Crítica:
El texto original es una sucesión de citas sin analizar el trasfondo del 'intercambio' político. Falta profundidad sobre cómo esos 21.000 millones se distribuyen realmente para justificar el ruido.
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Fútbol, Ceuta y el 'estira y afloja' marroquí
Hay viajes que son como un café con leche: tranquilos y rutinarios. Y luego están los de Rafael Louzán y Luis de la Fuente a Ceuta, que han caído en el patio vecino como una granada de mano. La visita, programada para este viernes, pretendía ser un abrazo solidario tras la crisis migratoria de finales de julio, pero en Marruecos lo han leído como si España hubiera sacado la bandera en medio de una cena familiar. El diario Le360, que es básicamente el altavoz del rey Mohamed VI, no se ha cortado y ha soltado que España está 'politizando' el fútbol al más alto nivel. Es la eterna danza de las apariencias. Mientras la RFEF dice que 'España es Ceuta' y que el estadio Alfonso Murube recibirá pronto a una selección (porque la absoluta no cabe, que el aforo es más ajustado que un presupuesto de enero), en Rabat ven señales políticas donde nosotros vemos un trofeo de campeón paseando por la ciudad. Pero claro, el ruido no es por el cariño a los ceutíes, sino por el 'sablazo' que quiere dar cada uno en el Mundial 2030. Aquí el problema no es el balón, sino dónde se juega la final. Mientras Marruecos sueña con el estadio Hassan II de Casablanca, Louzán ha soltado desde Ceuta una pregunta que en Marruecos ha sonado a desafío: '¿Dónde se va a jugar si no es en España?'. Básicamente, ha pasado de la diplomacia de guante blanco a jugar al fútbol sala en un pasillo estrecho. Entre la presión mediática y la amenaza velada de reconsiderar la candidatura conjunta, el Mundial 2030 ya no parece un torneo deportivo, sino una partida de ajedrez donde el tablero es el Mediterráneo y las piezas son los egos de dos federaciones que se quieren, pero que no se soportan.
PSOE pagó campaña de UV contra PP
En la política, como en el barrio, hay quien paga la fiesta para que el vecino se pelee con el dueño de la casa. La juez Pepa Tarodo acaba de ponerle nombre y apellidos a una de esas jugadas maestras del PSPV-PSOE en 2007. Resulta que el partido decidió jugar al 'caballo de Troya' y dopó la campaña de Unión Valenciana (UV) para que le mordiera el talón al Partido Popular. No fue un gesto de generosidad ideológica, sino una operación de ingeniería electoral fría y calculada. El sablazo fue de 102.080 euros, destinados a folletos y sobres que terminaron en los buzones, financiados no por el partido, sino por Gigante Edificaciones y Obras, una sociedad que funcionaba básicamente como una hucha abierta para la trama. Francisco Martínez Rico, el gerente del PSOE en aquel entonces, fue quien dio la orden de que la factura de la empresa KEY SA no pasara por la contabilidad oficial, sino que la pagara la constructora. Es el clásico truco de 'paga tú que yo te lo arreglo luego', pero con dinero que olía a favores públicos. Pero el agujero contable es más profundo. La juez ha desglosado un total de 484.480,46 euros repartidos entre cinco empresas (Metrofilms, Ingraval, KEY, Publipress y Cronosport) para inflar la maquinaria socialista. Todo este despliegue financiero sería el 'peaje' que Jaime Febrer aceptó pagar para que el PAI El Espartal en Jijona tuviera agua, gracias a los contactos de José Luis Vera con Joan Navarro de Acuamed. En resumen: agua para el hormigón, dinero para el partido y folletos para el rival del rival. Un ecosistema donde la ética es un lujo que no cabía en el presupuesto.
Inmigrantes junto a polvorines: genio gubernamental
Hay quien dice que el sentido común es un don, pero en el Gobierno parece que es un artículo de lujo que no pueden permitirse. La última genialidad consiste en instalar campos de inmigrantes en Ceuta siguiendo una lógica digna de un juego de mesa: pongamos a miles de personas, algunas con el currículum manchado de yihadismo y otras que podrían ser agentes de inteligencia marroquíes, justo al lado de donde guardamos los fuegos artificiales más potentes del Estado. El plan maestro ubica a la gente en la 'explanada del Guano' (propiedad del Ministerio de Transición Ecológica) y en la zona de la 'Hípica'. Lo divertido es que, a tan solo 150 metros de esta última, el Ejército de Tierra tiene 16 búnkeres llenos de armamento y explosivos. Es como dejar las llaves del coche puestas y abrir la puerta del garaje en un barrio conflictivo, esperando que nadie note el olor a gasolina. Desde el Ejecutivo nos venden la moto alegando que la videovigilancia y la presencia del Regimiento de Ingenieros N.º 7 (RING7) y el Batallón del Cuartel General de Melilla darán 'seguridad'. Claro, porque nada dice 'estamos tranquilos' como tener un polvorín a un tiro de piedra de una masa donde el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) ya avisó de la presencia de agentes marroquíes no uniformados dando órdenes. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la factura de la luz, aquí jugamos al Tetris con la seguridad nacional. Ya hemos visto que el uniforme no asusta a quien viene en masa —como demostró la emboscada a cuatro militares en agosto—, pero parece que al Gobierno le gusta vivir al límite, convirtiendo la zona del Centro Ecuestre de Ceuta en un experimento de tensión geopolítica que ningún mando militar firma sin sudar frío.
Sueldo de lujo para 'enamorar' en Baleares
Hay que tener valor. Mucho valor. Rosario Sánchez, la candidata del PSOE al Govern en Baleares, ha decidido que la receta para rescatar a un partido que huele a cerrado por los casos de corrupción es, sencillamente, 'enamorar'. Claro, porque nada seduce más que un currículum manchado y una retórica de combate. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y ve cómo la factura de la luz le da un sablazo cada mes, Sánchez opera desde la comodidad de un sueldo de 120.000 euros anuales como secretaria de Estado de Turismo. Lo curioso es que, según los datos, ha decidido que su agenda gubernamental puede quedar en el congelador para dedicarse a tiempo completo a la campaña de mayo de 2027. Básicamente, cobrar el premio gordo del Estado para jugar a la política regional. En la reunión del Consell Polític de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), la estrategia ha sido el ataque frontal. Para Sánchez, Jaime Martínez es un 'especulador inmobiliario' y Marga Prohens una 'clasista y racista'. Un despliegue de cariño digno de quien quiere 'enamorar' al electorado. Por su parte, Iago Negueruela, el candidato a la Alcaldía, ha intentado vender la idea de que son la alternativa real frente a la 'involución', poniendo el foco en la saturación y el cambio climático. El contraste es delicioso: mientras el PSOE habla de 'derechos básicos' y 'vivienda no productiva', su propia candidata disfruta de un salario que multiplicaría por diez la capacidad de ahorro de cualquier joven palentino que intente alquilar un zulo en el centro. Quedan 37 semanas para las elecciones y el plan es dar un 'susto'. Con este arranque, el único susto probable es el que se llevarán los contribuyentes al revisar la hoja de horas de la Secretaria de Estado.
Psicóloga al mando de la vivienda pública
En el tablero del Gobierno, las piezas se mueven con una lógica que solo entienden ellos, probablemente en una sesión de terapia grupal. El martes pasado, el Ejecutivo decidió que la mejor persona para pilotar Casa 47 —la empresa pública de vivienda— no era un arquitecto, ni un experto en urbanismo, ni alguien que supiera distinguir un plano de planta de una servilleta. No. Han nombrado a Maribel Ramos Vergeles. Sí, la psicóloga experta en género. Para quienes luchamos cada mes contra un alquiler que se come la mitad del sueldo, el nombramiento suena a chiste de mal gusto. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la tarjeta para llegar al día 20, el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez nos vende que poner a una especialista en Intervención Social y Género al mando es la clave para «consolidar la vivienda pública». Es como contratar a un experto en nutrición para que arregle el motor de un tractor: muy noble la intención, pero el tractor sigue sin arrancar. El currículum de Ramos Vergeles es impecable, pero en el carril equivocado. Licenciada por la Universidad de Salamanca y con un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, ha pasado por el Instituto de la Mujer y la Junta de Extremadura entre 2009 y 2011. Ha estudiado en el IESE y Esade, lugares donde se aprende a gestionar el éxito, aunque no necesariamente a gestionar el déficit de pisos. Su única pincelada en el sector fue en Hogar Sí (2014-2024), donde compartió bandera con Richard Gere. Muy bien por la filantropía, pero gestionar la vivienda pública no es hacer una gala benéfica; es una partida de ajedrez contra la especulación donde ahora el Gobierno ha decidido jugar con las piezas del psicoanálisis.
Puente pasa el trapo al Puerto Ceuta
En el tablero político, hay quienes juegan al Monopoly con la vida real y otros que simplemente pasan la factura. El ministro Óscar Puente ha decidido que el puerto de Ceuta es el lugar ideal para montar un campamento de carpas para más de 1.000 personas en situación irregular, ignorando con una elegancia glacial el voto negativo de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Para el Ministerio, el artículo 73.3 de la Ley de Puertos es como un 'vale todo' que permite saltarse la opinión de quienes gestionan el muelle día a día. La jugada es maestra en su desfachatez: mientras el Consejo de Administración advertía que esto era incompatible con la explotación del puerto —algo así como intentar montar un mercadillo en medio de una autopista—, Puente firmó la orden el sábado por la mañana. Resultado: 16.000 metros cuadrados de dominio público convertidos en un hotel de lona hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo más jugoso es el contraste. Puertos del Estado admitió que la medida podría 'incrementar riesgos' en infraestructuras críticas. Traducido al cristiano: es un riesgo, pero como el 'interés general' manda, nos aguantamos. Mientras los empresarios de la CECE gritan que no se toque el motor económico de la ciudad, el Gobierno despliega enfermerías y casetas de seguridad como quien coloca muebles en un piso alquilado que no es suyo. Al final, la solución humanitaria se impone mediante un 'porque yo lo digo', dejando a la administración local como un simple espectador de su propia infraestructura, con la opción de recurrir ante la Audiencia Nacional si no les gusta el paisaje de carpas que ahora domina el horizonte portuario.
Mil millones en inmigración y tú pagas
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, una lotería donde siempre pierdes. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del súper con cara de tragedia, Vox ha decidido sacar la calculadora para el arranque del curso político. El planteamiento es sencillo, casi de libro de cuentas de barrio: ¿por qué seguimos pagando el pato mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se gasta más de 1.000 millones de euros anuales en el programa de «acciones a favor de los inmigrantes»? Es el clásico contraste entre el presupuesto para el vecino que llega y el bolsillo del que ya estaba aquí. Santiago Abascal no se anda con rodeos y apunta al dedo a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, con una moción que huele a urgencia. Según las cuentas de Vox, desde 2018 nos han clavado más de 140 subidas de impuestos. Es una lluvia de tributos que ha dejado el poder adquisitivo en cuidados intensivos, con una pérdida del 3,2% en los salarios reales. Para rematar el cuadro, dicen que la recaudación del IRPF en 2025 se disparó un 85% comparado con 2017. Básicamente, el Estado ha pasado de pedir una propina a llevarse media cena. La receta de Vox para salir del agujero es el 'borrón y cuenta nueva' fiscal: exenciones para rentas bajas de 22.000 euros, bajadas de IVA y eliminar los impuestos a los hidrocarburos y la electricidad. También ponen el foco en la vivienda, donde sostienen que la llegada de 7,8 millones de inmigrantes entre 2018 y 2025 ha dinamitado los precios, convirtiendo el alquiler de una habitación en lo que antes era un piso entero. Piden una auditoría del Tribunal de Cuentas porque, según ellos, hay una ingeniería financiera invisible que oculta el gasto real en inmigración ilegal mientras el español de a pie sigue apretándose el cinturón.
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