Crítica:
El texto original es un festín de contradicciones estadísticas que el Gobierno intenta maquillar. La omisión de 90.000 personas en los datos oficiales es un insulto a la inteligencia del lector.
Otros artículos
Justicia fallida: el Estado paga récord histórico
Imagínese que usted paga sus impuestos con la precisión de un reloj suizo, pero el Estado gestiona la Justicia como quien monta un mueble de IKEA sin leer las instrucciones y perdiendo tornillos por el camino. En 2025, el sablazo ha sido histórico: 6.727.369,51 euros. No es un error de redondeo; es más del doble de los 3.193.665,53 euros que se soltaron en 2024. Básicamente, la Administración ha decidido que equivocarse con la vida de la gente es un lujo que puede permitirse pagar con el dinero de todos. Desde el año 2000, la factura acumulada asciende a 78.049.823,59 euros. De ese agujero contable, 34.040.035,52 euros se resolvieron por las buenas (vía administrativa), pero los otros 44.009.788,07 euros fueron el resultado de que los tribunales obligaran al Ministerio de Justicia a soltar la pasta. Solo en 2025, el Estado tuvo que pagar 4.855.977,79 euros por sentencias contencioso-administrativas, mientras que en la vía administrativa solo reconoció 1.871.391,72 euros. Traducido al lenguaje de la calle: el Estado no admite que mete la pata hasta que un juez le pone la pistola en la sien. La maquinaria del error no para. En 2025 se abrieron 911 expedientes, disparando las reclamaciones por error judicial de 66 en 2024 a 157 en 2025. El ejemplo más sangrante es el de Ahmed Tommouhi. Quince años de cárcel por violaciones que no cometió porque alguien decidió ignorar una prueba de ADN de la Policía Científica. El Tribunal Supremo ha tenido que soltar 2,5 millones de euros para intentar compensar una vida destrozada. Una cifra astronómica que, aunque parece mucho, es solo una gota en el océano de una serie histórica donde, en 2000, solo se pagaban 1.119.097,29 euros. Parece que la Justicia, con el tiempo, ha aprendido a fallar con presupuestos mucho más generosos.
Sol: del desahucio al búnker ideológico
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el patio de recreo de la utopía, pero esta vez el menú no es la 'transversalidad' del 15-M, sino una lucha de egos ideológicos. Todo empezó el 26 de septiembre con un motivo humano y desgarrador: el desahucio de Maricarmen Abascal, una señora de 87 años que terminó siendo la chispa para que el Sindicato de Inquilinas plantara sus tiendas. Pero, como ocurre en cualquier barrio donde alguien deja una puerta abierta, llegaron los que saben organizar el caos. La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), esa rama madrileña del Movimiento Socialista que se siente heredera de Marx y Lenin, ha hecho un 'golpe de estado' en versión camping. Mientras el Sindicato de Inquilinas se dedicaba a dar entrevistas y a lucir sus camisetas naranjas —estilo gestión corporativa de la protesta—, la CJS aplicaba la ley de la calle: organización, músculo joven y pancartas de diez metros que mandan al PSOE y a Sumar a paseo. Es la diferencia entre quien pide permiso para protestar y quien monta un checkpoint para decidir quién entra y quién no en el 'fortín'. Lo irónico es que los medios seguían vendiendo la narrativa de la 'unión ciudadana' mientras la CJS ya había vallado el perímetro, prohibiendo fotos y filtrando la prensa como si estuvieran en una zona militar. Han pasado de luchar por el techo de una anciana a convertir Sol en un laboratorio de iconografía republicana y banderas de Palestina. El Sindicato de Inquilinas, que ya sugería levantar el campamento el pasado viernes, se ha quedado como el invitado que puso la casa pero terminó durmiendo en el sofá. Ahora, con la CJS al mando y buscando el choque directo contra la derecha radical, la acampada ya no es una petición de vivienda; es una declaración de guerra ideológica con tiendas de campaña.
Milagro en La Toja: PSOE aplaude Feijóo
En una España donde la política se ha convertido en una pelea de bar con el volumen al máximo, lo normal es que si el rival respira, tú aguantes la respiración. Pero el pasado sábado, en la isla de La Toja, ocurrió un fenómeno paranormal: Cristina Narbona y José Borrell no huyeron por la puerta de servicio mientras Alberto Núñez Feijóo tomaba el micro. Al contrario, se plantaron en primera fila, como quien espera el resultado de la lotería, para escuchar al líder del PP diseccionar el desastre nacional. Feijóo, con la elegancia de quien sabe que el otro lado está escuchando, ignoró el manual de 'recetas para salvar el mundo' que Pedro Sánchez había desplegado el jueves previo. Mientras el presidente del Gobierno se ponía la capa de salvador del clima y la IA —como si el estado del patio nacional fuera un detalle menor que se soluciona con un mensaje de WhatsApp—, Feijóo decidió que era hora de limpiar la casa. Soltó que España carece de la 'mínima higiene democrática' y denunció la apropiación de las instituciones, un sablazo conceptual que en cualquier otro contexto habría provocado un éxodo masivo de socialistas. Sin embargo, el milagro fue total. Narbona y Borrell no solo aguantaron el tirón, sino que aplaudieron. Sí, aplaudieron que les dijeran que su Gobierno es un caos. Para rematar la jugada, terminaron compartiendo mesa en el Gran Hotel de La Toja, propiedad de Amancio López Seijas, donde los postres supieron a tregua y las palabras fueron cariñosas. El contraste es brutal: mientras Sánchez le soltó una puñalada barriobajera en público a Alfonso Rueda por un simple agradecimiento sobre inversiones en Galicia, Narbona y Borrell demostraron que todavía quedan algunos políticos que saben comportarse sin necesidad de un manual de instrucciones. Una anomalía refrescante en un ecosistema donde la cortesía es ahora un deporte de riesgo.
Raquel Ruz: Socialismo con sabor a inmobiliaria
Hay una danza muy curiosa en el Ayuntamiento de Granada. Por un lado, tenemos el discurso oficial, ese que huele a incienso social y que abraza a las víctimas del desahucio con una ternura casi cinematográfica. Por otro, tenemos la declaración de bienes del 17 de junio de 2023 de Raquel Ruz, la portavoz socialista y aspirante a alcaldesa para 2027, que parece escrita por un agente inmobiliario con delirios de grandeza. Mientras Ruz visita a Paloma Navarro en la calle Imprenta para lamentar que los 'grandes tenedores' devoren los barrios, la propia candidata gestiona un catálogo que haría palidecer a cualquier gestoría de barrio. Hablamos de 18 inmuebles, una mezcla de viviendas y locales comerciales cuyo valor catastral supera el millón de euros. No es que tenga una casita para el verano; es que participa en tres comunidades de bienes diseñadas específicamente para el negocio del alquiler: Boteros CB (con 13 inmuebles en Granada desde 2004), Prayca CB y Carpe CB, esta última con una propiedad en Padul. La ingeniería financiera es exquisita. Sus participaciones bailan entre el 8%, 11%, 22% y 33%, una diversificación que permite dormir tranquila mientras se critica la gentrificación en el diario El Ideal. Es la paradoja del 'socialismo de catálogo': predicar el alquiler público y la rehabilitación mientras se acumulan activos que dinamitan los precios del mercado. Ruz pide 'ser valientes' para fomentar la vivienda pública, pero parece que la única valentía real aquí es sostener el espejo frente al discurso de Pedro Sánchez y sus socios. Al final, el problema no es la vivienda turística ni el PGOM, sino esa capacidad casi mágica de combatir a los grandes tenedores siendo, en la práctica, uno de ellos.
Bono: mansión, pucherazos y urbanismo creativo
Hay quien dice que el patrimonio histórico es sagrado, pero para José Bono parece ser más bien una sugerencia flexible. El exministro ha convertido la antigua casa-taller del pintor Josep Tapiró en Tánger en un proyecto de ingeniería inmobiliaria que haría palidecer a cualquier promotor de la costa. No se limitó a comprar la propiedad en 2021; decidió que el cielo era el límite y le plantó una planta adicional en 2023, justo en el corazón de la medina, donde las restricciones urbanísticas suelen ser muros infranqueables para el ciudadano de a pie. Mientras el resto de los mortales peleamos con el ayuntamiento por cambiar una persiana, Bono se deslizó con la elegancia de quien conoce los pasillos del poder. Para lograr este 'palacete', no escatimó en gastos: madera de cedro, azulejos zellige y un ascensor turco que probablemente sube más rápido que las promesas electorales. El sablazo en la factura se estima entre 1,2 y 1,5 millones de euros. Pero el verdadero truco de magia fue la expansión horizontal: absorbió cuatro inmuebles colindantes, incluida la antigua Pensión Sevilla, disparando la superficie de 700 a más de 1.800 metros cuadrados. Todo este despliegue ocurrió bajo la mirada complaciente de Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger que ahora decora una celda tras ser detenido por un 'pucherazo electoral' el pasado 23 de septiembre. Resulta casi poético que el hombre que presuntamente manipulaba papeletas en maletas fuera el mismo que daba el visto bueno para perforar la muralla histórica y conectar una futura red hotelera con el paseo marítimo. Como guinda al pastel, Bono disfrutó de un mes de 'estancia gratuita' en la residencia de la cónsul Aurora Díaz-Rato, con coche oficial incluido. Una gestión impecable: casa protegida, alcalde flexible y alojamiento público. Así se hace el imperio en el Magreb.
Menas de Ceuta: el Tetris del Gobierno
Gestionar una frontera parece, hoy en día, similar a organizar un reparto de pizzas: algunos reciben lo que pidieron y otros se quedan con la caja vacía. Tras la avalancha del 30 de julio, donde casi 80.000 personas decidieron que Ceuta era el lugar ideal para aterrizar, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al Tetris demográfico. El resultado: 213 menores extranjeros no acompañados han sido repartidos por la Península, como quien distribuye folletos en un semáforo. Ángel Víctor Torres, el mando único de esta coreografía migratoria y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, presume de expedientes y protocolos. La aritmética es sencilla pero cínica. De esos 213, 69 menores han hecho el 'truco de la familia': alegar parientes en la Península para evitar el viaje de vuelta. El resto, 144 chavales, han sido trasladados bajo el amparo del artículo 5 del decreto de medidas de contingencia migratoria, una pieza legal que funciona como un pase VIP para saltarse la cola de la repatriación. Lo más desternillante ocurre con los ocho expedientes enviados para reagrupación en Marruecos. El Gobierno los lanza al aire sabiendo que no aterrizarán en ningún sitio; admiten internamente que el éxito de estas vueltas sería, literalmente, una noticia. Es la ingeniería del optimismo: enviar papeles sabiendo que el Reino Alauí probablemente pase de ellos. Además, han aplicado un 'triaje' por edad. A los más pequeños intentan devolverlos, pero a los de 16 o 17 años ya los dan por perdidos en el sistema. Es la lotería de la edad: si eres adolescente, tienes más papeletas para quedarte en España que para volver a casa, mientras el Ejecutivo sigue jugando a que todo está bajo control.
Pasaportes 'fantasma' y el pucherazo de los nietos
Hacerse con la nacionalidad española parece haberse convertido en un trámite más sencillo que renovar el carnet de conducir. La 'Ley de Nietos', que técnicamente caducó en octubre del año pasado, ha dejado una puerta abierta que parece más un portal del tiempo. El truco está en el Código Civil: mientras la ley tenía fecha de consumo, el artículo 20.1.a) permite que cualquier menor bajo patria potestad de un español recupere el pasaporte. Es el efecto dominó perfecto; una cadena de nacionalidades que no termina nunca y que convierte el censo electoral en un globo que no para de inflarse. La ingeniería financiera de votos tiene nombre y apellidos: Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente. El 22 de mayo de 2023, Puente envió un oficio a los cónsules que básicamente decía: 'Si no pueden por la ley, tiren del Código Civil'. Pero ahí no acaba el ingenio. La instrucción permitió presumir el exilio de quienes se fueron entre 1936 y 1955 sin pedir pruebas, y lo que es más surrealista, abrió el grifo a descendientes de emigrantes del siglo XIX. Gente que no tiene ninguna relación con la 'reparación' de la Guerra Civil, pero que encaja en el dibujo para engordar el CERA. Las cifras son un sablazo a la lógica: hasta el 31 de agosto, 600.684 personas obtuvieron la nacionalidad, de las cuales 369.017 ya pueden votar. El Tribunal Supremo, que no es tonto, ha puesto el freno de mano y ha exigido revisar 170.000 expedientes. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, el Gobierno parece haber intentado diseñar un ejército de votantes remotos que nunca han pisado un pueblo español, pero que conocen muy bien el camino hacia las urnas por correo.
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