Crítica:
La noticia es correcta pero demasiado deferente con los argumentos del Ministerio. No cuestiona la gravedad de que un sistema de protección de vida sea tratado como un 'software complejo' con errores aceptables.
La noticia es correcta pero demasiado deferente con los argumentos del Ministerio. No cuestiona la gravedad de que un sistema de protección de vida sea tratado como un 'software complejo' con errores aceptables.
En el Consulado General de España en Buenos Aires han decidido jugar al 'está prohibido, pero te lo acepto'. El Tribunal Supremo fue clarísimo: los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática bajo la interpretación del Anexo I no votan el 29 de noviembre. Punto. Pero el Gobierno, en un alarde de creatividad administrativa, ha ordenado instalar una segunda urna, una especie de 'caja de los deseos' donde depositar papeletas que, legalmente, tienen el mismo valor que un ticket de parking caducado. La arquitectura de este caos tiene nombre y apellido: Sofía Puente. Su instrucción de octubre de 2022 abrió el grifo de la nacionalidad permitiendo que hijos y nietos entraran al club sin necesidad de acreditar que sus ancestros fueron represaliados. El resultado es un surrealismo puro: 163.355 personas afectadas por la suspensión, de las cuales solo 901 pueden demostrar que sus abuelos fueron exiliados. Es como intentar entrar en una discoteca VIP con una invitación falsa; el portero (el Supremo) dice que no, pero el dueño del local (el Gobierno) te deja pasar siempre que pongas tu bebida en una mesa aparte. El colmo de la ingeniería financiera electoral es el caso de Felipe Salvador. El señor consiguió el pasaporte español basándose en un bisabuelo fallecido en 1889. Sí, han leído bien. El antepasado murió casi medio siglo antes de que estallara la Guerra Civil, pero en la burocracia actual, parece que la memoria democrática tiene un alcance temporal que desafía las leyes de la física. Mientras los funcionarios consulares sudan frío temiendo que las urnas se mezclen en un 'sablazo' accidental de votos inválidos, el Ejecutivo sigue insistiendo en que recoger sobres en una caja rotulada es 'cumplir estrictamente' la ley. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica.
Hay una paradoja deliciosa en la gestión de los presupuestos públicos: el Gobierno quiere que vivas en una casa digna, pero prefiere que llegues a ella en un autobús subvencionado, aunque la casa no exista. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que el alquiler no se coma el 60% de su sueldo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha soltado más de 1.550 millones de euros en ayudas directas al transporte público solo en 2025. Para que nos entendamos: es gastar tres veces más en que el bus pase a tiempo que en que el joven no tenga que vivir con sus padres hasta los cuarenta. La ingeniería financiera es fascinante. Desde que llegaron al poder hasta 2025, el Ejecutivo ha quemado 9.220 millones de euros en transporte, con la mirada puesta en alcanzar los 11.000 millones en 2026. En el otro lado de la balanza, la vivienda ha recibido 3.160 millones entre 2018 y 2025. Es como si en la lista de la compra del Estado, el billete de metro fuera caviar y el techo para dormir, una simple guarnición. El reparto es pura geografía del gasto. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid se llevó 126,89 millones, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona 149,30 millones y Valencia 40 millones. A esto sumamos 307,8 millones para Renfe y una lluvia de 51 millones para transporte urbano local. Incluso para los descuentos de abonos en el primer semestre de 2025, se movilizaron 319 millones. Mientras tanto, el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 preveía una media anual de 429 millones. Una cifra que, comparada con el despliegue del transporte, parece el cambio que sobra en la caja de un supermercado. Prometen 7.000 millones para el plan 2026-2030, pero la realidad es que hoy, el Gobierno prefiere financiar el viaje que el destino.
Pedro Sánchez ha lanzado su programa electoral para el 29-N y, sinceramente, parece escrito con un borrador de tinta invisible. El hombre que en el debate televisado soltó la palabra «público» 46 veces (y que en sus 114 páginas de programa la repite otras 211 veces sumando variantes) parece haber desarrollado una amnesia selectiva digna de un Oscar. Es la magia de Ferraz: predicar la 'res publica' mientras, según Feijóo, se tritura la clase media con la misma naturalidad con la que uno pasa la aspiradora un domingo por la mañana. El programa es un catálogo de 'olvidos' convenientemente diseñados. ¿Maricarmen? La anciana que sirvió de gasolina emocional para adelantar las elecciones ha desaparecido, igual que los 276.891 desahucios judiciales ocurridos entre 2018 y 2026. No hay rastro de los 'nietos' del exilio republicano usados para inflar el censo, ni de la traición al Sahara en 2022. Es como si el Gobierno hubiera decidido hacer limpieza de primavera en su memoria histórica justo antes de las urnas. En el apartado de vivienda, el sanchismo juega al bingo con las cifras. Prometieron 184.000 viviendas de alquiler social, pero el Ministerio de Vivienda ahora dice que hay 120.479 «movilizadas», que en lenguaje de calle significa: 'son de los ayuntamientos, nosotros solo hemos puesto el sello'. Mientras tanto, el Nuevo Campamento en Madrid es básicamente un vídeo de TikTok con una excavadora derribando un barracón; puro marketing para Instagram, cero ladrillos reales. Y luego están los lujos. El programa quiere gravar los jets privados del 0,1% más rico, pero omite que el propio Sánchez ha devorado 808.000 kilómetros en Falcon y Airbus desde 2020. Es la hipocresía elevada a categoría de Estado: pedirnos que reciclemos el yogur mientras la flota oficial escupe 55.507 toneladas de CO2. Un programa que promete seguridad ferroviaria con 19.000 millones para 2026-2030, pero que llega tarde para los 115 muertos de Adamuz y Urda. En fin, el arte de prometer el cielo mientras el suelo se hunde.
En el Consulado de España en Buenos Aires han descubierto la pólvora: si el Tribunal Supremo te prohíbe meter el voto en la urna, no pasa nada, que te pongamos una caja de cartón y hacemos como que es otra cosa. Es la ingeniería financiera aplicada a la democracia; un truco de magia digno de feria donde el 'no' judicial se convierte en un 'sí' con cinta adhesiva. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y siente que el presupuesto familiar es un colador, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha montado un sistema de recogida de papeletas que parece el depósito de reciclaje de un supermercado de barrio. El escenario es surrealista. Para los 'nietos' del Anexo III, hay urnas de metacrilato, elegantes y seguras. Pero para los del Anexo I —aquellos que no pudieron justificar que sus abuelos huyeron por motivos políticos entre 1936 y 1955—, la administración ha habilitado la 'Mesa LMD Autos TS'. Dos cajas de cartón, sin precinto y con la seguridad de un buzón abandonado, para recoger los sobres que el auto del Tribunal Supremo del 23 de octubre de 2026 ordenó mantener estrictamente aparte. En las primeras cuatro horas de este sábado, cerca de un millar de personas hicieron cola desde las 10 horas, participando en una coreografía donde la ley es una sugerencia y el cartón es la solución. La hipocresía es tan espesa que se puede cortar con cuchillo: Exteriores jura que cumple la ley, mientras los propios funcionarios consulares se llevan las manos a la cabeza al ver que han montado una mesa de votación paralela. Entre denuncias de desobediencia judicial y acusaciones de 'mafia' lanzadas por Santiago Abascal contra José Manuel Albares y Félix Bolaños, el voto de los nacionalizados flota en un limbo de cartón reciclado, esperando que alguien decida si el material del recipiente importa más que la orden del juez.
En el teatro de la transparencia administrativa, el Ministerio del Interior ha decidido jugar al ' encuentra las diferencias' con un corrector líquido industrial. Resulta que Fernando Grande-Marlaska decidió colgarle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, mediante el Real Decreto 1004/2020 el 10 de noviembre de aquel año. El problema no es el premio, sino que el expediente parece un manuscrito medieval lleno de tachones. Cuando THE OBJECTIVE pidió los papeles, Interior aplicó la técnica del 'no te cuento', ocultando las propuestas reales bajo la excusa de proteger datos personales, como quien esconde el ticket del supermercado para que no veas que se ha gastado el presupuesto en caviar. La jugada tiene un aroma particular. María Gámez, entonces directora general de la Guardia Civil, elevó la propuesta el 29 de septiembre de 2020, metiendo a Alonso en el mismo saco que a Juan José González Rivas. Se dice que el fiscal colaboró 'de manera sobresaliente' en temas de terrorismo, citando la operación Pardines de 2015 y los atentados de Cataluña de 2017. Todo muy noble, pero el timing es el que muerde. Jesús Alonso es ahora el hombre que ha relevado a José Perals en la investigación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, un caso donde el informe del Cenif sugería que Marruecos no estaba precisamente mirando hacia otro lado mientras la frontera ardía. Lo más surrealista es que Interior se niega a explicar por qué tardaron tanto en entregar la medalla. La respuesta administrativa es un 'no me obligues a pensar': dicen que el derecho a la información no les obliga a redactar explicaciones que no existen. En fin, que no hay dinero de por medio, pero hay un silencio ensordecedor que huele a conveniencia política.
A una semana de las elecciones generales, el Gobierno ha decidido jugar al 'pasa la bomba'. En un Consejo de Ministros que más que una reunión ejecutiva parecía una liquidación de stock de última hora, la vicepresidenta Aagesen ha desplegado un catálogo de gastos que harían temblar a cualquier ama de casa el día que llega la factura de la luz. Primero, nos han encajado una inversión de 17.142 millones de euros para la red eléctrica. Suena muy moderno, muy de 'centros de datos' y electrificación, pero la letra pequeña es la de siempre: el operador del sistema lo gestiona y el ciudadano lo paga en el peaje. Es como si tu vecino decidiera reformar el portal con mármol de Carrara justo antes de mudarse, sabiendo que la comunidad —es decir, nosotros— es quien tendrá que pagar la letra durante los próximos diez años. Pero el festín no termina ahí. Han abierto el grifo al Fondo Social del Clima para pillar 6.800 millones de euros europeos, aunque el 'peaje' es que España debe poner 2.200 millones de fondos propios. En total, un movimiento de 9.000 millones que deja al próximo Gobierno con las manos atadas y la cartera vacía. Como si alguien firmara un préstamo personal a nombre de quien herede la casa. Para rematar la faena, han regulado la sostenibilidad de los centros de datos, un movimiento que el sector ya tilda de lastre. Todo esto ocurre en un país que lleva años navegando sin Presupuestos Generales del Estado, gestionando la economía con el método de 'tirar de tarjeta' y esperar que el banco no llame. El ejecutivo saliente no está planificando el futuro; está firmando una hipoteca colosal y dejando las llaves puestas en la puerta para que el siguiente se lleve el susto.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras que para una mujer con cáncer de mama o endometriosis el sistema sanitario parece un laberinto de listas de espera infinitas, el Ministerio de Igualdad ha decidido que lo más urgente para el planeta es pagar 25.840,50 euros por un estudio que básicamente consiste en hacer dibujos y charlar. Así de sencillo. Bajo la dirección de Ana Redondo, el Instituto de las Mujeres ha financiado el proyecto 'Género, sustentabilidad y saberes rurales' en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) entre 2024 y 2025, priorizando los garabatos sobre la ciencia. El método, bautizado con el sofisticado nombre de 'multimetodología autobiográfica extendida', es en lenguaje de calle pedirle a la gente que dibuje círculos en un papel y haga fotos a la cafetera. Con esto, y algunas entrevistas sin guion, la investigadora Ana Cabana Iglesia y David García Romero han llegado a la conclusión de que el capitalismo y los hombres son los culpables de que el clima esté loco. Todo esto con una nota de 91,75 sobre 100, dejando fuera de la convocatoria de 725.000 euros a investigaciones reales sobre paradas cardiorrespiratorias o deterioro cognitivo. Porque claro, es más prioritario saber quién es el 'malo' del cuento que salvar vidas con biomédica. Lo mejor es el aterrizaje: quieren llevar esta 'guía' a los colegios e institutos para que los niños dibujen sus gustos personales y aprendan que la ciencia occidental es 'eurocéntrica'. Un despliegue de ingeniería financiera donde el Estado paga la fiesta, pero el Instituto de las Mujeres pone una letra pequeña en la portada diciendo que no se hace responsable de las opiniones del libro. Es el truco maestro: yo te pago el estudio para que digas lo que yo quiero, pero si alguien se queja, yo no he dicho nada.
Comentarios