Crítica:
El texto original es una pieza de opinión disfrazada de análisis técnico que abusa de la insinuación sin aportar una sola prueba del fraude. Es puro ruido ideológico basado en la incredulidad.
El texto original es una pieza de opinión disfrazada de análisis técnico que abusa de la insinuación sin aportar una sola prueba del fraude. Es puro ruido ideológico basado en la incredulidad.
Hacer que el país se siente a ver al Presidente del Gobierno durante una hora y 45 minutos sin que nadie cambie de canal es, básicamente, un milagro moderno. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' y no solo sobrevivió a David Broncano, sino que convirtió la pantalla en un imán. Hablamos de 4.387.000 espectadores de media y un 33,9% de share. Para que nos entendamos: es como si en un bar de barrio, de cada tres personas, dos estuvieran mirando la tele y una estuviera intentando entender cómo el Presidente terminó hablando de su vida sexual con Begoña Gómez. Lo fascinante no es el número, sino el 'quién'. Mientras el Gobierno suele hablarle a quien ya está convencido, aquí el target fue un despliegue de contradictiones. El programa fue un éxito rotundo entre los adultos jóvenes de 25 a 44 años (51,1% de share) y los chavales de 13 a 24 (48,7%). Incluso los niños de 4 a 12 años se quedaron pegados con un 31,5%. Es el equivalente televisivo a que el profesor más serio del instituto se ponga a bailar TikTok para que los alumnos no se duerman en clase. Pero el dato que realmente hace ruido es la cartera. La entrevista fue un imán para la clase alta, con un 42,4% de share, dejando atrás a la clase media (32,9%) y la baja (22,4%). Resulta curioso que quienes más sufren el sablazo de la inflación sean los que menos sintonizaron el 'show'. Geográficamente, Madrid lideró la fiesta con un 43,2%, seguida del País Vasco (41,7%) y la Comunidad Valenciana (40%), mientras que Canarias (21,1%) y Andalucía (27,5%) miraron el espectáculo con mucha más distancia. La curva de audiencia fue un ascenso vertical: empezó en un 24,1% y terminó en un 40,2%, alcanzando el pico máximo a las 23:44 con un 40,4%. El Presidente no fue a dar un discurso; fue a hacer marketing de guerrilla en horario prime.
Hay una forma muy elegante de esquivar el barro: envolverse en un abrazo de amiguismo televisivo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' no para rendir cuentas, sino para hacer un casting de 'tipo nearest' en la televisión pública. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la hipoteca, el presidente se paseaba por el plató con un pin de 'Perro Sanxe', transformando la gestión del Estado en un sketch de comedia donde el guion estaba más cerrado que un banco un domingo. Las cifras son modestas para quien busca verdad, pero gloriosas para quien busca marketing: el programa arrancó con un 24,1% de share y terminó rozando el 40%, convirtiéndose en la emisión no deportiva más vista del año. Un éxito rotundo. El problema es que el precio de esa audiencia fue el silencio. David Broncano, luciendo la bandera de España como quien se pone una corbata, sirvió de escudo humano. El tono distendido fue la cortina de humo perfecta para que los asuntos espinosos —ese patrimonio que genera más dudas que un examen de cálculo o los casos de corrupción que orbitan su entorno— se fueran por el sumidero. En lugar de hablar de política real, tuvimos que soportar confesiones sobre su vida íntima y la relación con Begoña Gómez. El clímax del surrealismo llegó cuando el candidato del PSOE para el 29-N decidió que el país necesitaba saber que él y su esposa mantienen una 'vida sexual activa y sana'. Un dato tan útil para la economía nacional como un cenicero en una moto. Mientras tanto, en el programa de Federico, la audiencia no perdonó el despliegue, comparando al jefe del Ejecutivo con Nerón: alguien que sonríe y hace chistes mientras el imperio, o al menos la coherencia institucional, arde en llamas.
El Gobierno de Países Bajos ha decidido que el futuro de la administración pública no tiene espacio para tantos humanos, pero sí para muchos algoritmos. Bajo la batuta de Rob Jetten, el Ejecutivo ha lanzado un plan de 'optimización' que suena a manual de consultoría barata: 25.000 funcionarios a la calle para el año 2035. El objetivo es un ahorro de 3.500 millones de euros, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un juego de niños mientras el Estado decide que el software es más rentable que el sueldo de un empleado. La hoja de ruta es agresiva. Quieren recortar 900 millones de euros ya en 2027. Eric van den Burg, el secretario de Estado para una Administración Eficaz, lo vende como la búsqueda de un gobierno 'más sencillo', aunque en lenguaje de calle esto significa que si tu trámite antes dependía de un funcionario con mal humor, ahora dependerá de un código que no sabe lo que es la empatía. Lo más curioso es el blindaje: la policía y la defensa se salvan. Al parecer, la IA puede redactar un informe o gestionar un impuesto, pero todavía no sabe poner esposas ni disparar un cañón. Para redondear el sablazo, el plan incluye una Ley de Simplificación que promete eliminar 500 regulaciones anuales. Menos burocracia, dicen, mientras cierran edificios 'innecesarios' porque un servidor en la nube ocupa menos que una oficina con calefacción. También barren con los comités asesores y órganos consultivos, esos ecosistemas de expertos que, según el Gobierno, solo generan 'trabajo innecesario'. Al final, la receta es clara: menos personas pensando y más máquinas procesando, todo para que la cuenta corriente del Estado deje de sangrar.
Parece que en Europa han decidido que el camino más corto hacia la salvación del planeta no es la innovación, sino el borrador. Ámsterdam, en un alarde de optimismo administrativo, se ha estrenado como la primera capital europea en prohibir los paneles publicitarios de carne y combustibles fósiles. Sí, han pasado cinco años masticando la ley para concluir que, si no ves el chuletón en una valla publicitaria, mágicamente dejarás de pedirlo en el restaurante. Es la lógica del 'ojos que no ven, estómago que no siente'. La fiebre se ha extendido por los Países Bajos como la gripe en invierno; Utrecht, La Haya, Zwolle, Nimelga y Delft ya han firmado el veto. Mientras tanto, ciudades como Helsinki, Bristol o Estocolmo se quedan a medio gas, prohibiendo la aviación o la moda rápida, pero dejando que el filete siga haciendo marketing. El objetivo es ambicioso, casi utópico: neutralidad de carbono para 2050 y reducir el consumo de carne a la mitad en el mismo plazo. Básicamente, quieren que el ciudadano promedio gestione su dieta como si fuera un presupuesto municipal en crisis. Los datos son el arma de doble filo. Wageningen Social and Economic Research confirma que en 2024 los neerlandeses consumieron menos carne que en los últimos 20 años. ¿Es por la prohibición de los carteles o porque la inflación ha convertido el solomillo en un artículo de lujo? El debate queda en el aire. Se apoyan en que los productos animales generan entre el 81% y el 86% de las emisiones alimentarias de la UE, aunque solo aporten el 21% de las calorías. Es un balance contable brutal, pero intentar solucionarlo quitando anuncios es como intentar bajar de peso prohibiendo las fotos de pasteles en Instagram. Una medida que huele a intervencionismo puro y que ignora que el hambre no se legisla con vallas publicitarias.
Parecía que Madrid iba a estrenar barrios con el romanticismo de las velas y el generador de gasolina. El Gobierno, en un giro de guion digno de telenovela, ha decidido que 'duplicar holgadamente' la capacidad eléctrica de la región es mejor que dejar a miles de familias jugando al Tetris con los enchufes. Hasta hace nada, la planificación energética hasta 2030 parecía un chiste de mal gusto: mientras BBVA Research advertía que Madrid necesita 116.000 viviendas y tiene suelo para 126.000, la red eléctrica solo tenía sitio para 'enchufar' 40.000. Básicamente, querían construir el edificio pero se olvidaron de poner el cableado, un sablazo de ineficiencia que dejaba a la región en un limbo energético. Pero bastó una avalancha de 2.566 alegaciones —lo que en lenguaje administrativo significa 'nos habéis liado una parda'— para que el Ministerio de Transición Ecológica, bajo el mando de Sara Aagesen, rectificara. Ahora, Rafael García González, viceconsejero de la Comunidad de Madrid, puede respirar. La nueva receta incluye 17 parques de subestaciones nuevos (más siete añadidos tras el susto de las alegaciones), 173 kilómetros de líneas nuevas y la repotenciación de otros 290 kilómetros de tendidos. Es como si, tras intentar alimentar una ciudad con un alargador de Ikea, decidieran instalar una central nuclear en el salón. El Miteco promete ahora una demanda adicional de 6,5 GW, situando a Madrid como la segunda región más beneficiada tras Aragón. También lanzan un caramelo de 1 GW para renovables. Lo más curioso es que el Gobierno ahora prioriza el 'anillo de Madrid' y los ejes con Castilla-La Mancha y Extremadura, admitiendo implícitamente que su primer borrador era un mapa dibujado con los ojos cerrados. Al final, la ingeniería financiera y política ha ganado a la terquedad burocrática.
Pedro Sánchez ha descubierto que el botón de 'deshacer' del Congreso no funciona tan bien como en el ordenador de casa. El Ejecutivo ha superado la barrera de los 30 decretazos en lo que va de 2026, pero hay un movimiento que huele a quemado: intentar colar por la puerta trasera de la Comisión Permanente dos paquetes de vivienda que el Pleno del Congreso le tumbó el 2 de octubre (172 votos a favor frente a 178 en contra). La jugada es sencilla: si no te dejan entrar por la puerta principal porque PP, Vox, UPN y Junts te han cerrado el paso, intentas entrar por la ventana donde los votos de Junts se diluyen y el PNV te hace el favor. La Moncloa lo vende como una 'emergencia social', una etiqueta que hoy en día se usa para todo, como quien pone 'urgente' en un correo para que el compañero lo lea antes del viernes. Pero aquí hay un problema de tamaño legal: la 'doctrina Baleares'. Resulta que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 28/26 del 25 de marzo de 2026, ya le dio un sopapo al Gobierno de Marga Prohens por hacer exactamente lo mismo. Prohens intentó borrar con un decreto ley una decisión del Parlamento balear sobre el catalán en sanidad, y el TC fue tajante: el hecho de que un Gobierno no esté contento con el resultado de una votación no es una 'urgencia', es simplemente mala suerte democrática. Si el TC aplica su propio criterio, el decreto de vivienda de Sánchez pasará de ser una solución social a ser un 'fraude de ley' de manual. Porque seamos claros: llevar ocho años en el sillón y decir que la vivienda es un problema 'sobrevenido' es como decir que te sorprende que llueva en noviembre. No es urgencia, es ingeniería financiera legislativa para salvar los muebles antes de las elecciones del 29 de noviembre.
El Gobierno ha jugado al teléfono escacharrado con la gestión de los menores en Ceuta y el resultado es un despliegue de hipocresía digno de un Oscar. Empezaron agosto vendiendo que los traslados a la Península ocurrirían en «unas pocas semanas», una promesa que caducó más rápido que un yogur al sol. Para cuando llegó septiembre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cambió el discurso con una naturalidad pasmosa: ahora resulta que «la mayoría se quieren quedar en España y se van a quedar». Pasar del «los movemos ya» al «pues se quedan aquí» es un giro narrativo que en cualquier contrato de alquiler sería motivo de demanda. Los números, que no saben mentir aunque los intenten maquillar, son demoledores. De los 3.331 menores atendidos tras la invasión del 30 de julio, solo 288 han salido de la ciudad autónoma (107 por reagrupación familiar y 181 por el artículo 35 de la Ley de Extranjería). Es decir, que mientras el Ejecutivo central se llena la boca hablando de soluciones, el 91% de los chavales sigue allí, acumulando días en una gestión que parece más un partido de ping-pong político que una política de Estado. Para rematar la faena, el ministro Ángel Víctor Torres ha decidido que la culpa es del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y del PP, acusándolos de bloquear los movimientos por sus pactos con Vox. Es la técnica clásica: cuando el agujero contable de la gestión es demasiado grande, se busca un culpable externo. Mientras tanto, Marruecos ignora 600 expedientes y el Gobierno central sigue intentando encajar cifras que empezaron en 2.000 y terminaron en 3.331, según Elma Saiz. Al final, el «politiqueo con los niños» es la única maquinaria que funciona a pleno rendimiento.
Comentarios