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Hay que tener una fe ciega en el mercado de segunda mano o una incapacidad matemática alarmante para dedicarse a la delincuencia profesional. En el polígono industrial de Buñol, un sujeto de 38 años decidió que la noche era el momento ideal para hacer 'inventario' ajeno. El resultado es una comedia de errores financieros: el individuo dejó un rastro de cristales rotos y daños valorados en 5.000 euros para llevarse un botín que apenas roza los 2.100 euros. Básicamente, el tipo gastó más en romper que en lo que pudo vender. Es como pagar una entrada de lujo para un concierto y que el artista solo cante una canción de tres minutos. Entre el 9 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, el polígono se convirtió en su patio de juegos. Su técnica era rudimentaria, casi artesanal: fracturar ventanillas y berharap que hubiera algo decente en el salpicadero. Al final, la Guardia Civil puso fin a su particular gestión de activos con una detención que llega tarde para los ocho propietarios afectados, pero justo a tiempo para evitar que el balance contable del delincuente siguiera en números rojos. La historia se repite con una puntualidad suiza. Ya en agosto de 2024, otro joven de 25 años hacía lo mismo en Oliva, usando piedras de gran tamaño para acceder a siete vehículos. Parece que hay una escuela de 'estética del cristal roto' en la provincia de Valencia donde el currículum incluye romperlo todo y llevarse calderilla. Mientras el ciudadano medio se piensa tres veces si puede permitirse cambiar un neumático, estos ingenieros del caos operan con una generosidad destructiva que deja a los seguros con la boca abierta y a las víctimas con un agujero en la ventanilla y el corazón encogido.
Hay una mística casi religiosa en el lenguaje político: esa capacidad de pedir sacrificios ajenos mientras se acomodan los cojines del propio sofá. Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, se ha puesto la capa de salvador social el pasado 29 de septiembre, soltando que la propiedad privada debe cumplir una 'función social'. Una frase preciosa, de esas que quedan muy bien en los comunicados oficiales, pero que suena a chiste de mal gusto cuando revisas el inventario de su despensa inmobiliaria. Según el documento registrado en el Senado el 24 de julio de 2026, el senador no se anda con chiquitas. Tiene cuatro viviendas: tres en Sevilla y una en Cádiz. Mientras la generación Z intenta alquilar un zulo compartiendo baño con tres desconocidos, Espadas ha ido coleccionando llaves desde 1993, cuando compró la primera en Sevilla, seguida de otra en 1997 en la misma ciudad y una tercera en Cádiz en 2010. La cuarta, una herencia de 2020 en Sevilla, llegó para cerrar el póker. Porque claro, la 'función social' es un concepto elástico que se estira según quién sostenga la escritura. Pero el lujo no se queda en los ladrillos. El senador se desplaza en un BMW 530 del año 2024, un coche que probablemente tiene más tecnología que el sistema de gestión de alquileres de media ciudad. Y para que no haya sustos en el retiro, ha blindado su futuro con casi 100.000 euros en planes de pensiones: 56.604 euros en un plan general, 34.959 euros en el Plan Universal de la Abogacía y otros 7.171 euros del propio Senado. En el balance final, solo queda una deuda hipotecaria por la casa de Cádiz (comprada por 260.000 euros), de la cual solo debe 23.459 euros. Es la aritmética del poder: predicar la redistribución desde la comodidad de un patrimonio diversificado y un coche de gama alta.
Resulta fascinante cómo pasamos de la geopolítica de alta intensidad a la realidad del barrio en un abrir y cerrar de ojos. Al principio, el guion parecía sacado de una serie de espías: ¿Será el Kremlin? ¿Habrá una operación de desestabilización rusa moviendo los hilos desde Moscú? Los Mossos d’Esquadra, tras analizar el caos del sábado en Barcelona, han cerrado el libro de las teorías conspirativas. No hay Putin, no hay agentes secretos, ni siquiera hay una agenda antisistema coordinada. Lo que hay es 'violencia por la violencia', o traducido al lenguaje de la calle: ganas de romper cosas y llevarse lo que brille sin pagar el ticket. El balance es un espejo de la improvisación: 130 detenidos, de los cuales más de la mitad son menores de edad. De esos 76 chavales, 70 ya están en casa, probablemente contando los botines mientras el sistema judicial hace malabares con la puerta giratoria. La demografía del desastre es clara: mayoría de origen extranjero, especialmente magrebí, y una ausencia sospechosa de antecedentes policiales. Básicamente, gente que no sabía que era ilegal entrar en una tienda sin pasar por caja. Lo más irónico es el envoltorio. Algunos perfiles independentistas sirvieron de altavoz, pero el mensaje se diluyó rápido. Ahora, más de 70 cuentas de TikTok intentan vender la moto para repetir 'lo de Francia' en Madrid y otras 11 ciudades. Usan el nombre 'Blocus' como quien usa una marca de ropa barata para parecer moderno, mezclando en los carteles desde la precariedad laboral hasta la lucha contra Vito Quiles o el PP y Vox. Es un menú degustación de agravios sociales usado como excusa para el saqueo. Mientras los carteles hablan de 'dignidad' y 'menos precios', la realidad es que el único objetivo es el escaparate. La policía, mientras tanto, mira con nervios el 11 de noviembre y la huelga general, sabiendo que el disfraz de protesta es la mejor cortina de humo para el vandalismo puro.
Hay quien confunde el espíritu de Halloween con un cupón de descuento para el vandalismo. Mientras el ciudadano medio se pelea con el precio de una calabaza de plástico, el grupo de Telegram 'Blocus-BCN 31oct' ha decidido que la mejor forma de celebrar el 31 de octubre es convertir Barcelona en un escenario de guerra. La consigna es tan simple como cínica: máscaras, guantes y un hambre voraz de 'tiendas grandes de valor'. No es una fiesta de disfraces, es una estrategia de 'operativo guapo' para arruinar la ciudad hasta que alguien, presumiblemente alguien con un cargo muy alto, les preste atención. La hipocresía es el plato fuerte. Se llenan la boca hablando de no atacar a 'currantes', pero proponen linchar a los Mossos d'Esquadra en grupos de veinte personas para dejarlos desnudos y humillados. Un romanticismo revolucionario que huele a rancio. Mientras tanto, en Madrid, el Sindicato de Estudiantes juega a los bomberos al revés, debatiendo cómo hacer que Apple, Starbucks y el Ayuntamiento ardan siguiendo el manual de estilo de los disturbios de París. Es el 'estilo Francia' importado para el consumo local. Los datos no mienten, aunque los vándalos intenten maquillarlos. El pasado sábado ya tuvimos el tráiler: 450 identificados y 130 detenidos (de los cuales 76 son menores que probablemente creen que esto es un nivel de GTA), 23 comercios saqueados y treinta incendios que los bomberos tuvieron que apagar mientras el resto intentábamos llegar a casa. Todo coordinado a través de TikTok, que sirve de anzuelo, y Telegram, que hace de centro de mando. Una red de perfiles efímeros que moviliza a adolescentes sin militancia, solo con ganas de romper cosas y la fantasía de que, si gana la derecha, la solución lógica es quemar el país entero.
Bilbao ha vuelto a jugar al fuego, y esta vez el tablero fue la Avenida Lehendakari Agirre. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para pagar el alquiler, un grupo de encapuchados decidió que la mejor forma de pasar el lunes 26 de octubre era convirtiendo el barrio de Deusto en una barbacoa urbana. No fue una chispa aislada; fue el despliegue coreografiado de la kale borroka, que transformó las inmediaciones de la Universidad de Deusto en un escenario de guerra simulada con piedras, pirotecnia y contenedores ardiendo. Lo más fascinante es el contraste: una pasividad policial que parece sacada de un manual de 'no molestar'. Los radicales, vestidos de negro como si fueran a un funeral de la convivencia, incendiaron al menos doce vehículos aparcados. Doce coches que pasaron de ser un medio de transporte a ser cenizas en cuestión de minutos, un sablazo patrimonial que nadie pagará excepto el dueño y su seguro. En la calle Francesc Maciá, el menú fue un contenedor de obra; en la Lehendakari Agirre, varios contenedores de basura. Este guion es un 'remake' barato de lo ocurrido el 15 de octubre en Pamplona, donde el parque de Yamaguchi y las zonas de Ermitagaña y San Juan sufrieron el mismo tratamiento de barricadas y botellas. La diferencia es que, mientras en Pamplona la Policía Nacional y la Foral miraban el despliegue sin evitar la revuelta, en Bilbao el Departamento de Seguridad presume de 16 detenidos. Dieciséis nombres en un acta policial para intentar maquillar una noche donde el caos fue el verdadero protagonista y el silencio de ciertos dirigentes de izquierdas el combustible perfecto.
El Ministerio del Interior ha decidido combatir la violencia callejera con la sutileza de un bote de spray pimienta. Fernando Grande-Marlaska, en un alarde de generosidad táctica, ha dotado a los agentes de los modelos RASS Stream 88 MK3 y MK9. Para el policía que está en el ojo del huracán, esto es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: el aparato solo alcanza a una persona y exige una distancia de tres metros. Básicamente, el agente debe sacar una cinta métrica mientras recibe un botellazo para asegurarse de que no infringe el protocolo. La realidad en la calle es un catálogo de agresiones. En las últimas semanas, una treintena de policías han acabado heridos. El pasado 4 de octubre en Valencia, 9 antidisturbios fueron el blanco de radicales por la vivienda; el 12 de octubre en Sol, una turba pateó a un agente hasta que sus compañeros lo rescataron. Y el colofón llegó el sábado en Barcelona, con 15 heridos, cuatro de ellos graves, en disturbios orquestados por la plataforma anónima Blocus. Mientras tanto, el Gobierno despliega la misma 'estratégia' en Ceuta con los militares. Es una gestión que huele a parche barato. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Ana María Alarcón a la cabeza, no oculta su escepticismo. No piden milagros, sino medios operativos reales y que el miedo a un expediente disciplinario no paralice al agente. Resulta paradójico que, con España en nivel 4 de alerta antiterrorista y el Ministerio advirtiendo de atentados yihadistas el viernes pasado, la respuesta sea un spray que, si sopla el viento, puede dejar al propio policía cegado. El protocolo del 19 de octubre, firmado por José Luis Santafé, parece escrito en un despacho con aire acondicionado, muy lejos de los 76 menores que, de los 130 detenidos en Barcelona, demostraron que la Ley Orgánica 5/2000 se ha quedado corta frente a la planificación del crimen organizado.
Bilbao se ha despertado con el sabor amargo de quien descubre que el barrio ha vuelto a convertirse en un tablero de juego para adolescentes con complejo de guerrilleros. En la calle Ercilla, el corazón de la ciudad, la escena fue de un surrealismo agotador: un vecino, armado únicamente con el sentido común, cometió el error garrafal de pedirles a unos encapuchados que dejaran de prender fuego a la ciudad. La respuesta no fue un debate ideológico, sino un golpe seco. Porque claro, cuando la razón no alcanza para justificar quemar contenedores y coches, el puño es la herramienta más eficiente. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no le devore el sueldo, la 'kale borroka' ha decidido que la mejor forma de combatir el 'fascismo' es convirtiendo la avenida Lehendakari Agirre y el barrio de Deusto en un escenario de guerra. El balance: 16 detenidos, una cantidad ridícula si comparamos el despliegue de caos con la eficacia de la respuesta policial, que brilló por su pasividad mientras volaban piedras y pirotecnia cerca de la Universidad de Deusto. Jon Albisu, del PP Vasco, ha puesto el dedo en la llaga: se destruye la ciudad para impedir un acto que ni siquiera se había celebrado. Es la paradoja del revolucionario de barrio: quemar el mobiliario urbano para salvar la democracia. El eco de los disturbios de Pamplona a mediados de octubre ha llegado a Bilbao con la misma receta: barricadas de fuego y botellas. Al final, el resultado es siempre el mismo. El miedo se convierte en el único producto que se distribuye gratis por las calles, mientras los radicales claman victoria desde la comodidad de sus capuchas, sabiendo que, por ahora, el control del asfalto se gana a base de gasolina y golpes.
España ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: romper el techo de cristal, pero hacia abajo. El tercer trimestre de 2026 cierra con una tasa de paro del 10,18%, un dato que el Ministerio de Economía intenta vender como un éxito porque, técnicamente, estamos mejor que en 2007, justo antes de que el mundo se fuera al garete. Es como celebrar que tu cuenta bancaria solo tiene tres ceros en lugar de ninguno; técnicamente es una mejora, pero sigues sin poder pagar el alquiler. El verano ha dejado un rastro de 95.900 nuevos desempleados, la peor racha desde que nos encerramos en casa en 2020. Mientras tanto, la creación de empleo es un chiste de mal gusto: solo 73.600 nuevos trabajadores para alcanzar los 22,8 millones. Lo más cínico es el reparto del pastel. El empleo español decreció en 1.800 personas; el único motivo por el que la cifra no es un desastre absoluto es que el número de trabajadores extranjeros subió en 75.400. Básicamente, estamos maquillando la cifra con mano de obra foránea mientras el nacional se hunde. La ingeniería financiera del Gobierno es fascinante: el sector público ha absorbido a 89.900 personas, mientras que el sector privado, el que realmente mueve el país, ha soltado a 16.300. Es la eterna historia de inflar el globo estatal para tapar el agujero del mercado. Y para rematar, la educación sigue siendo un juego de azar: 107.700 personas entraron y salieron del sistema en un abrir y cerrar de ojos, porque despedir masivamente en junio para recontratar en septiembre es, aparentemente, la vanguardia de la gestión laboral española. Al final, nos quedamos con 2,59 millones de parados y un podio europeo que nos sienta como un guante.
Hay una línea muy fina entre enseñar pensamiento crítico y convertir el aula en el despacho de marketing de un sindicato. En la Comunidad de Madrid, algunos docentes han decidido que los servicios mínimos —esos que deberían servir para que los chavales no se quemen el instituto mientras los adultos pelean— son el escenario ideal para un 'pitch' de ventas ideológico. Imagínate la escena: el profesor, en lugar de repasar el álgebra, proyecta un PowerPoint de 21 diapositivas titulado «¿Qué ha estado haciendo vuestrx profe cuando estaba de HUELGA?». Básicamente, un álbum de vacaciones políticas con fotos de piquetes y cortes de tráfico en Gran Vía y Cibeles. Lo más surrealista no es el intento de 'remover conciencias' usando el tiempo pagado por el contribuyente, sino el despliegue comercial. A los alumnos, menores de edad, se les invita a seguir cuentas de TikTok y, ojo al dato, a comprar merchandising para alimentar la 'caja de resistencia'. Es como si el profesor de historia, entre ecuación y ecuación, te intentara encasquetar una camiseta del equipo rival para pagar la cuota del club. Todo esto mientras la Ley Orgánica del Derecho a la Educación pide a gritos una 'neutralidad ideológica' que aquí ha pasado más desapercibida que un lunes de dieta. Los datos no mienten: la huelga, que arrancó el 14 de octubre, se apoya en gráficas de 'Menos Lectivas' y el respaldo de CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera. Mientras tanto, la consejera Mercedes Zarzalejo es presentada como la 'jefa' malvada en un vídeo, y los servicios mínimos —regulados por la Orden 4252/2026 del 9 de octubre— se reducen a un 'modo guardería' donde no se avanza materia. Un profesor por cada 90 alumnos de ESO es la cifra oficial, pero parece que el ratio de adoctrinamiento es mucho más eficiente.
Hay quien vende seguros de vida basándose en el miedo al apocalipsis, y luego está David Arevalillo. El fundador de A&A Estudio Jurídico descubrió que el pánico es el mejor motor de ventas, y decidió convertir a Alberto Núñez Feijóo en el 'coco' de los latinoamericanos. En diciembre de 2022, Arevalillo se paseó por las ondas de Unión Radio Noticias en Venezuela no para dar una clase de derecho, sino para lanzar un anzuelo dorado: 'corran, que Feijóo viene a derogar la Ley de Nietos'. Es el marketing del terror en estado puro. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no le deje en la calle, Arevalillo utilizaba la amenaza de un cambio de gobierno para que los bisnietos de españoles se apresuraran a contratar sus servicios. Todo bajo el paraguas de la instrucción de Sofía Puente, que abría la puerta a una interpretación tan extensiva que casi cualquier ancestro servía para obtener el pasaporte. El despacho prometía respuestas en 24 horas y 'comodines' para deducir datos de abuelos desaparecidos; básicamente, una ingeniería de expedientes para agilizar el sueño europeo. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando miramos el árbol genealógico del poder. Arevalillo es el marido de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y, para rematar el cuadro, procesada por malversación en el asunto del software para pymes de la Complutense. Una familia donde el asesoramiento público y el negocio privado parecen bailar el mismo tango. Al final, cuando la luz se encendió y el diario preguntó, el abogado cambió el discurso: dice que apenas gestionó solicitudes, a pesar de que sus redes sociales parecían un catálogo de ofertas de nacionalidad. Acto seguido, el perfil de A&A Estudio Jurídico desapareció más rápido que una promesa electoral.
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Alex Carmona