Crítica:
El texto original es un festín de citas filosóficas para justificar lo injustificable. Se pierde demasiado en la teoría marxista y poco en el rastro real del dinero.
El texto original es un festín de citas filosóficas para justificar lo injustificable. Se pierde demasiado en la teoría marxista y poco en el rastro real del dinero.
Hay quien soluciona los problemas cortando el nudo gordiano y hay quien, como el Gobierno, decide que la mejor respuesta a una crisis migratoria es enviar un catálogo de muebles de bajo coste vía Armada. El viernes 4 de septiembre, el puerto de Ceuta recibió al buque Carnota (A-61), un gigante de 66,8 metros de eslora que, en lugar de traer soluciones administrativas o refuerzos de la Policía Nacional para agilizar las devoluciones, llegó cargado con 166 palés de colchones y estructuras metálicas. Es la logística del 'parche': mientras en la calle se pide gestión y orden, el Ejecutivo responde con el equivalente a un pedido masivo de IKEA transportado por un barco de 2.284 toneladas. Este despliegue no es un hecho aislado, sino la segunda entrega de un kit de supervivencia a escala industrial. Apenas unos días antes, el 27 de agosto, el buque Tornado ya había desembarcado 82 palés de tiendas y literas modulares procedentes de Las Palmas. En total, ya son 248 palés de material que convierten la ciudad autónoma en un campamento permanente. Resulta casi poético que el Carnota, un barco construido en 2014 en los astilleros Zamakona y que hasta noviembre de 2023 era un activo noruego llamado Ocean Osprey, haya encontrado su verdadera vocación como transportista de colchones. La ministra Margarita Robles habla de empatía y preocupación, pero los hechos narran otra historia. En el Consejo de Ministros del 1 de septiembre se confirmó la disposición de infraestructuras de Defensa, pero el mensaje real es que no hay plan de salida, solo un plan de alojamiento. Es como intentar vaciar una piscina con una cuchara mientras sigues abriendo el grifo: no importa cuántas camas metálicas envíes, el problema no es la falta de muebles, sino la falta de gestión.
Hay viajes que son como un café con leche: tranquilos y rutinarios. Y luego están los de Rafael Louzán y Luis de la Fuente a Ceuta, que han caído en el patio vecino como una granada de mano. La visita, programada para este viernes, pretendía ser un abrazo solidario tras la crisis migratoria de finales de julio, pero en Marruecos lo han leído como si España hubiera sacado la bandera en medio de una cena familiar. El diario Le360, que es básicamente el altavoz del rey Mohamed VI, no se ha cortado y ha soltado que España está 'politizando' el fútbol al más alto nivel. Es la eterna danza de las apariencias. Mientras la RFEF dice que 'España es Ceuta' y que el estadio Alfonso Murube recibirá pronto a una selección (porque la absoluta no cabe, que el aforo es más ajustado que un presupuesto de enero), en Rabat ven señales políticas donde nosotros vemos un trofeo de campeón paseando por la ciudad. Pero claro, el ruido no es por el cariño a los ceutíes, sino por el 'sablazo' que quiere dar cada uno en el Mundial 2030. Aquí el problema no es el balón, sino dónde se juega la final. Mientras Marruecos sueña con el estadio Hassan II de Casablanca, Louzán ha soltado desde Ceuta una pregunta que en Marruecos ha sonado a desafío: '¿Dónde se va a jugar si no es en España?'. Básicamente, ha pasado de la diplomacia de guante blanco a jugar al fútbol sala en un pasillo estrecho. Entre la presión mediática y la amenaza velada de reconsiderar la candidatura conjunta, el Mundial 2030 ya no parece un torneo deportivo, sino una partida de ajedrez donde el tablero es el Mediterráneo y las piezas son los egos de dos federaciones que se quieren, pero que no se soportan.
El Gobierno ha jugado una partida de póker con las cartas marcadas y ha ganado, aunque sea en una mesa donde casi todos los comensales se han levantado indignados. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la reforma de financiación autonómica, pero no por consenso, sino por una aritmética de despacho donde Hacienda puso el 50% y Cataluña y Canarias pusieron el sello final. Así de sencillo. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Moncloa han decidido que basta con un par de apoyos para elevar el proyecto al Consejo de Ministros. Lo más jugoso de esta crónica es la traición familiar. El PSOE de García-Page en Castilla-La Mancha y el de Adrián Barbón en Asturias han dicho que el modelo es 'injusto'. Imaginen la escena: el hijo diciéndole al padre que su plan es un desastre porque no garantiza la igualdad o ignora que en Asturias la orografía y el envejecimiento no son sugerencias, sino realidades que pesan. Incluso en Castilla y León, el PSOE local ha mirado con recelo el diseño de Arcadi España. El Gobierno intenta vender la moto con una cifra brillante: una inyección de 21.000 millones al sistema. Suena a premio gordo, pero para la mayoría de las autonomías, incluyendo la de Jorge Azcón en Aragón, esto no es más que un 'caramelo' coyuntural. La sospecha es que el precio de esos millones es abrir la puerta trasera para que Cataluña se desentienda de la caja común, rompiendo un modelo que, aunque caducado desde hace 12 años (vigente desde 2009), mantenía una coherencia que ahora vuela por los aires. El Gobierno llama 'gamberrismo institucional' a la ausencia de Madrid, pero el verdadero gamberrismo es intentar imponer un traje a medida para unos pocos mientras el resto se queda con los remiendos.
En la política, como en el barrio, hay quien paga la fiesta para que el vecino se pelee con el dueño de la casa. La juez Pepa Tarodo acaba de ponerle nombre y apellidos a una de esas jugadas maestras del PSPV-PSOE en 2007. Resulta que el partido decidió jugar al 'caballo de Troya' y dopó la campaña de Unión Valenciana (UV) para que le mordiera el talón al Partido Popular. No fue un gesto de generosidad ideológica, sino una operación de ingeniería electoral fría y calculada. El sablazo fue de 102.080 euros, destinados a folletos y sobres que terminaron en los buzones, financiados no por el partido, sino por Gigante Edificaciones y Obras, una sociedad que funcionaba básicamente como una hucha abierta para la trama. Francisco Martínez Rico, el gerente del PSOE en aquel entonces, fue quien dio la orden de que la factura de la empresa KEY SA no pasara por la contabilidad oficial, sino que la pagara la constructora. Es el clásico truco de 'paga tú que yo te lo arreglo luego', pero con dinero que olía a favores públicos. Pero el agujero contable es más profundo. La juez ha desglosado un total de 484.480,46 euros repartidos entre cinco empresas (Metrofilms, Ingraval, KEY, Publipress y Cronosport) para inflar la maquinaria socialista. Todo este despliegue financiero sería el 'peaje' que Jaime Febrer aceptó pagar para que el PAI El Espartal en Jijona tuviera agua, gracias a los contactos de José Luis Vera con Joan Navarro de Acuamed. En resumen: agua para el hormigón, dinero para el partido y folletos para el rival del rival. Un ecosistema donde la ética es un lujo que no cabía en el presupuesto.
Hay quien dice que el sentido común es un don, pero en el Gobierno parece que es un artículo de lujo que no pueden permitirse. La última genialidad consiste en instalar campos de inmigrantes en Ceuta siguiendo una lógica digna de un juego de mesa: pongamos a miles de personas, algunas con el currículum manchado de yihadismo y otras que podrían ser agentes de inteligencia marroquíes, justo al lado de donde guardamos los fuegos artificiales más potentes del Estado. El plan maestro ubica a la gente en la 'explanada del Guano' (propiedad del Ministerio de Transición Ecológica) y en la zona de la 'Hípica'. Lo divertido es que, a tan solo 150 metros de esta última, el Ejército de Tierra tiene 16 búnkeres llenos de armamento y explosivos. Es como dejar las llaves del coche puestas y abrir la puerta del garaje en un barrio conflictivo, esperando que nadie note el olor a gasolina. Desde el Ejecutivo nos venden la moto alegando que la videovigilancia y la presencia del Regimiento de Ingenieros N.º 7 (RING7) y el Batallón del Cuartel General de Melilla darán 'seguridad'. Claro, porque nada dice 'estamos tranquilos' como tener un polvorín a un tiro de piedra de una masa donde el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) ya avisó de la presencia de agentes marroquíes no uniformados dando órdenes. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la factura de la luz, aquí jugamos al Tetris con la seguridad nacional. Ya hemos visto que el uniforme no asusta a quien viene en masa —como demostró la emboscada a cuatro militares en agosto—, pero parece que al Gobierno le gusta vivir al límite, convirtiendo la zona del Centro Ecuestre de Ceuta en un experimento de tensión geopolítica que ningún mando militar firma sin sudar frío.
Hay que tener valor. Mucho valor. Rosario Sánchez, la candidata del PSOE al Govern en Baleares, ha decidido que la receta para rescatar a un partido que huele a cerrado por los casos de corrupción es, sencillamente, 'enamorar'. Claro, porque nada seduce más que un currículum manchado y una retórica de combate. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y ve cómo la factura de la luz le da un sablazo cada mes, Sánchez opera desde la comodidad de un sueldo de 120.000 euros anuales como secretaria de Estado de Turismo. Lo curioso es que, según los datos, ha decidido que su agenda gubernamental puede quedar en el congelador para dedicarse a tiempo completo a la campaña de mayo de 2027. Básicamente, cobrar el premio gordo del Estado para jugar a la política regional. En la reunión del Consell Polític de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), la estrategia ha sido el ataque frontal. Para Sánchez, Jaime Martínez es un 'especulador inmobiliario' y Marga Prohens una 'clasista y racista'. Un despliegue de cariño digno de quien quiere 'enamorar' al electorado. Por su parte, Iago Negueruela, el candidato a la Alcaldía, ha intentado vender la idea de que son la alternativa real frente a la 'involución', poniendo el foco en la saturación y el cambio climático. El contraste es delicioso: mientras el PSOE habla de 'derechos básicos' y 'vivienda no productiva', su propia candidata disfruta de un salario que multiplicaría por diez la capacidad de ahorro de cualquier joven palentino que intente alquilar un zulo en el centro. Quedan 37 semanas para las elecciones y el plan es dar un 'susto'. Con este arranque, el único susto probable es el que se llevarán los contribuyentes al revisar la hoja de horas de la Secretaria de Estado.
En el tablero del Gobierno, las piezas se mueven con una lógica que solo entienden ellos, probablemente en una sesión de terapia grupal. El martes pasado, el Ejecutivo decidió que la mejor persona para pilotar Casa 47 —la empresa pública de vivienda— no era un arquitecto, ni un experto en urbanismo, ni alguien que supiera distinguir un plano de planta de una servilleta. No. Han nombrado a Maribel Ramos Vergeles. Sí, la psicóloga experta en género. Para quienes luchamos cada mes contra un alquiler que se come la mitad del sueldo, el nombramiento suena a chiste de mal gusto. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la tarjeta para llegar al día 20, el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez nos vende que poner a una especialista en Intervención Social y Género al mando es la clave para «consolidar la vivienda pública». Es como contratar a un experto en nutrición para que arregle el motor de un tractor: muy noble la intención, pero el tractor sigue sin arrancar. El currículum de Ramos Vergeles es impecable, pero en el carril equivocado. Licenciada por la Universidad de Salamanca y con un máster en Políticas Públicas e Igualdad de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, ha pasado por el Instituto de la Mujer y la Junta de Extremadura entre 2009 y 2011. Ha estudiado en el IESE y Esade, lugares donde se aprende a gestionar el éxito, aunque no necesariamente a gestionar el déficit de pisos. Su única pincelada en el sector fue en Hogar Sí (2014-2024), donde compartió bandera con Richard Gere. Muy bien por la filantropía, pero gestionar la vivienda pública no es hacer una gala benéfica; es una partida de ajedrez contra la especulación donde ahora el Gobierno ha decidido jugar con las piezas del psicoanálisis.
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