El texto es una denuncia contundente, aunque el informe original se apoya excesivamente en cálculos estimados de costes de almacenamiento sin detallar la metodología exacta. La noticia es un ejemplo perfecto de cómo la inacción administrativa es, en sí misma, una decisión política.
Durante décadas, España jugó al señorito en el comercio con Marruecos, disfrutando de un superávit que parecía eterno. Pero el tablero ha girado. En 2025, por primera vez, hemos pasado a un déficit comercial que deja un agujero de unos 3.000 millones de euros, según los datos de UN Comtrade. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si durante años hubieras sido el que invita a las cañas y, de repente, te despiertas descubriendo que no solo estás pagando la ronda, sino que el otro te ha dejado el carrito de la compra lleno de cables y aceite de argán mientras tú solo puedes ofrecerle gas licuado. La jugada es maestra. Mientras España se ha quedado estancada en una zona de confort exportadora, Marruecos ha decidido dejar de ser la periferia para convertirse en el proveedor. Han pasado de comprar nuestra tecnología agrícola a vendernos sus propios productos, aprovechando que las normas europeas ya no son el muro infranqueable de antes. Las cifras no mienten y son un bofetón de realidad: en 2024 aún nos salvábamos con exportaciones de 18.000 millones frente a importaciones de 16.000 millones, pero en 2025 la tortilla se dio la vuelta. Marruecos exportó 19.600 millones e importó solo 16.500 millones. María Ángeles Ruiz Ezpeleta, de EAE Business School, lo resume con una elegancia casi cruel: Marruecos crece mientras España crece 'poquito'. La hipocresía reside en que, aunque Rabat sigue dependiendo de nosotros para respirar económicamente, España ha perdido la capacidad de marcar el ritmo. Seguimos comprando gas a Rusia y vendiendo gas a Marruecos, pero el reino alauita ha doblado sus exportaciones globales en tres años. Básicamente, nos han adelantado en el carril rápido mientras nosotros seguíamos convencidos de que el camino era el de siempre.
Hay una receta muy sencilla para hundir la industria nacional: ponle normativas asfixiantes a los tuyos y ábrele la puerta de casa al vecino. Mientras el pescador español lucha contra el gasóleo a 1,20 euros el litro —un sablazo que hace que salir a faenar sea casi un deporte de riesgo financiero—, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el pescado marroquí es el nuevo plato estrella. Los datos de Datacomex no mienten: hemos pasado de importar 91,7 millones de kilos en 2018 a unos impactantes 137,2 millones en 2025. Un incremento del 49,6% que suena a éxito comercial, pero que huele a rendición. En el libro de cuentas, la cifra es igualmente delirante. La factura ha subido de 620,1 millones a 864,6 millones de euros. Básicamente, estamos tirando la tarjeta en el mercado vecino mientras nuestra propia flota se encoge. Javier Garat, de Cepesca, lo tiene claro: es un doble rasero. A los nuestros les exigen estándares europeos que rozan la utopía, mientras que el pez espada marroquí entra en el mercado capturado con redes a la deriva, una técnica prohibida en la UE por ser un desastre ecológico. Es como obligar a un corredor a ir con pesas en los tobillos mientras el rival va en moto. La hipocresía alcanza su cénit con el atún chino, cuyos contingentes libres de aranceles pasaron de 20.000 a 200.000 toneladas. Pero volviendo al vecino del sur, la dependencia es total: las importaciones agroalimentarias saltaron de 1.524 millones en 2018 a 2.223 millones en 2024. Mientras Luis Planas escucha las quejas del sector en despachos climatizados, la realidad es que España ya no pesca para sí misma; prefiere hacer el pedido por catálogo al Magreb, ignorando que el acuerdo de pesca está suspendido por la Justicia europea por el asunto saharaui. Un negocio redondo, siempre que no seas el que maneja la red.
España ha vuelto a coronarse como la campeona europea en el arte de vaciar carteras. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con la economía, el ciudadano de a pie descubre que encender el aire acondicionado para no morir cocinado en agosto es, básicamente, un lujo prohibitivo. Según los datos de CaixaBank Research, los recibos de la luz en la tercera semana de agosto pegaron un salto del 20% respecto al año pasado. Para que nos entendamos: pasamos de un tímido 0,4% en mayo a un sablazo que deja cualquier presupuesto familiar tiritando, aunque el termómetro diga lo contrario. Pero claro, el festín no termina en el enchufe. Ir a la gasolinera se ha convertido en una experiencia traumática. El gasto en carburantes subió un 21% en esa misma tercera semana de agosto, impulsado por el petróleo y el fin de una rebaja fiscal que desapareció más rápido que el sueldo el día uno. Julio ya avisaba con un 11% y las primeras semanas de agosto un 16%, drenando las cuentas corrientes justo cuando el coche más kilómetros hace. La hipocresía del sistema es deliciosa: para compensar que la luz y el combustible nos están desplumando, el español ha decidido que el ocio es prescindible. Mientras las playas están a reventar, el gasto en bares y restaurantes se ha quedado congelado, con un avance ridículo del 0,4% en la tercera semana de agosto, e incluso una caída del 0,4% en la segunda. Hemos cambiado las cañas por el pago del kilovatio. Para rematar la faena, la cesta de la compra ha subido un 6,6%. Como parche, el Gobierno lanza un segundo real decreto con descuentos de 20 céntimos en diésel y cinco en gasolina por la guerra de Irán. Un caramelo para que no gritemos mientras, convenientemente, no se aplica ni una sola medida para abaratar la luz.
Imaginen que contratan un seguro para que alguien venga a su casa y, de vez en cuando, les apague la nevera y el aire acondicionado a cambio de unos euros. Suena a broma de mal gusto, pero es exactamente el SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda). Para la gran industria, es como jugar a la ruleta rusa con el interruptor general, pero con la consola de Red Eléctrica manejando los hilos. Estamos ante el sexto apagón en menos de dos meses. Seis veces en sesenta días que el sistema ha dicho: «Lo siento, chicos, hoy no hay corriente para todos». El PP, con Alberto Nadal al frente del micrófono, ha soltado que esto es una «auténtica vergüenza». Y claro, es que mientras el ciudadano de a pie mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el sistema eléctrico peninsular juega a las escondidas con la potencia. Lo más fascinante es el precio de este 'silencio energético'. En este último episodio, la retribución ha sido de 184,85 euros por MWh. Para que nos entendamos: es la tercera remuneración más alta de los últimos cortes. Básicamente, se paga un precio premium por el lujo de no producir. Es una ingeniería financiera donde el premio es que no te den el chispazo. Todo este despliegue de 'estabilidad' se apoya en una subasta celebrada el 28 de mayo de 2026, que dejó asignados 1.775 Megavatios (MW) de potencia de respuesta para el segundo semestre de ese mismo año. Es fascinante ver cómo la planificación energética se convierte en un mercado de apuestas donde la industria acepta que le corten el grifo si el cheque es lo suficientemente jugoso. Un modelo eficiente, si lo que buscamos es que la industria aprenda a trabajar a oscuras.
Hay amores que son como el mercado de abastos: pura conveniencia y cero romanticismo. Mientras en Ceuta la tensión se cortaba con un cuchillo tras la entrada de más de 70.000 personas, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber decidido que la diplomacia se hace mejor con una ensalada en la mesa. Porque claro, es muy fácil exculpar al vecino cuando el camión de las hortalizas llega puntual y el precio cuadra en la hoja de Excel. Echemos un vistazo a los números de Datacomex, que son los que no mienten aunque el discurso político intente maquillarlos. En el primer semestre de 2019, España traía 2.668,2 toneladas de pepinos marroquíes por unos 2,09 millones de euros. Un chiste. Pero saltamos al mismo periodo de 2026 y la cosa se vuelve obscena: 8.667,2 toneladas que nos han costado 20,64 millones de euros. Un incremento del 887,56%. Básicamente, hemos pasado de comprar un par de cajas para probar el sabor a llenar el frigorífico nacional con el presupuesto de un estadio de fútbol, sin que a nadie en Moncloa le tiemble el pulso. Y no es solo el pepino. El tomate también ha pegado un estirón: de 36.950,5 toneladas en 2019 (34,69 millones de euros) a 50.112,83 toneladas en 2026, disparando la factura a 92,4 millones de euros. Un 166,36% más. Incluso la sandía, esa fruta que solo recordamos cuando el termómetro explota, ha subido un 54,35%, pasando de 25,61 millones a 39,53 millones de euros. Eso sí, para que no nos asustemos, nos venden que la balanza comercial sigue siendo positiva. Que exportamos 6.420,54 millones frente a los 5.795,52 que importamos en 2026. Muy bonito el dato macro, pero en el huerto la realidad es otra: mientras Mohamed VI nos manda hortalizas a precio de oro, nosotros seguimos jugando al equilibrio diplomático con la tarjeta de crédito en la mano.
Hay una poesía cruel en la burocracia española. Mientras el ciudadano medio intenta digitalizar hasta el ticket del parking para no gastar en tinta, el Banco de España ha decidido que el futuro es, sorprendentemente, de celulosa. Bajo la batuta de José Luis Escrivá, el organismo ha lanzado una licitación que hace que cualquier oficina de barrio parezca un monasterio minimalista: 1,2 millones de euros (IVA incluido) para comprar folios hasta octubre de 2034. Sí, han blindado el suministro de papel para los próximos ocho años, como si temieran un apocalipsis digital donde la única moneda de cambio fueran las hojas A4 y A3. Hablamos de un despliegue de entre 150 y 200 millones de folios. Para que nos entendamos, es como si el Banco de España decidiera imprimir la lista de la compra de todo un barrio durante un siglo, pero con la elegancia de un organismo que presume de 'sostenibilidad' y 'energías renovables' en su web. Es el clásico 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo imprimo'. Y como si el millón de euros en papel no fuera suficiente para llenar un estadio, se han marcado otro despliegue de 2,6 millones de euros (con IVA) para servicios de preimpresión y encuadernación. Porque claro, los folletos y catálogos son 'clave para la comunicación efectiva', aunque la comunicación más efectiva hoy sea un PDF que no ocupe espacio en el cajón. Lo más tierno es que esta fiebre del papel no es un caso aislado. La Agencia Estatal de Administración Digital, que se supone que es la que nos empuja a todos hacia la nube, se ha gastado más de 133.504 euros en mantener 189 impresoras Kyocera. Y el Ministerio de Defensa, que no quiere quedarse atrás en la guerra contra el medio ambiente, soltó 177.685 euros para alquilar tres equipos que escupan dos folios por segundo. En España, la digitalización es un concepto vanguardista que se aplica a todo, excepto a las impresoras del jefe.
El Reino Unido ha intentado jugar al gato y al ratón con las carteras más gordas del país, pero el ratón tiene jet privado y pasaporte diplomático. En un giro digno de comedia negra, el intento de cerrar el grifo fiscal ha terminado por secar el jardín. Mientras el ciudadano medio ve cómo su salario se queda congelado como un guisante en el fondo del congelador, el 1,1% más rico ha decidido que Londres ya no es tan acogedor. La cifra es un sablazo monumental: en 2025, el Reino Unido se convirtió en el campeón mundial de la pérdida de millonarios. Unos 16.500 peces gordos hicieron las maletas, llevándose consigo unos 91.800 millones de dólares. Para que nos entendamos, es una fuga de capital que duplica la de China, que hasta ahora era la referencia en 'operaciones de salida'. El detonante fue el fin del régimen 'non-dom', ese privilegio que permitía a los residentes adinerados ignorar sus ingresos extranjeros como quien ignora una llamada de un número desconocido. Ahora, con una reforma que empuja a más contribuyentes a tramos de entre el 40% y el 45% y un posible gravamen adicional del 2% sobre fortunas que superen los 10 millones de libras propuesto por Andy Burnham, el pánico es real. El Adam Smith Institute ya avisa: la población con más de un millón de libras ha caído a 442.000 personas, un 7% menos que en 2024. Es una sangría peligrosa, considerando que ese 1% de contribuyentes sostiene el 29,1% de todo el impuesto sobre la renta. El Tesoro británico está descubriendo, a base de golpes, que intentar exprimir una esponja que ya no tiene agua solo sirve para romper la esponja. Mientras Martin Ott, CEO de Taxfix, predica la responsabilidad social, los ricos prefieren la 'responsabilidad' de mudarse a Turquía o Taiwán.
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