El texto original es un panfleto de denuncia con un sesgo evidente, aunque los datos de los heridos y las citas textuales son el único ancla a la realidad. Le falta contrastar la versión de la policía o de los manifestantes para no ser mera propaganda.
En Ferraz han descubierto que llevar la contabilidad no es tan sencillo como anotar los gastos del súper en una servilleta. El juez Santiago Pedraz les ha pedido que suelten los papeles de los contratos entre 2021 y 2025, pero el PSOE ha activado el modo 'estoy muy liado'. Dicen que, como hay elecciones el 29-N, reunir notas de encargo y expedientes es una odisea logística. Una excusa que suena a chiste malo cuando el juez sospecha que montaron un sistema triangular de facturación para pagar a Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del partido, sin que el Tribunal de Cuentas se enterara de nada. La UCO ya ha empezado a encontrar 'huecos' contables, esos agujeros negros donde el dinero desaparece como el sueldo el día uno del mes. Mientras el partido juega al despiste, las cifras hablan: 43.225 euros fueron a parar a Leire Díez vía la consultora Zaño (de Gaspar Zarrías) y sociedades de Ismael Oliver. Pero el plato fuerte es Jacobo Teijelo, quien habría recibido al menos 125.000 euros en facturas que la UCO tilda de 'instrumentales'. Básicamente, papeles pantalla para pagar la defensa de peces gordos como José Luis Ábalos o Santos Cerdán sin manchar los libros oficiales. Incluso Koldo García Izaguirre, desde su banquillo, soltó que había hojas de gastos que el PSOE 'olvidó' declarar. Ahora, Ana María Fuentes Pacheco apunta el dedo a Cerdán, y la nueva portavoz, Rebeca Torró, dice que todo son 'hipótesis'. Muy bonito, pero las hipótesis no explican por qué faltan 53.000 euros en las facturas de Teijelo. Al final, Ferraz pide tiempo, pero el rastro del dinero y la sombra de Víctor de Aldama no entienden de calendarios electorales.
La Ley de Memoria Democrática nació con la nobleza de devolver la patria a quienes el franquismo escupió fuera de sus fronteras. Pero en el Consulado General de España en Ciudad de México, la nobleza se ha convertido en una especie de 'ventanilla del todo vale' donde el rigor histórico es un estorbo. Un funcionario interno ha soltado la bomba: tardó año y medio en ver un expediente real de un exiliado. Sí, un año y medio gestionando papeles para descubrir que el 90% de los solicitantes no tienen nada que ver con el exilio político. Estamos hablando de una ingeniería administrativa donde se han colado bisnietos de españoles que emigraron cuando el Registro Civil (creado en 1871) era todavía una novedad, o gente que presenta partidas de bautismo del siglo XIX como si fueran un ticket del supermercado. El resultado es un despliegue de generosidad absurda: unas 40.000 nacionalidades concedidas solo en Ciudad de México, y fácilmente entre 50.000 y 60.000 si sumamos el resto del país. Lo más delirante no es la laxitud, sino la urgencia por inflar los números. Parece que los cónsules gestionan pasaportes como quien acumula puntos en un programa de fidelidad para conseguir un mejor destino profesional. La hipocresía alcanza su cénit con la cónsul adjunta, María Prada, quien presuntamente dio órdenes vía WhatsApp para usar el Típex y corregir fechas posteriores al 22 de octubre de 2025. Básicamente, han tratado la ley como un borrador de primaria: si la fecha no encaja, se tacha y se pone la que conviene. Los empleados, atrapados entre el miedo al despido y el sentido común, miraban cómo se legalizaba el caos mientras pensaban que, probablemente, estaban participando en algo ilegal. Una gestión de la memoria que, más que reparar el pasado, parece diseñada para maquillar el presente.
El Gobierno se encuentra en ese momento incómodo en el que tienes que decidir si tirar la toalla o intentar un parche desesperado justo antes de que llegue la factura. El caso es Plus Ultra, la aerolínea que en 2021 se bebió 53 millones de euros de dinero público en una operación tan turbia que ha dejado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero imputado. Ahora, el holding público SEPI juega a la ruleta rusa: o venden la empresa a Iberojet para que alguien absorba el agujero contable, o esperan a que pasen las elecciones del 29 de noviembre y rezan para que la compañía no implosione en el camino. La jugada es casi cómica. Iberojet, bajo el ala de Barceló, podría llevarse el negocio por cero euros, pagando únicamente la deuda con la SEPI y manteniendo los empleos. Básicamente, se llevan siete Airbus A330 gratis a cambio de limpiar el desastre. Mientras tanto, la aerolínea intenta sobrevivir vendiendo billetes a precios de saldo para conseguir algo de liquidez, una maniobra que en el barrio llamaríamos 'quemar los muebles para calentar la casa'. El pánico de Pedro Sánchez es real. Si la empresa quiebra ahora, miles de pasajeros quedarían tirados entre España, Colombia y Argentina, repitiendo el trauma de Spanair y confirmando que el rescate inicial fue un error garrafal impulsado por Zapatero. Pero si autorizan el salvamento ahora, admiten que Plus Ultra es un paciente crónico que necesita oxígeno constante en plena campaña electoral. Es el clásico dilema entre admitir que te han timado con la inversión o seguir echando monedas en una máquina que ya no da premios, todo mientras intentan que el nombre de Zapatero desaparezca de los titulares como si fuera un error de ortografía.
Hay quien dice que gobernar es el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume la alfombra. En Ceuta, el 30 y 31 de julio, el incendio fue una entrada masiva de personas y la alfombra, la frontera. Ahora, el Instituto de Política Social (IPSE), con Pablo Hertfelder al mando y la abogada María Juher en los papeles, ha decidido que ya basta de juegos de espejos y lanza una querella al Tribunal Supremo contra Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha, Aina Calvo Sastre. Los cargos son pesados, de esos que no se quitan con una ducha: alta traición y prevaricación. La trama es un clásico de la burocracia española: el juego del 'yo ya avisé'. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado del Gobierno, se marchó de su puesto dejando una nota mental muy clara: que él había avisado a Interior sobre los informes del CNI. Según Pérez Triano, pidió refuerzos y hasta la intervención del Ejército, pero el Ministerio parece que estaba en modo avión. Mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y el sablazo de la luz, en las altas esferas se gestionó el asalto de 80.000 inmigrantes como quien ignora un correo electrónico no prioritario. Lo más jugoso es el vídeo del Faro de Ceuta, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedican a discutir sobre quién abrió la valla, mientras el IPSE sostiene que el verdadero agujero no estaba en la frontera, sino en el despacho de Marlaska. Hertfelder no piensa ir con tibieza; ya apunta a ONG y otros miembros del Gobierno, sugiriendo que se atendió más al asaltante que al vecino. Todo esto llega justo antes de las elecciones, cuando el calendario político es más sensible que un sensor de movimiento, y con la Fiscalía mirando hacia otro lado, obligando a una asociación civil a hacer el trabajo sucio de la justicia.
La nacionalidad española, ese tesoro que algunos custodian como el Santo Grial, se ha convertido en el Consulado de México en una especie de tarjeta de fidelidad para privilegiados. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, en Ciudad de México se ha montado un 'VIP Pass' donde el pasaporte europeo no es un acto de reparación histórica, sino un ticket gratuito para el quirófano. Resulta fascinante: llegan correos electrónicos pidiendo adelantar expedientes porque alguien necesita una operación urgente. Básicamente, usan la sanidad pública española como un seguro médico premium, pagado con el sudor del contribuyente que ya ve las listas de espera más largas que una cola de descuentos en Black Friday. Pero el 'negocio' no termina en la salud. Para muchos, el pasaporte es simplemente el sésamo abrir para saltarse la cola de visados hacia Estados Unidos. Y claro, en este banquete no faltan los invitados de honor. Según un testimonio interno, la cúpula diplomática ha usado la ley de nietos como moneda de cambio para hacerse amigos de la élite azteca, especialmente de políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas. Estos expedientes 'especiales' volaban por encima de los funcionarios, esquivando cualquier control real sobre si sus antepasados fueron exiliados del franquismo o si simplemente tienen un apellido que suena a Castilla. Para rematar la faena, el Gobierno juega al escondite con los números. Mientras el Ejecutivo le dice al Tribunal Supremo que hay 163.000 nacionalizados en el mundo, el trabajador consular suelta la bomba: la cifra es muy superior. Solo en México se estiman unos 60.000, sin contar que consulados como el de Argentina trabajaban 12 horas diarias a ritmo de fábrica textil. Todo esto bajo la bendición de la directriz de Sofía Puente, convirtiendo la ciudadanía en un coladero administrativo donde la ética se ha ido de vacaciones.
Hay paseos militares que no necesitan desfile, solo un plató de TVE y un presentador que confiesa, entre risas, que la neutralidad es un deporte extremo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' el 22 de octubre de 2026 no para rendir cuentas, sino para hacerse un masaje de imagen pagado con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y ve la vivienda como un sueño inalcanzable, el presidente despachó el drama inmobiliario con un optimismo macroeconómico que suena a chiste de mal gusto: dice que hay empleo y salarios dignos, ignorando que para muchos alquilar un zulo ya es un lujo.
Gestionar RTVE es, básicamente, jugar al Monopoly con el dinero de los demás y esperar que nadie mire el tablero. José Pablo López, el timonel de la corporación, ha vuelto a estirar la mano hacia la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De esos, ya se ha gastado 30 millones como quien saca dinero del cajero para pagar una cena que no puede costear. El objetivo es 'competir' con las privadas, que en lenguaje llano significa pagar el Mundial de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno mientras el resto de los mortales miramos la cuenta del súper con angustia. Lo fascinante no es el gasto, sino la gimnasia mental. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López ha practicado el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras en 2025 presumía de que los 63 millones recibidos seguían intactos en la contabilidad, ahora necesite un nuevo rescate. Es la magia de la ingeniería financiera pública: el dinero existe y no existe según sople el viento político. Sumando los 100 millones de 2024, la cuenta ya asciende a un sablazo considerable que el ciudadano paga sin haber firmado el contrato. Pero el verdadero 'agujero contable' es la joya de la corona: un pleito del IVA que el auditor sitúa cerca de los 1.000 millones de euros. Para evitar que la cadena se hunda, el Gobierno prepara un real decreto —esta vez esquivando a Junts en la Diputación Permanente— para que la Administración pague la factura. Mientras tanto, los sindicatos UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando un nuevo contrato programa que, seguramente, servirá para justificar que el servicio público es caro, pero muy necesario para que los consejeros desfilen por el Festival de San Sebastián.
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