Crítica:
La noticia es un catálogo de concesiones sin analizar el coste fiscal total. Omite deliberadamente los criterios médicos de la baja por menopausia, dejando un vacío legal sospechoso.
Lluvia de ayudas en precampaña: el Gobierno aprobará un decreto que afecta a pensiones y subsidios
Sánchez lanza 'lluvia de ayudas' preelectoral
Otros artículos
Voto de nietos: ¿Telegramas o secretos?
En el teatro de la política española, el guion de siempre: uno grita que el otro es un insumiso y el otro responde con la solemnidad de quien acaba de descubrir el fuego. Esta vez, el campo de batalla es el derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Alberto Núñez Feijóo, con el dedo índice bien puesto, ha soltado que el Gobierno está 'bordeando la insumisión' al ignorar las resoluciones del Tribunal Supremo que suspenden el voto de quienes no acreditaron ser descendientes de exiliados del franquismo. Es el clásico choque de trenes donde el ciudadano, como siempre, es el que se queda esperando en el andén. Desde el búnker de José Manuel Albares, la respuesta ha sido rápida y con un toque vintage: dicen que enviaron todo 'por telegrama'. Sí, han leído bien. En la era del 5G y la fibra óptica, Exteriores presume de haber usado el telegrama para avisar a los consulados. Es como intentar actualizar el software de un iPhone enviando una carta certificada. El Ministerio defiende el 'rigor y la honorabilidad' de sus cónsules, mientras Feijóo confía ciegamente en la Junta Electoral Central, pero mira al Gobierno con la misma sospecha con la que uno mira una oferta de 'todo incluido' que parece demasiado barata. Lo más jugoso llega cuando se pide ver el dichoso telegrama. Ahí es donde la transparencia se convierte en un juego de escondite: 'documentos reservados'. Básicamente, nos dicen que el papel existe, que está pegado en algún tablón de anuncios de un consulado perdido por el mundo, pero que nosotros no podemos verlo porque es secreto de Estado. Es la magia de la administración: el dato está ahí, pero el acceso es como intentar entrar en una discoteca VIP sin conocer al portero.
Vivienda social: ¿Jóvenes al sofá o inmigrantes?
Parece que en los Países Bajos han descubierto la cura contra la precariedad juvenil: el sofá de mamá y papá. La ministra de Vivienda, Elanor Boekholt-O'Sullivan, del partido D66, ha lanzado una perla que hace que cualquier alquiler en Madrid o Nueva York parezca un regalo de Navidad. Básicamente, sugiere que los jóvenes pueden seguir viviendo en el cuarto de invitados mientras las viviendas sociales se reservan para inmigrantes y refugiados. Una lógica aplastante: si tienes padres que te aguanten, no necesitas techo propio; si acabas de llegar, el Estado te pone la llave. Esta gimnasia mental ocurre mientras el mercado inmobiliario europeo se comporta como una subasta salvaje. En España, los datos de la Asociación Española de Economía (Springer) son un jarro de agua fría: las oleadas migratorias entre 1998 y 2008 inflaron los precios un 11%, y el periodo de 2016 a 2024 añadió otro 5,6% a la factura. Mientras el ciudadano medio ve cómo su capacidad de ahorro se evapora como el alcohol en un horno, la ministra Boekholt-O'Sullivan justifica el salto de prioridad alegando que, si no lo hacen, tendrían que abrir más centros de acogida. Es el clásico 'elige tu veneno'. La hipocresía tiene un aroma particular cuando recordamos que el acuerdo de coalición prohibía dar prioridad a los inmigrantes. Por eso, figuras como Jurgen Nobel (VVD) exigen disculpas, y la diputada Mona Keijzer ha tenido que preguntar en la Tweede Kamer si la prioridad son los jóvenes que llevan años en listas de espera o los recién llegados. Al final, la ministra ha intentado matizar sus palabras, pero el daño ya está hecho. Traducido al lenguaje de la calle: 'Tú qué quieres, chaval, que tienes el WiFi de tus padres gratis; el piso social es para otro'.
Sánchez gasta miles de millones sin presupuesto
Gestionar un país sin Presupuestos Generales es, en teoría, como intentar llevar la casa con una lista de la compra de hace tres años: se supone que deberías limitarte a lo básico para no acabar en la ruina. Pero Pedro Sánchez ha descubierto el truco del almendruco. Mientras el ciudadano medio ve cómo el ticket del supermercado se convierte en una película de terror, el Ejecutivo ha desplegado una ingeniería financiera que dejaría perplejo a cualquier contador de barrio. Según el estudio de Raymond Torres para Funcas, el Gobierno ha logrado que el gasto público se desborde hasta situarse 78.000 millones de euros por encima de lo previsto. No es un error de cálculo; es un sistema. Hemos pasado de unos 407.000 millones en las cuentas de referencia a un desembolso efectivo de 436.000 millones en 2024, escalando hasta los 458.000 millones en 2025. Y ojo, que para 2026 la previsión es alcanzar los 485.000 millones. Es como si dijeras que vas a gastar 100 euros en el cine y acabas comprando el cine entero con el dinero del alquiler. ¿Cómo lo hacen? Con 'tretas' legales: ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios y transferencias que funcionan como el cajero automático de un primo rico. El desglose es un poema: 23.000 millones para la Seguridad Social, 18.000 millones para las comunidades autónomas y 14.000 millones para corporaciones locales. Lo más cínico es que este festín se financia con una recaudación que ha subido un 24%, impulsada por la inflación y el hecho de que el Gobierno no ha actualizado los tramos impositivos. Básicamente, el Estado gana más porque todo es más caro y el contribuyente paga más sin que nadie mueva un dedo. Un desorden institucional disfrazado de eficiencia que convierte la planificación parlamentaria en un mero trámite decorativo.
Amnistía Internacional: ¿Informe serio o montaje cutre?
Hay quien confunde un rasguño con un calvario y un informe apresurado con una sentencia judicial. Daniel Canales, el enviado de Amnistía Internacional, aterrizó en Ceuta el 10 de septiembre y, en apenas cinco días —lo que tarda cualquiera en hacer el check-in de un hotel—, redactó un informe que lanza la palabra 'tortura' como quien lanza un dardo a ciegas. Todo esto mientras Juan Ramón Lucas, en RNE el 30 de septiembre, le daba las gracias por unas declaraciones que parecen escritas con tinta de conveniencia política. El contraste es un puñetazo en la cara. Mientras AI juega a los detectives con testimonios que suenan a cuento chino, la realidad en el terreno es otra. El 27 de agosto, entre 30 y 40 personas rodearon un vehículo del Ejército en Benzú para lanzarle piedras del tamaño de un ladrillo; a los dos días, otro militar caía herido. Tenemos guardias civiles agredidos, un militar con el peroné fracturado y hasta el sindicato JUPOL alertando sobre el uso de aguafuerte y explosivos caseros. Pero claro, en la escala de valores de algunos, un peroné roto es ruido blanco, mientras que un hematoma en la rodilla por caerse en un terraplén —como admite el testimonio de 'M.'— es, según Canales, 'brutalidad objetiva'. La ingeniería narrativa es fascinante: un vídeo llamado VIOLENCIA_v5 que mezcla imágenes de un porrazo con planos de un coche militar sin conexión real, como quien monta un TikTok cutre para ganar likes. El resultado fue el banquete perfecto para Verónica Barbero de Sumar y Enrique Santiago del PCE, que no tardaron en lanzarse a la yugular de la Legión y los Regulares. Al final, nos venden que caminar descalzo por el monte es tortura, pero ignoran que los militares son los que terminan en el hospital Gómez Ulla. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica.
Amnistía y siestas: el 1-O sin factura
Hay una forma de arte muy específica en la administración pública española: el arte de hacer que el tiempo borre los pecados mientras el reloj de la burocracia avanza a paso de tortuga con reuma. El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, acaba de darnos una masterclass de eficiencia inversa. Después de siete años de deliberaciones, silencios y papeleo, la causa contra Carles Puigdemont y otros treinta encausados por el desvío de fondos del 1 de octubre de 2017 se ha archivado. Sí, archivado. Sin sentencia. Como quien tira el ticket de la compra antes de darse cuenta de que le han cobrado el detergente dos veces. La indignación interna no es por la Ley de amnistía de Pedro Sánchez —que es el borrador final que limpia la pizarra—, sino por la gestión de la consejera Elena Hernáez. Resulta que Hernáez, designada en noviembre de 2021 gracias a un pacto entre el PP de Pablo Casado y el PSOE, decidió que en lugar de dictar sentencia, era más elegante enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un movimiento táctico que convirtió siete años de trabajo en un monumento al vacío. Es el mismo patrón que ya vimos con los ERE del PSOE en Andalucía: mucho ruido, mucha carpeta y, al final, un silencio administrativo que asusta. Lo más delirante es el contraste financiero. El Tribunal de Cuentas ya había admitido en abril de 2019 que se volaron 417 millones de euros en la llamada 'acción exterior' y embajadas catalanas. Pero, en un ejercicio de timidez contable digno de un niño escondiendo una nota mala, el tribunal solo llegó a reclamar 3,4 millones en un procedimiento unificado. Al final, la resolución es lapidaria: como no se probó que el dinero viniera de fondos de la Unión Europea y la amnistía ya está sobre la mesa, nos olvidamos de todo. Siete años de sueldos públicos para concluir que no hay que cobrar nada. Un negocio redondo.
Ceuta: avisos ignorados y acuerdos fantasma
Hay llamadas que duran once minutos y pesan como una tonelada de cemento. En el despacho de la juez María Tardón ha aterrizado el informe del CNI que disecciona una conversación telefónica a las 21:34 horas, justo antes de que Ceuta se convirtiera en el epicentro de un caos anunciado. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para pagar el alquiler, en las altas esferas se gestionaba una invasión con la soltura de quien pide una pizza. El agente del CNI ya había soltado la bomba a las 13:54 del 29 de julio: 180.000 personas estaban coordinadas digitalmente para el asalto. Una cifra que no es un dato estadístico, es una horda humana esperando el 'enter'. Entra en escena Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado de Gobierno. En esa llamada, Sanz juega la carta del 'acuerdo con Marruecos' para devolver inmigrantes, aunque cuando el agente le pregunta cómo piensan hacerlo exactamente, el señor Sanz se encoge de hombros telefónicamente; no sabía ni la forma, ni el lugar, ni la vía. Básicamente, vendían un seguro contra incendios sin tener agua en la manguera. El exdelegado, Miguel Ángel Pérez Triano, dice ahora que no sabe nada, aplicando la técnica milenaria del 'yo no he sido' mientras el Gobierno de Pedro Sánchez desclasifica mensajes que huelen a negligencia. Lo más delirante es el cálculo del CNI: con que el 10% de esos 180.000 seguidores se pusiera en marcha, ya superaban el récord de 2021. El CNI avisó a Interior y hasta a los servicios de inteligencia marroquíes, que estaban tan enterados de la fecha y la hora como quien conoce la cartelera del cine. Al final, la solución fue declarar el Nivel 3 de Contingencia, una medida que el propio Sanz admitió que era ineficaz, pero que era lo único que tenían a mano. Una gestión de crisis basada en el 'ya veremos qué pasa', mientras la frontera ardía.
Lopera: Soles, secretismo y tractores cabreados
En Lopera, el paisaje de olivos está empezando a parecer un tablero de Monopoly donde alguien ha decidido jugar con dados trucados. Este 20 de octubre, la calle Sevilla y el polígono Santa Quiteria se han llenado de tractores, no para labrar la tierra, sino para arañar la paciencia de un Ayuntamiento socialista que ha confundido la gestión pública con un club privado de secretos. La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares no pide milagros, solo pide leer los papeles. Tres veces han solicitado los expedientes y tres veces han recibido el equivalente administrativo a un 'vete a paseo'. La ironía es exquisita: mientras la alcaldesa se toma su tiempo para convocar plenos municipales —que llevan un año en coma inducido—, para aprobar el plan especial del 9 de octubre ha tenido una agilidad envidiable, avisando a los afectados el día 16 mediante una carta, como quien envía una invitación a una boda a la que nadie quiere ir. Pero el verdadero 'sablazo' no está en el calendario, sino en la ley. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar, en un auto del 26 de enero de 2026 (Diligencias Previas 103/2025), ya puso el dedo en la llaga: hay indicios de fraude de ley. Al parecer, fragmentar proyectos fotovoltaicos en Marmolejo, Arjona y Lopera es la nueva moda para esquivar controles ambientales, olvidando convenientemente que el alzacola rojizo, una especie vulnerable, no entiende de ingeniería financiera ni de licencias rápidas. Entre la opacidad de los informes de la Diputación de Jaén y el cierre de la residencia de mayores que deja a 25 usuarios en el aire, el gobierno local parece aplicar la técnica del 'estira y encoge'. Para el agricultor expropiado, el progreso tiene el sabor amargo de un expediente cerrado con llave y un silencio administrativo que atrona.
Comentarios