Crítica:
La noticia es un manual de instrucciones sobre el 'maquillaje' político. Le falta profundizar en quién financia los pisos patera, limitándose a la gestión del desalojo.
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Forestalia: El viento sopla hacia la quiebra
Cuando el viento deja de soplar a favor, los molinos se convierten en chatarra y las cuentas bancarias en fantasmas. Una quincena de empresas ligadas al entramado de Forestalia han pedido el concurso de acreedores desde septiembre, básicamente admitiendo que el castillo de naipes se ha desplomado. Lo curioso es que firmas con nombres tan optimistas como Energía Inagotable de Aes, Energía Inagotable de Mantus y Energía Inagotable de Meliteo resulten tener una solvencia más agotable que la batería de un móvil viejo. Todo este despliegue de 'ingeniería financiera' tiene un denominador común: la calle Serrano en Madrid y la figura de Roberto Pérez Águeda. Este abogado, que parece el hilo rojo que cose los casos SEPI, Koldo y Forestalia, administraba el caos. Pérez Águeda, vinculado al PSOE desde 2007 (cuando ya cobraba dietas de 11.000 euros en la extinta Caja Segovia sin tener sueldo, un truco maestro de ahorro fiscal), es visto por la justicia como el arquitecto de estructuras para ocultar quién se llevaba realmente la tajada. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, en las altas esferas se movían 'papeles para Santos'. La UCO ha destapado que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, preparaba el camino para que Santos Cerdán intercediera ante Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo era sencillo: saltarse los obstáculos administrativos para que Fernando Samper, el dueño del circo, pudiera plantar sus eólicos sin que nadie le dijera que no. Ahora, con Fernando Samper dimitiendo de la presidencia tras un paseo incómodo por el Senado y el juzgado de Teruel oliendo prevaricación en los clústeres de La Eliana, Begas y Maestrazgo, el 'viento' ha cambiado de dirección. El Santander, que hasta hace nada le daba poderes a Pérez Águeda, ha decidido que es mejor cortar por lo sano antes de que el agujero contable se trague también sus activos.
Huelga en Hacienda: pausa por conveniencia electoral
Hacer huelga es como ir al supermercado: si sabes que el cajero no tiene cambio y el gerente está de vacaciones, no te molestas en hacer la cola. Así de simple han planteado UGT y CCOO la suspensión de sus paros en la Agencia Tributaria (AEAT). Resulta fascinante el malabarismo mental de los sindicatos: el 11 de noviembre se ponen el mono de trabajo para una huelga general contra los precios de la vivienda y los salarios bajos, pero para reclamar las condiciones laborales propias de Hacienda, prefieren quedarse en casa. ¿El motivo? El adelanto electoral del 29-N. Según ellos, negociar ahora sería como intentar pedir un préstamo con la libreta cerrada; no hay interlocutor real ni capacidad de decisión en un Gobierno en funciones. La jugada ha caído como un jarro de agua fría en la plantilla. Mientras que para la vivienda el calendario es perfecto, para el sectorial el 28 de octubre —fecha de la huelga de 24 horas que ya ha pasado a mejor vida— resultó ser un día inoportuno. Celso González, el flamante director de Recursos Humanos, y el resto de funcionarios han recibido el documento donde UGT, CCOO y el SIAT anuncian que las movilizaciones quedan en el aire hasta que haya un "nuevo Gobierno". La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los mismos argumentos que usan los sindicatos independientes (USO, CSIF, Fetico) para no ir al paro general del 11-N —que no hay nadie al volante del Estado— son los que ahora UGT y CCOO usan para no molestar en Hacienda. Algunos trabajadores ya se preguntan si esta "responsabilidad hacia la plantilla" no será más bien una deferencia hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha sido generoso con las subvenciones a los grandes sindicatos. Al final, parece que hay huelgas que sirven para hacer ruido y otras que, convenientemente, esperan a que el viento sople a favor.
Sánchez: el candidato favorito de Marruecos
Hay quien hace campaña en el barrio y quien, con una desfachatez pasmosa, la organiza desde el Reino Alauí. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Marruecos se han puesto el mono de trabajo para asegurar que Pedro Sánchez siga en el despacho. No es una sugerencia amable; es una coreografía coordinada. El portal 'News Morocco Spain', con sus 118.000 seguidores, ha servido de megáfono para un mensaje clarísimo, logrando 10.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en un abrir y cerrar de ojos. Menos de 48 horas para que la maquinaria digital se instale en el salón de casa. La cifra es la que marea: cerca de un millón de personas registradas según el INE, pero el verdadero botín electoral son esos 300.000 marroquíes que podrían votar el 29 de noviembre. Un volumen de votos que, en política, es como encontrar un billete de cincuenta euros en un pantalón viejo: no puedes dejarlo pasar. Y para que la jugada sea redonda, contamos con la regularización extraordinaria de abril, el 'empujoncito' administrativo que acelera las nacionalizaciones justo a tiempo para las urnas. El periodista Soulaiman Raissouni, que mueve masas con sus 91.000 seguidores en Facebook y 50.000 en YouTube, no se anda con rodeos. Define a Sánchez como el 'amigo' del gobierno marroquí y llega a soltar que desde el reino se 'ordena' el respaldo al PSOE. El gancho es la vivienda, esos decretos que prometen el cielo mientras el alquiler sigue siendo un deporte de riesgo. Al final, la política exterior se ha convertido en una campaña de marketing vecinal donde el voto se gestiona como si fuera una importación de fruta: con logística precisa y objetivos muy claros.
Voto por correo: el carné 'fake' digital
Imaginen que para entrar en el club más exclusivo de la ciudad, el portero acepta una fotocopia borrosa del carné en lugar del original, solo porque el que la presenta dice que es 'colega del dueño'. Pues bien, eso es básicamente lo que pasó con el voto por correo en las generales de 2023. Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central (JEC) aceptara el permiso de conducir digital de la app miDGT sin el código QR. Para los que no hablen 'tecnológico', el QR es el sello de autenticidad; sin él, la pantalla del móvil es un dibujo que cualquiera con dos dedos de frente puede falsear. Un coladero monumental que estuvo activo durante ocho procesos electorales hasta que el 26 de marzo de 2026 la JEC decidió cerrar el grifo tras el escándalo. Mientras nosotros peleamos con la app del banco para que no nos cobren una comisión por respirar, en Correos se montaba un 'equipazo' con Leire Díez. Aunque la empresa luego intentó hacer malabarismos diciendo que ella no mandaba en el voto por correo, los papeles cuentan otra historia: estaba en el comité de seguimiento y era el puente para reportar delitos electorales. Una relación tan estrecha que el juez Santiago Pedraz ha encontrado 10.842 mensajes entre Serrano y Díez (WhatsApp y Signal), un volumen de chat que haría palidecer a cualquier adolescente. Todo esto ocurre mientras la Audiencia Nacional rastrea una trama de 'ingeniería financiera' con contratos amañados por unos 132 millones de euros y una operativa de 'limpieza' para asustar a jueces y fiscales. Entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, la sensación es que la gestión pública se manejó como un grupo de WhatsApp de amigos, donde la seguridad del voto era un detalle secundario frente a la lealtad al jefe.
Carné digital: la puerta trasera del voto
Hay quien llega a la Moncloa con el maletín lleno de promesas y quien llega con un plano detallado para digitalizar la identidad. Pedro Sánchez no perdió el tiempo: veintiocho días después de instalarse en el palacio, Fernando Grande-Marlaska ejecutó la limpieza necesaria mediante el Real Decreto 726/2018, fulminando a Gregorio Serrano López para resucitar la carrera de Pere Navarro. No era un simple cambio de muebles; era la puesta en marcha de miDGT, una aplicación que nació en 2018 y que, según el informe de 2021 del INAP, se financió con 'recursos propios', una frase que en lenguaje administrativo significa 'no preguntes cuánto costó porque no queremos decirte dónde está el agujero'. Lo verdaderamente fascinante es la gimnasia mental del Ministerio del Interior. Para Tráfico, el código QR es la ley; sin él, el documento es un dibujo. Pero cuando llegó la hora de votar, el Gobierno decidió que el QR era un trámite molesto, casi un capricho. Solicitaron a la Junta Electoral Central que bastara con mostrar la pantalla del móvil, convirtiendo la identificación del votante en algo tan fiable como enseñar una foto de un perro en el móvil para entrar en un club privado. Esta 'ingeniería de la confianza' permitió que en nueve procesos electorales —desde las municipales del 28 de mayo de 2023 hasta las castellanoleonesas del 15 de marzo de 2026— el sistema fuera un colador. Mientras el ciudadano medio suda para que el banco no le bloquee la tarjeta por un gasto sospechoso, el Ejecutivo diseñó un acceso VIP a las urnas sin verificación. Solo cuando El Debate demostró que suplantar a un votante era más fácil que pedir una pizza, la JEC suspendió el uso de miDGT y miDNI el 26 de marzo de 2026. Una coincidencia temporal sospechosamente perfecta para alguien cuyo historial incluye urnas detrás de mamparas y 'rumanos' estratégicos en primarias.
Vivienda: un teléfono de 85€ la duda
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su nómina, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de ayudar es montando un call center de lujo. El resultado es el 047, un teléfono 'gratuito' para el usuario, pero que sale carísimo para el contribuyente. Hagamos cuentas de barrio: el Ministerio de Vivienda, bajo el mando de Isabel Rodríguez, ha soltado 1,7 millones de euros en total. Si dividimos ese sablazo entre las 20.260 consultas registradas hasta agosto, cada duda sobre un contrato o una ayuda le ha costado al Estado más de 85 euros. Una tarifa que haría palidecer a cualquier consultoría de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. A los 1.019.415 euros del servicio base, le sumamos dos subvenciones directas, sin concurso público y con el sello de 'urgencia' del Real Decreto 538/2026: 600.000 euros para el Consejo General de la Abogacía Española y otros 120.000 euros para FACUA-Consumidores en Acción. Lo curioso es que ninguno de los dos aparecía en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. Magia administrativa. El servicio, operado por MasOrange, presume de una eficiencia técnica envidiable: esperas de cinco segundos y llamadas de 7,5 minutos. Pero mientras el 52% de los usuarios llama desesperados por el alquiler, la realidad golpea en la puerta con un dato demoledor de Gesvalt: el precio de la vivienda ha subido un 10,6% en un año, alcanzando los 2.085 euros por metro cuadrado. Al final, tenemos un teléfono que funciona de maravilla para decirnos que no tenemos dónde vivir, cobrándonos 103 euros por llamada. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, coincide con el ascenso de Pablo Torres Paniagua, exsecretario del CIS y actual pieza clave en el tablero de Óscar López en Madrid.
Guardia Civil: voto por correo 'sugerido'
Hay una diferencia abismal entre 'facilitar' y 'instruir'. En el mundo real, si tu jefe te sugiere que hagas algo para 'no molestar' en la oficina, ya sabes que no es una sugerencia, sino una orden con perfume. El Estado Mayor de la Guardia Civil ha decidido que, para las generales del 29N, lo más cómodo es que sus agentes usen el voto por correo. El General de Brigada Francisco Javier Vélez Alcalde, jefe adjunto de Operaciones, ha firmado una instrucción interna que básicamente pide que el sufragio no interfiera con los servicios esenciales. Traducido al lenguaje de la calle: que no haya huecos en el cuadrante porque alguien quiere ir a su colegio electoral. Lo curioso es que han llegado a crear un manual de instrucciones, el procedimiento 33121 del sistema SIGO, para que nadie se pierda en el camino hacia el buzón. Es una ingeniería organizativa fascinante: mientras la LOREG deja claro que el voto por correo es una opción individual y no una obligación, la cúpula lo convierte en la recomendación general para toda la plantilla, incluso para quienes están fuera de España. No es como en 2019, cuando la AUGC gestionaba compensaciones solo para quienes tenían servicio planificado. Aquello era logística; esto es una directriz general sin precedentes. El contraste es delicioso. Mientras Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González desfilan en Cádiz con la pompa habitual, en los cuarteles se debate si un superior puede 'recomendar' la modalidad de voto. Es como si en tu trabajo te sugirieran que no fueres al médico el lunes para no interrumpir el flujo de caja. Muy eficiente, muy ordenado y terriblemente cuestionable desde el punto de vista jurídico. Al final, parece que la prioridad no es el derecho al voto, sino que la maquinaria no se detenga ni un segundo.
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