La empresa de la pareja de Albares no desmiente el concurso de acreedores pese a la lluvia de millones de Illa y Sánchez

Openchip: Millones públicos y silencio sospechoso

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un microchip gigante hecho de billetes de euro que se está desmoronando como un castillo de naipes. Al fondo, sombras de figuras burocráticas en trajes elegantes observando el desastre con indiferencia. Estilo editorial de revista económica, colores fríos con contrastes en dorado y rojo, atmósfera de decadencia corporativa.

Hay negocios que empiezan con la humildad de un puesto de limonada y terminan como un agujero negro financiero. Openchip & Software Technologies nació en noviembre de 2021 con 3.000 euros, básicamente lo que cuesta un sofá decente y una cafetera. En 2022, con un solo empleado y pérdidas de 67.000 euros, la empresa era un fantasma tecnológico.

Pero en el mundo de los contactos, el currículum es secundario cuando el árbol genealógico es el correcto. De repente, en mayo de 2024, llueven 111 millones de euros de los Fondos Next Generation vía Ministerio de Hacienda. Un sablazo generoso que permitió fichar a Therese Jamaa, pareja del ministro José Manuel Albares, como vicepresidenta.

Un movimiento maestro: poner a alguien con pasado en Huawei en una empresa de microchips financiada con dinero público. La hipocresía es tan espesa que se puede cortar con cuchillo: mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, Openchip se convierte en el juguete favorito de Salvador Illa y Pedro Sánchez. La Generalidad no se quedó atrás y montó un triplete de subvenciones en 2026: 25 millones en créditos, 35 millones vía Avançsa y otros 25 en contraavales.

Un festín de 85 millones que convirtió a Illa en dueño del 5% de la compañía. Luego llegó la SEPI digital, que prometió otros 116 millones por el 39,99% de la empresa. Todo parecía un camino de rosas hasta que ACS y Florentino Pérez, que saben leer los balances mejor que nadie, dieron un paso atrás el 4 de noviembre por "falta de visibilidad". Cuando ACS huye, el Gobierno de Sánchez retira sus 116 millones y la fiesta se acaba.

La Generalitat, en pánico, inyecta otros 15 millones más para intentar pagar las facturas, pero el daño está hecho. Ahora, Openchip juega al silencio administrativo: preguntan si van al concurso de acreedores y responden con frases prefabricadas sobre la "soberanía digital".

Traducción: el barco hace agua y no encuentran quién compre el casco.

Crítica:

La noticia es un manual de cómo inflar una burbuja con dinero público, aunque brilla por la ausencia de explicaciones reales sobre por qué el Gobierno retiró la compra. Un festín de subvenciones que termina en un 'no comment' corporativo.

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