Crítica:
El texto original es una sucesión de cifras fría que oculta la conveniencia temporal del aumento. No cuestiona la utilidad de esos nuevos puestos justo antes de una cita electoral.
El texto original es una sucesión de cifras fría que oculta la conveniencia temporal del aumento. No cuestiona la utilidad de esos nuevos puestos justo antes de una cita electoral.
Mientras el ciudadano medio juega a la ruleta rusa con la fecha de su próxima cita con el especialista, el Ministerio de Sanidad ha decidido que lo más urgente es gastarse casi un millón de euros en marketing. Exactamente 891.435 euros. Para que nos entendamos: es como si el Estado decidiera comprarse un coche de lujo mientras el resto de la familia no tiene para el autobús, pero con la particularidad de que el coche es para avisar a quienes no tienen papeles de que pueden entrar en la consulta. Mónica García ha desplegado una estrategia de 'Universalidad en el Sistema Nacional de Salud' que huele a despacho climatizado. Primero, se han gastado 146.435 euros en la producción de unas piezas donde unos extranjeros charlan en un bar. Lo curioso es que, de ocho ofertas presentadas, el Ministerio eligió la más cara, ignorando una propuesta que era 32.021 euros más barata. Porque claro, la 'calidad técnica' tiene un precio que el contribuyente siempre paga con gusto. Pero el verdadero sablazo llega con la difusión. 745.000 euros se fueron a Iki Media Solutions, SL, el 7 de septiembre, para que el mensaje llegue a todos los rincones. Es una inversión donde el 84% del presupuesto se va en comprar espacios publicitarios, mientras las listas de espera del SNS parecen el libro de los récords de Guinness. El Real Decreto 180/2026 ya decía que tenían derecho a la salud, pero parece que el Gobierno temía que no se enteraran sin un despliegue publicitario digno de una marca de refrescos. Al final, tenemos un sistema sanitario que no tiene tiempo para curar, pero sí presupuesto para anunciar que todos son bienvenidos al cuello de botella.
Hay que tener un talento especial para que se te pase la vida y no te acuerdes de redactar las instrucciones de uso de una ley. El Gobierno acaba de confesar, con la naturalidad de quien admite que ha dejado un tupper olvidado en la nevera desde el año pasado, que han tardado casi 20 años en aprobar el reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Sí, hablamos de la Ley 40/2006, aprobada el 14 de diciembre bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras el mundo pasaba del Nokia al iPhone y nosotros sobrevivíamos a tres crisis económicas, la administración española operaba en modo 'espera'. Durante dos décadas, el Ejecutivo se conformó con poner parches. Lanzaron el Real Decreto 8/2008 para las necesidades básicas, el 230/2008 para el Consejo General y el 1960/2009 para los Consejos de Residentes. Una especie de ingeniería financiera de la burocracia: en lugar de construir la casa, fueron poniendo ladrillos sueltos por el jardín. Lo más delirante es que la política de retorno, el Título II de la ley, era un desierto absoluto; no tenía desarrollo reglamentario alguno. Básicamente, si querías volver a España, te deseábamos suerte y que el viento soplara a favor. El Real Decreto 954/2026 llega ahora, con 105 artículos, cuando la realidad ya los había adelantado por la derecha. Según el INE, la población española fuera pasó de 1.471.691 personas en 2009 a 3.202.002 en 2026. El número de emigrantes se ha duplicado, pero la maquinaria del Estado se mueve a la velocidad de un caracol con reumatismo. Ahora prometen asesoramiento laboral, homologación de títulos y protección contra la violencia de género para las españolas en el exterior. Genial, pero llegan veinte años tarde. En la calle, eso no es eficiencia, es una siesta administrativa de proporciones épicas.
Hay una ironía deliciosa, casi coreografiada, en volver a presentar el mismo menú cuando el cliente ya se ha intoxicado con el primer plato. Ada Colau regresa al ruedo electoral el 29 de noviembre con el Frente Amplio, prometiendo expropiaciones y límites a los grandes tenedores, como si el calendario hubiera borrado sus ocho años al mando de Barcelona. La realidad, esa que no se maquilla en los mítines, es que entre junio de 2015 y junio de 2023, el acceso a un techo en la capital catalana se convirtió en un deporte de riesgo financiero. Mientras la narrativa oficial hablaba de combatir la especulación, la vivienda de segunda mano se encareció un 45,5%. Para que el ciudadano medio lo entienda: el metro cuadrado saltó de 2.933,7 euros a 4.267,7 euros. Un sablazo de 1.334 euros por cada metro que, básicamente, es el precio de la buena voluntad política. Pero el verdadero drama ocurrió en el alquiler. Aquí la cifra no es un dato, es un puñetazo: la renta media de los nuevos contratos subió un 54,6%, pasando de 734,94 euros a 1.136,40 euros mensuales. Un incremento de 401 euros al mes que, en la economía de cualquier familia, significa elegir entre comer salmón o pagar la luz. La joya de la corona fue la reserva obligatoria del 30% de vivienda protegida de diciembre de 2018. Una medida con nombre de utopía que terminó siendo el repelente perfecto para la inversión. El resultado fue un desierto constructivo: en 2022, los proyectos visados cayeron un 48% respecto al año anterior, con solo 1.454 proyectos. Intentaron forzar la mano del mercado y el mercado, que no entiende de banderas pero sí de rentabilidades, simplemente apagó la luz y se fue a otros municipios.
Gestionar la seguridad ferroviaria en España parece, a veces, como intentar arreglar una caldera de los años 70 con cinta americana y esperanza. El Gobierno nos vendió que el sistema LZB era seguro, pero la letra pequeña de los informes recuperados de ADIF —esos que convenientemente 'desaparecieron' de la web hasta que alguien empezó a preguntar— cuenta otra historia. En Urda, el choque mortal entre el AVE 02080 y el Iryo 6076 no ocurrió en un vacío técnico, sino en un cementerio de obsolescencia. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, ADIF mantenía 396 kilómetros de vía con la versión L72 del LZB, una reliquia que Alemania mandó a la basura ya en 2012 porque ni siquiera había repuestos. Es como conducir hoy un coche cuyos frenos ya no se fabrican desde la crisis del 2008. Según el plan de construcción, el sistema ERTMS debía estar operativo en Urda a finales de 2024. Pero el calendario se convirtió en una sugerencia: el accidente ocurrió en octubre de 2026 y el sistema seguía 'en pruebas'. La ingeniería financiera es fascinante. El contrato con Thales, por 77,5 millones de euros financiados con fondos Next Generation, ahora tiene la lupa de la Fiscalía Europea y la UCO de la Guardia Civil por un posible fraude. Es el clásico cuento: el dinero europeo llega rápido, pero la seguridad llega tarde o no llega. Si la licitación de febrero de 2020 no hubiera sido anulada por el TACRC, el ERTMS podría haber estado listo en 2023. Tres años antes de la tragedia. Al final, la diferencia entre un viaje tranquilo y un desastre con 69 víctimas parece haber sido un papeleo mal hecho y una gestión que prefiere borrar archivos antes que admitir que Urda era una bomba de relojería tecnológica.
En la política municipal, la memoria es un músculo que se atrofia convenientemente según sople el viento. En Esteríbar, el guion es de manual: primero te ponen la dieta a dieta y luego te sirven el banquete. Retrocedamos al verano de 2023. Guillermo Larrayoz Otazu acababa de aterrizar en la alcaldía el 17 de junio, gracias a un pacto con Independientes de Esteríbar y Alternativa Esteríbar. Parecía un matrimonio de conveniencia estable, hasta que llegó el 28 de junio y tocaron el tema del dinero. Larrayoz pidió 32.042 euros brutos anuales. Una cifra que, para quien maneja presupuestos públicos, es casi calderilla, pero que a EH Bildu e Independientes de Esteríbar les pareció un exceso. Se aliaron con la precisión de un reloj suizo para fulminar la propuesta por 6 votos contra 4. No se conformaron con el 'no'; fueron más allá y lo obligaron a bajarse el sueldo hasta los 29.397 euros. Básicamente, le recortaron la cartera mientras le recordaban que la austeridad es una virtud, especialmente cuando la aplica otro. Fast-forward al presente. Matilde Añón, que en aquel entonces fue una de las arquitectas del recorte, ahora luce la banda de alcaldesa. Y aquí la aritmética se vuelve creativa. Añón se ha blindado un sueldo de 47.160,98 euros brutos. Estamos hablando de un incremento del 60,43 % respecto a lo que cobraba Larrayoz. Un sablazo de 17.763,98 euros extra al año que, curiosamente, ha sido bendecido por el mismo bloque de Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar. Como si el chiste no tuviera ya suficiente gracia, el acuerdo del 29 de septiembre de 2026 podría ser papel mojado. Un vecino, que probablemente sabe leer un calendario mejor que el secretario municipal, ha recurrido al Tribunal Administrativo de Navarra. ¿El motivo? Convocaron el pleno con apenas 19 horas y 18 minutos de antelación, saltándose los dos días legales. Una prisa sospechosa por cobrar más que parece sacada de una comedia de enredos.
En el pequeño tablero de Esteríbar, la aritmética del poder tiene una lógica muy particular: lo que para unos es un 'exceso', para otros es un 'merecido'. Resulta fascinante observar cómo la austeridad es una asignatura que algunos políticos aprueban solo cuando el cheque no lleva su nombre. Retrocedamos al 5 de agosto de 2023. En aquel entonces, EH Bildu e Independientes de Esteríbar se pusieron la capa de los ahorradores. Vieron que para Guillermo Larrayoz se proponían 35.241 euros y, con una sensibilidad social ejemplar, decidieron que era demasiado. Le recortaron la propuesta en un 16,58 %, dejándolo en 29.397 euros. Un sablazo de 5.844 euros en nombre del rigor presupuestario, aprobado con ocho votos a favor. Pero el viento cambió y la cartera también. El 29 de septiembre de 2026, la nueva alcaldesa, Matilde Añón, ha aterrizado en el despacho con una tarifa muy distinta. Los mismos socios de siempre —Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar— han decidido que la austeridad ya no es tendencia. Han aprobado que la primera edil cobre 47.160,98 euros brutos anuales. Un incremento del 60,43 % respecto a su antecesor. En plata: un extra de 17.763,98 euros que, comparado con el recorte anterior, parece una broma de mal gusto. Como si el monto no fuera suficiente, el proceso ha sido un ejercicio de velocidad olímpica. La alcaldesa firmó la convocatoria el 28 de septiembre a las 14:12 y el pleno se celebró el 29 a las 9:30. Diecinueve horas y dieciocho minutos. Un despliegue de eficiencia que ignora los dos días hábiles que marca la Ley Foral 6/1990. Ahora, un vecino ha llevado el asunto al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), esperando que la ley sea más rígida que la memoria salarial de los concejales.
Hay niveles de surrealismo que ya no se encuentran ni en el fondo de un bote de gomitas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que la mejor estrategia para evitar el escrutinio político es refugiarse en el sofá de 'La Séptima'. Mientras el Rey Felipe se queda esperando en la banca y la Selección española navega sin su apoyo, Sánchez se ha dedicado a jugar al 'chulazo' con Alba Carrillo y Marta Márquez. El resultado no ha sido una entrevista, sino una sesión de terapia de pareja televisada donde la gestión del Estado ha pasado a ser un ruido de fondo, como el de una nevera vieja. La dinámica fue tan ligera que parecía que estaban discutiendo el menú de un brunch y no el rumbo de España. Entre elogios y risas, el presidente se dedicó a detallar su romance con Begoña Gómez, rescatando la anécdota de la pedida de matrimonio en un restaurante chino, como si estuviéramos en un programa de tardes de domingo. Pero aquí llega el giro que te deja frío: la capacidad de hacer una pirueta mental digna de un gimnasta olímpico. Sánchez logró conectar la Dana, la pandemia y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda con la fortaleza de su matrimonio. Sí, han leído bien. Mientras el país contaba los daños, el presidente explicaba que esas tragedias lo habían unido más a su mujer gracias a la meditación y al deporte. Es como intentar venderte un seguro de vida mientras tu casa se quema, diciéndote que el fuego es ideal para hacer barbacoas en familia. El clímax llegó cuando Alba Carrillo, en un despliegue de sinceridad que rozaba el delirio, confesó que el mandatario la tenía 'narcotizada'. Un resumen perfecto de la velada: un hipnotismo mutuo donde el poder se disfraza de cercanía y la responsabilidad se diluye en piropos. Una oportunidad de oro para preguntar que terminó siendo un desfile de vanidades.
Comentarios