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En Bruselas han descubierto que la mejor forma de gestionar un problema es hacer como que no existe, o mejor aún, aplicarlo 'provisionalmente' mientras el Parlamento Europeo duerme la siesta. Ursula von der Leyen y su equipo han montado un tinglado comercial con la dinastía alauí que es una auténtica obra de ingeniería financiera y diplomática, diseñada para esquivar una sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024. El tribunal luxemburgués fue claro: nada de aranceles cero ni etiquetas marroquíes para productos del Sáhara Occidental sin preguntar al pueblo saharaui. Pero claro, en la política de alto nivel, las sentencias judiciales son como las sugerencias en una caja de quejas: se leen, pero no siempre se hacen caso. Para evitar que Rabat abra las válvulas de la presión migratoria —un chantaje que ya vimos en Ceuta—, la Comisión Europea se ha inventado un 'apaño' en octubre de 2025. En lugar de respetar la ley, han decidido jugar al juego de las palabras. Ahora, los tomates no vienen del Sáhara, sino de 'Dakhla Oued Ed-Dahab' o 'El Aaiún-Sakia El Hamra'. Es como si para evitar una multa de tráfico, cambiaras el nombre de tu coche por 'carruaje vintage'; el coche sigue siendo el mismo, pero el papel dice otra cosa. Mientras tanto, el agricultor español de tomate está pagando el pato. Sus ventas al continente han caído un 37% en una década y su producción un 20%. Mientras nosotros contamos los céntimos, Bruselas envía fondos para regadíos y energía al desierto, intentando colar que el consentimiento saharaui es 'implícito' porque hay dinero de por medio. Un razonamiento que en la calle llamaríamos 'comprar el silencio'. El acuerdo sigue en el limbo porque von der Leyen sabe que llevarlo al Parlamento es jugar a la ruleta rusa: una moción del PP ya casi tumba el etiquetado el pasado 26 de noviembre, fallando por un solo voto debido al veto socialista. Así que, mientras tanto, el acuerdo sigue funcionando en la sombra, como ese contrato de alquiler que nadie firma pero que todos pagan.
Hay una coreografía muy depurada en la gestión de la miseria: primero se desalojan los asentamientos con la eficiencia de quien limpia un trastero y luego se deja que los protagonistas duerman bajo la lluvia. El domingo, la Policía Nacional decidió que era el momento de 'limpiar' Los Rosales, el Poblado de Regulares y las naves del Tarajal. El resultado fue un operativo que sacó a 500 personas de la calle, de las cuales casi la mitad eran niños. Unos 200 menores fueron retirados del Tarajal, pero el destino final no fue una cama, sino el Paseo de Colón. Imaginen la escena: más de 50 chavales pasando la noche frente a la Jefatura Superior de Policía, como quien espera la apertura de una tienda en rebajas, pero con carteles que rezan «Soy menor» y el frío calando los huesos. A las 10:00 del lunes, los agentes empezaron a dejarlos entrar en grupos de diez, como si estuvieran gestionando la cola de un banco, para filiarlos antes de mandarlos a alguno de los once centros de acogida de la ciudad. Lo absurdo es que, mientras el delegado del Gobierno, David De la Encina, presume de cifras, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, soltó la bomba: esos niños podrían haber dormido en un centro porque había sitio. O sea, que la burocracia del 'papelito' pesó más que el sentido común y la lluvia. Mientras tanto, el ping-pong político entre Vivas y Fernando Grande-Marlaska sigue su curso. Marlaska dice que Ceuta no hace los deberes; Vivas responde que el Gobierno central es el que no sabe negociar con Marruecos, lanzando un dato que dinamita cualquier narrativa de eficiencia: solo 160 expedientes de repatriación iniciados de un universo de entre 3.500 y 4.000 menores. En resumen, los niños son el balón en un partido donde los jugadores se pelean por quién tiene la culpa mientras los menores esperan en la acera.
Parece que en algunos consulados españoles el rigor administrativo ha pasado a ser una sugerencia opcional, algo parecido a cuando ignoramos los términos y condiciones de una app. Manos Limpias, con Miguel Bernad Remón al mando, ha lanzado una piedra el pasado 14 de octubre que ha aterrizado directamente en la Fiscalía Anticorrupción. El motivo: nueve responsables consulares en Cuba, Argentina, México y Venezuela que, presuntamente, han gestionado la 'Ley de Nietos' con la ligereza de quien firma un ticket de parking. La denuncia apunta a que en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas se han aceptado fotocopias como si fueran el Santo Grial, saltándose verificaciones básicas. Es la burocracia en modo 'fast track': nacionalidades concedidas sin mirar si el árbol genealógico era real o un invento de última hora. En el centro del tablero aparece Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, quien el 25 de octubre de 2022 firmó la instrucción que flexibilizó la presunción de exilio entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Para Manos Limpias, esto es como intentar ampliar la capacidad de un vaso echándole agua con un embudo: una instrucción administrativa no puede inflar los derechos de una ley. El ruido llega justo cuando el Tribunal Supremo pone la lupa sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones, que afectan a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero. Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, el censo electoral se ha convertido en el campo de batalla. Mientras el Defensor del Pueblo pelea en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía deberá decidir si los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal tienen que aplicarse a quienes confundieron la diplomacia con una agencia de viajes express hacia la ciudadanía española.
Parece que el Gobierno ha descubierto, después de mucho meditarlo, que alimentar a un enfermo con comida de laboratorio no es precisamente el camino hacia la recuperación. Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha decidido que es hora de limpiar los platos en hospitales, residencias y escuelas de 0 a 3 años. El plan es llevar al Consejo de Ministros el martes 27 de octubre un real decreto que pretende que la dieta de los más vulnerables deje de ser una partida presupuestaria para recortar costes o inflar beneficios. Básicamente, quieren que comer en un centro público deje de parecerse a una dieta de astronauta budget. Las cifras son concretas, aunque la ejecución sea el eterno interrogante. Se propone limitar los ultraprocesados a dos raciones semanales en regímenes de pensión completa, y solo una vez por semana en desayunos y meriendas. Mientras nosotros hacemos malabares con la tarjeta de crédito para comprar una manzana, el decreto exige que el 90% de frutas y hortalizas sean frescas y de temporada. Incluso las máquinas vending, esos templos del azúcar y el sodio, deberán ser 80% saludables. Bustinduy quiere cerrar el círculo rescatando el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles del 15 de abril de 2025, prohibiendo bebidas azucaradas y bollería para los críos. El menú escolar pasará a ser un campo de batalla contra la grasa: el 45% de la verdura debe ser de temporada, con pescado entre una y tres veces por semana y el arroz o pasta obligatoriamente integral. Las pizzas y empanadillas precocinadas, ese pilar de la gastronomía industrial, quedan relegadas a una sola vez al mes. Una medida necesaria, sí, pero que llega cuando ya sabemos que el azúcar es el nuevo tabaco.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras buscas la correa. En el Estrecho, el juego es más rudo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, el buque 'Mar Caribe' juega al repartidor de Amazon, pero con combustible y agua potable para los puestos militares en Alhucemas y las Islas Chafarinas. Un despliegue logístico que, para Rabat, no es más que un recordatorio molesto de que España sigue plantando la bandera en zonas que Marruecos desea como quien desea el último trozo de tarta en una cena familiar. El 'Mar Caribe' no es un crucero de lujo; es un bicho de 1.860 toneladas, 57 metros de eslora y 11,8 metros de manga que sale de Cádiz para que los soldados no pasen sed ni se queden sin gasoil. Desde enero de 2010, este barco ha sido el pulmón de las posiciones en el norte de África y las islas Alborán, haciendo el trabajo sucio tras la retirada de dos buques especializados. Es una rutina militar, sí, pero en el tablero geopolítico nada es rutina. El timing es la clave del sarcasmo. El movimiento coincide con las visitas del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, un paseo institucional que en Rabat se lee como un desafío. Lo curioso es el silencio actual de Marruecos. No es el mismo ruido que hubo en 2007, cuando la visita del rey Juan Carlos terminó con la retirada del embajador marroquí de Madrid. Ahora callan, pero observan cada nudo marinero y cada litro de combustible que desembarca el 'Mar Caribe'. Saben que, en este tablero, el suministro es la mejor forma de decir: 'Aquí seguimos y no nos movemos'.
Bruselas ha decidido que el camino hacia el paraíso eléctrico era, en realidad, un precipicio sin red. Resulta que querer prohibir los motores de combustión para 2035 y borrarlos del mapa en 2050 era como intentar correr un maratón en sandalias mientras los chinos vienen en moto. La realidad ha dado un bofetón a la utopía: la demanda en Europa es tres millones de unidades inferior a lo que las fábricas pueden escupir. Mientras tanto, gigantes como Volkswagen, BMW y Mercedes ya han empezado a limpiar trastes con miles de despidos y cierres de plantas, porque competir en baterías hoy es como intentar ganar la lotería sin haber comprado el boleto. Francia y Alemania, que suelen llevarse como el perro y el gato, han firmado un pacto de supervivencia. Han obligado a Bruselas a 'deselectrificar' el parque móvil, rescatando los híbridos y los combustibles renovables. Es un movimiento clásico de quien se da cuenta de que ha apostado toda la hipoteca a un caballo cojo. Alemania ha cedido terreno a Francia, permitiendo que el motor de combustión respire, a cambio de que la energía nuclear vuelva a jugar en la liga oficial y de que regresen los coches populares, esos que no cuestan el precio de un piso y que no te regañan con mil sensores ADAS cada vez que giras el volante. En este tablero, Renault ya amenazaba con apagar las luces en Valladolid y Stellantis ha tenido que buscarse un 'sugar daddy' chino con Leapmotor y Donfeng para no hundirse. Lo más surrealista es que, mientras el resto de la UE vuelve a la tierra, España y Pedro Sánchez se han quedado solos en la fiesta, defendiendo a uñas y dientes un coche eléctrico que, ahora mismo, es un lujo inalcanzable para el bolsillo del ciudadano medio.
Mover a un grupo de personas es complejo; coordinar el desplazamiento de entre 75.000 y 85.000 individuos es, sencillamente, una operación logística que haría palidecer a cualquier multinacional de transportes. No ocurre por arte de magia ni por un impulso colectivo espontáneo. Alguien pagó el autobús, alguien coordinó el reloj y alguien, muy probablemente, miraba el mapa desde un despacho climatizado. La juez Tardón lo sabe y ha decidido dejar de mirar la superficie para empezar a hurgar en la maquinaria. El camino es claro: seguir el rastro del dinero y los datos. No se puede montar un despliegue de tal magnitud sin una ingeniería financiera que deje huella. Por eso, la magistrada ha puesto en el punto de mira los 'sistemas hawala' —esas transferencias informales que son el agujero negro de la banca tradicional— y ha pedido a la UDEF y a la UCO que rastreen los movimientos económicos que financiaron la movilización de los días 30 y 31 de julio de 2026. Es como intentar encontrar quién pagó la cuenta de una cena masiva donde nadie quiere admitir que estuvo presente. Pero hay más. La juez no solo busca billetes, busca ojos en el cielo. Ha reclamado al CEO de la tecnológica HI IBERIA los registros de la herramienta SEDA. Quiere saber quién pidió imágenes satelitales de la zona de El Tarajal y la frontera con Castillejos entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Básicamente, quiere saber quién estaba haciendo 'zoom' sobre la frontera mientras se cocinaba el asalto. Para rematar el cuadro, el Director del CETI de Ceuta deberá soltar todas las comunicaciones emitidas y recibidas. En resumen: la justicia busca el mando a distancia de una invasión que, según los números, fue más un despliegue coordinado que un accidente migratorio.
Resulta fascinante observar cómo el Estado, en su infinita capacidad de predicar una cosa y ejecutar la contraria, lanza Casa 47 para 'salvar' el mercado de la vivienda y termina, posiblemente, tropezando con su propia alfombra. Facua ha decidido que ya es hora de pasar la lupa por el portal público, después de haberle dado un buen lavado de orejas a los pesos pesados del sector: Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Ya Encontré y Milanuncios. La jugada es sencilla: Facua analizó 102 anuncios en ciudades donde el alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo financiero. El resultado es para echarse a llorar. En Barcelona, solo 4 de 30 anuncios cumplen la ley. En Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Santiago de Compostela y Barakaldo, el cumplimiento es un concepto abstracto; todos fallaban. Estamos hablando del artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, que pide transparencia, índices de referencia y que se diga si el casero es un 'gran tenedor' o simplemente alguien con suerte. Pero lo mejor es el giro de guion. Casa 47, el portal del Gobierno, parece que también ha olvidado poner la calificación energética o avisar que el piso está en una 'zona tensionada'. En Cataluña, el Observatorio del Alquiler ha detectado 93 inmuebles; 84 de ellos están en zonas tensionadas, pero la información es más esquiva que un político en campaña. Desde Vic (con rentas de 439 a 800 euros) hasta Vidreres (donde llegan a los 1.012 euros), el portal público parece jugar al mismo juego de sombras que los privados. Al final, parece que para el Gobierno, la transparencia es como el azúcar en una dieta estricta: saben que es necesaria, pero prefieren evitarla para no engordar la crítica.
Hay días en los que el universo decide que tú eres el elegido para pagar la fiesta. Una joven acaba de descubrir que el Reglamento General de Circulación no es una sugerencia, sino un arma cargada. Mientras la mayoría de nosotros cruzamos la calle siguiendo el instinto del 'aquí no pasa nadie', ella se topó con un Policía Local que decidió despertar de su letargo institucional para aplicarle el artículo 124 con una precisión quirúrgica. El resultado: un boletín de denuncia de 200 euros. Un sablazo que, si se paga rápido, baja a 100 euros, aunque sigue siendo un precio carísimo por ahorrarse diez pasos hasta el paso de cebra. Lo verdaderamente poético, lo que convierte esta anécdota en una comedia del absurdo, es el paisaje circundante. Mientras el agente le redactaba la multa, una procesión de peatones seguía cruzando por el mismo sitio, ignorando la ley con la naturalidad de quien respira. El agravio comparativo es total. Cuando la joven señaló el desfile de infractores, la respuesta del agente fue una joya de la burocracia: no podía hacer nada porque estaba demasiado ocupado sancionándole a ella. Es la lógica del sistema: para castigar el pecado, hay que ignorar a todos los demás pecadores. Para rematar la faena, apareció un segundo agente. Pero lejos de montar una redada contra los peatones rebeldes, se limitó a charlar con su compañero, dejando que el flujo de gente siguiera fluyendo fuera de las rayas blancas. Al final, la ley es como una multa de tráfico en un lunes lluvioso: se aplica al que tiene la mala suerte de estar en el radar del funcionario que ese día ha decidido que el mundo debe ser un lugar más ordenado, aunque sea solo para una persona.
Hay una danza macabra en cada esquina de nuestras ciudades. El peatón ve el muñequito verde y cruza con la fe del inocente; el conductor ve el ámbar y, en lugar de pisar el freno, decide que es el momento ideal para jugar al Fórmula 1 y pasar antes de que el mundo se acabe. Esta confusión mental ha convertido los cruces en una ruleta rusa donde la DGT, harta de los datos de siniestralidad, ha decidido que el ámbar intermitente es un invento peligroso que debe desaparecer del Reglamento de Circulación. La lógica es aplastante: el conductor medio confunde la señal de 'precaución' con el 'acelera que te pilla el rojo'. Para intentar que dejemos de atropellar a peatones y ciclistas, la DGT ha blindado el reglamento. Ahora, los ciclistas deben llevar casco obligatoriamente y los coches tienen que dejar una distancia lateral de 1,5 metros al adelantarlos, una distancia que para algunos conductores parece el ancho del océano Atlántico. Pero claro, cambiar la mentalidad es gratis, lo que cuesta es cambiar los cables. Mientras la DGT quiere borrar el ámbar intermitente ya mismo para salvar vidas, los ayuntamientos han soltado el clásico 'esperad un poco'. Piden un año mínimo para adaptar los semáforos de todas las calles. Básicamente, nos dicen que mientras el hardware se actualiza, sigamos rezando en los pasos de cebra. Es la eterna historia de España: tenemos la norma en el papel, pero el semáforo sigue parpadeando mientras el conductor decide si frena o vuela.
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Rosa Muñoz