La noticia es un catálogo de excusas institucionales que oculta la impotencia del Estado frente a la avaricia farmacéutica. El texto original es demasiado amable con la AEMPS, omitiendo que 'poco fiable' es un eufemismo para decir que el laboratorio les está tomando el pelo.
Hay una ironía deliciosa en ver que el 15M, aquel movimiento que nació gritando que 'no nos representan', haya terminado fabricando vicepresidentes que ahora piden movilizarse contra su propio espejo. El escenario es la Puerta del Sol, donde centenares de personas acampan esperando que Pedro Sánchez, en un arranque de generosidad temporal, apruebe este martes un real decreto sobre vivienda. Todo esto detonado el 23 de septiembre por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha logrado que el Ejecutivo diga que trabaja 'contra reloj'. Claro, porque después de ocho años en el sillón, parece que el reloj acaba de llegar a la oficina. Ana Rosa Quintana, con el bisturí afilado, ha recordado que mientras el ciudadano medio lucha por no terminar viviendo en un cajón, el Gobierno presume de una 'ausencia de competencias' casi mística. Para la presentadora, el balance es un agujero negro: 300.000 desahucios (con Cataluña llevando la delantera) y una promesa de construcción de viviendas que se quedó en el aire, muy lejos del millón de casas prometidas. Es la danza de la incompetencia: si hay un apagón, es culpa de las eléctricas; si hay una DANA, de la Generalitat; si hay caos en Ceuta, de Vivas. Un gobierno que no es responsable de nada, excepto de existir. Pero el plato fuerte llega con Yolanda Díaz. La vicepresidenta, en la 49ª Fiesta del PCE junto a CCOO y UGT, sugirió movilizarse contra el Gobierno de España. Ana Rosa ha traducido esto al lenguaje de la calle con una propuesta disruptiva: que Yolanda monte su tienda Quechua frente a su propia casa de 443 metros cuadrados en la Castellana. Porque no hay nada más vanguardista que protestar contra la precariedad desde un piso que tiene más espacio que algunos colegios públicos. Como dice la rubia: 'no hay pan para tanta chistorra'.
Imagínate despertar con un sofoco que podría derretir el asfalto de agosto y descubrir que tu tratamiento es ahora un objeto de coleccionista. Para unas 400.000 mujeres, la menopausia ha dejado de ser un proceso biológico para convertirse en una gincana urbana: recorrer diez farmacias buscando un bote que no existe. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) admite que el suministro de cuatro fármacos clave está más roto que una silla de plástico en un parque público. El caso de Lenzetto es la joya de la corona del despropósito. Un problema con el difusor desde marzo ha dejado a miles en el aire. La AEMPS dice que todo volverá a la normalidad en noviembre, pero luego suelta la bomba: la colaboración del laboratorio ha sido 'poco eficiente' y el plazo es 'poco fiable'. Traducción: nos están vendiendo la moto y probablemente no haya nada en noviembre. Mientras tanto, el efecto dominó hace estragos. Al no haber Lenzetto, todo el mundo saltó sobre los parches Evopad y Estradot, colapsando el stock. Para rematar la faena, Estradot ha decidido cerrar el chiringuito y dejar de comercializarse. Luego tenemos a Bijuva, que tras suspender la fabricación y el envasado durante meses, ahora sufre un 'embotellamiento' de pedidos que promete despejarse a finales de noviembre. ¿La solución del Ministerio de Sanidad? Llamar a los laboratorios para que financien alternativas como el gel Oestraclin, que sí hay stock, pero que los laboratorios han pasado de financiar. Básicamente, el Estado pide el favor y la industria responde que no le interesa el negocio si no hay margen suficiente. Al final, el ciudadano paga el pato y los sofocos, mientras Climodien desaparece del mapa mundial porque a la empresa le ha parecido una buena idea dejar de venderlo, confiando en que el 14% de cuota de mercado que deja vacío no sea un problema. Un despliegue de empatía corporativa digno de un premio.
Hay una magia casi mística en la salud de ciertos personajes públicos: una capacidad camaleónica para estar 'demasiado enfermo para el juez' pero 'perfectamente lúcido para el brindis'. Jordi Pujol, el patriarca que durante 30 años jugó al escondite con una fortuna en Andorra, ha descubierto que el Alzheimer es un traje a medida que se puede quitar y poner según la agenda. Tras eludir un proceso judicial que le reclamaba nueve años de cárcel por una ingeniería financiera familiar que haría palidecer a cualquier banquero suizo, el 'expresident' ha vuelto a la carga con una agenda más apretada que la de un candidato en campaña. La coreografía es perfecta. Primero, el blindaje médico: marcadores de Alzheimer y una memoria verbal en ruinas que lo exoneraron por incapacidad. Pero, ¡milagro! Apenas seis meses después, el nonagenario recupera la oratoria para dar lecciones de realismo político. Desde el Palau de la Generalitat en 2024 hasta el Palau de Pedralbes en 2025, Salvador Illa ha oficiado como el anfitrión de esta rehabilitación, recibiéndolo con la naturalidad de quien saluda a un vecino, ignorando que la causa contra sus siete hijos por blanqueo y asociación ilícita sigue esperando sentencia. El calendario de octubre es el colmo del surrealismo. El lunes 5, Pujol rendirá tributo a Lluís Prenafeta, su mano derecha de los 80 y condenado en el caso Pretoria. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación, el entorno convergente organiza mesas redondas con figuras como José Antich y Vicent Sanchis para pulir el legado del patriarca. Entre visitas a los Gegants de Convergència en Mataró y guiños en la Pedrera con Víctoria Asina, Pujol se pasea por una Cataluña que, aunque él admita que ya no lo incluye, sigue siendo su tablero de juego. Una rehabilitación sin rebozo donde la ética es un accesorio opcional.
El Manchester City ha jugado la lotería de la transparencia y le ha tocado el premio gordo: culpable en 114 de 115 cargos. Para quien no hable 'idioma despacho', esto significa que el club ha gestionado sus cuentas como quien esconde el ticket del restaurante para que no lo vea la pareja. No es un error de cálculo; es una arquitectura financiera diseñada para que el dinero fluyera desde Abu Dabi sin dejar rastro en el radar de la Premier League. Empecemos por Roberto Mancini. El técnico cobraba un salario base de 1,45 millones de libras, pero tenía un 'segundo contrato' paralelo de 1,75 millones anuales como consultor del Al Jazira. Básicamente, le pagaban por dedicar cuatro días al año a labores técnicas, una especie de 'vacaciones pagadas' que el City olvidó mencionar en los papeles oficiales. El dinero hacía un baile complejo: de la sociedad Italy International Services al Abu Dhabi United Group (ADUG) y finalmente al bolsillo del italiano. Una ingeniería financiera que haría sonrojar a cualquier gestor de fondos. Luego están los jugadores. Yaya Touré, por ejemplo, recibió pagos de 4 millones de euros y 4 millones de libras a través de DS Management Ltd y el ADUG. En el mundo real, eso es como si tu jefe te pagara el alquiler directamente al casero para no subirte el sueldo en la nómina y evitar impuestos. Y los patrocinios... ahí está el verdadero festín. Etisalat y Etihad Airways eran la fachada. Mientras el mundo veía contratos millonarios, la UEFA ya sospechaba que el ADUG ponía la pasta. En el caso de Etisalat, de 16,5 millones de libras, solo 1,5 eran reales; el resto era un 'regalo' del dueño disfrazado de publicidad. Para rematar, el City se comportó como un adolescente pillado en una mentira: 30 cargos por falta de colaboración entre 2018 y 2023. Se negaron a entregar papeles alegando confidencialidad, lo que ya les costó una multa de 10 millones de euros con la UEFA. Ahora, con las PSR y las normas financieras en contra, el City se enfrenta a un abismo que podría borrar sus títulos o, en el peor de los casos, mandarlos a jugar contra equipos que no saben ni dónde está el estadio Etihad.
Parece que el sistema eléctrico español tiene la estabilidad de un castillo de naipes en plena tormenta. Beatriz Corredor y Red Eléctrica han vuelto a pulsar el botón del pánico este lunes a las 21:16 horas, activando el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD). Para los que no hablamos 'idioma técnico', esto significa que le han pedido a la gran industria que apague las luces para que el resto no nos quedemos a oscuras. El resultado: 943 MW movilizados para compensar que el viento decidió no soplar. Lo verdaderamente delirante es el ritmo. Llevamos nueve activaciones en 2026. Nueve. Para que nos entendamos, es como si tu coche se quedara sin batería nueve veces en un año después de que en 2025 no fallara ni una sola vez y en 2024 solo fueran cuatro sustos. Siete de estos 'apagones controlados' han ocurrido desde mediados de julio. Estamos operando en el borde del precipicio. Y claro, el pánico tiene un precio, y es prohibitivo. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, Red Eléctrica ha pagado la energía activada este lunes a 196,91 euros por MWh, el récord histórico del mecanismo. Pero ojo, que el negocio es redondo para las empresas: además del sablazo por la energía, cobran 42,62 euros por MW asignado y hora solo por estar ahí, sentadas, esperando a que el sistema colapse. En total, se movilizó el 53% de la capacidad contratada para el segundo semestre (1.775 MW). Es una gestión de emergencia convertida en rutina. Hemos pasado de tener un sistema robusto a vivir pegados a un extintor que, cada vez que se usa, nos sale más caro que el incendio mismo.
En la Puerta del Sol, donde el aire huele a protesta y el asfalto sirve de colchón contra los desahucios, ha surgido una joya del surrealismo madrileño. Un cartel de cartón, de esos que parecen hechos con el último resto de dignidad de una caja de mudanzas, pedía 'aportaciones para inmigrantes en Ceuta' vía Bizum. Un gesto noble, diría cualquiera que no tenga el hábito de googlear un número de teléfono por puro deporte nacional. La trama da un giro de guion digno de Almodóvar cuando un internauta, movido por la curiosidad o el escepticismo, introduce el número en la red. El resultado no es una ONG ni una cuenta de ayuda humanitaria, sino un tarifario de servicios para adultos. Mientras en el cartel se implora caridad, en la web el teléfono ofrece encuentros que van desde los 120 euros por media hora hasta los 1.000 euros por una jornada de seis horas con desplazamiento incluido. Es un contraste fascinante: el hambre de Ceuta frente a un menú de lujo donde una salida cuesta más que el alquiler de medio piso en el barrio chino. La hipocresía se sirve fría. Mientras el Gobierno ha soltado 25 millones de euros en agosto para menores no acompañados en Ceuta, en Sol alguien decidió montar su propia recaudación sin sello fiscal ni transparencia. No sabemos si la mujer de la foto es la misma que la del anuncio, pero la coincidencia del número es un puñetazo de realidad. Al final, nos queda la duda de dónde acabaron esos Bizums: ¿en la frontera africana o en el fondo de un bolso de marca? En el mercado de la solidaridad improvisada, parece que el precio por hora es el único dato transparente.
Mientras el olivarero español cuenta los céntimos y mira el cielo esperando que la lluvia no sea un mito urbano, la industria del envasado ha decidido que es más rentable mirar hacia el sur. No es que falte aceite, es que sale más barato traerlo de fuera mientras el productor nacional se queda con las migajas. Estamos ante un ejercicio de equilibrismo financiero donde la hipocresía es el ingrediente principal. Los datos de DataComex son un puñetazo en la mesa: entre enero y julio de 2026, España importó 155.502,23 toneladas de aceite, un 32,38 % más que las 117.464,86 toneladas del mismo periodo de 2025. Pero aquí viene el truco. Mientras la producción nacional solo cayó un 9 % respecto a la campaña 2024/2025, las importaciones se dispararon como si no hubiera un mañana. Túnez y Marruecos han visto sus ventas a España subir un 141,91 %, pasando de 38.341,16 toneladas a unas brutales 92.751,55 toneladas. Túnez, el segundo productor mundial, ha casi duplicado su envío hasta las 70.099,21 toneladas. Y ojo al juego de sombras: el Onagri tunecino habla de 120.000 toneladas enviadas entre noviembre de 2025 y junio de 2026, mientras que en nuestros libros solo aparecen 79.654,35. Hay 40.345,65 toneladas que parecen haber hecho un truco de magia aduanera mediante el 'perfeccionamiento activo', ese limbo legal que permite esquivar aranceles transformando el producto. Por si fuera poco, Marruecos ha pasado de ser un invitado discreto con 396,74 toneladas en 2025 a plantar bandera con 22.652,34 toneladas en 2026. Un crecimiento del 5.608,13 % que deja al agricultor español como el tonto de la película, compitiendo contra normativas laborales y sanitarias que, digamos, no son precisamente las de la UE. Un sablazo en toda regla al campo nacional.
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