Crítica:
El texto original es una sucesión de datos que ignora la raíz del problema social. Se centra en el coste de las cerraduras de los cubos pero no analiza la precariedad de quienes viven de esos diez céntimos.
Portugal cobra 10 céntimos por cada botella y lata y el alcalde de Lisboa pide suspenderlo: España tendrá que aplicar un sistema igual desde el 22 de noviembre
Botellas a precio de oro: el caos llega
Otros artículos
Sanidad impone el aborto en Primaria
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido jugar al ajedrez con las piezas de Atención Primaria, pero se ha olvidado de avisar a los jugadores. El anuncio es sencillo en el papel: trasladar el aborto farmacológico a los centros de salud, modificando el real decreto de autorización y la ficha técnica de la mifepristona para que el fármaco salga del hospital. Suena a progreso, pero para los médicos de familia es como si te avisaran de que tienes un nuevo hijo adoptivo mientras estás intentando apagar un incendio en el salón. Lorenzo Armenteros, de la SEMG, no ha tenido pelos en la lengua: la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Se habla de 'ir de la mano' de los profesionales, pero el anuncio ha sido un monólogo ministerial. Es la eterna canción del sector: se diseñan políticas en despachos con aire acondicionado mientras en la calle los centros de salud funcionan con el combustible del agotamiento. Pedir que absorban una nueva prestación en un sistema que ya sufre una infrafinanciación crónica es como intentar meter un colchónviscoelástico en un maletero lleno de piedras. La SEMG admite que la medida es equitativa y segura —en otros países el 50% de los abortos son farmacológicos fuera del hospital—, pero la realidad es que no hay ecógrafos de calidad en todos los centros ni tiempo para consultas diferenciadas. No se puede gestionar una interrupción del embarazo entre una receta de hipertensión y una gripe. Sin una dotación económica adicional y una gestión real de la objeción de conciencia, el plan de Sanidad corre el riesgo de ser otra promesa brillante que termina estrellándose contra la falta de personal y la burocracia de una cartera de servicios que ya no aguanta más peso.
Votar en Argentina es más fácil que en Madrid
Hay una matemática muy curiosa ocurriendo en el Atlántico. Resulta que, según la Oficina del Censo Electoral, es más fácil engordar el padrón de votantes en Argentina que en la propia capital de España. En junio, mientras Madrid sumaba 2.860 personas —un crecimiento modesto, casi como quien añade un par de artículos a la lista de la compra—, Argentina se pegaba un atracón de 4.975 nuevos electores. Es la magia de la Ley de Memoria Democrática, o la 'Ley de Nietos' para los que no usamos lenguaje de despacho, que ha convertido la nacionalidad en un trámite de ventanilla rápida. El consulado de Rosario es la joya de la corona: engorda el censo en más de 1.000 españoles al mes, un salto ridículo comparado con los 314 que aportaba en 2022. En total, ya hay 600.684 solicitudes aprobadas, con 370.000 ya inscritos en el CERA. El Gobierno juega al bingo con las cifras: Elma Saiz habló de 2,5 millones de interesados, mientras Ángel Víctor Torres bajó la apuesta a 2,4 millones. Una diferencia de 100.000 personas que, en cualquier otro contexto, sería un agujero contable digno de auditoría. Lo verdaderamente fascinante es la 'presunción' de exilio. Gracias a una instrucción de Sofía Puente, bastaba con demostrar que el antepasado salió de España entre 1936 y 1955 para ser considerado exiliado, aunque hubiera emigrado 54 años antes de la Guerra Civil. Básicamente, se ha aplicado un 'pase VIP' sin pedir papeles. Ahora el Tribunal Supremo y la Junta Electoral intentan poner orden al caos, sospechando que muchos nuevos votantes eligen su municipio de inscripción al azar, como quien elige un número de lotería, para alterar la balanza electoral sin haber pisado el pueblo en tres generaciones.
Guerra fiscal por el caso Julio Iglesias
En la calle Génova, donde se cocina la justicia de alta gama, se ha montado un jardín jurídico digno de una comedia de enredos. Resulta que Vicente González Mota, un fiscal que ha decidido dejar de seguir el guion, ha plantado cara a sus jefes. Mientras la cúpula de la Fiscalía, liderada por Jesús Alonso y Marta Durántez, prefiere hacer la vista gorda y abstenerse para no admitir que se equivocaron, González Mota ha soltado un informe que es como un jarro de agua fría: dice que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para investigar al eterno seductor, Julio Iglesias. La jugada es maestra en su hipocresía. Los jefes, que ya archivaron la primera denuncia, ahora dicen que 'no son imparciales' para valorar el nuevo informe. Es el clásico movimiento de quien tira la toalla pero quiere que parezca un gesto de nobleza procesal. Mientras tanto, el juez Antonio Piña del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene el balón jugado. El origen de este lío nos lleva al 13 de enero de 2026, cuando elDiario.es destapó que ex empleadas acusaban al cantante de agresiones sexuales en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El despliegue mediático fue un tsunami: 4.400 noticias en tres días, con The New York Times y la BBC en el menú. El cantante, defendido por José Antonio Choclán, juega la carta del 'cariño': saca capturas de pantalla con mensajes de 'te quiero' y felicitaciones de cumpleaños, intentando convertir una acusación grave en un malentendido sentimental. Al final, tenemos una querella que es un calco de la anterior, una cúpula fiscal que huye del espejo y un fiscal díscolo que se atreve a decir que en España no debería haber zonas libres de impuestos... ni de justicia.
Sánchez y el 'marketing' de los desahucios
Hay quien gestiona el Estado y hay quien dirige un casting de televisión desde Moncloa. Los chats filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos revelan que, mientras el país intentaba no hundirse en 2020, el presidente operaba como un director de marketing especializado en el drama humano. El caso de Adoración, una mujer de 63 años de Carabanchel desahuciada con cuatro nietos, no fue para Sánchez una tragedia social, sino una oportunidad de oro. La mecánica era sencilla: localizar la vulnerabilidad, aplicar un parche rápido y, acto seguido, lanzar el comando «Dadle publicidad». Una especie de ingeniería del altruismo donde el objetivo no era solucionar el problema de la vivienda, sino ganar la guerra de narrativas contra Podemos y ERC. Mientras Ada Colau le escribía advertencias sobre un «polvorín social» en Barcelona, Sánchez jugaba al ajedrez político, usando a la señora de Carabanchel como una pieza más para blindar su Ley de Vivienda. Lo más cínico llega con la solución técnica. Ábalos, el hombre de los recados, coordinó con el presidente de Sareb un alquiler de 75 euros al mes para Adoración. Un sablazo invertido, una migaja presupuestaria que para el Estado es ruido blanco, pero que para el presidente era el combustible perfecto para el titular del día. Todo esto mientras en 2021 se peleaba el control del alquiler con Ione Belarra y se intentaba erosionar a Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones del 4 de mayo. Al final, la Ley de Vivienda terminó siendo un globo inflado con aire caliente que, según el Sindicato de Inquilinas, ha resultado fallida. En resumen: mucha publicidad, muchos chats de coordinación y la misma sensación de que, en el tablero de Moncloa, las personas son solo accesorios para el siguiente tuit.
Militares en Ceuta: sin fusiles y mal pagados
En Ceuta, la seguridad nacional se ha convertido en un deporte de riesgo donde el premio es una fractura de peroné o una dislocación de rodilla. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez juega al equilibrista político, los militares de la ciudad autónoma se encuentran en una situación surrealista: enfrentan cócteles molotov, emboscadas y trampas en los acantilados armados, básicamente, con una porra y un bote de spray pimienta. Es como enviar a alguien a apagar un incendio forestal con un vaso de agua y pedirle que, además, mantenga la sonrisa profesional. Harto de este 'estilo de gestión', la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), liderada por Marco Antonio Gómez, ha decidido saltarse la escala burocrática y pedir audiencia directa al Rey Felipe VI. No es un capricho; es un grito de auxilio. Los efectivos, que encadenan jornadas de hasta 16 horas extra, se sienten abandonados en una misión donde el riesgo es extremo pero el reconocimiento es invisible. Para colmo, el Ministerio de Defensa ha aplicado una 'ingeniería financiera' digna de broma: impagos en módulos y dietas con diferencias de hasta 400 euros entre compañeros que hacen el mismo trabajo. Según Gómez, son los mismos errores de gestión que se vieron en la DANA, donde un año después todavía hay gente esperando sus incentivos. La hipocresía alcanza su pico cuando el Ejecutivo sugiere quitar los nombres de los uniformes para evitar amenazas, en lugar de dotar a la tropa del fusil reglamentario que sí llevan en la Península. Con un sueldo base de 1.326 euros —que hoy en día no alcanza ni para cubrir el alquiler y la cesta de la compra sin sudar sangre—, los militares exigen ser reconocidos como agentes de la autoridad y profesión de riesgo. El 16 de septiembre, 1.500 personas gritaron 'basta ya' en Ceuta, pero el silencio del Gobierno es tan ensordecedor que solo queda esperar que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas quiera escuchar la verdad sin el filtro del despacho ministerial.
Nacionalidad 'colada' en la Ley de Educación
En el Congreso de los Diputados han descubierto un nuevo superpoder: la capacidad de meter un elefante en una nevera. O, traducido al lenguaje humano, colar la nacionalidad española en una Ley de Educación. El PSOE y Sumar han decidido que la mejor forma de esquivar al Tribunal Supremo es jugar al 'Tetris' legislativo, insertando la enmienda 63 en un texto que debería hablar de libros y aulas, pero que ahora pretende rescatar la instrucción de Sofía Puente. Es como si intentaras arreglar una gotera en el baño instalando un aire acondicionado en el salón; no tiene sentido, pero el resultado es el mismo. Los letrados de la Cámara, que son los que suelen leer la letra pequeña mientras los políticos miran el calendario electoral, han sido claros: esto es inconstitucional. No hay conexión material. Pero claro, para la mayoría de la Mesa de la Comisión de Educación, los informes técnicos son como las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA: algo que se ignora convenientemente para terminar antes. El objetivo es elevar a rango de ley que cualquier español que saliera del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sea presumido exiliado, sin importar si huyó por ideales políticos o simplemente porque el negocio de las naranjas no iba bien. Mientras el Partido Popular intentó poner el freno de mano suspendiendo la primera reunión hasta tener el informe, el miércoles se decidió seguir adelante con la jugada. Ahora, hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por casarse antes de 1978 o bisnietos con ganas de pasaporte europeo esperan que este 'truco de magia' parlamentario sobreviva al escrutinio legal. La cita es el 14 de octubre, día en que la Mesa votará si la educación consiste ahora en aprender a saltarse las reglas del juego.
Vivas a Sánchez: ¡Diez llamadas y ni un hola!
Imaginen que su casa se está inundando, el agua ya llega al cuello y, mientras llaman desesperados a los bomberos, el jefe del cuerpo les cuelga el teléfono o les manda a un becario para decirles que 'no sean pesados'. Así describe Juan Jesús Vivas su calvario entre el 27 y el 29 de julio. El presidente de Ceuta ha soltado toda la artillería ante la juez María Tardón de la Audiencia Nacional, confesando que intentó contactar al menos diez veces con Pedro Sánchez. ¿El resultado? Un silencio administrativo digno de un premio al desapego. Solo tres respuestas del director de Gabinete, que probablemente estaban más pendientes del menú del día que de la frontera. La cronología es para echarse a llorar. Vivas avisó el 25 de julio de que se venía una 'invasión'. Pero en Madrid, donde el aire es más fino, los ministros Robles, Marlaska, Torres y Albares prefirieron llamarlo 'crisis humanitaria', como quien minimiza un rasguño mientras le amputan una pierna al paciente. Pidieron estado de Alarma, mando único y refuerzos; el Ministerio del Interior decidió que no era el momento. Mientras tanto, la realidad no entiende de diplomacia: el número de menores acogidos saltó de 130 a más de 800 entre el 25 y el 28 de julio. Un aumento del 8000% que no es una estadística, es un colapso total. Lo más delirante es que el CNI ya había cantado la tecla el 29 de julio a las 13:52, alertando de un asalto coordinado por redes sociales con 180.000 seguidores. El CENIF confirmó que esto no fue un 'accidente espontáneo', sino un plan ejecutado con precisión. Vivas, emocionado y con la impotencia a flor de piel, ha dejado claro que Marruecos es una amenaza directa. Al final, el presidente ceutí se fue 'satisfecho' de la Audiencia Nacional, aunque la normalidad en la ciudad siga siendo un sueño lejano y la verdad, un lujo que el Gobierno central parece haber puesto en modo avión.
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