Crítica:
El texto original es un despliegue de inoperancia administrativa disfrazada de gestión. No explica quién aprobó la falta de inversión desde 2020, dejando el vacío legal en el aire.
El texto original es un despliegue de inoperancia administrativa disfrazada de gestión. No explica quién aprobó la falta de inversión desde 2020, dejando el vacío legal en el aire.
Hay silencios que gritan más que un estadio lleno, y el del Gobierno de Pedro Sánchez ante el último espectáculo en San Mamés es ensordecedor. Mientras 40.000 espectadores —dejando 13.229 asientos vacíos, quizás por falta de ganas de asistir a un mitin disfrazado de fútbol— veían cómo la selección vasca le ganaba 1-0 a Venezuela, la grada se convirtió en un karaoke del resentimiento. El hit del momento: «español el que no bote». Un ritmo pegadizo para algunos, una bofetada para otros, y un bostezo institucional para Moncloa. La escena era surrealista. Jugadores como Oihan Sancet, que en octubre de 2023 celebraba con lágrimas en los ojos marcarle a Escocia con la selección absoluta de España, ahora saltaban al son de una consigna que excluye precisamente a quienes le dieron el estrellato. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica. Mientras Kepa Arrizabalaga ponía cara de querer evaporarse y Jagoba Arrasate mantenía la compostura, el resto del grupo se sumaba al baile, entre pancartas de «Free Maduro» y sueños de oficialidad deportiva impulsados por PNV y EH Bildu. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien encuentra la gracia en el cinismo— es el contraste. Cuando en marzo, en Cornellá, unos iluminados cantaron «musulmán el que no bote» contra Egipto, el Gobierno reaccionó como si hubiera saltado una alarma nuclear. Sánchez, Milagros Tolón y Óscar Puente salieron en tromba a hablar de «fascismo» y «odio», con Albares llamando hasta al homólogo egipcio para pedir perdón en nombre de la tolerancia. Pero claro, cuando el «odio» viene empaquetado con los apoyos necesarios para sobrevivir al 29-N, la tolerancia se vuelve selectiva. El silencio de Tolón hoy es la moneda de cambio política de mañana. Al final, parece que en España no es lo mismo botar que botar, dependiendo de quién sea el socio que te sostiene la silla.
En el tablero del Estado, hay piezas que brillan y otras que son simples adornos. La AITAT, esa entidad que suena a agencia espacial pero que en realidad es el 'departamento de los accidentes', es el ejemplo perfecto de cómo montar un escaparate sin tener mercancía en el almacén. Para investigar los descarriles de Adamuz —donde ya han pasado diez meses— y el de Urda, que cumple un mes, el Gobierno ha desplegado un ejército formidable: tres investigadores. Tres. Es como intentar limpiar un estadio después de un concierto de rock con una escoba vieja y un cubo agujereado. La comedia alcanza su clímax con la baja por paternidad de uno de ellos. Ahora el equipo ha quedado reducido a dos, obligando a que los consejeros, que tienen rango de director general y probablemente prefieran el aire acondicionado de su despacho, se bajen al barro y hagan las preguntas. Lo más gracioso es que, en teoría, está prohibido que los vocales hagan ese trabajo. Pero bueno, cuando el barco se hunde, cualquiera que sepa nadar es capitán. Mientras el ministro provisional de Transportes, Carlos Cuerpo, juega al 'limpiador' despidiendo a los presidentes de Adif y Renfe para marcar territorio, la AITAT sigue siendo un cascarón vacío. Se supone que es independiente, pero el Ministerio paga las nóminas y pone los despachos; una independencia tan real como la de un adolescente que dice ser libre pero sigue viviendo en casa de sus padres y usando su tarjeta. La CIAF murió en julio para dar paso a este nuevo modelo que, a día de hoy, no ha terminado ni una sola investigación. Si ocurre otro accidente, el sistema no solo fallará, explotará. Porque contratar a alguien nuevo no es como comprar un café: requiere entre tres y seis meses de formación. En resumen, tenemos un organismo de seguridad que funciona con la inercia de un funcionario un viernes a las dos de la tarde.
Hay una diferencia abismal entre el 'relato' de despacho y la realidad del barro. Mientras Pedro Sánchez disfrutaba de unas vacaciones dignas de catálogo en el Palacio de la Mareta con Begoña Gómez, Ceuta se convertía en el escenario de una 'guerra híbrida'. El Gobierno nos vendió la moto de una 'crisis migratoria', una etiqueta cómoda que suena a problema administrativo, pero los papeles no mienten. En los archivos del Ministerio de Defensa, bajo la firma del Teniente General José Antonio Agüero Martínez, no se habla de flujos migratorios, sino de 'despliegue de unidades y orden de batalla'. Traducción para el ciudadano de a pie: estábamos a un paso del choque frontal mientras el presidente alababa a Mohamed VI como si fuera el vecino más servicial del barrio. La hipocresía es el combustible de Moncloa. José Manuel Albares presume de llamadas telefónicas y coordinación con Rabat, pero en los documentos del 15 de septiembre, Carmen Magariños admite que no hay ni un solo papel que acredite esas conversaciones. Es como decir que has hecho la compra pero llegar a casa con la nevera vacía y sin ticket. Mientras tanto, la jueza María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, sospechando que alguien en la cima decidió mirar hacia otro lado mientras buques de guerra marroquíes paseaban por aguas españolas. Para rematar la jugada, el despliegue de medios para las expulsiones es una broma de mal gusto: diez funcionarios. Diez. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua mientras el ministro Ángel Víctor Torres se esconde tras el secreto oficial. El Gobierno ha jugado al escondite con la soberanía nacional, usando la Ley 9/1968 como manta para tapar que, mientras ellos hablaban de 'socio fiable', los militares estaban en posición de combate hasta el 21 de octubre.
Hay un arte casi místico en la política española: el 'efecto estreno'. Carlos Cuerpo ha aterrizado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles con la energía de quien acaba de descubrir que las cosas se pueden solucionar si uno simplemente se pone a ello. En una entrevista en COPE con Herrera, el ministro lanzó un dardo con precisión quirúrgica a su antecesor, Óscar Puente, presumiendo de haber resuelto en apenas semana y media demandas sobre tiempos de trabajo y alertas meteorológicas que llevaban años cogiendo polvo en los cajones oficiales. Es la clásica narrativa del salvador: mientras el anterior gestionaba la inercia, el nuevo hace magia con el calendario. Pero la realidad es que el calendario sigue sangrando. Este martes, 17 de noviembre, los trenes vuelven a jugar al escondite con una nueva huelga, ya que los servicios mínimos han tenido que ser asumidos por Transportes ante la incapacidad de llegar a un acuerdo. Cuerpo intenta vender un 'contexto de confianza', aunque la confianza en el ferrocarril español está más rota que un asiento de tren regional en hora punta. Tras los accidentes mortales de Urda y Adamuz, el Gobierno ha decidido que la solución es crear un comité de expertos ferroviarios este lunes, importando técnicos del sector aeronáutico y extranjeros para que nos digan dónde hemos metido la pata. Para rematar la jugada y calmar los ánimos, el Ejecutivo saca la cartera: 19.000 millones de euros blindados para mantenimiento e inversión en los próximos cinco años. Es una cifra astronómica, el equivalente a comprarse medio país, pero necesaria cuando el sistema ha demostrado que la seguridad no puede depender de la buena voluntad. El plan es un 'choque a corto plazo' y un pacto de Estado a medio plazo, esperando que el dinero y los expertos extranjeros logren que viajar en tren deje de sentirse como una apuesta arriesgada.
En el tablero del poder, cuando el aire huele a juzgado, la primera reacción no es buscar la verdad, sino limpiar la alfombra para que el dueño de casa no se resbale. Carlos Cuerpo, que aterrizó en el Ministerio de Transportes el 4 de noviembre tras la salida de Óscar Puente, ha recibido un 'mapa de minas' entregado por sus propios funcionarios. No es una lista de méritos, sino un catálogo de nueve altos cargos que podrían terminar citados por el juez, ya sea como testigos o como imputados. Es la clásica maniobra de 'cortar el lastre' antes de que el barco empiece a hundirse. El menú de crisis se divide en dos platos indigestos. Primero, la tragedia de Urda, donde 69 personas perdieron la vida mientras alguien en la Sala de Control de Atocha decidía que el sistema LZB era suficiente, ignorando la marcha a la vista de 40 km/h. Aquí el riesgo salpica a figuras como José Antonio Santano Clavijo, Álvaro Fernández Heredia (ya cesado la semana pasada), Carlos María Juárez Colera y Ángel García de la Bandera. Básicamente, los responsables de que los trenes no se conviertan en chatarra retorcida. Luego tenemos el plato fuerte de la Audiencia Nacional: 537,2 millones de euros en obras públicas que el juez Ismael Moreno sospecha que fueron repartidas como caramelos en un cumpleaños. Hablamos de una ingeniería financiera que incluye a Guillermo Llopis Serrano, Manuel Martínez Cepeda, Concepción Casillas Martín, Elena González Gómez y Belén Villar Sánchez. Entre amaños de licitaciones y el posible uso fraudulento de fondos europeos para el sistema ERTMS, el Gobierno prefiere hacer una limpieza de primavera anticipada. Ya han caído Luis Pedro Marco de la Peña y Encarna Sandonis. El mensaje es claro: si el juez te señala, para el Ministerio ya eras invisible.
La gestión de fronteras en España ha alcanzado ese nivel de surrealismo donde el Estado no solo pierde el control del mapa, sino también el de sus contraseñas. Mientras Canarias se convierte en el muelle de descarga de una avalancha de 9.000 inmigrantes en apenas quince días, a alguien se le ocurrió dejar la puerta digital abierta. El 4 de noviembre, un ransomware del grupo Booba Team decidió que era el momento perfecto para secuestrar los sistemas críticos de Salvamento Marítimo. Imaginen la escena: el récord histórico de 1.580 desembarcos en un solo día y, de repente, el SIGO, el SIMAN y el Navision pasan a ser pisapapeles digitales. Es como si, en medio de una inundación en tu casa, descubrieras que la llave de paso está rota y que el seguro no cubre el desastre. Desde el Gobierno nos venden que las operaciones de rescate siguen en pie, pero que el cerebro informático de la institución esté en coma inducido por una extorsión cibernética es, como poco, una broma de mal gusto. La hipocresía es el plato fuerte. Moncloa reacciona con la velocidad de una tortuga con artritis, declarando la emergencia migratoria tarde y enviando un único buque de refuerzo a El Hierro, mientras el contribuyente canario paga la fiesta con un esfuerzo fiscal histórico. Mientras Marruecos juega al ajedrez geopolítico usando la ruta atlántica como moneda de cambio, nuestro Estado se limita a poner parches en un barco que hace aguas por todas partes. No es un fallo técnico; es una insolvencia operativa. Hemos pasado de la soberanía territorial a la vulnerabilidad absoluta, donde un grupo de hackers tiene más control sobre la red de salvamento que los propios responsables de la seguridad nacional.
Hay quien confunde la gestión pública con el reparto de un botín en una película de atracos. Ada Colau y su Frente Amplio han decidido que el límite de la decencia patrimonial son 10 millones de euros. Si heredas un euro más, el Estado se queda con el 100%. Así de sencillo. No es un impuesto, es un muro; una especie de 'techo de cristal' financiero donde, si te pasas, la administración te hace un recorte quirúrgico al bolsillo. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: mientras nosotros peleamos con el ticket del supermercado, el plan es que fortunas como los 125.000 millones de Amancio Ortega o los 9.800 millones de Juan Roig pasen por una trituradora fiscal. El esquema es agresivo: un 75% de tajo para lo que esté entre los 5 y los 10 millones, y el embargo total a partir de ahí. Para decorar el escaparate y que no parezca un asalto a mano armada, ofrecen una migaja: rebajar tipos para herencias menores a 120.000 euros. Es como si te quitan la casa pero te regalan un cupón de descuento para el cine. La narrativa es la de siempre: combatir la desigualdad. Dicen que hay 33 personas con más de 1.000 millones y 400 con más de 100 millones, y que con ese dinero duplicarían el presupuesto de vivienda. Muy noble sobre el papel, pero olvidan mencionar que el dinero ya ha pagado IRPF, IVA y Sociedades. Es la doble imposición elevada a categoría de arte. El Instituto Juan de Mariana y el Instituto de la Empresa Familiar ya avisan: esto no es recaudar, es confiscar. Entre el artículo 31 de la Constitución y la fuga masiva de capitales hacia donde no les miren con hambre, la propuesta parece más un deseo romántico de utopía que un plan económico viable.
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