Denuncian a nueve cónsules por irregularidades en la ley de nietos

Nacionalidad express: cónsules al banquillo por fotocopias

politica Una ilustración conceptual y satírica que muestra un sello oficial de pasaporte español gigante cayendo sobre una montaña de fotocopias borrosas y papeles amarillentos. Al fondo, una silueta de un edificio gubernamental clásico envuelta en una niebla de interrogantes. Estilo editorial de periódico, colores sobrios con un toque de rojo crítico, iluminación dramática.

Parece que en algunos consulados españoles el rigor administrativo ha pasado a ser una sugerencia opcional, algo parecido a cuando ignoramos los términos y condiciones de una app. Manos Limpias, con Miguel Bernad Remón al mando, ha lanzado una piedra el pasado 14 de octubre que ha aterrizado directamente en la Fiscalía Anticorrupción.

El motivo: nueve responsables consulares en Cuba, Argentina, México y Venezuela que, presuntamente, han gestionado la 'Ley de Nietos' con la ligereza de quien firma un ticket de parking. La denuncia apunta a que en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas se han aceptado fotocopias como si fueran el Santo Grial, saltándose verificaciones básicas.

Es la burocracia en modo 'fast track': nacionalidades concedidas sin mirar si el árbol genealógico era real o un invento de última hora. En el centro del tablero aparece Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, quien el 25 de octubre de 2022 firmó la instrucción que flexibilizó la presunción de exilio entre julio de 1936 y diciembre de 1955.

Para Manos Limpias, esto es como intentar ampliar la capacidad de un vaso echándole agua con un embudo: una instrucción administrativa no puede inflar los derechos de una ley. El ruido llega justo cuando el Tribunal Supremo pone la lupa sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones, que afectan a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero.

Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, el censo electoral se ha convertido en el campo de batalla. Mientras el Defensor del Pueblo pelea en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía deberá decidir si los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal tienen que aplicarse a quienes confundieron la diplomacia con una agencia de viajes express hacia la ciudadanía española.

Crítica:

El texto original es un ejercicio de equilibrio precario que lanza la acusación pero se apresura a decir que no hay pruebas de fraude electoral. Demasiada cautela jurídica para una noticia que huele a nepotismo y oportunismo político.

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