La noticia es un ejercicio de 'filtración controlada' que deja demasiadas preguntas en el aire sobre quién permitió este vacío. Le falta concretar cuántos votantes exactos estamos hablando para que el impacto no sea solo una anécdota de cuatro magistrados.
En el tablero del Gobierno de Pedro Sánchez, el concepto de 'mérito' parece haberse trasladado a una dimensión paralela donde la audacia para pedir favores es la competencia principal. El último movimiento es una joya del surrealismo administrativo: David de la Encina aterriza como delegado del Gobierno en Ceuta. No es un nombramiento cualquiera; es el rescate de un cuadro histórico que sabe navegar las aguas turbias del PSOE andaluz con la soltura de un delfín. Para quienes no recuerden el 'estilo' de De la Encina, retrocedamos a octubre de 2014. Mientras el ciudadano medio se rompe la espalda para que no le descuenten un euro en la nómina, el entonces coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende le lanzó un correo a Vanessa Bernad, la gerente de la entidad, con una propuesta tan descarada que roza el arte. El plan era sencillo: quería cobrar sus 47.933,56 euros anuales —un sueldo público que para muchos es el sueño de una vida— pero sin la molesta obligación de pisar la oficina. ¿El motivo? Que liderar la campaña para la alcaldía de El Puerto de Santa María requería 'presencia permanente en la calle', y claro, no podía permitirse el lujo de renunciar a su cheque mensual mientras hacía política. Lo más tierno es que no actuaba solo. Tenía el visto bueno de sus padrinos, Manuel Jiménez Barrios e Irene García, quienes debían hacer la vista gorda mientras sus compañeros de trabajo absorbían sus tareas. Cuando el escándalo estalló en 2019 y la corporación municipal pidió su dimisión, De la Encina aplicó la técnica del 'estaba ingenuo'. No era un defraudador, decía, sino alguien que simplemente no esperaba que alguien rebuscara en su correo. Ahora, tras salir por la puerta de atrás en 2023, Moncloa lo premia enviándolo a Ceuta, sustituyendo a Miguel Ángel Pérez Triano, quien se fue acorralado por el caos de la frontera y el ruido judicial de la Audiencia Nacional. El mensaje es claro: si sabes pedir el sueldo sin trabajar, siempre habrá un despacho con vistas al mar esperándote.
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el tablero de un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse, pero todos quieren mandar. El Sindicato de Inquilinos plantó su bandera el 26 de septiembre para exigir el 'decreto Maricarmen', y desde entonces, el centro de Madrid parece una partida de ping-pong institucional. Manos Limpias, que no deja pasar ni una mosca, ha decidido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha estado demasiado tiempo mirando las nubes y ha presentado este lunes una denuncia por prevaricación administrativa por omisión. Para Miguel Bernad, secretario general del sindicato, la cosa es sencilla: hay una acampada 'lisa y literalmente ilegal' frente a la sede de la Comunidad de Madrid y el delegado ha decidido aplicar la técnica del avestruz. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, aquí se pelea por el artículo 404 del Código Penal, alegando que no actuar es, en realidad, una decisión consciente de dejar que el caos reine en el turismo y el comercio. Lo más jugoso es el espectáculo de hipocresía administrativa. El Ayuntamiento, que normalmente se lleva bien con el Gobierno, ha soltado un zarpazo acusando a la Delegación de 'dejación de funciones', recordándoles con ironía que en el 15M de 2011 no fueron tan tímidos con los desalojos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha saltado a la yugular del Ministerio del Interior y de Pedro Sánchez, acusándolos de 'lavarse las manos' y querer pasarle el muerto a la Policía Municipal. Al final, entre el decreto, las denuncias y los reproches, la acampada sigue ahí, como un recordatorio de que en política, cuando todos son responsables, nadie lo es.
En este país, la transparencia es como el wifi en el metro: se anuncia, pero nunca llega cuando más lo necesitas. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha decidido jugar al escondite con el Senado. El PP, liderado por Alicia García, pidió echar un ojo a la declaración del Impuesto de Patrimonio y las sociedades de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2011 hasta 2025. Básicamente, querían saber si la cuenta corriente del expresidente ha crecido más que la inflación de la cesta de la compra, pero Hacienda ha respondido con un 'no' rotundo y un dossier de cinco páginas que es una obra maestra de la gimnasia mental. El argumento es el clásico: 'datos confidenciales'. Muy curioso, porque la Ley General Tributaria de 2003 dice que el secreto fiscal se puede saltar para colaborar con comisiones parlamentarias si el sujeto fue cargo público. Zapatero fue presidente, así que el primer check está puesto. Pero Hacienda dice que no hay relación con el cargo. Una lógica brillante, especialmente cuando el propio Zapatero justificó que las joyas de su despacho eran regalos de Arabia Saudí en 2007. O sea, que el oro sí es cosa del cargo, pero los impuestos son un asunto privado. Es como decir que el coche oficial es para trabajar, pero la gasolina la pagas tú. Para rematar la faena, el Departamento también ha cerrado el grifo sobre Tubos Reunidos. El PP quería saber por qué hay un retraso en la devolución de 10 millones de euros de un préstamo rescatado en 2021 por la SEPI. Diez millones. Para que nos entendamos: es dinero que podría haber pagado miles de facturas de la luz de familias reales, pero Hacienda dice que pedir el expediente no es 'jurídicamente procedente'. En resumen, el muro de Hacienda es más alto que las aspiraciones de transparencia de la cloaca del PSOE.
Hay quien confunde la solidaridad con el marketing de guerrilla. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, en Ceuta desembarcan los 'brigadistas' de Negu Gorriak y Derecho a Techo. No vienen con mantas ni medicinas en silencio —estilo Jesucristo—, sino con una rueda de prensa bajo el brazo, buscando el 'sustillo' necesario para alimentar la narrativa del fascismo. Es la vieja receta: provocar al vecino que lleva dos meses aguantando una invasión y luego presumir de las piedras recibidas como si fueran medallas al valor. El despliegue es casi cómico. Tenemos a una diputada de Ceuta Ya! recogiendo activistas en un Mercedes anticapitalista; un contraste tan fuerte que casi se puede oler el aroma a hipocresía desde el puerto. En el tablero político, la cosa no es distinta. Mientras Óscar López lanza dardos contra los jueces llamándolos 'lobos solitarios', el gobierno parece jugar al ajedrez con piezas que no controla. Se menciona a Leire Díez y un encargo surrealista a clanes de narcotraficantes para asustar a la instructora Biedma. Al final, resulta que los narcos tienen más ética profesional que la cúpula sanchista. Entre el ruido de 'poner el cuerpo' —frase que Irene Montero ha convertido en mantra— y la retórica de Pablo Iglesias, aparecen nombres impronunciables como Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona. Aitor Balbás Ruiz, que en 2019 no llegó ni a los 900 votos (867 exactamente), intenta ahora dar lecciones de cultura citando a Bertolt Brecht para camuflar un pasado que huele a Bildu. Todo esto ocurre bajo el paraguas de la Agencia Europea Anti-Fronteras y una red de colectivos como No Name Kitchen o Fraktal, que prometen abolir fronteras mientras el Rey luce el pin de la Agenda 2030. Un círculo perfecto donde el revolucionario y el globalista se dan la mano mientras Ceuta se convierte en el parque temático de la utopía.
En la política, como en el fútbol, el que no marca gol no cobra el primario. Así de crudo es el balance del Consejo de Cuentas sobre las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Mientras seis partidos se reparten un festín de 2,27 millones de euros en subvenciones, la coalición de IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo se queda mirando el escaparate con un agujero de 74.230,96 euros en el bolsillo. Básicamente, han pagado la fiesta y se han ido sin comer. El reparto del botín es una oda al contraste. El PSOE, con sus 30 procuradores, se lleva la tajada más gorda con 810.744,02 euros, superando al PP (33 parlamentarios) que recibirá 808.257,89 euros. ¿La razón? Los socialistas gastaron más en el 'mailing' —ese envío de propaganda que llega a casa y acaba directo a la papelera—, soltando 349.865,82 euros frente a los 293.754,03 de los populares. Es la lógica del sistema: cuanto más gastas en papel mojado, más te devuelve el Estado. Vox, con 14 procuradores, se embolsa 487.625,36 euros, aunque el Consejo le ha metido un pequeño 'tijeretazo' de 1.595 euros por pagar fuera de plazo. Las formaciones del Grupo Mixto completan el cuadro: la UPL se lleva 108.477,11 euros, Por Ávila 38.239,94 y Soria ¡Ya! 26.342,89 euros. Lo más irónico es que el Consejo de Cuentas, en su sede de Palencia, ahora sugiere que se limite el gasto a lo 'imprescindible'. Un concepto elástico que llega tarde, después de que se hayan justificado 3,18 millones de euros. Mientras tanto, IU y compañía descubren que en la aritmética electoral, el esfuerzo sin escaño es, sencillamente, una donación involuntaria al sistema.
Hay que tener una cara dura del tamaño del Atlas. Mientras en España gestionar el agua es un deporte de riesgo entre sequías y el fantasma de Acuamed, nuestro vecino marroquí ha decidido jugar a la liga de los grandes. Para 2031, el reino alauita tendrá cuatro de las diez desaladoras más grandes del planeta, situándose justo detrás de los jeques de Arabia Saudita y Emiratos. Y aquí viene el giro irónico: el 'empujoncito' financiero viene de Madrid. Con una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier contribuyente, España ha soltado unos 340 millones de euros públicos. El desglose es un poema: 250 millones vía FIEM, 60 millones de Cesce y otros 31 millones por Cofides. Básicamente, estamos pagando la factura de la luz y el agua para que los tomates de Karam Green Agri lleguen más frescos y baratos a los lineales de Lidl y Tesco, compitiendo —y machacando— a la huerta española. El plan es agresivo. De producir 345 millones de metros cúbicos anuales con 17 plantas, quieren saltar a 1.700 millones para 2030. La joya de la corona es la planta de Casablanca, construida por Acciona con un coste de 887 millones de euros, que además sirve de 'maquillaje' hídrico para impresionar a la FIFA de cara al Mundial 2030. Mientras tanto, el Plan Verde de Aziz Ajanuch demostró que plantar sandías en el desierto de Zagora es una genialidad... si no te importa agotar los acuíferos. Ahora, con la ósmosis inversa bajando los costes a 50 centavos el metro cúbico, el agua ya no cae del cielo, sino que sale de una tubería financiada por nosotros. Un negocio redondo para ellos; para nosotros, un agujero contable con sabor a salmuera.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de un atleta olímpico para lograr lo que Yolanda Díaz ha hecho esta semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ocupa un despacho en Moncloa desde 2020, ha soltado la perla: pide una 'movilización contra el Gobierno de España'. Sí, han leído bien. Es como si el dueño de un restaurante saliera a la calle a gritar que hay que cerrar el local porque la comida es incomible, mientras sigue cobrando el sueldo de gerente y manejando la cocina. El escenario fue un acto del Partido Comunista, el lugar ideal para que Díaz lanzara su mantra contra Alberto Núñez Feijóo y Abascal. Pero el giro surrealista llegó cuando sugirió que, si hace falta movilizarse contra el propio Gobierno del que ella es pieza clave, que lo hagan. Es una ingeniería política que deja al ciudadano medio, ese que lucha con la factura de la luz y la lista de la compra, totalmente descolocado. ¿Cómo se puede ser el brazo ejecutor de una política y, simultáneamente, el que pide quemar el mapa desde dentro? Borja Sémper, portavoz del PP, no ha tardado en calificar el episodio de 'berlanguiano' y compararlo con '1984', y no le falta razón. Estamos ante un esperpento donde las siglas de Sumar, fundadas en 2023, ya planean su propia desaparición para 2027 bajo el nombre de Frente Amplio, acogiendo a Izquierda Unida y los Comunes. Mientras tanto, Díaz ya ha avisado que no será la candidata. Básicamente, está preparando la maleta y el aterrizaje, pero antes quiere dejar el jardín abonado con un poco de caos electoral. Una jugada maestra de quien ya no tiene nada que perder, pero mucho que fingir.
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