Crítica:
El texto es un ejercicio de escepticismo quirúrgico que desmantela la narrativa oficial. Quizás peca de un pesimismo absoluto, pero los datos de las encuestas y los escándalos internos le dan un respaldo sólido.
Sánchez y el PSOE fingen una remontada milagrosa que las señales internas desmienten
Sánchez vende milagro mientras el PSOE agoniza
Otros artículos
El Senado: de freno a alfombra roja
El Senado siempre ha sido el patito feo de la política española, esa cámara que sirve más para que los senadores echen la siesta que para legislar. Pero cuidado, que el patito tiene colmillos. El 27 de octubre de 2017, el Senado fue el muro de contención que frenó el delirio secesionista con 214 votos a favor del artículo 155, mientras 47 decían que no y uno se quedaba mirando. En aquel entonces, el PSOE jugaba en el equipo de la Constitución, salvo por las excepciones de José Montilla y Francesc Antich, que ya olían el viento del cambio. Ahora, la película ha cambiado y el guion es puro surrealismo. El PSOE ha cruzado el Rubicón y se ha mudado al barrio de la insurgencia para mantener a Sánchez en La Moncloa. La jugada maestra es el acuerdo en 46 provincias con la extrema izquierda para formar el 'Frente Amplio'. Básicamente, es como intentar que el lobo cuide a las ovejas para evitar que el pastor use el bastón. Si logran darle la vuelta al reparto en plazas como Valencia, Castellón, Badajoz, Cádiz o Zaragoza, podrían blindar el Senado contra cualquier intento de aplicar el 155 en un futuro 'procés'. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la caja del súper, en el tablero político se reparten los 208 senadores electos del 29 de noviembre y los 58 designados por las autonomías. El PP llega con una ventaja cómoda de 120 frente a los 72 del PSOE, pero la ingeniería electoral del Frente Amplio busca dinamitar esa mayoría. Si Junts y ERC deciden que 'lo volverán a hacer', el Senado podría pasar de ser el freno de mano a ser la alfombra roja, dependiendo de si los parlamentos autonómicos de mayo de 2027 mantienen los 16 escaños actuales de la derecha o si el tablero se vuelve a barajar.
Ley de nietos: pasaporte, mudanza y voto
Hay una danza de pasaportes muy curiosa ocurriendo en nuestras fronteras. Mientras el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en Cuba se desploma en 1.800 inscritos, el resto del mundo parece estar haciendo cola en el consulado: Argentina subió casi 40.000 y México y EE. UU. superaron los 15.000 cada uno entre septiembre de 2025 y 2026. Pero el truco maestro está en el aterrizaje. Los cubanos no están esperando el turno en la isla; llegan con el pasaporte español ya cosido al bolsillo, como quien lleva el ticket del parking pagado para no perder tiempo al salir. La Ley de Memoria Democrática, esa famosa 'ley de nietos' de octubre de 2022, ha funcionado como un imán industrial. En 2021, los cubanos en España eran 166.076; para 2025, la cifra ha saltado a 252.290. Un incremento del 52 % que deja pequeña cualquier otra estadística. Para que nos entendamos: pasamos de una media de 10.000 llegadas anuales en la última década a 34.000 al año desde que la ley entró en vigor. Es como si el flujo migratorio hubiera pasado de un goteo a una tubería rota. Lo más jugoso es el giro político. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que el 40 % de los 38.179 cubanos que emigraron en 2024 ya eran españoles. Y aquí viene la jugada maestra: mientras el Tribunal Supremo ha puesto una suspensión cautelar que deja fuera a los del CERA, los que ya están empadronados en España tienen el camino libre hacia las urnas. El 63 % de esta comunidad tiene derecho a voto y, huyendo de una dictadura comunista, no piensan darle el voto a quien suena a salsa revolucionaria. Según el CIS, el 27 % se va con Vox y el 26 % con el PP. Un 53 % que prefiere la derecha, solo superados por los venezolanos en este 'estira y afloja' electoral.
Frenan seguridad ferroviaria para no 'crucificar' Adif
Hay una diferencia abismal entre gestionar la seguridad ferroviaria y gestionar la imagen de una empresa. En Adamuz, el pasado 18 de enero, 46 personas pagaron con su vida el precio de un carril que permaneció roto durante 22 horas sin que nadie se diera cuenta. Un descuido que, en términos de calle, es como dejar que una tubería reviente en el salón y no enterarte hasta que el vecino de abajo te avisa que tiene una piscina en el techo. Lo lógico sería instalar alarmas ya, pero en el mundo de los despachos, la lógica es un estorbo. Gonzalo Julián Guillén, el jefe de la AITAT, ha decidido jugar al gato y al ratón con la seguridad. El 30 de septiembre canceló una reunión donde se iba a aprobar una recomendación clave para detectar roturas de carril. ¿El motivo? Según Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas, Guillén temía que alguien pudiera «crucificar a Adif». Es fascinante: preferimos que el riesgo siga ahí, latente, antes que admitir que el sistema falla y que Adif quede mal parada en el periódico. Es la típica maniobra de quien prefiere maquillar la grieta de la pared antes que arreglar la estructura del edificio. Mientras tanto, la burocracia se estira como un chicle. Guillén anunció el 5 de octubre que la investigación superará los doce meses por su «complejidad excepcional», aunque las víctimas denuncian que el equipo investigador es un chiste: empezaron tres y a veces solo había dos trabajando. Para colmo, las piezas del carril siguen esperando el traslado al laboratorio. En lugar de priorizar la vida, parece que la prioridad es que el informe final no tenga aristas que molesten al poder. Una gestión donde el 'salvoconducto' corporativo pesa más que la seguridad de los pasajeros.
El 'chapuzón' jurídico de Gabilondo contra el Supremo
Hay quien dice que en la política, como en el fútbol, lo importante es intentar el gol aunque estés fuera de juego. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo y exaspirante a la Comunidad de Madrid en 2021, acaba de intentar un triple salto mortal jurídico que huele a desesperación. El escenario es el siguiente: el Supremo ha puesto el freno de mano a las nacionalizaciones exprés de la 'ley de nietos' impulsadas por Sofía Puente desde el Ministerio de Justicia, dejando en el aire el voto de los Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del 29-N. Ante este sablazo judicial, Pedro Sánchez ha activado el botón de pánico y Gabilondo ha lanzado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) el viernes a última hora. El problema es que el escrito parece redactado con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Primero, el recurso ignora el modelo oficial aprobado en septiembre; es como intentar presentar la declaración de la renta en una servilleta de bar. Segundo, Gabilondo se ha saltado la fila, acudiendo al TC sin agotar la vía ordinaria, un movimiento que la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han tachado de ilegítimo. Pero el chiste final es la competencia. Gabilondo pretende defender a personas que, legalmente, todavía no son españolas porque su nacionalidad está en disputa. Es el colmo de la ingeniería jurídica: defender los derechos constitucionales de alguien que, a efectos prácticos, es un extranjero que vive en Buenos Aires o Pekín y que, según el artículo 13.1, no puede gozar de esos derechos fuera de España. Bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido, el TC, con Inmaculada Montalbán y Enrique Arnaldo al frente de la Sala Segunda, tiene ahora el placer de decidir si archiva este 'invento' o lo eleva al Pleno. Un movimiento arriesgado que, más que justicia, parece un intento de parchear el censo electoral.
Votar en España: el sablazo electoral
Votar en España es, a veces, como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento que el casero no acepta: te esfuerzas, haces la cola, pero al final el papel no vale nada. El próximo 29-N, mientras los analistas se pelean por la ley de nietos o el voto por correo, hay un elefante en la habitación llamado 'voto basura'. En las generales del 23 de julio de 2023, la broma fue pesada: 4.539.539 papeletas terminaron en el triturador democrático. Hablamos del 18,5% de los 24,5 millones de votos, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico llore. El culpable es el sistema D'Hondt, que funciona como un portero de discoteca elitista. Si no tienes el 'ticket' completo para un escaño, te quedas fuera. En Ceuta, el desastre fue total: el 60,9% de los votos no sirvieron para nada, dejando el camino libre al PP. Siguieron Melilla (50,4%) y Teruel (47,2%), donde votar por alguien que no es el gigante de turno es casi un acto de caridad. La hipocresía es deliciosa cuando miras el precio del diputado. Mientras que al PP le costó 59.568 votos y al PSOE 64.642, Vox tuvo que pagar un 'sobrecoste' de 92.636 y Sumar un sablazo de 98.226. Es como comprar el mismo producto en dos tiendas distintas, pero que a unos les apliquen el descuento de socio y a otros les cobren la tarifa de turista. El caso del PACMA es la crónica de un fracaso matemático: 169.237 votos, más que el BNG o Coalición Canaria, pero cero escaños porque su apoyo estaba tan repartido que no llenaron ni una sola 'caja' de votos en ninguna provincia. En Barcelona, por ejemplo, el precio de entrada eran 73.257 votos; el PACMA llegó con 28.201. Básicamente, fueron a la fiesta pero no pasaron del vestíbulo.
Sánchez: amor público y blindaje electoral
Hay momentos en los que la política deja de ser una partida de ajedrez para convertirse en un episodio de telenovela de tarde. El pasado 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Pedro Sánchez decidió que el Comité Federal del PSOE era el escenario ideal para un despliegue de romanticismo cinematográfico. Mientras el país digiere el acuerdo entre socialistas y Frente Amplio para lanzarse juntos al Senado en 46 provincias para las generales del 29-N, el presidente prefirió cambiar la estrategia electoral por el guion de 'La Rosa de Guadalupe'. Con una camiseta roja de 'la fuerza de la gente' que parecía recién sacada del paquete, Sánchez lanzó un 'te quiero' a Begoña Gómez que resonó más que cualquier promesa programática. Fue un despliegue de sentimentalismo coreografiado: ritmo entrecortado, agradecimientos por ser la madre de sus hijas y un beso improvisado que dejó a la militancia en un estado de éxtasis digno de los tiempos de 'Furor'. La escena, celebrada en el Centro de Arte Tomás y Valiente, tuvo un toque de drama necesario: Begoña, que no pisaba estos eventos desde el 41 Congreso de Sevilla en 2024, volvió al foco justo ahora que se prepara para sentarse en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Es fascinante el contraste. Por un lado, la ingeniería política de las alianzas electorales; por otro, el uso del sentimiento público como escudo protector. Flanquear a su mujer con figuras como Óscar López y María Jesús Montero no fue un detalle casual, sino un mensaje: 'estamos blindados'. Al final, el mensaje no fue sobre el programa electoral, sino sobre la resistencia emocional, transformando un mitin político en una declaración de amor que busca limpiar la imagen de quien tiene una cita pendiente con la justicia.
ICO juega al escondite con Netun Solutions
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de ser transparente hasta que el asunto huele a dinero público. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido jugar a las escondidas con la información sobre Netun Solutions, la empresa detrás de las balizas V16. ¿El truco? El secreto bancario. Es fascinante. El organismo, que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se ha puesto el traje de banco privado para no soltar prenda sobre si los préstamos avalados por el Estado han vuelto a casa o si se han quedado a vivir permanentemente en las arcas de la empresa. Todo empezó con una petición al Portal de Transparencia sobre aquella línea de financiación de 2022, creada para amortiguar el golpe económico de la guerra en Ucrania. Básicamente, se quería saber si el dinero público está a salvo o si el Estado ha tenido que tirar de la tarjeta para cubrir el agujero. Pero el ICO ha respondido con un 'no' rotundo a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la solicitud. Para el ICO, decir si un aval ha sido ejecutado es como revelar el código de una caja fuerte. Lo más surrealista es el malabarismo dialéctico: mientras se niegan a decir si Netun Solutions ha pagado un solo euro, aseguran que 'no han detectado incumplimientos'. Es como si un portero te dijera que no sabe si el cliente ha pagado la cuenta, pero que el cliente parece un señor muy decente. Para rematar la faena, cuando se les pidió el impacto presupuestario de posibles impagos en el sector de señalización vial, el ICO aplicó la técnica del 'no tengo el Excel a mano', alegando que dar esos datos requeriría una reelaboración de la información. En resumen: el dinero es público, el aval es del Estado, pero el silencio es sagrado.
Comentarios