Crítica:
La noticia presenta como 'evitar la fatiga' lo que es una limitación técnica impuesta. Es un maquillaje optimista para una medida que simplemente busca forzar el uso del cargador eléctrico.
El Parlamento Europeo tiene en mente reducir el tamaño de los depósitos de gasolina o diésel de los coches
Bruselas quiere achicarte el tanque del coche
Otros artículos
Valla de Ceuta: el juego del 'yo no sabía'
En el teatro de la Audiencia Nacional, la trama es un clásico: el juego de la patata caliente. Por un lado, tenemos al teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, que ha decidido que la mejor defensa es el 'yo no sabía nada'. Según el militar, nadie le pasó el dato de que en Marruecos se estaba organizando una fiesta colectiva para saltar la valla coincidiendo con el Día del Trono. Mientras el ciudadano medio tiene que pelearse con el bot de Movistar para que le bajen la tarifa, aquí el Teniente Coronel sostiene que dejar la puerta abierta era una cuestión de seguridad para evitar un aplastamiento. Una lógica brillante: para evitar que la gente se pise, mejor que entren todos. El espectáculo alcanzó su clímax con un vídeo donde el militar y el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, se dedican a discutir en la frontera mientras el flujo migratorio avanzaba a un ritmo de 2.000 personas por hora. Básicamente, mientras el país ardía, los encargados de la llave se peleaban por quién tenía la competencia de la cerradura. 'La puerta es mía, no de la Policía', parece decir el manual de instrucciones del caos. Para añadir sal a la herida, Gonzalo Sanz, exdelegado del Gobierno en Ceuta, ha soltado la bomba el pasado 1 de octubre: él sí recibió avisos. Entregó su móvil a la juez María Tardón como quien entrega el ticket del supermercado para reclamar un producto caducado, confirmando que la información estaba ahí, pero se quedó perdida en algún limbo burocrático. Ahora, la juez Tardón espera que el Ministerio de Defensa le aclare si hubo buques marroquíes merodeando entre el 29 de julio y el 10 de agosto. Al final, entre el 'no me avisaron' y el 'yo sí sabía', la valla se convirtió en un colador y la responsabilidad en un humo denso.
García Ortiz: un sablazo de 38.000 euros
Hay una belleza casi poética en la justicia cuando se trata de pasar factura. Álvaro García Ortiz, el hombre que alguna vez fue la voz máxima del Ministerio Fiscal, se encuentra ahora en la posición que tantos ciudadanos conocen: peleando contra una minuta que parece redactada por un optimista delirante. La historia comienza con un abogado que, con la tranquilidad de quien pide un café, presentó una factura inicial de 78.382,32 euros (IVA incluido). Un sablazo que haría palidecer a cualquier familia española al mirar el extracto bancario del mes. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, en un raro momento de lucidez y ahorro, saltaron diciendo que aquello era 'excesivo'. Tras un baile de impugnaciones y decretos, la cifra bajó a 39.009,48 euros. Pero aquí entra el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares, que el 5 de octubre decidió que 38.508,26 euros son, básicamente, 'cambio suelto' dada la complejidad del asunto. Según el colegio, mandar comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos y gestionar quince piezas separadas justifica que el bolsillo de García Ortiz sufra este recorte. El balance final es un ejercicio de ironía institucional. García Ortiz, condenado el 9 de diciembre de 2025 por revelar datos reservados, no solo arrastra una inhabilitación de dos años y una multa diaria de 20 euros, sino que debe soltar 10.000 euros de indemnización por daños morales a Alberto González Amador. El empresario, que inicialmente soñaba con 300.000 euros y cuatro años de cárcel para el exfiscal, se conforma con el premio de consolación y que el Tribunal Supremo, en su auto del 2 de julio de 2026, valide que el abogado no trabaje gratis. Al final, la justicia es lenta, pero la tasación de costas es un reloj suizo.
Sánchez blinda pensiones tras ignorar presupuestos
Hay una magia muy particular en el Palacio de la Moncloa: la capacidad de prometer el cielo mientras se olvida de pagar el alquiler. Pedro Sánchez ha aterrizado en Gijón para soltar una bomba de efecto electoral: blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución. Suena romántico, casi épico, si no fuera porque el Ejecutivo lleva cuatro años haciendo un despliegue de creatividad contable para evitar presentar los Presupuestos Generales del Estado. Es como si el administrador de una comunidad de vecinos, que no ha presentado las cuentas anuales desde 2022, propusiera ahora cambiar los estatutos del edificio para asegurar que el agua siempre sea gratis. La paradoja es deliciosa. Mientras la Constitución obliga al Gobierno a aprobar presupuestos, Sánchez ha gestionado la economía pública como quien gestiona una tarjeta de crédito al límite, saltándose la norma básica del juego. Pero llega el 29 de noviembre y, de repente, la Constitución es el lugar ideal para guardar las pensiones, como quien guarda el oro en una caja fuerte después de haber perdido las llaves de la casa. En el mitin, flanqueado por Adrián Barbón, Adriana Lastra y Lara Martínez, el presidente ha jugado la carta del miedo, comparando a Feijóo y Abascal con un bloque monolítico que quiere retroceder el reloj 50 años. Sánchez evoca a Lula en Brasil para justificar su estrategia de supervivencia, mientras el PP y Vox se reparten el Senado en un pacto de circunscripciones que deja fuera a Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. Al final, la narrativa es sencilla: el PSOE se vende como el escudo de la clase media trabajadora y del IPC, aunque el escudo esté hecho de cartón piedra y presupuestos inexistentes. Una jugada maestra de marketing político donde la ley se ignora en la práctica pero se idolatra en el discurso.
Vuelo VIP: 18 migrantes aterrizan en Barajas
Hay una forma de viajar que no aparece en el buscador de Skyscanner ni requiere pelearse con el check-in automático. Se llama 'vuelo charter con pase VIP'. Este lunes, el avión PVG 1225 de Privilege Style aterrizó en Barajas a las 11:40 horas, trayendo desde Tenerife Norte a 18 pasajeros subsaharianos con una puntualidad que ya quisiera cualquier pasajero de Iberia. Mientras el ciudadano medio hace cola para que no le cobren el equipaje de mano, este grupo desembarcó por la puerta N7 de la Terminal 3, una salida que suele estar más cerrada que una hermética cuenta bancaria institucional. El despliegue fue digno de una recepción de Estado, pero a la inversa: bloqueo total de accesos y una lista de 'personas autorizadas' para que nadie molestara el flujo. No hubo escoltas, ni uniformes, ni el despliegue de seguridad que se monta cuando un ministro va a cortar una cinta. Solo estaban allí dos trabajadoras de la ONG ACCEM, una entidad que ha sabido convertir la gestión del asilo y la protección internacional en una maquinaria de facturación envidiable, especialmente tras los episodios de Ceuta. Lo más fascinante fue el 'trasbordo'. Sin vigilancia visible y con una alegría contagiosa, los 18 pasajeros saltaron a dos microbuses que los esperaban para llevarlos al corazón de la capital. El control fue tan inexistente que, con un simple giro de cuello, podrían haber tomado el Metro y fundirse con el paisaje urbano antes de que alguien se diera cuenta de que el avión había aterrizado. Una logística impecable para quienes no quieren dejar rastro, financiada con la eficiencia de quien sabe que el presupuesto público es un buffet libre si tienes el contacto adecuado.
Marruecos 'limpia' el mar con migrantes
Hay escenas que parecen sacadas de una película de serie B, pero que ocurren en la vida real mientras los despachos huelen a colonia cara y silencio administrativo. El teniente coronel Miguel Lobo ha soltado en el juzgado una bomba que hace que cualquier manual de diplomacia parezca un cuento de hadas: barcos de autoridades marroquíes arrojando migrantes al mar como quien tira la basura al contenedor para que el camión de Salvamento Marítimo —el del barco naranja, ese que brilla más que una oferta de supermercado— se encargue de la limpieza. No fue un malentendido; hubo llamadas, hubo avistamientos de seis barcos y hubo órdenes claras desde la otra orilla. Mientras tanto, en el terreno, la improvisación era la norma. El coronel Lobo y Lorenzo Juan Fages, de la Policía Nacional, se encontraron en una situación donde las órdenes del Delegado del Gobierno eran tan inexistentes como la honestidad en una promesa electoral. Lobo abrió la puerta de la frontera para evitar un aplastamiento humano, mientras Fages prefería cerrarla para no darle el gusto a Marruecos. Un caos coordinado donde 70.000 personas fueron el tablero de un juego de ajedrez geopolítico el pasado 30 de julio. Lo más cínico llega con la 'ayuda' vecinal. España pidió el favor de que no lanzaran a la gente al agua, y la Marina Real marroquí, que estaba ahí mismo cuidando que el rey Mohamed VI estuviera cómodo, respondió que tenían 'problemas técnicos'. Claro, porque fallar en la humanidad es el único problema técnico que no requiere presupuesto. Ahora, la jueza María Tardón ha decidido que el calendario electoral del 29 de noviembre le importa lo mismo que un paraguas en el desierto: va a seguir investigando al Ministerio del Interior y al de Defensa, porque aparentemente, la justicia no tiene que pedir permiso para hacer su trabajo.
Sablazo en Badajoz: ¿volverán los 400.000 euros?
Hay quien dice que el dinero público es como el agua: fluye hacia donde mejor le cae, generalmente hacia los amigos de los amigos. En Badajoz, el grifo estuvo abierto de par en par para David Sánchez y su colega Luis María Carrero. No fue un error de cálculo ni una propina generosa; fue una arquitectura del engaño. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, David Sánchez se embolsó 340.572,36 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025, y Carrero otros 86.988,76 euros. En total, un sablazo de 427.561,12 euros que salieron de las arcas de la Diputación de Badajoz para financiar puestos de trabajo que, según la Audiencia Provincial, eran básicamente decorativos, vacíos de contenido y diseñados a medida. Lo verdaderamente surrealista no es el 'enchufismo' —que en este país es casi un deporte nacional—, sino la reacción de la Diputación de Badajoz. Su presidenta, Raquel del Puerto, se ha puesto el traje de escudo humano y se opone a recuperar el dinero. Es la paradoja máxima: la entidad perjudicada no quiere que le devuelvan la cartera. Es como si te robaran el coche y, cuando la policía lo encuentra, tú insistieras en que el ladrón se lo quede porque 'no hay justificación' para recuperarlo. Ahora entra en juego el Tribunal de Cuentas, bajo la batuta de Elena Hernáez, para ver si esos fondos vuelven a casa. El PP, Vox e Iustitia Europa están empujando el carro, sabiendo que la sentencia penal ya dejó claro que el proceso de selección fue un 'escaparate' cosmético. El presidente del Gobierno habla de 'líneas rojas' y 'estafas', pero en la calle la línea roja es la cuenta bancaria pública. Si el Tribunal decide que hubo responsabilidad contable, preparen los embargos, porque el romanticismo político no paga las facturas del Estado.
Inspectores pagados para no trabajar: millonario limbo
En un país donde pedir una cita previa es como intentar ganar la lotería sin comprar boleto, el Estado ha descubierto el negocio perfecto: pagar por el arte de no hacer nada. Tenemos a 45 inspectores de Trabajo que, tras superar una oposición que haría llorar a un monje tibetano y terminar su formación en diciembre de 2025, han pasado los últimos 19 meses en un spa administrativo pagado con nuestros impuestos. Desde septiembre del año pasado, la maquinaria pública desembolsa 50.000 euros al mes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si el Gobierno decidiera pagar el alquiler y la cesta de la compra de medio centenar de personas mientras esperan a que alguien recuerde dónde ha dejado las llaves de la oficina. El agujero contable ya supera los 600.000 euros, un sablazo que no sirve para inspeccionar ni una sola empresa, sino para alimentar un limbo burocrático donde el tiempo es relativo y el presupuesto infinito. La danza de las responsabilidades es exquisita. Yolanda Díaz, al mando del Ministerio de Trabajo, juega al ping-pong institucional lanzando la pelota al tejado de Óscar López en Función Pública. Mientras tanto, los afectados miran el calendario con pánico hacia las elecciones del 29 de noviembre, temiendo que el adelanto electoral convierta su espera en una condena perpetua hasta marzo de 2027. Si eso ocurre, el Estado habrá tirado más de un millón de euros en nóminas de 1.100 euros mensuales por el simple placer de mantener la 'tramitación normal' de un concurso de traslados. Es la eficiencia española en estado puro: pagar el sueldo completo por un servicio que es, literalmente, inexistente.
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