Crítica:
La noticia es un despliegue de indignación partidista que omite cualquier versión del agresor. El título es directo, pero la estructura es repetitiva, casi obsesiva con la descripción de las pulseras.
Un trabajador del PSOE en el Parlamento andaluz impidió grabar al periodista de OKDIARIO agredido en el mitin de Sánchez en Dos Hermanas
Pulseras VIP y mamporros en Dos Hermanas
Otros artículos
Sefardíes en el limbo: ventanilla cerrada
La reparación histórica en España es como el servicio técnico de algunas operadoras: te prometen el cielo, te hacen pagar el billete de avión y, al final, te dejan en espera eterna con una música irritante de fondo. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene archivados en un cajón, cogiendo polvo y humedad, 8.622 expedientes de nacionalización de judíos sefardíes. No hablamos de papeles mal rellenados o de gente intentando colar un currículum falso; hablamos de solicitudes que cumplían todos los requisitos formales de la Ley 12/2015. Pero claro, en la administración actual, el 'sí' es un lujo y el silencio es la norma. Lo fascinante es el contraste. Mientras estos 8.622 ciudadanos esperan una respuesta que parece no llegar jamás, la maquinaria se ha aceitado sospechosamente para otros. Bajo la batuta de Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública—, se ha impulsado la llamada «Ley de Nietos». Aquí el grifo se ha abierto de par en par para cientos de miles de descendientes de exiliados del franquismo. Es la magia de la burocracia selectiva: para unos, la ventanilla está cerrada con candado y cadena; para otros, hay alfombra roja y prioridad absoluta. La Federación de Comunidades Judías en España ha intentado preguntar qué pasa, pero la respuesta de los funcionarios es un mantra lapidario: «no tenemos orden de tramitarlos». Es el equivalente administrativo a decirte que tu pedido no llega porque el jefe no quiere firmar el albarán. Resulta irónico que un Gobierno que presume de vanguardia ética deje en el limbo a miles de personas que ya habían invertido tiempo y dinero, esperando una reparación por una expulsión del siglo XV que, al parecer, ya no encaja en la agenda política de turno.
España: el refugio VIP de yihadistas africanos
España se ha convertido en el 'hotel con todo incluido' para quienes no tienen nada que perder, excepto la moral. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no le deje en números rojos, el Ministerio del Interior gestiona una realidad surrealista: 200.000 delincuentes comunes y radicales, procedentes de cárceles colapsadas en Yemen, Somalia, Mali, Libia y Burkina Faso, han visto que las puertas de sus prisiones se abrían de par en par. Y, por alguna razón que escapa a la lógica del sentido común, el destino preferido es la Península. No hablamos de refugiados buscando un sueño, sino de perfiles que, según la Policía Nacional, son capaces de rajarte el cuello por cinco euros. Una moneda pequeña para un daño irreparable. La estrategia de entrada es casi artesanal: algunos se colaron en el asalto masivo de Ceuta en julio, donde ya se han detectado grupos yihadistas con órdenes de ejecutar acciones. De hecho, hay 12 sujetos peligrosos, incluidos tres 'Foreign Fighters' veteranos de Siria e Irak, que juegan al escondite en territorio español mientras la inteligencia militar y policial intenta rastrear comunicaciones cifradas. Lo más delirante es el 'vacío legal' que actúa como alfombra roja. El 93% de las solicitudes de asilo son rechazadas, pero el sistema es tan lento que el tiempo juega a favor del infiltrado: dos años de espera y ¡pum!, arraigo legal. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez votó en contra del reglamento europeo para acelerar expulsiones el pasado 1 de octubre, el resto de Europa ha cerrado el grifo. España, en cambio, sigue dejando la puerta abierta, confiando en que un tatuaje de un kaláshnikov en el brazo sea la única señal de alerta antes de que el problema toque a su puerta.
Sindicatos peleados: huelga con olor a elecciones
En el tablero del sindicalismo, donde las banderas suelen ondear al mismo ritmo, ha saltado un fusible. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha decidido pasar de largo la huelga general del 11 de noviembre convocada por los pesos pesados, CCOO y UGT. No es que no haya hambre, es que el menú no convence. El SLT ha lanzado un dardo directo al corazón de la conveniencia política: ¿por qué convocar ahora, justo cuando las elecciones generales están a la vuelta de la esquina? Es la eterna historia del 'timing' sospechoso, como cuando un político recuerda que le importa el barrio justo tres días antes de pedir el voto. El SLT no se anda con rodeos y pone sobre la mesa un dato que escuece: ocho años de una respuesta sindical que califican de insuficiente frente al drama de la vivienda. Mientras los gigantes sindicales organizan el calendario, hay trabajadores que hacen malabares con el sueldo para que el casero no les eche a la calle. Para el SLT, que la huelga se convierta en un accesorio de campaña electoral es un insulto a quien ve su nómina evaporarse en el alquiler. Pero el golpe maestro llega con la mención al 'dudoso encaje jurídico'. Básicamente, sugieren que si la huelga es un disfraz para hacer política partidista, el asunto podría estar en terreno pantanoso. Saben que ir a la huelga no es gratis; para el que ya llega a fin de mes con el tanque vacío, perder un día de salario es un lujo que no se puede permitir. El SLT prefiere defender la autonomía frente a los partidos, dejando claro que la dignidad del trabajador no puede ser el combustible de una maquinaria electoral.
Borrón y cuenta nueva: el sablazo autonómico
Hay quien dice que el dinero no cae del cielo, pero en Moncloa han descubierto una técnica de magia financiera digna de Las Vegas. Pedro Sánchez quiere jugar al 'borrón y cuenta nueva' con una deuda de 83.252 millones de euros. Para el ciudadano de a pie, que suda sangre para pagar la hipoteca o ve cómo la factura de la luz le hace un agujero en la cartera, la idea de que el Estado simplemente 'perdone' miles de millones suena a ciencia ficción o a broma de mal gusto. El plan es sencillo: usar la Diputación Permanente como atajo, saltándose el debate pausado del Congreso mediante un decreto ley de 'urgente necesidad'. Es la misma receta que el 'decreto Maricarmen'. El problema es que Félix Bolaños y su equipo de Justice League jurídica están sudando frío, porque intentar colar una ley orgánica como decreto es como querer meter un elefante en un Seat Panda; legalmente, no encaja. En el reparto del botín, Cataluña se llevaría un alivio de 17.104 millones de euros, un regalo que Salvador Illa, el barón más sintonizado con Sánchez, parece estar esperando con el plato puesto. Es una inversión electoral clarísima: sembrar euros hoy para cosechar votos mañana en territorio catalán. Andalucía se llevaría la tajada más grande con 18.791 millones y la Comunidad Valenciana otros 11.210 millones. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha puesto el grito en el cielo. Desde Madrid calculan que este 'favor' a los más endeudados es, en realidad, un sablazo de 483 euros por cada madrileño. Al final, la cuenta la paga el que no ha pedido el préstamo, pero tiene que ayudar a pagar la fiesta del vecino.
RTVE: batidos, tiktokers y millones públicos
Mientras el joven promedio lucha por alquilar un zulo que no tenga humedades, RTVE ha decidido que la mejor forma de abordar la crisis de la vivienda es contratar a un tiktoker con una batidora. Así nace 'No solo debate', el nuevo videopodcast de Marc Biarnés (alias Nosoloviernes) en la plataforma En Play, que aterrizó este martes 13 de octubre. El salto es vertiginoso: Biarnés pasó de parodiar a Isabel Díaz Ayuso en el programa 'Mañaneros 360' de Jesús Cintora en agosto, a tener su propio trono digital en tiempo récord. La ingeniería financiera detrás del humor es fascinante. La producción recae en La Manchester Radiofónica, una firma que ya tiene el grifo abierto en La2 Cat y que, según datos de Transparencia, ha logrado que RTVE le suelte más de un millón de euros en contrataciones durante este 2026. Es un sablazo presupuestario considerable para un formato donde la metáfora central es triturar puntos de vista en una batidora. Muy vanguardista. El equipo se completa con Helena Sardà en el backstage, aportando datos y guiños. Sardà no es una desconocida: es hija del veterano Xavier Sardà y viene de AJ+ Español, el brazo mediático de Al Jazeera, la red qatarí que sabe mucho de 'gestionar' narrativas. La corporación pública nos vende un espacio de 'voces distintas', pero curiosamente el guion parece evitar temas espinosos como la crisis migratoria de Ceuta, la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez o el accidente de Adamuz. En cambio, prefieren debatir si es posible independizarse antes de los 30 mientras el presupuesto público financia sueños de creadores de contenido. Al final, el batido es dulce, pero el sabor a propaganda es persistente.
La 'cloaca' del PSOE: audios y saunas
Hay quien se toma cinco días para meditar sobre el sentido de la vida; Pedro Sánchez se los tomó para montar un centro de mando. Mientras el país se preguntaba si el presidente tiraba la toalla el 24 de abril de 2024, tras el sablazo judicial del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, en la calle Ferraz se estaba cocinando una receta mucho más turbia que un caldo de juzgado. La jugada era sencilla: transformar un problema de tráfico de influencias y corrupción en los negocios —con la trama Koldo y Air Europa como telón de fondo— en una guerra de guerrillas mediática. El despliegue fue digno de una película de espías de bajo presupuesto. El 25 de abril, la 'fontanera' Leire Díez entró en la sede del PSOE escoltando a Patricia López y Javier Pérez Dolset, saltándose los controles de seguridad como quien entra en su propia cocina. Sobre la mesa no había propuestas legislativas, sino 14 terabytes de audios filtrados por el eterno Villarejo. La oferta era tentadora: munición pesada para contraatacar, incluyendo grabaciones en saunas y despachos, donde el nombre de Óscar López aparecía buscando cómo dinamitar al jefe. Santos Cerdán, lejos de asustarse por la procedencia del material, vio en esos archivos la oportunidad perfecta para 'dar la vuelta a la tortilla'. La operación 'Salvar al soldado Sánchez' no fue gratis. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para llegar a fin de mes, la UCO ha detectado que Leire Díez se embolsó 43.225 euros por sus servicios de 'consultoría'. Una ingeniería financiera curiosa que utilizó a Gaspar Zarrías y un bufete cercano al partido para camuflar el pago. Al final, la reflexión terminó el lunes con un Sánchez renovado, pero dejando atrás una estela de intentos de desacreditar a jueces y fiscales que huele peor que el agua estancada.
Sánchez borra 83.000 millones: el sablazo electoral
Hay quien dice que el dinero no cae del cielo, pero en Moncloa han descubierto una técnica de magia financiera digna de Las Vegas. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere jugar al 'borrón y cuenta nueva' con una deuda de 83.252 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el administrador de la comunidad decidiera que los vecinos que más han dejado de pagar el IBI no tienen que soltar ni un céntimo, mientras que el que ha sido puntual se encuentra con que le suben la cuota para cubrir el agujero. El plan es llevar la condonación a la Diputación Permanente antes del 29-N, usando el truco del decreto ley por 'urgente necesidad'. Un concepto tan elástico que ya se ha usado para todo, desde el 'decreto Maricarmen' hasta las ayudas de la DANA. El premio gordo, aunque no el único, tiene nombre y apellidos: Cataluña, con 17.104 millones de euros que se evaporarían del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Salvador Illa, el barón que ahora baila al son de Sánchez, empuja el carro para que el flujo de efectivo sea inmediato. Es una inversión electoral clásica: siembres hoy perdón de deuda en Cataluña, cosechas votos mañana en sus circunscripciones. Pero no todo es color de rosa en el despacho de Félix Bolaños. El Ministerio de Justicia se rasca la cabeza porque intentar convertir una ley orgánica en un decreto ley es como querer meter un elefante en un maletero de un Smart; jurídicamente, no encaja. Mientras tanto, Andalucía espera su tajada de 18.791 millones y la Comunidad Valenciana sus 11.210 millones. Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya ha puesto el grito en el cielo, calculando que este 'regalo' costaría 483€ por cada madrileño. Al final, la cuenta la pagamos todos, pero el aplauso se lo llevan los que mejor saben hacer malabares con el presupuesto público.
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