Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero falla al no cuestionar por qué se prioriza el ahorro económico sobre la seguridad democrática. Demasiado respetuoso con la respuesta de Exteriores.
El voto por correo en Argentina y otros 15 países para el 29-N no contempla ni recibo ni firma
Voto CERA: una lotería sin recibo
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Huelga general y cheques públicos: el pacto
Hay una ironía deliciosa en el calendario. El miércoles 11 de noviembre, mientras UGT y CCOO convocaban una huelga general para decir que las cosas van mal, el Gobierno, con una generosidad que roza el romanticismo, firmaba un decreto para soltarles 60.000 euros. Treinta mil para cada uno, sacados del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, como quien paga una cena de empresa para calmar los ánimos. El Consejo de Ministros lo masticó el martes 10 y el BOE lo escupió el jueves 12. Un timing perfecto. ¿En qué se gastarán este 'bonus' de gratitud? UGT se irá a África a hablar de 'trabajo decente' y CCOO se pondrá a reflexionar sobre la Agenda 2030 y la paz. Muy noble todo, especialmente cuando el dinero sale de la misma caja que paga el café de quien no puede llegar a fin de mes. Pero esto es solo el cambio suelto. Según el Instituto Juan de Mariana, entre 2022 y 2025, el grifo ha soltado 511,6 millones de euros: 297,1 millones para el entorno de UGT y 214,5 millones para CCOO. Solo en 2025, el sablazo fue de 106,1 millones. Pero el verdadero lujo no está en el cheque, sino en el ladrillo. Mientras el ciudadano medio pelea con una hipoteca que asfixia, los sindicatos disfrutan de una 'estancia gratuita' en el Estado. Hablamos de 305 locales para CCOO y 200 para UGT. El informe estima que esos 68 edificios completos valen unos 400 millones de euros; espacio que podría haberse convertido en 1.850 viviendas asequibles. Y para que el patrimonio esté reluciente, el Gobierno puso 98,23 millones del Plan de Recuperación para hacerlos más eficientes energéticamente. Es la gestión perfecta: te pago el alquiler, te reformo la casa y encima te doy una propina el día que sales a la calle a decir que el sistema no funciona.
Pasaportes UE: el bazar que terminó mal
Hay quien cree que el pasaporte de la Unión Europea es como una tarjeta de fidelidad de supermercado: si acumulas suficientes puntos o sueltas el fajo de billetes adecuado, te dan el premio gordo. Malta intentó jugar a este juego con su programa 'Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment'. Básicamente, montaron un bazar de nacionalidades donde el amor a la patria se tasaba según la inversión directa. Un negocio redondo, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la UE decidió, el 29 de abril de 2025, que vender la ciudadanía es como vender los muebles de la casa mientras todavía vives en ella: una absoluta falta de respeto al vecindario. La sentencia es un jarro de agua fría para los que confunden la soberanía con un catálogo de Amazon. El Tribunal fue claro: Malta dinamitó el artículo 20 del TFUE y el artículo 4, apartado 3, del TUE. En cristiano: se saltaron la norma de la ciudadanía común y el principio de cooperación leal. La Comisión Europea ya les había soltado el aviso el 1 de abril de 2020, advirtiendo que convertir el estatus de ciudadano en una mercancía era una explotación descarada de un logro colectivo. No es solo un papel; es el derecho a circular, votar y no ser discriminado, cosas que no deberían tener un precio de etiqueta. Ahora, este precedente ha servido de combustible para Juan Gallego, quien ha llevado la pelea a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Gallego no va solo; se apoya en la doctrina Malta y en la sentencia Micheletti de 1992 para poner bajo la lupa la ley de nietos en tramitación. El mensaje es sencillo: la nacionalidad puede ser competencia de cada Estado, pero no puede ser un producto de liquidación para quien tenga la cartera más gorda.
Revolución Francesa: el tenis que tumbó reyes
Hay lugares que huelen a aristocracia y otros que huelen a sudor y desesperación. La Salle du Jeu de Paume es, básicamente, el sótano donde la historia decidió que ya bastaba de juegos. Imaginen la escena: Versalles, mayo de 1789, un despliegue de pelucas empolvadas y un Luis XVI que intentaba gestionar una crisis económica que hoy llamaríamos 'un agujero contable sin fondo'. Mientras el Rey jugaba al ajedrez con el destino del país, los delegados del Tercer Estado —los que pagaban la fiesta pero no estaban invitados a la cena— se dieron cuenta de que el sistema estaba trucado. El 20 de junio, tras encontrar la puerta de su sala de reuniones cerrada con llave (el clásico 'vuelva usted mañana' institucional), el grupo no se fue a casa a llorar. Liderados por Jean Sylvain Bailly, se metieron en la cancha de tenis real. Sí, en un sitio diseñado para que la nobleza golpeara una pelota, decidieron golpear la mesa. Allí nació la Asamblea Nacional de Francia, jurando no disolverse hasta que el país tuviera una constitución. Fue el primer 'no' en toda regla, el momento en que el Tercer Estado dejó de pedir permiso para empezar a mandar. Lo irónico es que hoy, tras una renovación en 2022, el sitio es un museo. Podemos pasear entre bustos de revolucionarios y ver una raqueta de Jeu de Paume original, como quien mira el precio de un televisor en oferta, olvidando que allí se dinamitó el absolutismo. Incluso luce una recreación del cuadro de Jacques Louis David, el maestro de la propaganda que sabía vender una revolución mejor que cualquier agencia de marketing actual. Desde aquel 30 de junio de 1789, la Asamblea sigue existiendo, recordándonos que, a veces, para cambiar el mundo, solo hace falta que te cierren la puerta en la cara y tengas una cancha de tenis a mano.
Indulto a medida: el truco del Gobierno
Hay una coreografía muy depurada en los pasillos de la Moncloa que ya deberíamos conocer de memoria. El guion es sencillo: primero se comete el desliz, luego el Supremo pone la multa y, finalmente, llega el 'borrón y cuenta nueva' cuando el ruido electoral ha bajado de volumen. Pedro Sánchez ha decidido que el indulto a Álvaro García Ortiz no puede ser el plato principal de la campaña del 29 de noviembre; sería como intentar vender un coche averiado justo antes de la inspección técnica. Prefieren esperar a estar en funciones, ese limbo administrativo donde el Gobierno ya no tiene que rendir cuentas a nadie pero sigue teniendo el sello oficial para hacer magia con las sentencias. La historia es un despliegue de generosidad institucional. García Ortiz, el ex fiscal general que decidió que el secreto de sumario era una sugerencia opcional para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, se encontró con una condena en diciembre de 2025: dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y un sablazo de 39.009 euros en costas procesales. A eso sumamos 10.000 euros de indemnización por daños morales a Alberto González Amador. Básicamente, una factura que haría temblar a cualquier ciudadano que no tuviera amigos en el despacho presidencial. Pero aquí viene la letra pequeña. Mientras Félix Bolaños organiza consejos de ministros extraordinarios para cerrar temas urgentes, el indulto espera pacientemente en el cajón. Eso sí, hay un detalle que ni siquiera la ingeniería financiera de la Moncloa puede borrar: los 10.000 euros de indemnización civil. Según la Ley de Gracia, el perdón político no es un cheque en blanco que anule las deudas con el vecino. García Ortiz podrá recuperar su honorabilidad administrativa, pero la cartera sufrirá el pinchazo. El Supremo ya avisó en junio que no había 'utilidad pública' en este perdón, pero en el tablero del poder, la utilidad se mide en lealtades, no en sentencias.
Censo digital: empadronados en casas fantasma
España ha decidido que contar personas es cosa del pasado y que un algoritmo es más que suficiente. El Gobierno, bajo el mandato de Pedro Sánchez, implementó en 2021 un 'cambio de paradigma': sustituir las visitas reales a los hogares por un cruce de bases de datos administrativas. El resultado es una fantasía burocrática donde puedes estar empadronado en un solar vacío, en un pub o, sencillamente, en una casa que no existe. Es como intentar hacer la lista de la compra basándose en lo que crees que tienes en la nevera sin abrir la puerta: el papel dice que hay leche, pero la realidad es un desierto. La Policía Nacional y la Guardia Civil han destapado un agujero contable de identidades con más de 2.800 irregularidades. En Alcúdia, un funcionario vendía el 'derecho' a existir en viviendas inexistentes (430 casos). En Archena, el sablazo iba de 50 a 600 euros por documento. Pero el surrealismo alcanza su pico en Seseña, donde una sola vivienda albergaba a 91 personas; básicamente, un hotel invisible para el Estado. Mientras tanto, el INE presume de modernidad aunque detectara discrepancias en 8,3 millones de registros padronales. Lo verdaderamente inquietante es la hipocresía del sistema: el filtro estadístico para detectar anomalías electorales solo se aplica a municipios de menos de 2.000 electores. Así, ciudades como Gandía —donde el PP denunció que 1.386 inmuebles tenían concentraciones sospechosas— quedan en el limbo, fuera del radar. Mientras Alemania o Francia mantienen modelos mixtos, España se ha lanzado de cabeza a la digitalización ciega, olvidando que un dato repetido en tres bases de datos sigue siendo una mentira si nadie ha llamado al timbre para comprobar que el residente no es un fantasma o un contrato falsificado.
Loterías pierde 3.500 millones: el premio invisible
En España, jugar a la lotería es un acto de fe, pero confiar en que el Estado gestione los premios no cobrados parece un deporte de riesgo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, el Tribunal de Cuentas ha detectado un agujero contable de 3.539 millones de euros. No hablamos de un error de redondeo en la compra del pan, sino de una cifra astronómica que debería haber revertido al Tesoro y que ahora parece haberse evaporado en un limbo administrativo. La trama es deliciosa en su absurdo. SELAE, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, juega al despiste con una técnica digna de un examen suspendido: dicen que no entienden la pregunta. El Tribunal de Cuentas, en su informe 1703 aprobado el 29 de octubre, pide cuentas sobre los premios no repartidos, y la respuesta de Loterías es, básicamente, que 'no saben qué es eso'. Una genialidad semántica para evitar explicar dónde han aterrizado esos miles de millones entre 2023 y 2025. El aroma a hipocresía se intensifica al mirar el calendario. Estas anomalías coinciden con la etapa en la que María Jesús Montero, actual senadora por Andalucía, capitaneaba el Ministerio de Hacienda. Hay 520 operaciones de premios mayores con documentación incompleta que parecen haber decidido jugar al escondite. El Tribunal de Cuentas, harto de que SELAE ignore las solicitudes desde mayo del año pasado, ha dado un ultimátum el 11 de noviembre: diez días para explicar el destino del dinero o empezar a buscar responsables. Todo esto ocurre mientras la UCO registra el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal del PSOE y la Fiscalía Europea husmea en los fondos comunitarios. Es el ecosistema perfecto: un Estado que te pide el último céntimo en impuestos, pero que pierde la trazabilidad de 3.540 millones de euros porque 'el concepto no es concreto'.
Votos zombis y censos con agujeros
En este país somos expertos en el arte de ignorar el polvo bajo la alfombra hasta que la alfombra empieza a levitar. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en un alarde de honestidad tardía, ha admitido que el padrón municipal es básicamente un cementerio digital. Tienen miles de registros de personas que pasaron a mejor vida hace décadas, pero que administrativamente siguen tan vivas como el deseo de un político de no rendir cuentas. Para el INE, estos fallecidos son simples «residuos», una palabra preciosa para decir que su base de datos tiene el rigor de una lista de la compra escrita en una servilleta mojada. Mientras nosotros peleamos con el cajero automático para que no nos cobre comisión, el Estado gestiona un censo donde 5.228 supuestos centenarios fueron excluidos en 2021 solo porque no cobraban pensión ni pagaban impuestos. O sea, que si no hay dinero de por medio, el ciudadano deja de existir; pero si el registro es un 'residuo', se queda ahí, cómodamente instalado. Lo inquietante no es la estadística, sino la urna. A diecinueve días de las generales del 29 de noviembre, nadie aclara si estos fantasmas siguen en el censo electoral. En una elección ajustada, un puñado de votos de personas que llevan veinte años bajo tierra podría valer más que el programa electoral entero. Y la fiesta sigue con el CERA. 12.567 envíos electorales fueron devueltos en las europeas de 2024 con la etiqueta de «fallecido», con Argentina liderando el ranking de ausencias con 7.094 casos. Todo esto bajo la mirada de Elena Manzanera y una Oficina del Censo Electoral (OCE) que presume de «trazabilidad completa» mientras el Tribunal Supremo los pilla en un renuncio sobre los nacionalizados por la ley de nietos. Para rematar el cuadro, el Gobierno insiste en meter el MiDNI en las urnas, una herramienta que Europa no reconoce y que tiene más grietas de seguridad que una pared de adobe. En resumen: un censo con zombis y una identificación digital que parece un colador.
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