El otro coladero: los hijos de 373.616 nacionalizados con Zapatero sin probar el exilio también podrán vota...

Hijos de 'falsos exiliados' votan, padres no

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un sello oficial gigante de pasaporte español cayendo sobre un mapa mundi, pero el sello está roto y deja pasar figuras humanas transparentes. Al fondo, una urna electoral antigua con una grieta por donde se escapan papeles. Estilo editorial de periódico, colores sobrios con toques de rojo y amarillo, atmósfera de burocracia caótica.

La aritmética del poder tiene una lógica propia, una especie de gimnasia mental donde uno más uno a veces suma cero, dependiendo de quién sostenga la calculadora. El Tribunal Supremo acaba de ejecutar un malabarismo jurídico digno de un circo: ha decidido que los hijos de los nacionalizados pueden votar el próximo 29 de noviembre, aunque sus padres tengan el voto suspendido por no haber probado que sus ancestros fueron realmente exiliados.

Es como si te prohibieran entrar en un club por no tener invitación, pero dejaran pasar a tus hijos con alfombra roja y champagne. El agujero contable de la memoria es profundo. Empezamos con los 373.616 nacionalizados bajo la ley de Zapatero en 2007, donde bastaba con haber salido de España entre 1936 y 1955 para obtener el pasaporte, sin más papeleo que un suspiro.

Luego llegó la Ley de Nietos de 2022, que abrió la puerta a otros 189.678 hijos mayores de edad. El contraste es obsceno: el Gobierno solo pudo demostrar que 901 de los 163.355 nacionalizados habían justificado documentalmente su exilio. El resto es humo, una presunción de condición que se ha convertido en un CERA inflado desde La Habana (186.830), Buenos Aires (56.489), México (35.570) y Miami (20.459). ¿Por qué el Supremo permite este baile? Por la 'estabilidad electoral'.

Básicamente, que Vox e Iustitia Europa llegaron tarde al reparto de cartas y no hay tiempo de limpiar el censo. Así que, mientras los padres esperan que alguien valide sus papeles, los hijos acudirán a las urnas. El Gobierno, en un despliegue de cinismo institutional, celebra la decisión calificándola de freno a la ultraderecha.

Al final, la seguridad jurídica es el nombre elegante que le ponemos a no querer recoger el desastre que nosotros mismos hemos montado.

Crítica:

La noticia es un catálogo de cifras que marea, pero falla al no cuestionar la laxitud administrativa previa. Se centra en el conflicto judicial olvidando que el problema es el diseño original de la ley.

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