Crítica:
El texto original es una transcripción de tensión, pero omite cualquier dato sobre el número total de personas involucradas. Es un duelo de narrativas donde la falta de cifras reales es la verdadera protagonista.
El corte de Jordi Wild a Sánchez por Ceuta: «La tragedia fue tener una ciudad en una situación pésima»
Sánchez y Wild: el 'ojímetro' fronterizo
Otros artículos
Feijóo al IMV: Trabaja o llega a cero
Alberto Núñez Feijóo ha decidido que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) deje de ser una red de seguridad para convertirse en un embudo. En una charla con Jordi Wild en 'The Wild Project' este viernes 13 de noviembre, el líder del PP ha soltado la bomba: quien rechace trabajar verá cómo su ayuda se desvanece, bajando peldaño a peldaño hasta llegar al cero absoluto. Es la política del 'trabaja o pasa hambre', empaquetada con la elegancia de quien cree que el mercado laboral es un buffet libre donde siempre hay un plato disponible para todos. Feijóo ha lanzado una cifra que suena a leyenda urbana pero que usa como mazo: asegura que de los dos millones y medio de beneficiarios, medio millón son inmigrantes que no han trabajado ni una sola hora el último año. Lo fascinante es que, al preguntarle de dónde saca el dato, el silencio fue el protagonista; una fuente invisible, probablemente un oráculo del partido. Esta visión no es nueva, ya estaba en el documento de inmigración de septiembre de 2025, pero ahora tiene dientes. No se trata solo de buscar empleo, sino de aceptar lo que haya, ajustado a la formación, bajo amenaza de quedar en la calle. Mientras tanto, el candidato juega al ajedrez con la 'prioridad nacional'. Dice que dar preferencia por nacionalidad es ilegal según Europa, así que propone el truco del empadronamiento para que el español tenga más papeletas en la vivienda oficial. Y sobre Vox, ha sido lapidario: su prioridad nacional no es un decreto, es echar a Sánchez. Entre el modelo Italia-Albania y la crítica a que la población extranjera haya saltado de seis millones en 2018 a diez hoy, Feijóo resume su filosofía en una frase que corta como un cuchillo: 'Lo irregular no puede producir derechos'. Básicamente, si no tienes el sello correcto, el Estado es un muro de hormigón.
Sánchez y Wild: el tren del zasca
Hay una danza muy curiosa en la política española: el paso del 'todo va genial' al 'sí, es verdad que es un desastre, pero yo he puesto dinero'. Pedro Sánchez aterrizó en The Wild Project el 13 de noviembre de 2026 con el manual del superviviente bajo el brazo. Jordi Wild, que no tiene el hábito de asentir por cortesía, decidió abrir el melón de la red ferroviaria, esa que para el usuario medio es una lotería donde el premio es llegar a tiempo. Cuando Wild puso sobre la mesa los siniestros y el agujero de responsabilidad política tras el accidente de Adamuz, Sánchez activó el modo defensa. El Presidente intentó vender que el sistema es seguro, aunque el servicio sea, en la práctica, un deporte de riesgo para el que tiene que fichar en la oficina. La joya de la corona fue el dato: Sánchez presume de haber multiplicado por 20 la inversión en la línea Madrid-Sevilla. Una cifra que suena a gloria en un PowerPoint, pero que en la calle se traduce en retrasos crónicos y una gestión que huele a rancio. La respuesta de Wild fue un jarro de agua fría: si con multiplicar por 20 seguimos así, quizá el cálculo debería haber sido por 40. Un zasca matemático que dejó al Ejecutivo en evidencia. Acorralado, Sánchez aplicó la maniobra clásica de cualquier administrador que no sabe dónde ha quedado el presupuesto: mirar al espejo retrovisor. Culpar a la infrainversión de la era de Mariano Rajoy es el comodín favorito de la Moncloa tras ocho años al mando. Es fascinante que, después de casi una década gobernando, el culpable siga siendo el vecino que se mudó hace años.
Alcalá: el 'centro temporal' que no cierra
Gestionar un ayuntamiento es, a veces, como intentar organizar una cena familiar donde el anfitrión decide traer a diez invitados extra sin avisar, mientras tú solo tienes una botella de vino y tres sillas. Eso es exactamente lo que le ha pasado a Judith Piquet en Alcalá de Henares. En un abrir y cerrar de ojos, concretamente en 13 días, el Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) ha pasado de albergar a 471 personas a 953. Un crecimiento del 102% que llega como un jarro de agua fría, justo después de que El Hierro se convirtiera en el epicentro de una crisis que el Gobierno central parece gestionar con la misma transparencia que un juego de cartas marcadas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones maneja los datos con una frialdad quirúrgica: para el 9 de noviembre, el acumulado de personas atendidas ya rozaba las 14.000. Pero mientras los números suben en los excels de Madrid, en la calle la sensación es la de un 'agujero de información'. La alcaldesa Piquet denuncia que el Ejecutivo juega al escondite con la comunicación, trasladando la carga a los municipios sin soltar un solo dato sobre quiénes son los nuevos residentes, su edad o sus antecedentes. Es la clásica maniobra de 'repartir la factura' pero dejar que el ayuntamiento pague el IVA. Lo más irónico es el concepto de 'temporalidad'. El centro lleva tres años funcionando en la ciudad; en términos de alquileres urbanos, eso ya sería un contrato indefinido con derecho a antigüedad. Piquet pide el cierre y una reunión urgente con Pilar Trinidad, la delegada del Gobierno en Madrid, porque resulta que saber quién duerme en tu ciudad no es un capricho, sino una cuestión de convivencia básica. El Gobierno central planea, el municipio improvisa y el CAED se llena.
UGT: 27 millones en nóminas públicas
Hay una danza muy curiosa entre el Palacio de la Moncloa y la UGT que ya huele a complicidad de manual. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no quede en números rojos antes del día diez, el sindicato se ha pegado un susto de muerte: el Tribunal Supremo les ha pasado factura por un agujero contable de 27,11 millones de euros. No es que se les haya olvidado pagar el IBI; es que el Supremo ha detectado que usaron subvenciones destinadas a formación para engrosar las nóminas de su propia gente. Básicamente, han usado el dinero público para pagar sus caprichos salariales, saltándose los mínimos del convenio. El calendario es, sencillamente, poético. El 5 de octubre, justo cuando Pedro Sánchez lanzaba la convocatoria electoral, el Supremo dictaba que debían devolver 18,31 millones. Como si fuera un combo de ofertas de supermercado, el 13 de octubre llegó el segundo golpe: otros 8,79 millones (6,6 millones de principal y 2,1 millones en intereses de demora). En total, una factura que haría temblar a cualquier PYME, pero que para la UGT Andalucía es el motor de una dependencia absoluta hacia el Gobierno. Lo irónico es que, mientras negociaban huelgas, la caja del sindicato estaba más seca que un desierto. Ahora, la UGT no solo necesita que Sánchez multiplique por tres sus subvenciones anuales para sobrevivir, sino que reza para que el Tribunal Constitucional, bajo la batuta de Conde-Pumpido, les salve el cuello. Es el círculo perfecto: el Gobierno paga, el sindicato calla y la justicia, aunque dicte sentencia, parece un ruido de fondo en una relación donde el dinero público es el pegamento que lo mantiene todo unido.
Ceuta: Menos botas y más caos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que en Ceuta ya todo es 'normalidad', aunque esa normalidad consista en dejar a la ciudad con un despliegue militar que parece más una guardia de museo que una operación de seguridad. Hemos pasado de tener 200 militares patrullando día y noche —dos compañías completas que hacían de muro— a una anémica sección de 25 efectivos que solo salen a pasear durante el día. Por las noches, el silencio es absoluto, salvo por el QRF que espera el incendio. Es como si, tras un incendio forestal, decidieran retirar todas las mangueras dejando solo un vaso de agua y un extintor caducado. Mientras tanto, la realidad en la calle no entiende de optimismo gubernamental. Quedan unos 15.000 invasores camuflados en infraviviendas y montes, en una ciudad de 83.000 habitantes donde el 90% de los ilegales juegan al escondite para evitar el triaje policial. El resultado es un sablazo en la seguridad: la delincuencia ha subido un 60% desde agosto y la Cámara de Comercio ya ha puesto precio al desastre: 74 millones de euros. Un agujero contable que no se llena con discursos. La hipocresía alcanza su pico cuando vemos que, el 31 de octubre, varias enfermeras del Hospital Universitario de Ceuta fueron agredidas justo donde antes había militares. Ahora, los efectivos de la ATME, hartos de combatir agresiones con porras y gas pimienta mientras piden auxilio al 112 para no ser linchados, han tenido que saltarse la cadena de mando y pedir audiencia al Rey. Porque cuando el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, te pide que mientas diciendo que todo va bien mientras te dan palos, lo único que queda es buscar el apoyo moral en la Corona.
Begoña Gómez: ¿Empoderada o solo 'señora de'?
Hay una línea muy fina entre el empoderamiento y el guion de una telenovela de tardes, y el PSOE acaba de cruzarla con un salto acrobático en Sevilla. Begoña Gómez subió al estrado para soltar la perla de que las mujeres ya no son «señoras de», mientras hacía exactamente eso: ejercer de «señora de» el presidente del Gobierno en un evento donde no tiene ni un cargo orgánico, ni una responsabilidad partidista, ni siquiera un carnet que justifique que no sea el anillo el que le abra la puerta del escenario. En la mesa de 'El Hormiguero', Cristina Pardo y Nuria Roca no han tenido el guante de seda habitual. Para ellas, la escena chirría más que una puerta sin aceite. Es la paradoja máxima: reivindicar que somos autoras de nuestra propia vida mientras el equipo de comunicación de Pedro Sánchez te vende un pack de «fuerza del amor» y bailes festivos para tapar que el partido no tiene referentes que quieran subir al escenario, con ausencias notables como José Luis Rodríguez Zapatero u Óscar Puente. La cosa se pone tierna cuando Sánchez, desde el atril, se deshace en elogios hacia su esposa, usando el afecto público como un escudo protector frente a las investigaciones por tráfico de influencias y malversación. Es marketing emocional puro: si hay amor, no puede haber delito. Juan del Val terminó de cerrar el círculo recordando que la emancipación femenina no fue un invento de la actual Moncloa, sino un proceso histórico que ya estaba resuelto mucho antes de que Sánchez llegara al poder. Al final, intentar colgarse la medalla de la libertad femenina mientras se usa el mitin como terapia de pareja resulta, cuanto menos, un ejercicio de gimnasia mental digno de premio.
Cuentos de hadas con presupuesto público
En el colegio público García Galdeano, en el barrio de la Chantrea, han decidido que la mejor forma de enseñar la realidad es convirtiéndola en un libro de colorear con final feliz. Bajo el paraguas del Gobierno de María Chivite y la gestión de Carlos Gimeno en el Departamento de Educación, los niños de Primaria se han encontrado con 'La historia de Aya'. Un relato donde cruzar la frontera hacia Ceuta en secreto no es un drama humano ni un riesgo mortal, sino una especie de excursión escolar improvisada con un ratón en la cabeza como accesorio y policías que parecen sacados de un anuncio de turismo amable. Para los padres, que son quienes pagan la fiesta con sus impuestos, el cuento es un ejercicio de gimnasia mental. Mientras que en la vida real la gestión de menores no acompañados supone un agujero contable de cientos de millones de euros para el erario público, el libro nos vende que el abandono parental es, en realidad, una gestión logística eficiente para alcanzar la 'magia y felicidad'. Es como intentar explicar la inflación diciendo que el ticket del supermercado es más largo porque ahora tenemos más espacio para leer. La paradoja es deliciosa: se normaliza que unos padres organicen el viaje clandestino de su hija sola, transformando el desamparo en una aventura optimista. Todo esto ocurre en un contexto donde Ceuta ha tenido que lidiar con la presión de casi 100.000 marroquís este verano. Al final, el sistema educativo navarro parece creer que la realidad se soluciona poniendo un filtro de Instagram a la inmigración irregular, omitiendo que, detrás de la 'magia', hay una maquinaria de precariedad y un coste público que no se borra con goma de borrar.
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