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Resulta fascinante descubrir que, mientras nosotros peleamos con el cajero automático un lunes por la mañana, el Ejército español estaba siendo 'estudiado' en redes sociales como quien sigue el catálogo de rebajas de una tienda de ropa. No fue un descuido puntual; fue una operación de vigilancia digital abierta y descarada. Desde marzo, antes de que el calendario marcara el episodio crítico del 30 de julio, alguien decidió montar una 'capa de observación digital' sobre nuestras patrullas, aviones y barcos. Básicamente, el despliegue militar en Ceuta se convirtió en un hilo de Twitter en tiempo real para quien quisiera mirar. El analista José María Gil Garre, del Centro Universitario ISEN-Cartagena, lo deja claro: no fue una reacción al caos, sino un antecedente autónomo. Hubo un registro meticuloso de movimientos, ejercicios y refuerzos que circulaba por comunidades de movilidad con una narrativa ya cocinada, usando términos como 'Ceuta ocupada'. Es el equivalente moderno a dejar las llaves puestas en la puerta y el mapa del tesoro pegado en el portal. Aquí llega la parte donde la ironía se vuelve ácida. España tiene el Cifas (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), un organismo que depende del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y cuya única razón de existir es proporcionar inteligencia militar. Sugerir que el Cifas no vio que el Ejército estaba siendo 'tuiteado' y analizado desde marzo hasta agosto es, siendo generosos, un chiste de mal gusto. No es que el enemigo fuera un genio de la computación, es que la inteligencia española tenía el libro abierto y, aun así, parece que se olvidaron de leer las notas al pie de página antes de que la situación estallara en la frontera.
Hacer malabares con el presupuesto doméstico es un arte, pero el Gobierno ha decidido convertirlo en deporte olímpico. Mientras Yolanda Díaz nos vende que perder 162.840 cotizantes es, básicamente, un éxito porque 'podría haber sido peor', la realidad nos escupe un dato que huele a naftalina: el gasto en prestaciones por desempleo ha vuelto a niveles de 2013. Sí, regresamos a la época del rescate bancario y las colas del hambre, pero con un envoltorio de marketing moderno. En julio de este año, el Estado soltó 2.115 millones de euros para cubrir el paro. Para que el ciudadano medio lo entienda: es un sablazo del 5,53% respecto a los 2.004 millones de julio del año pasado. Es como si tu factura de la luz subiera sin que hayas encendido un solo aire acondicionado. Si quitamos el paréntesis surrealista de 2020, donde la pandemia infló el gasto a 3.237 millones, no veíamos una sangría así desde aquel julio de 2013, cuando el país agonizaba con 2.439 millones en prestaciones. La aritmética del optimismo oficial ignora que hay 2,35 millones de personas buscando curro. Además, el número de beneficiarios ha escalado a 1.857.263 personas, la cifra más alta desde 2021 (cuando tuvimos 1.977.597). Para rematar la jugada, la cuantía media que recibe cada desempleado ha subido a 999,9 euros, frente a los 976 euros del año anterior. En resumen: más gente cobrando, más dinero por persona y un agujero contable que crece mientras en Moncloa nos dicen que el cielo es verde. El empleo no se crea, se maquilla con regularizaciones migratorias para que la caída no sea tan estrepitosa.
La inflación en España es ese invitado pesado que no se va de casa y, de paso, se come todo lo que hay en la nevera. En agosto, el IPC marcó un 4,3% interanual, una cifra que para el ciudadano medio es un sablazo directo al presupuesto mensual, mientras que para el Estado es una herramienta de ingeniería financiera fascinante. Desde 2021, el bolsillo del español ha sufrido una erosión del 24%. Básicamente, el dinero ha perdido valor más rápido de lo que tarda un político en prometer que todo está bajo control. Aquí entra el juego de espejos del Gobierno: indexar las pensiones al IPC. Suena a justicia social, pero miremos la letra pequeña. Con una inflación media proyectada del 3,6%, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas —que ya alcanzó los 195.000 millones de euros el año pasado— se disparará. Según Funcas, el recargo para 2027 será de 7.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.000 millones por las clases pasivas. Es una cifra astronómica, como si el Estado decidiera comprarse un yate nuevo cada mañana. Pero el verdadero giro de guion ocurre en el despacho de Hacienda. Mientras el jubilado celebra que su pensión sube para poder comprar el mismo kilo de tomates que el año pasado, el IRPF espera al acecho en la esquina. Una parte considerable de esa revalorización volverá directamente a las arcas públicas. Es el círculo perfecto: el Estado sube la pensión con una mano para que el jubilado no se asfixie, y con la otra, Hacienda recupera la tajada vía impuestos. A esto súmale el 'efecto sustitución', donde los nuevos jubilados cobran más que los que se van, y tenemos una receta perfecta para que el sistema engorde mientras el ciudadano sigue haciendo malabares con la lista de la compra.
Ceuta ha pasado de ser una ciudad fronteriza a un experimento social donde la ley es una sugerencia y el espacio público ha cambiado de dueño. Desde aquel salto masivo del 30 de julio, la geografía urbana se ha redibujado: ya no mandan los semáforos ni las normas de cortesía, sino la ley de la manada. Las playas, plazas y hasta las aceras han sido colonizadas por miles de inmigrantes que se mueven con la soltura de quien ha heredado la propiedad sin pasar por notaría. Para las mujeres ceutíes, la libertad ahora se mide en metros y acompañantes. Miriam, de 23 años, resume la nueva normalidad: grupos de WhatsApp para ir a la Universidad y el spray de pimienta como accesorio imprescindible, más vital que el móvil. El trayecto del coche al portal, esos tres minutos que antes eran invisibles, ahora son una carrera de obstáculos psicológica marcada por miradas que intimidan y roces no deseados. La cifra es gélida: seis agresiones sexuales el último fin de semana, dos de ellas a españolas, mientras los pubs cierran porque el ocio nocturno ha sido sustituido por el pánico. La hipocresía institucional se palpa en el recibo de la luz, que para vecinos como Verónica, de 42 años, se ha triplicado debido a las conexiones clandestinas de agua y electricidad. Mientras el Estado despliega soldados frente al Mercadona —como ocurrió el 17 de agosto—, en los pasillos del súper se vive el caos de quienes abren desodorantes y dispersan el pan. Los niños de 4 y 8 años ya han aprendido a señalar a 'los malos' y han cambiado las vacaciones en la playa por el encierro doméstico. Ceuta es hoy una ciudad donde el miedo ha instalado su residencia fija y la seguridad privada de una discoteca es el único refugio razonable.
Hay una diferencia abismal entre decir que quieres salvar el mundo y entregar material corrosivo a quien intenta saltar una valla. La Policía Nacional ya está husmeando en los trastos de No Name Kitchen, una ONG que parece haber confundido la asistencia humanitaria con un manual de química bélica en Ceuta. Pero claro, nadie hace estas cosas solo; para que el negocio ruede hace falta gasolina, y en este caso, la gasolina llega de la Guerrilla Foundation. En 2023, Guerrilla soltó la pasta para financiar a No Name Kitchen, envolviendo todo en un papel de regalo intelectualmente pretencioso. Se citan a Byung-Chul Han y su 'Topología de la violencia' (2011) para explicar que la violencia hoy es 'anónima y sistémica'. Traducción para el ciudadano de a pie: 'Si alguien lanza un ácido, no es violencia, es una respuesta creativa al sistema'. Es la clásica maniobra de lavarse las manos con jabón orgánico; Guerrilla dice que no financia el daño físico, pero luego admite que no comprende del todo las 'realidades' de sus beneficiarios. Es como pagarle la fiesta a un piromaníaco y luego decir que tú solo apoyabas su pasión por la termodinámica. El guion es el de siempre: el viejo manual marxista donde la destrucción es la 'comadrona' de la sociedad nueva. Mientras el resto de los mortales intentamos que la factura de la luz no nos deje en la calle, estos visionarios del 'cambio sistémico' juegan a la guerra en la frontera con fondos europeos o privados. Guerrilla Foundation presume de no temer a la controversia ni al riesgo. Y vaya si hay riesgo cuando la 'creatividad' para abordar los problemas incluye sustancias que queman la piel. Al final, la emancipación liberadora resulta ser un cóctel corrosivo pagado con cheques muy limpios.
Hay quien soluciona los problemas cortando el nudo gordiano y hay quien, como el Gobierno, decide que la mejor respuesta a una crisis migratoria es enviar un catálogo de muebles de bajo coste vía Armada. El viernes 4 de septiembre, el puerto de Ceuta recibió al buque Carnota (A-61), un gigante de 66,8 metros de eslora que, en lugar de traer soluciones administrativas o refuerzos de la Policía Nacional para agilizar las devoluciones, llegó cargado con 166 palés de colchones y estructuras metálicas. Es la logística del 'parche': mientras en la calle se pide gestión y orden, el Ejecutivo responde con el equivalente a un pedido masivo de IKEA transportado por un barco de 2.284 toneladas. Este despliegue no es un hecho aislado, sino la segunda entrega de un kit de supervivencia a escala industrial. Apenas unos días antes, el 27 de agosto, el buque Tornado ya había desembarcado 82 palés de tiendas y literas modulares procedentes de Las Palmas. En total, ya son 248 palés de material que convierten la ciudad autónoma en un campamento permanente. Resulta casi poético que el Carnota, un barco construido en 2014 en los astilleros Zamakona y que hasta noviembre de 2023 era un activo noruego llamado Ocean Osprey, haya encontrado su verdadera vocación como transportista de colchones. La ministra Margarita Robles habla de empatía y preocupación, pero los hechos narran otra historia. En el Consejo de Ministros del 1 de septiembre se confirmó la disposición de infraestructuras de Defensa, pero el mensaje real es que no hay plan de salida, solo un plan de alojamiento. Es como intentar vaciar una piscina con una cuchara mientras sigues abriendo el grifo: no importa cuántas camas metálicas envíes, el problema no es la falta de muebles, sino la falta de gestión.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido jugar en la liga de la fertilidad. Tras el grito de guerra de las capitanas, la Federación ultima un acuerdo con una clínica para que las jugadoras de la selección congelen sus óvulos. Alexia Putellas lo ha dejado claro: servir al país implica pelear contra el reloj biológico, porque mientras el cuerpo es la herramienta de trabajo, la maternidad no entiende de calendarios de la UEFA. Es la paradoja del deporte de élite: el pico de rendimiento coincide exactamente con la ventana fértil. Pero vamos a traducir esto al lenguaje de la calle, lejos de los comunicados institucionales. Congelar óvulos no es como guardar un helado en el congelador; es una inversión con un ticket de entrada considerable. Un ciclo de vitrificación oscila entre los 2.800 y los 5.000 euros. Para alguien que no sea una estrella del balón, es un sablazo que te deja la cuenta corriente temblando. A esto hay que sumarle la medicación, que es el 'extra' que puede dinamitar el presupuesto según el programa, como el que ofrece IVI. Y aquí viene lo más curioso: el 'alquiler'. Una vez que los óvulos están a -196 ºC, hay que pagar una cuota de mantenimiento que ronda los 400 euros anuales. Básicamente, es pagar un alquiler por un espacio microscópico en nitrógeno líquido para que el futuro no caduque. La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) advierte que después de los 35 años la cosa se pone cuesta arriba, y a los 40 el panorama es desolador. El problema es que no hay garantías; tener entre 10 y 15 óvulos solo ofrece una tasa de éxito de entre el 40% y el 85%. No es un seguro de vida, es una apuesta. La RFEF aún no ha soltado la letra pequeña: no sabemos si pagarán un solo ciclo o si asumirán el coste del 'almacén' durante una década. Lo que es seguro es que la biología no negocia prórrogas.
Hay quien dice que el mercado inmobiliario está imposible, pero es que algunos han llevado el concepto de 'estudio minimalista' a un nivel psicópata. En la avenida de los Reyes Católicos de Ceuta, dos tipos decidieron que un garaje era el hotel boutique ideal para quienes huyen de su país. El negocio era sencillo: aprovechar la desesperación ajena y cobrar hasta 900 euros por una plaza de parking. Sí, han cobrado casi el alquiler de un piso compartido en el centro de Madrid por el privilegio de dormir junto a los neumáticos y el olor a aceite quemado. La justicia ha despertado tarde, pero ha llegado. Un ciudadano ceutí se lleva nueve meses de cárcel por delitos contra los derechos de los extranjeros y otros seis meses por amenazas. Al parecer, cuando el cliente no paga el 'estacionamiento humano', la amabilidad se acaba. Por su parte, el socio, un marroquí con residencia legal, se ha librado de la celda pero se lleva un billete de ida y vuelta: la expulsión de España durante 5 años. La Operación Senen, coordinada por la UCRIF de Ceuta y la UCRIF Central, destapó este agujero de humanidad gracias a que los vecinos, esos radares sociales que no perdonan, alertaron de que las plazas estaban cerradas pero el flujo de gente no cesaba. Al final, la policía rescató a ocho personas, incluyendo dos mujeres, aunque el garaje llegó a ser el dormitorio compartido de una veintena de almas que solo querían llegar a la península. Una ingeniería financiera basada en la vulnerabilidad absoluta, donde el metro cuadrado más caro de la ciudad no era un ático, sino un espacio para guardar el coche.
Hay viajes que son como un café con leche: tranquilos y rutinarios. Y luego están los de Rafael Louzán y Luis de la Fuente a Ceuta, que han caído en el patio vecino como una granada de mano. La visita, programada para este viernes, pretendía ser un abrazo solidario tras la crisis migratoria de finales de julio, pero en Marruecos lo han leído como si España hubiera sacado la bandera en medio de una cena familiar. El diario Le360, que es básicamente el altavoz del rey Mohamed VI, no se ha cortado y ha soltado que España está 'politizando' el fútbol al más alto nivel. Es la eterna danza de las apariencias. Mientras la RFEF dice que 'España es Ceuta' y que el estadio Alfonso Murube recibirá pronto a una selección (porque la absoluta no cabe, que el aforo es más ajustado que un presupuesto de enero), en Rabat ven señales políticas donde nosotros vemos un trofeo de campeón paseando por la ciudad. Pero claro, el ruido no es por el cariño a los ceutíes, sino por el 'sablazo' que quiere dar cada uno en el Mundial 2030. Aquí el problema no es el balón, sino dónde se juega la final. Mientras Marruecos sueña con el estadio Hassan II de Casablanca, Louzán ha soltado desde Ceuta una pregunta que en Marruecos ha sonado a desafío: '¿Dónde se va a jugar si no es en España?'. Básicamente, ha pasado de la diplomacia de guante blanco a jugar al fútbol sala en un pasillo estrecho. Entre la presión mediática y la amenaza velada de reconsiderar la candidatura conjunta, el Mundial 2030 ya no parece un torneo deportivo, sino una partida de ajedrez donde el tablero es el Mediterráneo y las piezas son los egos de dos federaciones que se quieren, pero que no se soportan.
El Gobierno ha jugado una partida de póker con las cartas marcadas y ha ganado, aunque sea en una mesa donde casi todos los comensales se han levantado indignados. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la reforma de financiación autonómica, pero no por consenso, sino por una aritmética de despacho donde Hacienda puso el 50% y Cataluña y Canarias pusieron el sello final. Así de sencillo. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Moncloa han decidido que basta con un par de apoyos para elevar el proyecto al Consejo de Ministros. Lo más jugoso de esta crónica es la traición familiar. El PSOE de García-Page en Castilla-La Mancha y el de Adrián Barbón en Asturias han dicho que el modelo es 'injusto'. Imaginen la escena: el hijo diciéndole al padre que su plan es un desastre porque no garantiza la igualdad o ignora que en Asturias la orografía y el envejecimiento no son sugerencias, sino realidades que pesan. Incluso en Castilla y León, el PSOE local ha mirado con recelo el diseño de Arcadi España. El Gobierno intenta vender la moto con una cifra brillante: una inyección de 21.000 millones al sistema. Suena a premio gordo, pero para la mayoría de las autonomías, incluyendo la de Jorge Azcón en Aragón, esto no es más que un 'caramelo' coyuntural. La sospecha es que el precio de esos millones es abrir la puerta trasera para que Cataluña se desentienda de la caja común, rompiendo un modelo que, aunque caducado desde hace 12 años (vigente desde 2009), mantenía una coherencia que ahora vuela por los aires. El Gobierno llama 'gamberrismo institucional' a la ausencia de Madrid, pero el verdadero gamberrismo es intentar imponer un traje a medida para unos pocos mientras el resto se queda con los remiendos.
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Adolfo Sáez