipe VI mantuvo la línea ortodoxa en su intervención de 2025, Sánchez ha decidido que la reivindicación soberana es ahora un mueble viejo que ya no encaja en el salón. El contraste es brutal: mientras Argentina se pone gallito con las Malvinas ante el posible cambio de doctrina de Trump, España elige el modo avión. Una jugada arriesgada que, según los pasillos de la diplomacia, confunde la gestión técnica de una frontera con la rendición de una soberanía.
Comentarios