Crítica:
El texto original es una bomba de relojería, pero falla al no profundizar en la conexión directa entre el acta notarial y la decisión inmediata de Sánchez. Es un festín de hipocresía servido en bandeja de plata.
El texto original es una bomba de relojería, pero falla al no profundizar en la conexión directa entre el acta notarial y la decisión inmediata de Sánchez. Es un festín de hipocresía servido en bandeja de plata.
Hay quien dice que la comunicación política es el arte de gestionar la verdad, pero lo de Lydia del Canto parece más una coreografía de suspense mal ensayada. Resulta que la secretaria de Estado de Comunicación apareció, como por arte de magia, en el centro de control de Adif en Atocha el mismo 28 de octubre, el día del accidente de Urda que dejó 69 víctimas mortales. ¿Qué hacía allí alguien cuya oficina está en Moncloa y no en el Ministerio de Transportes? Pues mientras el país lloraba y un operario era puesto contra las cuerdas para cargarle el muerto, ella entraba y salía de la sala con un nerviosismo que se nota hasta en las fotos, llevándose la mano a la boca como quien acaba de ver un truco de magia barato. La versión oficial decía que Óscar Puente, el exministro de Transportes, fue allí 'para informarse'. Claro, porque cuando tienes una tragedia de este calibre, lo primero que haces es ir a descargar cintas de audio para ver qué puedes filtrar. Es como ir al supermercado por pan y acabar llevándote la caja registradora. La Guardia Civil de Toledo, que no compra cuentos, ya ha encontrado el rastro de la secretaría de Estado de Comunicación en los metadatos de los audios que luego aterrizaron, convenientemente, en medios amigos del Gobierno vía WhatsApp. Ahora la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz mantiene el secreto de sumario, mientras los agentes analizan si hubo cortes en las grabaciones. El chiste es que Del Canto se niega a hablar. Es comprensible; cuando los metadatos te dejan la huella digital como quien deja el ticket del súper sobre la mesa, lo más inteligente es hacer el vacío. Estamos ante una ingeniería financiera de la culpa: extraer un audio, editarlo y lanzarlo para salvar el pellejo político mientras el rastro digital grita 'aquí estuvimos'.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Ministerio de Cultura ha decidido que el cine necesita un baño de oro. Ernest Urtasun, con la pluma muy suelta, ha autorizado que el ICAA suelte 37 millones de euros para largometrajes en 2027. No es un pequeño incentivo; es un banquete donde el menú está estrictamente organizado por cuotas. La ingeniería social entra en escena con un movimiento maestro: el 40% del pastel, es decir, 14,8 millones de euros, queda blindado exclusivamente para directoras. Es la nueva aritmética del arte: el género pesa más que el guion. Para el resto de mortales, el reparto se fragmenta como una pizza mal cortada. Los documentales se pelearán por un 15%-25%, la animación se queda con un 10% y los proyectos experimentales, esos que probablemente solo entienda el que los graba, con un 5%. El otro 5% se va en coproducciones extranjeras donde España es la cenicienta minoritaria. El techo de gasto por proyecto es de 800.000 euros, una cifra que haría palidecer a cualquier autónomo que intente pedir un crédito para comprar una impresora. Pero ojo, que si decides hacer animación, el Gobierno te sube el límite a un millón de euros. Todo bajo el mantra de la 'concurrencia competitiva', ese eufemismo burocrático que significa que el Estado decide qué es 'especial valor cultural o social'. En resumen, Urtasun no solo financia cine, diseña el catálogo de lo que debemos ver, asegurándose de que la brecha de género se cierre con un cheque público mientras el tejido industrial se mantiene a pulmón artificial.
Hay una especie de nostalgia tóxica en los pasillos de RTVE, esa manía de mirar el mundo digital como quien mira un anuncio de detergente barato. Carmen Lumbierres, politóloga y voz en LaHora2N, ha decidido que el imperio de Jordi Wild se resume en dos hobbies: levantar pesas y buscar el hueco fiscal más cómodo en Andorra. Una simplificación tan quirúrgica que roza el delirio, especialmente cuando el tipo ha logrado lo que muchos directores de informativos soñarían: sentar en la misma mesa virtual a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau para el próximo 13 de noviembre. Mientras en la televisión pública algunos parecen seguir usando un mando a distancia de 1994, The Wild Project ha movido el tablero desde marzo de 2020. No es solo un tipo hablando con micrófonos caros; son 7,4 millones de suscriptores en YouTube y una trayectoria que ha pasado por Arturo Pérez-Reverte, Charlie Sheen o David Jiménez. Reducir esto a 'gimnasio y Andorra' es como decir que la Biblioteca Nacional es un sitio para guardar papeles viejos. Es ignorar que el programa ha coleccionado premios ESLAND en 2022 y 2023, y que en 2025 se coronó con el Premio Ondas Global del Podcast a la Trayectoria. Lo más irónico es el contraste. Mientras la casta política se prepara para el 29 de noviembre, Wild les impone reglas de calle: entre 60 y 90 minutos de charla, sin preguntas filtradas y sin el derecho a borrar el 'patinazo' después de grabar. Para rematar el sablazo a la hipocresía, meterá a dos periodistas independientes para hacer el fact-checking en tiempo real. Básicamente, Jordi Wild está haciendo que los candidatos bajen al barro digital, mientras que en RTVE prefieren seguir describiendo el barro desde la comodidad de un aire acondicionado pagado con nuestros impuestos.
Prometer es gratis, pero ejecutar cuesta dinero y voluntad. En el tablero de Ceuta, el Gobierno jugó una partida de humo muy sofisticada. Tras el caos de julio, cuando más de 100.000 personas cruzaron la frontera en menos de 48 horas —un volumen que haría temblar a cualquier logística de transporte público—, el ministro Fernando Grande-Marlaska salió al ruedo el 28 de agosto con un catálogo de juguetes tecnológicos. Habló de drones, boyas fondeadas y dispositivos subacuáticos, todo envuelto en un presupuesto de 36 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si te prometen reformar la cocina entera con materiales de lujo para evitar que se inunde la casa, pero tres meses después ni siquiera han comprado la silicona. El plan maestro incluía alargar el muro del Tarajal 115 metros mar adentro. Primero 15 metros de vallas antitrepa con pinchos invertidos —estilo 'no pases'— y luego otros 100 metros de dique vertical. Una obra que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de Diego Madrazo, pide a gritos desde 2014. Diez años esperando que alguien ponga un ladrillo mientras la seguridad se convierte en un juego de azar. Hoy, la realidad es un chiste de mal gusto. Según Maxi Lacasa, de Mujeres Caballas, el paisaje es el mismo: barreras flotantes desinfladas que parecen globos de fiesta olvidados y una presencia militar que se ha evaporado hacia la península. Mientras el presupuesto de 36 millones sigue, presumiblemente, en alguna carpeta archivada, los ceutíes se preparan para salir a la calle el 21 de noviembre. Porque resulta que, en la gestión de fronteras, hay una diferencia abismal entre el PowerPoint del ministerio y el cemento que falta en la costa.
Hay quien gestiona su economía con una hoja de Excel y quien, aparentemente, maneja el patrimonio como si estuviera en un bazar de alquiler. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ahora en ese incómodo limbo donde las joyas aparecen en el despacho, pero los papeles desaparecen por arte de magia. El juez Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha tenido la osadía de calificar la versión del expresidente como 'inverosímil'. Y claro, es que pedirle a alguien que explique de dónde vienen unas joyas sin aportar ni un acuse de recibo de las cartas enviadas a Arabia Saudí es como intentar justificar un agujero en la cuenta bancaria diciendo que el dinero 'está en camino' pero que el cartero se ha perdido. La defensa de Zapatero, en un giro digno de guion de suspense, ha decidido que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de imaginación del juez. Básicamente, le retan a que él mismo invente una hipótesis alternativa. Es la técnica del 'yo no sé nada, pero usted dígame qué cree que pasó'. Mientras el ciudadano medio se juega el tipo por un error en la declaración de la renta, aquí nos venden que no tener estuches, ni facturas, ni registros es simplemente una cuestión de 'regalo personal' del rey saudí. El contraste es delicioso: Zapatero recuerda que sí declaró un reloj a Patrimonio, pero que las joyas son harina de otro costal porque no se entregaron en la misma 'unidad de acto'. Según su lógica, hay regalos que pasan por el registro y otros que, por pura mística, aterrizan en el despacho sin dejar rastro administrativo. Una ingeniería financiera basada en la confianza ciega en la monarquía saudí que ahora choca contra el muro de la realidad procesal y el Ministerio Fiscal.
Hay una técnica muy depurada en los pasillos del poder que consiste en hacer el vacío. No es el silencio incómodo de una primera cita que sale mal, sino un desplante institucional en toda regla. Fernando Grande-Marlaska ha convertido el 'no ir' en una disciplina olímpica. Tres meses. Tres citas. Tres sillas vacías en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo. Mientras el ciudadano medio se juega el cuello para no llegar tarde al trabajo y evitar que el jefe le monte un número, el Ejecutivo español ha decidido que dar explicaciones sobre el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta de julio pasado es una actividad opcional, casi un hobby. El miércoles pasado fue el colofón. La sesión, que debía desgranar la gestión migratoria en la ciudad autónoma, terminó en un bostezo administrativo cuando llegó la notificación de que nadie vendría. Ni Marlaska, ni Elma Saiz —que además de portavoz es la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones—, ni Ángel Víctor Torres. Un 'triple combo' de ausencias que deja al Parlamento Europeo como quien organiza una fiesta de cumpleaños y descubre que los invitados han bloqueado su número de teléfono. La cronología del desplante es casi poética: empezó el 6 de agosto con el primer plantón de Marlaska y Saiz, siguió con una espantada en octubre y ha culminado ahora. El PP Europeo ya ha empezado a gritar en los pasillos de Bruselas, denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez trata la frontera de la UE con África como si fuera el patio trasero de su casa. Al final, gestionar el espacio Schengen parece ser, para algunos, una cuestión de saber cerrar la puerta y no contestar al timbre cuando el vecino viene a pedir cuentas.
Hay niveles de surrealismo que ya no se encuentran ni en las peores pesadillas de Dalí. El Congreso de los Diputados, ese templo donde se supone que se legisla con rigor, decidió celebrar el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura el pasado 31 de octubre con una puesta en escena que roza el delirio. La compañía ButacaZero montó 'Melón pelado', una obra de Esther Fernández Carrodeguas y Xavier Castiñeira que incluía, para darle ese toque 'delicado', una maleta con mujeres ahorcadas y la bandera de España al cuello. Un detalle estético que hace que cualquier cena familiar en Navidad parezca un jardín de infancia. Pero el plato fuerte llegó con la música. En un giro que dejaría perplejo a cualquier historiador, decidieron 'apropiarse' del Cara al Sol, el himno de Falange, para convertirlo en una canción sobre el rapado forzado. El resultado fue una oda al absurdo: 'Cara al sol con el melón pelado como la bola de un billar'. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo su cuenta corriente se desangra, en la primera fila del Congreso, Francina Armengol, Ana Redondo y Simancas se sumaron al coro, cantando al unísono y con entusiasmo, primero despacio y luego con fuerza, como quien ensaya para un musical de barrio. Todo esto para recordar a las 39 mujeres rapadas en Fuendejalón y a la alcaldesa fusilada María Domínguez. La intención era noble, pero la ejecución fue un espectáculo de variedades. Al final, la compañía admitió que el cierre original no encajaba con la música y lo cambiaron por un 'no vamos a callar' más contundente. Menos mal, porque con el ritmo de la canción, lo único que no callaba era la risa nerviosa de quien ve cómo la solemnidad institucional se va por el sumidero.
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