Crítica:
La noticia es un reporte logístico disfrazado de tensión geopolítica. Le falta analizar por qué el silencio de Rabat hoy es más peligroso que el ruido de 2007.
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Suministros en Chafarinas: el 'reparto' que pone nerviosos a Rabat
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Nacionalidad express: cónsules al banquillo por fotocopias
Parece que en algunos consulados españoles el rigor administrativo ha pasado a ser una sugerencia opcional, algo parecido a cuando ignoramos los términos y condiciones de una app. Manos Limpias, con Miguel Bernad Remón al mando, ha lanzado una piedra el pasado 14 de octubre que ha aterrizado directamente en la Fiscalía Anticorrupción. El motivo: nueve responsables consulares en Cuba, Argentina, México y Venezuela que, presuntamente, han gestionado la 'Ley de Nietos' con la ligereza de quien firma un ticket de parking. La denuncia apunta a que en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas se han aceptado fotocopias como si fueran el Santo Grial, saltándose verificaciones básicas. Es la burocracia en modo 'fast track': nacionalidades concedidas sin mirar si el árbol genealógico era real o un invento de última hora. En el centro del tablero aparece Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, quien el 25 de octubre de 2022 firmó la instrucción que flexibilizó la presunción de exilio entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Para Manos Limpias, esto es como intentar ampliar la capacidad de un vaso echándole agua con un embudo: una instrucción administrativa no puede inflar los derechos de una ley. El ruido llega justo cuando el Tribunal Supremo pone la lupa sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones, que afectan a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero. Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, el censo electoral se ha convertido en el campo de batalla. Mientras el Defensor del Pueblo pelea en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía deberá decidir si los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal tienen que aplicarse a quienes confundieron la diplomacia con una agencia de viajes express hacia la ciudadanía española.
Ceuta: el mando a distancia de la invasión
Mover a un grupo de personas es complejo; coordinar el desplazamiento de entre 75.000 y 85.000 individuos es, sencillamente, una operación logística que haría palidecer a cualquier multinacional de transportes. No ocurre por arte de magia ni por un impulso colectivo espontáneo. Alguien pagó el autobús, alguien coordinó el reloj y alguien, muy probablemente, miraba el mapa desde un despacho climatizado. La juez Tardón lo sabe y ha decidido dejar de mirar la superficie para empezar a hurgar en la maquinaria. El camino es claro: seguir el rastro del dinero y los datos. No se puede montar un despliegue de tal magnitud sin una ingeniería financiera que deje huella. Por eso, la magistrada ha puesto en el punto de mira los 'sistemas hawala' —esas transferencias informales que son el agujero negro de la banca tradicional— y ha pedido a la UDEF y a la UCO que rastreen los movimientos económicos que financiaron la movilización de los días 30 y 31 de julio de 2026. Es como intentar encontrar quién pagó la cuenta de una cena masiva donde nadie quiere admitir que estuvo presente. Pero hay más. La juez no solo busca billetes, busca ojos en el cielo. Ha reclamado al CEO de la tecnológica HI IBERIA los registros de la herramienta SEDA. Quiere saber quién pidió imágenes satelitales de la zona de El Tarajal y la frontera con Castillejos entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Básicamente, quiere saber quién estaba haciendo 'zoom' sobre la frontera mientras se cocinaba el asalto. Para rematar el cuadro, el Director del CETI de Ceuta deberá soltar todas las comunicaciones emitidas y recibidas. En resumen: la justicia busca el mando a distancia de una invasión que, según los números, fue más un despliegue coordinado que un accidente migratorio.
Casa 47: El portal público juega sucio
Resulta fascinante observar cómo el Estado, en su infinita capacidad de predicar una cosa y ejecutar la contraria, lanza Casa 47 para 'salvar' el mercado de la vivienda y termina, posiblemente, tropezando con su propia alfombra. Facua ha decidido que ya es hora de pasar la lupa por el portal público, después de haberle dado un buen lavado de orejas a los pesos pesados del sector: Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Ya Encontré y Milanuncios. La jugada es sencilla: Facua analizó 102 anuncios en ciudades donde el alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo financiero. El resultado es para echarse a llorar. En Barcelona, solo 4 de 30 anuncios cumplen la ley. En Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Santiago de Compostela y Barakaldo, el cumplimiento es un concepto abstracto; todos fallaban. Estamos hablando del artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, que pide transparencia, índices de referencia y que se diga si el casero es un 'gran tenedor' o simplemente alguien con suerte. Pero lo mejor es el giro de guion. Casa 47, el portal del Gobierno, parece que también ha olvidado poner la calificación energética o avisar que el piso está en una 'zona tensionada'. En Cataluña, el Observatorio del Alquiler ha detectado 93 inmuebles; 84 de ellos están en zonas tensionadas, pero la información es más esquiva que un político en campaña. Desde Vic (con rentas de 439 a 800 euros) hasta Vidreres (donde llegan a los 1.012 euros), el portal público parece jugar al mismo juego de sombras que los privados. Al final, parece que para el Gobierno, la transparencia es como el azúcar en una dieta estricta: saben que es necesaria, pero prefieren evitarla para no engordar la crítica.
El Senado: de freno a alfombra roja
El Senado siempre ha sido el patito feo de la política española, esa cámara que sirve más para que los senadores echen la siesta que para legislar. Pero cuidado, que el patito tiene colmillos. El 27 de octubre de 2017, el Senado fue el muro de contención que frenó el delirio secesionista con 214 votos a favor del artículo 155, mientras 47 decían que no y uno se quedaba mirando. En aquel entonces, el PSOE jugaba en el equipo de la Constitución, salvo por las excepciones de José Montilla y Francesc Antich, que ya olían el viento del cambio. Ahora, la película ha cambiado y el guion es puro surrealismo. El PSOE ha cruzado el Rubicón y se ha mudado al barrio de la insurgencia para mantener a Sánchez en La Moncloa. La jugada maestra es el acuerdo en 46 provincias con la extrema izquierda para formar el 'Frente Amplio'. Básicamente, es como intentar que el lobo cuide a las ovejas para evitar que el pastor use el bastón. Si logran darle la vuelta al reparto en plazas como Valencia, Castellón, Badajoz, Cádiz o Zaragoza, podrían blindar el Senado contra cualquier intento de aplicar el 155 en un futuro 'procés'. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la caja del súper, en el tablero político se reparten los 208 senadores electos del 29 de noviembre y los 58 designados por las autonomías. El PP llega con una ventaja cómoda de 120 frente a los 72 del PSOE, pero la ingeniería electoral del Frente Amplio busca dinamitar esa mayoría. Si Junts y ERC deciden que 'lo volverán a hacer', el Senado podría pasar de ser el freno de mano a ser la alfombra roja, dependiendo de si los parlamentos autonómicos de mayo de 2027 mantienen los 16 escaños actuales de la derecha o si el tablero se vuelve a barajar.
Sánchez vende milagro mientras el PSOE agoniza
El presidente Pedro Sánchez ha pasado de evitar los canapés del Palacio Real el año pasado —para no dar explicaciones sobre esa caja B que el juez Ismael Moreno sigue diseccionando en la Audiencia Nacional— a jugar a ser el optimista del grupo. Este 12 de octubre, el jefe del Ejecutivo se paseó entre periodistas vendiendo una remontada milagrosa, asegurando que va primero en unas encuestas que, curiosamente, solo existen en su imaginario o en el Excel de su despacho, ya que las privadas siguen poniendo a Alberto Núñez Feijóo en el trono. Es el clásico truco del capitán que sonríe mientras el barco hace agua: si dices que vas ganando, quizá el electorado se lo crea. Pero bajando al barro, la realidad es que el PSOE está operando con la ansiedad de quien ve que la tarjeta de crédito está al límite. Han disparado la bengala de las pensiones demasiado pronto, un movimiento desesperado que Feijóo neutralizó en un abrir y cerrar de ojos con un 'no se tocan'. Mientras tanto, el partido se desangra en hipocresías: desde la dimisión de su portavoz por tener una pareja que es, básicamente, el 'buitre inmobiliario' que ellos mismos critican en los mítines, hasta el recuerdo de las joyas de Zapatero o los pisos de Ábalos. La situación es tan delicada que los cargos del Gobierno se están dando codazos por un hueco en las listas al Congreso y al Senado, tratándolas como botes salvavidas en mitad del Atlántico. A esto sumémosle el 'regalito' de Ceuta, con buques marroquíes entrando en aguas españolas sin que el Ejecutivo soltara prenda en dos meses y medio. Como bien dice Iván Redondo, el exestratega que ahora analiza el desastre desde la barrera, Sánchez está a 'diez escaños y un penalti'. Mucho 'Yes we can' en los carteles, pero en la calle el barniz se está pelando.
Ley de nietos: pasaporte, mudanza y voto
Hay una danza de pasaportes muy curiosa ocurriendo en nuestras fronteras. Mientras el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en Cuba se desploma en 1.800 inscritos, el resto del mundo parece estar haciendo cola en el consulado: Argentina subió casi 40.000 y México y EE. UU. superaron los 15.000 cada uno entre septiembre de 2025 y 2026. Pero el truco maestro está en el aterrizaje. Los cubanos no están esperando el turno en la isla; llegan con el pasaporte español ya cosido al bolsillo, como quien lleva el ticket del parking pagado para no perder tiempo al salir. La Ley de Memoria Democrática, esa famosa 'ley de nietos' de octubre de 2022, ha funcionado como un imán industrial. En 2021, los cubanos en España eran 166.076; para 2025, la cifra ha saltado a 252.290. Un incremento del 52 % que deja pequeña cualquier otra estadística. Para que nos entendamos: pasamos de una media de 10.000 llegadas anuales en la última década a 34.000 al año desde que la ley entró en vigor. Es como si el flujo migratorio hubiera pasado de un goteo a una tubería rota. Lo más jugoso es el giro político. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que el 40 % de los 38.179 cubanos que emigraron en 2024 ya eran españoles. Y aquí viene la jugada maestra: mientras el Tribunal Supremo ha puesto una suspensión cautelar que deja fuera a los del CERA, los que ya están empadronados en España tienen el camino libre hacia las urnas. El 63 % de esta comunidad tiene derecho a voto y, huyendo de una dictadura comunista, no piensan darle el voto a quien suena a salsa revolucionaria. Según el CIS, el 27 % se va con Vox y el 26 % con el PP. Un 53 % que prefiere la derecha, solo superados por los venezolanos en este 'estira y afloja' electoral.
Frenan seguridad ferroviaria para no 'crucificar' Adif
Hay una diferencia abismal entre gestionar la seguridad ferroviaria y gestionar la imagen de una empresa. En Adamuz, el pasado 18 de enero, 46 personas pagaron con su vida el precio de un carril que permaneció roto durante 22 horas sin que nadie se diera cuenta. Un descuido que, en términos de calle, es como dejar que una tubería reviente en el salón y no enterarte hasta que el vecino de abajo te avisa que tiene una piscina en el techo. Lo lógico sería instalar alarmas ya, pero en el mundo de los despachos, la lógica es un estorbo. Gonzalo Julián Guillén, el jefe de la AITAT, ha decidido jugar al gato y al ratón con la seguridad. El 30 de septiembre canceló una reunión donde se iba a aprobar una recomendación clave para detectar roturas de carril. ¿El motivo? Según Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas, Guillén temía que alguien pudiera «crucificar a Adif». Es fascinante: preferimos que el riesgo siga ahí, latente, antes que admitir que el sistema falla y que Adif quede mal parada en el periódico. Es la típica maniobra de quien prefiere maquillar la grieta de la pared antes que arreglar la estructura del edificio. Mientras tanto, la burocracia se estira como un chicle. Guillén anunció el 5 de octubre que la investigación superará los doce meses por su «complejidad excepcional», aunque las víctimas denuncian que el equipo investigador es un chiste: empezaron tres y a veces solo había dos trabajando. Para colmo, las piezas del carril siguen esperando el traslado al laboratorio. En lugar de priorizar la vida, parece que la prioridad es que el informe final no tenga aristas que molesten al poder. Una gestión donde el 'salvoconducto' corporativo pesa más que la seguridad de los pasajeros.
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