El Gobierno apretó a la empresa responsable de la seguridad en la línea de Urda para ahorrarse 1,8 millones

Seguridad ferroviaria: el regateo que costó vidas

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un primer plano de una mano con traje formal recortando con unas tijeras gigantes un cable de acero grueso que sostiene un tren de alta velocidad. El fondo es un tablero de contabilidad con números rojos y verdes. Estilo editorial de revista, colores contrastados, atmósfera de tensión y negligencia.

En el mundo real, cuando alguien te ofrece pintar la casa por la mitad de precio que el vecino, lo primero que haces es revisar si el pintor tiene escalera o si planea usar el presupuesto para irse de vacaciones. El Gobierno, operando con la misma lógica de 'ganga' de mercadillo, decidió que la seguridad de la línea Madrid-Sevilla podía optimizarse como quien recorta cupones en el supermercado.

A través de Adif, le apretaron las tuercas a la empresa Thales en 2022 para la detección de caída de objetos, logrando que la oferta bajara de 23,1 millones a 21,2 millones. Un 'ahorro' de 1,8 millones sobre la propuesta inicial que, vista desde la oficina, parece una victoria administrativa, pero que en la práctica es como comprar frenos de segunda mano para un Ferrari porque estaban en oferta. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un bisturí.

Thales ya había ganado en 2021 el contrato de señalización con una rebaja del 28,45% respecto a la licitación, un precio tan ridículamente bajo que el propio Adif pidió explicaciones, asustados por el olor a quemado. En ese paquete venía la sustitución del sistema LZB, una reliquia de los años 80 que debería haber sido jubilada hace tiempo.

El resultado de jugar al regateo con la seguridad ferroviaria llegó el 28 de octubre en Urda (Toledo): una tragedia con 69 muertos y un sistema LZB que falló mientras el nuevo ERTMS seguía en el limbo del 'está en curso'. Ahora, con fondos europeos financiando este juego de ahorro extremo, la Fiscalía Europea ha entrado en escena.

Porque resulta que ahorrar unos cuantos millones en la factura de seguridad puede salir muy caro cuando el Tribunal de Cuentas y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tienen que explicar por qué se priorizó el balance contable sobre la vida de los pasajeros.

Crítica:

La noticia es un mazazo directo a la gestión pública, aunque deja en el aire si Thales aceptó el precio bajo por incompetencia o por una estrategia de dumping agresiva. El contraste entre el 'ahorro' y las 69 muertes es el núcleo del escándalo.

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