Crítica:
La noticia se pierde en un laberinto de nombres y cargos que confunden al lector. El contraste entre la sospecha judicial y la realidad de la mudanza es el único punto fuerte, pero tarda demasiado en llegar.
La noticia se pierde en un laberinto de nombres y cargos que confunden al lector. El contraste entre la sospecha judicial y la realidad de la mudanza es el único punto fuerte, pero tarda demasiado en llegar.
Hay una lógica perversa en la gestión pública: si algo funciona, cámbialo por algo más barato y reza para que no pase nada. El Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Irene Montero, decidió aplicar esta máxima al sistema de pulseras telemáticas para maltratadores. La jugada era sencilla, casi de mercadillo: pasar de un modelo de 'pago por uso' (que costaba unos 79,7 millones de euros) a una compra directa de 9.550 dispositivos por 44,5 millones. Un ahorro de unos 35 millones de euros que, en el papel, parece una gestión brillante, pero que en la calle se traduce en una ruleta rusa para las víctimas. El resultado es desolador. Mientras el Gobierno celebraba el recorte en la factura, el Tribunal de Cuentas detectaba que el sistema era, sencillamente, deficiente. Hablamos de baterías que mueren antes de tiempo, errores de geolocalización que permiten que el agresor y la víctima se crucen sin que salte la alarma y dispositivos que los maltratadores rompen como si fueran juguetes chinos. Lo más surrealista es que la Fiscalía General del Estado ya alertaba de una avalancha de absoluciones judiciales porque las pruebas telemáticas eran un coladero de fallos. Para colmo, el trasvase de datos entre la empresa antigua y la nueva tuvo una nota mediocre de 3,6, un suspenso rotundo que borró registros críticos de quebrantamientos de alejamiento. ¿El motivo del cambio? Además del ahorro, parece que el origen israelí de los componentes antiguos no encajaba en la agenda ideológica. Al final, la Fiscalía Europea y la UCO de la Guardia Civil ahora rastrean un posible fraude con fondos comunitarios. En resumen: se ahorraron el dinero de unos cuantos alquileres de lujo en Madrid, pero dejaron la seguridad de las mujeres en manos de un hardware que no da la talla.
Badajoz ha dejado de ser una ciudad para convertirse en el patio de recreo de sicarios con moto y agendas políticas sospechosas. Este miércoles, a las 11:00 horas, la calle Nicolás López de Velasco se transformó en una escena de película de serie B: un encapuchado, tres disparos y un hombre de 69 años muerto en el acto mientras su mujer recibía un balazo en la mano. El motivo es la definición perfecta de tragedia absurda: el hijo, un tal Daniel G. M., tenía cuentas pendientes con el clan de Los Rochos. Básicamente, el chico cometió el error de jugar al póker con quien no tiene piedad y sus padres terminaron pagando la factura con la vida. Lo verdaderamente fascinante, si es que podemos llamar así a este lodazal, es que Los Rochos no son solo matones de barrio que se reparten la Plaza de El Pirulo. Resulta que este clan, que ahora libra una guerra de clanes donde llevan la delantera 'dos a uno' contra el grupo de El Cristo, ha estado en el radar de la llamada 'cloaca del PSOE'. No es que hayan compartido un café, es que el ex juez condenado Luis Sáenz de Tejada, brazo ejecutor de Leire Díez, tenía los contactos servidos en bandeja para intentar desestabilizar la causa del hermano de Pedro Sánchez. En las agendas de Díez, los nombres aparecen con la sutileza de un martillo: 'La Celsa', 'Heroína', 'Gitano'. Mientras la juez Beatriz Biedma denunciaba estos vínculos con el narcotráfico en la Audiencia Nacional, el clan decidía que no era buen momento para cantar. Al final, la realidad es que mientras unos mueven los hilos desde despachos con aire acondicionado, en la calle la moneda de cambio es el plomo y la seguridad ciudadana es un concepto que solo existe en los folletos turísticos de Extremadura.
La diplomacia entre Madrid y Rabat funciona exactamente como un grupo de WhatsApp donde uno escribe párrafos infinitos y el otro deja el visto. En Ceuta, la realidad es un incendio que no se apaga con buenas palabras. Tenemos a 3.767 menores repartidos en 23 centros, una cifra que hace que la capacidad ordinaria de acogida parezca un chiste malo: estamos multiplicando por 130 el espacio disponible. Es como intentar meter a toda una grada de estadio en un ascensor y esperar que nadie se queje del aire. Mientras tanto, según las ONG, hay otros 500 jóvenes durmiendo a la intemperie, porque el sistema ha dicho basta. La Policía Nacional ha hecho los deberes, casi con caligrafía de colegio. Han montado 170 expedientes detallados, localizaron a las familias en Marruecos y obtuvieron el permiso para que los chavales vuelvan a casa. Todo listo. Papeles sellados. Pero Rabat ha decidido aplicar la ley del silencio. No hay respuesta, no hay voluntad, hay un vacío administrativo que huele a estrategia política. España propone y Marruecos ignora, convirtiendo el acuerdo bilateral en un papel mojado que solo sirve para limpiar el polvo de las oficinas. En la Moncloa, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. Sira Rego, la titular de Infancia, ya admite que los adolescentes «quieren quedarse» y que se quedarán porque la ley los protege. Básicamente, el Gobierno ha pasado de intentar devolverlos a aceptar que el hotel es gratis y permanente, planeando repartir la carga hacia otras comunidades autónomas para aliviar el cuello de botella ceutí. Mientras tanto, Juan Jesús Vivas mira el reloj y ve que de los 8.000 expedientes de expulsión de adultos, el contador de ejecuciones reales está prácticamente en cero, salvo que haya un juez y un delito de por medio. Un caos gestionado con la eficacia de un lunes por la mañana.
Hay una coreografía muy curiosa en la política española: el discurso oficial predica la tolerancia mientras que, en la primera fila de los mítines, el ambiente es el de una pelea de bar en hora punta. El caso de Eibar es la gota que colma el vaso. Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa, recibió el martes 17 de noviembre una 'bendición' muy particular: «No me extraña que te pasen cosas, chaval». Una frase que, traducida al lenguaje de la calle, no es una opinión política, es un guiño a que los golpes son el precio justo por caminar por el barrio equivocado. Lo fascinante no es el insulto, sino el perfil del autor. No es un okupa cualquiera; es un jubilado que tiene el pase VIP emocional en los actos de Pedro Sánchez. THE OBJECTIVE ha confirmado que este señor es un habitual de los mítines socialistas desde al menos 2015, situándose en esas zonas reservadas para los 'veteranos' donde el aire es más puro y la cercanía al líder es un trofeo. Es el típico perfil que, mientras el presidente habla de convivencia, él se encarga de recordarle al rival que la violencia es 'normal' si no te gusta el código postal. El escenario no podía ser más cargado: la plaza de Unzaga, a 150 metros de donde el destino se volvió oscuro para Miguel Ángel Blanco en 1997. Alberto Núñez Feijóo tuvo que cambiar su agenda para hacer de escudo humano tras el sablazo de piedras, huevos y petardos que Echeverría sufrió el sábado 14 de noviembre en Hernani. Mientras el Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska gestionan papeles, la Ertzaintza ha soltado la bomba: no pueden garantizar la seguridad de todos los actos. Básicamente, el Estado te dice que puedes hacer campaña, pero que si te cae un huevo en la cabeza, es parte del folclore local.
Gestionar el voto de los españoles en el extranjero es, según la cúpula de Correos, un trámite que puede hacerse con la precisión de un lanzamiento de moneda al aire. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, la empresa pública decidió ignorar dos informes técnicos (julio y octubre de 2022) que eran, básicamente, un manual de instrucciones para no hacer el ridículo. Tras eliminar el voto rogado, el volumen de envíos saltó a los 2,26 millones de electores en las generales de 2023; un crecimiento del 1.000% que la dirección recibió con la calma de quien espera que el correo llegue por arte de magia. La ironía es deliciosa: los propios trabajadores propusieron cambiar la carta certificada —que en países como EE. UU. o Alemania tiene la prioridad de un folleto de publicidad— por el servicio EMS, la paquetería prémium. Pero no, prefirieron mantener el sistema manual, creando cuellos de botella que harían desesperar a cualquiera en una cola del supermercado. Juan Manuel Serrano y Leire Díez, esta última la 'fontanera' del PSOE encargada de las Relaciones Institucionales, tuvieron sobre su mesa la receta para evitar extravíos: etiquetas armonizadas, protocolos ITMATT y el uso de herramientas como MINERVA o EGA para automatizar la clasificación. En lugar de eso, optaron por el 'estilo artesanal', ignorando que en provincias como Ourense el voto exterior pesa un 40,42% y en Lugo un 25,53%. El colmo de la ingeniería financiera llega con la mensajería. En lugar de licitar acuerdos con DHL o UPS para cubrir el 41,84% del censo concentrado en ocho países latinoamericanos (como México o Argentina), Correos Express subcontrata a FedEx pagando tarifas tres veces más caras. Un sablazo en las cuentas públicas para garantizar un servicio que, según los técnicos, sigue siendo una lotería.
Hay gente que espera meses por una cita médica o años por una pensión, pero David Sánchez tiene un reloj suizo en la mano y mucha prisa. El hermano del presidente del Gobierno ha decidido que un mes de espera es una eternidad insoportable. Desde el pasado 13 de octubre, su abogado, Emilio Cortés, mira el calendario con angustia porque la Audiencia Provincial de Badajoz no ha enviado los recursos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura. Es el típico caso de 'impulso procesal' que solo parece urgente cuando tienes una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación colgando del cuello como un collar de plomo. La trama es un clásico del urbanismo administrativo: un 'enchufe' en la Diputación de Badajoz para crear una plaza de coordinador de conservatorios que luego, en 2022, se transformó mágicamente en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. Un ascenso encubierto que huele a cerrado. Mientras tanto, Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación, se lleva la palma con 18 años de inhabilitación. Lo irónico es que Gallardo intenta convencer al juez de que en 2016 Pedro Sánchez era un 'valor amortizado' en el PSOE, casi una reliquia, y que nadie movería un dedo por alguien que acababa de dimitir como secretario general. Como si el poder fuera una acción de bolsa que sube y baja según la temporada. Entre que Vox y Hazte Oír piden más cárcel por tráfico de influencias y la Fiscalía quiere anular todo por 'meras sospechas', David Sánchez se escuda en que es músico y no un 'perito de leyes'. Es la defensa perfecta: 'yo solo toco el instrumento, no sé cómo se cocinan las plazas públicas'. Una narrativa conmovedora que intenta borrar el rastro de una ingeniería financiera y administrativa donde Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también juega su papel en este reparto de favores.
En el tablero político actual, parece que el perdón se reparte con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o intenta que la lista de la compra no parezca una hipoteca, en Moncloa y Vitoria el aire huele a 'flexibilidad'. Según los datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 247 etarras han logrado rascar beneficios penitenciarios desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del Estado. No es una cifra cualquiera; es un goteo constante que convierte la justicia en un menú degustación donde algunos repiten plato, como es el caso de Guridi. La ingeniería administrativa es fascinante. El traspaso de competencias a la Ejecutiva vasca, con el PSOE mirando hacia otro lado, ha servido para aceitar la maquinaria. El desglose es quirúrgico: 155 terceros grados, 62 libertades condicionales y casi 30 semilibertades gracias al artículo 100.2, ese comodín legal que ha beneficiado a perfiles como Anboto y Txeroki. Incluso Asier Eceiza, el hombre que acabó con la vida del concejal Juan Priede en 2002, intentó colarse en la lista, aunque la Fiscalía tuvo que intervenir para frenar el carro alegando que el 'perdón' era más un trámite que una convicción. Mientras tanto, la retórica política baila el tango. Oskar Matute, de EH Bildu, se atreve a decir que ETA era un 'estorbo' —como quien dice que un atasco en la M-30 es molesto—, pero se niega a usar la palabra 'terrorista'. Un malabarismo semántico digno de premio. Eso sí, el apoyo callejero ha bajado: Covite registra 129 actos de apoyo en el primer semestre, lejos del pico de 327 en 2022. Menos fiestas y pintadas, pero la herida sigue abierta y la sensación de impunidad, intacta.
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