Crítica:
La noticia es un reporte fáctico basado en una denuncia, pero carece de la versión de Correos o del PSOE. Es un relato unilateral que espera la resolución de la JEC.
La noticia es un reporte fáctico basado en una denuncia, pero carece de la versión de Correos o del PSOE. Es un relato unilateral que espera la resolución de la JEC.
La Royal Navy ha decidido que jugar al Monopoly con barcos de acero ya no es suficiente y ha pasado a la era de los juguetes teledirigidos. En medio del Atlántico Norte, durante los ejercicios Neptune Reach B y Heavy Lift Challenge 3, el HMS Queen Elizabeth —un coloso de 65.000 toneladas que gasta más en combustible que un barrio entero en calefacción— ha servido de pista de lanzamiento para cuatro drones Nyan. No se equivoquen: no son esos aparatitos que compras en Amazon para grabar el jardín; son municiones merodeadoras diseñadas por Callen-Lenz, una filial de BAE Systems, cuyo único objetivo es ir hacia un sitio y no volver jamás. Un billete de ida sin retorno. Lo curioso es que, mientras otros países gastan fortunas en catapultas integradas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, los británicos han optado por el ingenio del 'bricolaje' industrial: una catapulta neumática montada directamente sobre la cubierta. Básicamente, han puesto un lanzador exprés sobre el barco para no tener que reformar toda la estructura, demostrando que cualquier barco con espacio suficiente puede convertirse en un nido de avispas robóticas. En este despliegue de fuerza, los Nyan no volaron solos; fueron guiados por un TEKEVER AR5, un dron de vigilancia que hace de 'ojos' para que los pequeños kamikazes no se pierdan por el camino. Todo este despliegue busca blindar el hueco GIUK (Groenlandia, Islandia y Reino Unido), asegurando que los F-35B Lightning II no tengan que hacer todo el trabajo sucio. Según el Lieutenant Commander David Burton, esto es el futuro de la 'Armada híbrida'. En lenguaje llano: quieren que el riesgo lo corra el software y el silicio, mientras los pilotos miran desde la distancia cómo el presupuesto público se evapora en misiones de un solo sentido.
Hay que tener el cuero muy duro para vender el panóptico y luego quejarse de que el horno quema. Alex Karp, el CEO de Palantir —una empresa que se puso el nombre de la bola de cristal espía del Señor de los Anillos, porque la sutileza no es lo suyo—, ha decidido jugar a ser el protector de nuestra privacidad. En una charla con Walter Isaacson en el podcast 'The Builders', Karp soltó una perla digna de marco: dice que poner un impuesto a las grandes fortunas es peligroso porque obligaría al Estado a vigilarnos a todos. Según su lógica, para saber cuánto pagar debe un millonario, el fisco tendría que saber hasta cuánto vale el banco de madera de su casa en Nueva Orleans. Un drama existencial que, curiosamente, no afecta al que cuenta céntimos para llegar a fin de mes, pero que a él le quita el sueño. El argumento es brillante: 'No me cobréis más porque, para hacerlo, tendréis que usar la IA para rastrear cada activo, y eso es vigilancia masiva'. Lo cómico es que Palantir ya es la infraestructura de esa vigilancia. Mientras Karp finge horror, su empresa suministra herramientas a ICE para deportaciones masivas y software de puntería militar que, según reportes, estuvo implicado en el bombardeo de una escuela primaria en Irán. Es el equivalente a que el dueño de una fábrica de micrófonos ocultos te advierta que el Gobierno podría escucharte. El año pasado, Palantir publicó que 'no es una empresa de datos', sino que solo hace software para 'gestionar datos'. Traducción para mortales: no te espío, solo te organizo la privacidad para que otros te espíen mejor. Karp dice estar dispuesto a pagar más, siempre y cuando no 'destruya la tecnología estadounidense'. Claro, porque no hay nada que destruya más la innovación que soltar unos cuantos millones para que el Estado no sea un agujero contable.
Hay una elegancia casi poética en cómo el lenguaje político intenta disfrazar un agujero contable. Irene Montero, candidata de Podemos para el 29 de noviembre, ha decidido que la mejor forma de enfrentar la investigación de la Fiscalía Europea es recurriendo a la nostalgia tecnológica. Según Montero, en una entrevista con Carlos Franganillo en Telecinco el 18 de noviembre de 2026, las víctimas de violencia cargaban con 'zapatófonos' de 2013. Sí, básicamente ladrillos con batería agotada que hacían que llevar un dispositivo de protección fuera como cargar con un electrodoméstico antiguo en el bolso. La narrativa es sencilla: para salvar a las mujeres de la obsolescencia programada, hacía falta 'nueva tecnología' y dispositivos multiagresor. Porque, claro, llevar cinco aparatos distintos para cinco agresores diferentes no era precisamente una solución ergonómica. El problema es que esa actualización tecnológica ha venido acompañada de un presunto fraude y sobrecostes en el contrato de las pulseras antimaltrato adjudicado durante su gestión en el Ministerio de Igualdad. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pánico, el Ministerio decidió que la modernización justificaba cualquier cifra. Montero se lava las manos con una maniobra clásica: 'lo que haya pasado después de que nos echaran del Gobierno lo sé por la prensa'. Una jugada maestra de deslinde temporal. Lo más irónico es que defiende que Europa felicitó la creación de centros de crisis con fondos europeos, mientras que ahora es precisamente la Fiscalía Europea la que quiere echar un vistazo a las facturas. Al final, pasamos de los zapatófonos a las pulseras de lujo, pero el lenguaje de la justificación sigue siendo el mismo de hace veinte años: era necesario por el bien común.
En el mundo real, cuando quieres comprar un coche, comparas precios y buscas la mejor oferta. En el Ministerio de Defensa, parece que el coche ya tiene dueño antes siquiera de que se publique el anuncio en el periódico. La Intervención General del Estado (IGAE) ha soltado una bomba que suena a chiste de mal gusto: en licitaciones que suman la astronómica cifra de 6.000 millones de euros, el proceso de selección ha tenido la transparencia de un muro de hormigón. No es que hayan sido rápidos; es que fueron precognitivos. El caso más sangrante es el de los sistemas contra drones y simuladores. El pliego se licitó el 8 de agosto de 2024, pero Indra y Escribano ya presumían en notas de prensa el 7 de junio de que se unirían para ganar. Es como si alguien anunciara que ha ganado la lotería dos meses antes de que se compre el boleto. Un despliegue de 'optimismo' que la IGAE traduce como una irregularidad grave. El contrato en cuestión, un sablazo de 36.584.574,91 euros, es apenas el cambio suelto de una maquinaria donde el Gobierno de Sánchez ha repartido préstamos al 0% y contratos millonarios. La hipocresía alcanza niveles artísticos cuando recordamos que el primer contrato llegó apenas siete días después de que Pedro Sánchez visitara la empresa Hersill SL junto a los hermanos Escribano en plena pandemia. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el Estado ha gestionado 6.000 millones con una laxitud pasmosa, amparándose en la 'seguridad del Estado' para evitar que alguien mire debajo de la alfombra. Al final, la única empresa que hizo preguntas fue Amber, y lo hizo fuera de plazo. Probablemente porque no tenían el teléfono directo del despacho adecuado.
Hay una coreografía muy estudiada en la política madrileña: el discurso se graba en el púlpito de la Asamblea, pero la salud se gestiona con tarjeta de crédito. Emilio Delgado, el número dos del Frente Amplio y diputado de Más Madrid, ha protagonizado un 'desliz' geográfico digno de un GPS averiado. Mientras en sus redes sociales se llena la boca hablando contra los que 'privatizan tu salud', el destino lo llevó, junto a su pareja, a las urgencias de un centro de HM Hospitales en Móstoles. Lo curioso no es buscar atención médica, sino el despliegue de kilometraje: tenía el Hospital Universitario de Móstoles a escasos 1,5 kilómetros y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos a 2,9. Básicamente, pasó por delante de la sanidad pública para ir a pagar el peaje de la privada. Cuando la imagen salió a la luz vía La Razón, el contraste fue brutal. Delgado es el mismo que acusa a Isabel Díaz Ayuso de vender Madrid al lobby inmobiliario y sanitario. Eso sí, el diputado tiene una salida elegante para el sablazo en la factura: dice que no hay que 'abroncar' al ciudadano que recurre a lo privado porque se siente coaccionado. Una lógica impecable: yo denuncio la privatización mientras disfruto de la rapidez del servicio privado para no hacer la cola que yo mismo digo que es injusta. Ayuso, que no deja pasar un gol aunque sea en tiempo de descuento, ha respondido con el sarcasmo habitual calificando este acto de 'liderazgo y valentía'. Delgado, lejos de esconderse, ha respondido invitándola al pleno para explicarle el asunto. Al final, la política es como un menú degustación: te venden la austeridad pública en el plato principal, pero se piden el postre premium en el establecimiento de al lado.
Hay una clase de optimismo que solo se cultiva en los despachos con aire acondicionado, lejos del olor a purín y la angustia de una plaga. El Frente Amplio de Ada Colau ha decidido que el campo español debe ser un jardín zen: quieren que el 25% de la superficie agraria útil sea ecológica para 2030 y que, para 2050, el 100% de la agricultura y ganadería siga este camino. Suena precioso en un folleto satinado, pero en la realidad es como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento. Hablemos de números, que son los que no mienten mientras los políticos lo hacen. Según el Ministerio de Agricultura en 2024, tenemos 2,94 millones de hectáreas ecológicas, un 12,31%. Para llegar al objetivo de 2030, habría que duplicar esa cifra en cuatro años. ¿Cómo? Pues prohibiendo fitosanitarios y fertilizantes químicos. Para combatir el pulgón, el agricultor ya no usaría la opción de laboratorio —barata y eficaz— sino piretrinas de crisantemo. Es como cambiar un coche moderno por una carroza: más romántico, pero llegas más tarde y te cuestan más las ruedas. El problema es que la revista Agricultural Systems ya avisaba en 2023 que la producción ecológica rinde un 20% menos que la convencional. A eso súmale que el Frente Amplio quiere reservar un 10% del espacio para la biodiversidad. La cuenta es sencilla: menos comida, más costes y un sablazo directo en el ticket del supermercado. Mientras tanto, la Unión Europea firma tratados con Mercosur, India o Australia. Obligar al campo español a ser 'bio' por decreto mientras el resto del mundo compite con eficiencia es, básicamente, invitarlos a cerrar la persiana y jubilarse antes de tiempo.
Hay una forma de hacer la compra donde el ticket te llega a casa, pero tú nunca has pisado el supermercado. Pues bien, parece que en Ferraz han aplicado una lógica similar con la cartera de sus simpatizantes. La UCO de la Guardia Civil ha aterrizado en el Tribunal de Cuentas de Madrid para hurgar en los papeles de una pieza secreta dirigida por el juez Ismael Moreno. El quid de la cuestión es fascinante: sospechan que el PSOE pudo haber gestionado una contabilidad paralela entre 2017 y 2024, usando a donantes que, básicamente, no tenían ni idea de que estaban 'financiando' el partido. Es el arte del 'pitufeo' llevado a la alta política. En lugar de un solo sablazo que levantara sospechas en Hacienda, prefieren trocear el dinero en pequeñas migajas, asignando donaciones ficticias a nombres de su base de datos. Es como si alguien usara tu nombre para pedir un crédito rápido y tú te enteraras solo cuando llega la auditoría. Mientras el Tribunal de Cuentas se limitaba a hacer un chequeo formal —mirar que el DNI y el nombre coincidieran, como quien revisa que un carné de identidad no esté caducado—, la Guardia Civil ahora quiere saber si ese dinero tiene un origen lícito o si es pura ingeniería financiera para blanquear fondos. La Fiscalía Anticorrupción ya apunta a entregas de afiliados sin declarar, pero el giro maestro es la posible imputación de cantidades a personas que jamás sacaron la cartera. Ahora toca cruzar los dossieres de Ferraz con la realidad. Porque una cosa es que el papel diga que el señor Pérez donó cien euros y otra muy distinta es que el señor Pérez esté ahora mismo rascándose la cabeza preguntándose quién es el genio que lo convirtió en mecenas involuntario del socialismo.
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