Crítica:
El texto original es un despliegue de datos contables que oculta la verdadera bomba: la filtración a una radio privada pagada con fondos públicos. Es una noticia de gestión mediocre disfrazada de evento político.
RTVE paga 1,7 millones a la productora del programa que entrevistó a Carles Puigdemont en Waterloo
RTVE: 2 millones por un 'viaje' a Waterloo
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Pasaportes gratis: el coladero de la Ley Nietos
Parece que en el Ministerio de Justicia han confundido la Ley de Memoria Democrática con un buffet libre de pasaportes europeos. La jugada es maestra: mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda al alquiler, Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente— diseñó una instrucción que convirtió la ley en un coladero. La idea era sencilla: relajar los requisitos de exilio político para que entrar en el censo electoral fuera más fácil que pedir una pizza. Los datos son para flipar. El Gobierno admite ante el Tribunal Supremo que ya han soltado más de 163.000 nacionalidades bajo esta directriz, en medio de un tsunami de 2,4 millones de solicitudes. Pero ojo, que en México la cosa es deporte nacional: fuentes consulares aseguran que más del 90% de los casos allí pasaron por este 'atajo' de Sofía Puente, saltándose la obligación de demostrar que el antepasado huyó por razones políticas. El caso de Juan G. es la joya de la corona de la hipocresía administrativa. Un señor de 82 años, nacido el 7 de octubre de 1944 en el DF, que consiguió el pasaporte europeo el 9 de junio de 2023 (justo antes del 23-J) sin presentar ni una fe de bautismo. Sus padres nacieron en México en 1913 y 1918. Para que nos entendamos: sus progenitores eran mexicanos de pura cepa décadas antes de que Franco siquiera supiera lo que era un golpe de Estado. El abuelo, que supuestamente era español y emigró a finales del siglo XIX, no pudo ser exiliado político de la Guerra Civil porque, técnicamente, la guerra ocurrió medio siglo después de su marcha. Lo más cínico es que Juan no era un cualquiera, sino un 'alto cargo' amigo del cónsul. Ahora, con el Tribunal Supremo frenando el chiringuito, el Gobierno intenta que Ángel Gabilondo salve los muebles vía Tribunal Constitucional. Una ingeniería financiera de votos donde el precio es la legalidad.
Vivienda en Palma: ¿Cero impuestos para españoles?
En el pleno de Palma, la política se ha convertido en un juego de sillas donde el ciudadano medio siempre se queda de pie. Fulgencio Coll, el número uno de Vox en la capital balear, ha lanzado una propuesta que suena a música celestial para el que intenta alquilar un zulo: castigar con más impuestos al extranjero que compra casa y dejar en cero el tributo para el español que busca su primera vivienda. Es el clásico contraste entre el sueño de la propiedad y la pesadilla del alquiler actual. La narrativa es clara: mientras que hace décadas el hijo de un obrero podía comprarse un piso con sudor y tesón, hoy el hijo de un profesional cualificado termina compartiendo nevera y traumas con tres desconocidos en un piso compartido. Coll no se corta y apunta el dedo directamente a Pedro Sánchez, acusándolo de ser el 'mejor amigo de los especuladores'. La lógica es tan sencilla como cruel: si tienes una demanda infinita y una oferta que parece un desierto, el precio sube más que la factura de la luz en invierno. Los números son el martillazo de esta crónica. En los últimos cinco años, España ha recibido a unos cinco millones de personas, pero la construcción residencial se ha quedado congelada en niveles ridículos, con menos de 90.000 unidades anuales. Es como intentar meter a toda una ciudad en un armario empotrado. Para Vox, la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023 no ha sido una solución, sino el empujón final para que los pequeños propietarios, asustados, retiren sus casas del mercado, dejando el camino libre a los grandes rentistas. El plan cierra con una propuesta tajante: repatriaciones, remigraciones y deportaciones para limpiar el tablero y, supuestamente, liberar espacio para los suyos.
Marlaska: cascos de museo para la frontera
En el Ministerio del Interior, parece que la gestión de materiales se maneja con la misma filosofía que quien intenta arreglar una fuga de agua con celo y esperanza. Fernando Grande-Marlaska tiene a 330 guardias civiles en las vallas de Ceuta y Melilla patrullando con cascos que tienen más años que algunas de las leyes que deben aplicar. Hablamos de piezas caducadas hace más de 20 años; material que, irónicamente, ya se exhibe en museos como reliquia histórica mientras el agente de turno lo lleva puesto para que no le reviente la cabeza. Para que nos entendamos: la vida útil de estos cascos antidisturbios es de 15 años. Pasado ese plazo, el poliestireno interno se reseca y se vuelve tan útil como un cenicero en una moto. No absorben impactos, solo bailan sobre la cabeza, provocando que los agentes sufran fracturas en las manos al resbalárseles el equipo o, peor aún, que el casco se parta como una galleta ante una pedrada. En el asalto de 2022 a Melilla, donde 2.500 subsaharianos intentaron entrar y 500 lo lograron, la precariedad pasó factura: un guardia perdió su especialidad de GRS por las secuelas de un golpe que un casco decente habría neutralizado. La solución del Ministerio ha sido una obra maestra de la ingeniería del parche. Prometieron 600 cascos nuevos, pero en Melilla los repartieron entre los GRS y la Usecic, dejando a los de Fiscal y Fronteras en el olvido. ¿El resultado? El responsable de material de Melilla hace 'canibalismo' de equipo: despieza cascos viejos para ponerle correas y tornillos a otros que están igual de mal. Mientras tanto, los agentes comparten el 'material caliente' (chalecos y espinilleras) como quien comparte un cepillo de dientes en un hostal barato. Con 200 efectivos en Ceuta y 130 en Melilla, la seguridad fronteriza se ha convertido en un ejercicio de supervivencia donde el presupuesto parece haberse evaporado en el camino.
Óscar López: 'media casa' con jardín imperial
Hay que tener una capacidad de malabarismo mental admirable para llamar «media casa» a un refugio que incluye un jardín de 837,37 metros cuadrados. Óscar López, el hombre que pilota la Transformación Digital y la Función Pública, nos ha intentado vender su propiedad en Riaza como si fuera un estudio compartido en el barrio de Usera, cuando en realidad hablamos de una joya incrustada en el Torreón, un palacete que respira abolengo y que supera los 1.000 metros de superficie total. Lo irónico no es solo el tamaño —que para el ciudadano medio es el espacio de tres o cuatro parcelas de huerto urbano— sino el pedigrí del inmueble. La casa fue el feudo del doctor Antonio García Tapia, una eminencia de la otorrinolaringología que no solo fundó un hospital-dispensario el 8 de septiembre de 1935, sino que se llevó muy bien con el bando nacional, luciendo con orgullo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz del Mérito Naval, ambas en 1945. López, que en 2025 se dedicó a lanzar dardos contra Feijóo y Abascal usando placas del Instituto Nacional de la Vivienda para evocar el fantasma del franquismo, parece haber olvidado que su propio descanso veraniego ocurre en el antiguo palacio de un capitán del ejército de Franco. La operación inmobiliaria se cerró el 16 de junio de 2020, en plena pandemia, mientras el ministro presidía Paradores. Compró al 50% con su pareja una superficie construida de 174,30 metros cuadrados y una plaza de garaje romboidal de 12,50 metros. Todo un ejercicio de humildad socialista: criticar la estética del régimen mientras se disfruta de la piscina comunitaria de un palacete diseñado para la élite de la dictadura. Es la nueva arquitectura del progreso: borrar el pasado en Twitter, pero mantener las escrituras en el Registro de la Propiedad.
Més pide pisos gratis para okupas
Hay una magia muy particular en la política: la capacidad de olvidar lo que hiciste ayer para exigir hoy que otros paguen la fiesta. Los independentistas de Més, ahora cómodamente instalados en la oposición, han decidido que el Ayuntamiento de Palma, bajo el mando de Jaime Martínez, debe jugar al Monopoly con dinero real. Su última ocurrencia es exigir que el consistorio les encuentre un piso a los okupas antes de que el juez les dé la patada. Una generosidad conmovedora, especialmente si recordamos que durante la legislatura pasada, cuando Neus Truyol llevaba la concejalía de Urbanismo y Vivienda, el balance de construcción de pisos sociales fue un redondo y brillante cero. Nada. Ni un ladrillo. Es el clásico movimiento de quien pide que no se cierre el grifo mientras él mismo se encargó de que no hubiera tuberías. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler en Palma se convierte en un deporte de riesgo para la cuenta corriente, Més propone un modelo donde no se cuestione si alguien 'merece' la ayuda. Básicamente, quieren que el derecho a ocupar sea el derecho a mudarse a un piso público pagado por todos. El contraste es delicioso: en 2023 hubo casi mil desalojos mientras ellos gobernaban y el silencio fue sepulcral; ahora que el Ayuntamiento quiere derribar los edificios ruinosos junto a la antigua prisión, la vulnerabilidad se ha vuelto una bandera sagrada. La moción, que se debatirá el próximo 29 de octubre, es un ejercicio de gimnasia mental. Piden incrementar 'masivamente' el parque público, ignorando que ellos tuvieron la llave del presupuesto y prefirieron el modo ahorro. Quieren proteger al okupa frente a la especulación, pero olvidan que el propietario del piso, ese que paga el IBI y ve cómo su casa se convierte en un hotel gratuito, también es parte del paisaje urbano. Una gestión basada en la utopía para los demás y el olvido para los propios.
Ley de nietos: ¿Voto o espejismo?
El derecho es, a veces, como una persiana veneciana: depende de cómo la muevas que entre luz o te quedes a oscuras. Ahora mismo, el Defensor del Pueblo, Gabilondo, ha decidido jugar al abogado de los nietos, lanzando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular los autos del Tribunal Supremo que frenaron la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El objetivo es claro: que los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática puedan votar el 29 de noviembre. Suena noble, casi poético. Pero aquí es donde entra la letra pequeña, esa que suele ser el sablazo final en cualquier contrato de alquiler. Hay juristas que miran este movimiento con el mismo escepticismo con el que uno mira una oferta de 'todo incluido' sospechosamente barata. El argumento es un martillazo lógico: ¿cómo vas a defender los derechos de ciudadanos españoles si precisamente el problema es que aún no tienen la nacionalidad reconocida de forma definitiva? Es como intentar entrar en un club VIP con una invitación que el portero ya ha tachado. Para colmo, sacan a relucir el artículo 13.1 de la Constitución. Según esta lectura, el Defensor del Pueblo no tiene gasolina para proteger a extranjeros que ni siquiera pisan suelo español. Básicamente, sugieren que Gabilondo está intentando abrir una puerta que no le corresponde, defendiendo a personas que, legalmente, están en un limbo administrativo. Mientras el Defensor habla de vulnerar el derecho a la participación política, la igualdad y la tutela judicial efectiva, los críticos sugieren que el recurso debería irse directo a la papelera de reciclaje. Al final, la ley de nietos se ha convertido en un partido de tenis jurídico donde la pelota es el voto y el juez es quien decide si el jugador siquiera ha pagado la cuota del club.
Mínguez dimite: el sablazo de los 23.000€
Hay una forma muy elegante de decir 'me voy con la conciencia tranquila' mientras te aseguras de que la cuenta corriente no sufra el impacto. Montse Mínguez, la exportavoz del PSOE que ha decidido hacer un acto de magia y desaparecer de la escena pública, lo hace justo cuando el ruido sobre los 30 pisos alquilados por su marido, Sergi Vélez, se volvía ensordecedor. Es la clásica maniobra de desligarse de Ferraz para no manchar el mantel de las generales, pero sin soltar el tenedor. Aquí viene la parte donde la aritmética institucional se vuelve fascinante. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler de un zulo se come la mitad de su sueldo, Mínguez se prepara para recoger una indemnización de 23.568,93 euros. No es un premio a la resistencia, sino la recompensa por siete años de servicio en la Cámara Baja, donde cada año trabajado se traduce en un mes de sueldo íntegro. Con un salario base de 3.366,99 euros mensuales, la cuenta sale sola. Es el 'bonus' por dimitir en el momento justo. La normativa, un regalo heredado de la era de José Luis Rodríguez Zapatero con retoques en 2011, permite que el tope llegue hasta los 80.000 euros si aguantas 24 años en el sillón. Una suerte de plan de pensiones para la clase política que hace que cualquier fondo de inversión parezca un juego de niños. Mientras Rebeca Torró toma el relevo en la portavocía, casi cien excongresistas, como el popular Jaime Ignacio del Burgo —que sigue cobrando 3.900 euros desde 2008—, nos recuerdan que en el Congreso, el cese de la actividad es, paradójicamente, el inicio de una renta muy cómoda.
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