Crítica:
La disculpa de Arroyo suena a parche barato. Falta información sobre el origen real de las joyas y la relación con el caso Plus Ultra. El titular, aunque efectivo, roza el sensacionalismo.
La disculpa de Arroyo suena a parche barato. Falta información sobre el origen real de las joyas y la relación con el caso Plus Ultra. El titular, aunque efectivo, roza el sensacionalismo.
Mientras el precio de la leche sigue subiendo y el alquiler te deja sin respiración, un grupo de diputados prefiere centrarse en cambiar de jefe de Estado. Este sábado, las calles de Madrid se llenarán de pancartas y consignas, cortesía de Podemos y Sumar, que han decidido que lo urgente es exigir el fin de Felipe VI y la proclamación de la III República. La cosa va en serio, según Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, para quien la cuestión republicana es “de pura actualidad” en medio de un contexto bélico internacional. En plan 'si no puedes resolver los problemas de la guerra, ataca al Rey'. Francisco Sierra, de Izquierda Unida (Sumar), va más allá: necesitamos una “ruptura democrática” y “un proceso de apertura a la ciudadanía”. Suena a planazo, pero ¿quién pagará la factura? Gerardo Pisarello, con la seriedad de quien ha pensado en todo, añade que sin una república laica, ni siquiera podremos soñar con la paz. Y claro, porque si hay algo que preocupa más que la inflación, es el privilegio de la Iglesia. Enrique Santiago (IU/PCE) y Alberto Ibáñez (Compromís/Sumar) también se apuntan al baile, demostrando que la unidad en la izquierda es posible… al menos en las fotos. Elena Ollero, portavoz de la Marcha Republicana, agradece el apoyo (necesario, visto el panorama) y anuncia que la movilización, que partirá de la Puerta del Sol y terminará en el Museo Reina Sofía (pasando por el Ministerio de Exteriores, por si acaso algún diplomático se anima), reunirá a gente de “todo el territorio nacional” para “clamar república”. El lema, 'República para la paz', suena bien, pero uno se pregunta si la paz se consigue cambiando de monarca o arreglando la lista de la compra. En resumen, un sábado más de debates trascendentales mientras la vida sigue su curso, y la hipocresía se pasea por la Gran Vía.
La fontanera socialista Leire Díez, convertida en involuntaria protagonista de un culebrón judicial, ha visto su petición de nulidad de causa rechazada por la Fiscalía. Un giro de guion que, para los que llevamos años viendo pasar trenes, es tan predecible como el sablazo en la factura del gas. La defensa de Díez alegaba extralimitación del juez Santiago Pedraz, quien, tras investigar las adjudicaciones públicas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), se encontró, según parece, con “hallazgos casuales” que le llevaron a husmear en las cloacas del PSOE. ¡Casualidades, ya! La Fiscalía, en un auto que huele a formalidad y poca sorpresa, defiende que ampliar la investigación es plausible. Es decir, si encuentras una gotera, revisa toda la tubería, ¿no? Y la cosa va más allá. Pedraz solicitó la inhibición del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde ya se investigaba la cloaca socialista, para que la Audiencia Nacional mantenga el control del tinglado. La Fiscalía aplaude la jugada: mejor un solo cirujano que dos peleándose el bisturí. Pero lo jugoso está en la descripción que la Fiscalía hace de la organización: una “organización criminal permanente y estructurada” desde 2021. Traducido a lenguaje llano: una trama que lleva años moviendo hilos para favorecer a unos pocos y protegerse de la justicia. El objetivo, según el informe, es orientar expedientes administrativos a cambio de favores y, simultáneamente, construir una muralla de protección contra investigaciones. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando la cuenta. El caso, con su fecha clave de 26 de mayo de 2026, parece un eco lejano de las cloacas de antaño, ahora con fontaneros en el centro del escenario.
Mientras la cesta de la compra te deja en números rojos, la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero desentierra un tesoro de 1.3 millones de euros. Un pequeño detalle, si consideramos que el juez Calama ya ha abierto una pieza separada por posible delito fiscal y, atención, contrabando. ¿Contrabando? Sí, como esas series que te bajas sin pagar, pero con diamantes. La joyería Ansorena, la encargada de poner precio a tanto brillo, desglosa un inventario digno de Aladino: un collar de 278.000 euros con esmeraldas de Zambia (que no son de aquí, ni de cerca) y 13 zafiros de Tailandia, porque el buen gusto no entiende de fronteras. Y no nos olvidemos de otro collar, por 228.000 euros, con un “delicado diseño vegetal calado”. ¿Calado? Como la paciencia del contribuyente. Entre perlas de imitación que valen menos que un café con leche y pendientes a 25 euros (¡un chollazo!), hay anillos de 85.000 euros con esmeraldas zambianas y una sortija que grita “ostentación”. Un Dogma de acero a 100 euros convive con una cadena de oro con el grupo sanguíneo grabado, por 2.480 euros. Todo mezclado con un alfiler con el nombre de Alba, una de las hijas. ¿Será herencia o comisión? El juez lo está investigando. Y mientras tanto, la pregunta es: ¿dónde estaba todo esto cuando el país se ahogaba?
La fontanera socialista Leire Díez, aparentemente aficionada a dejar constancia de sus pensamientos en agendas manuscritas, ha desatado un avispero. No es que haya descubierto la pólvora, pero sí ha puesto nombres y fechas a una trama que huele a podrido. Resulta que, según sus anotaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no solo estaba 'pillado' por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), sino que también se dedicaba a 'enchufar' al cuñado de alguien con las siglas de 'S.E.' –el misterioso secretario de Estado, vaya usted a saber quién–. La cosa no acaba ahí: la agenda menciona 'comprar' jueces de la Audiencia Nacional, específicamente a Alfonso Guevara, con la promesa de un ascenso a cambio de favores. Es como si la justicia fuera un mercadillo de segunda mano. El nombre de Rafael Pérez Ruiz, director de Gabinete y luego secretario de Estado de Seguridad, aparece también en el punto de mira, traído de Sevilla a Madrid y con una 'mochila' llena de secretos. ¿Casualidad? No lo parece. Todo esto, mientras la UCO investigaba posibles intentos de desprestigiarla. El ministro Marlaska, como buen estratega, ha intentado minimizar el asunto, primero negando escolta policial para la señora Díez, para luego admitir que sí la tuvo, pagada por el erario público, dos meses. Dos meses de 'protección' para la que ahora nos cuenta los entresijos del poder. Las agendas también mencionan bloquear puertas, cloacas para proteger a empresas y una 'oferta' para Koldo García. En resumen, un auténtico catálogo de vicios al poder. La cosa pinta tan fea que hasta el comandante Villalba, vinculado al caso Koldo, sale a colación. La fontanera, al parecer, usaba las agendas como si fueran un muro de WhatsApp, anotando todo lo que escuchaba o intuía.
El Gobierno de Pedro Sánchez, autoproclamado adalid de la igualdad, parece haber perdido el norte... o, mejor dicho, el sexo. Sí, señoras y señores, del concepto biológico de sexo se ha decidido prescindir en los documentos oficiales sobre igualdad, sustituyéndolo por el sociocultural de género. ¿El resultado? Una nebulosa donde la mujer, esa categoría biológica con siglos de lucha, se diluye entre un abanico de identidades diversas. Más de 60 organizaciones feministas han alzado la voz, acusando al Ministerio de Albares de ignorar la base de la desigualdad femenina. El Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, vigente hasta 2030 y con una financiación que parece construida sobre arena (ningún Presupuesto General a la vista), alude al género 236 veces y al sexo, ¡solo 13! Como si el sexo fuera un detalle menor, una anécdota en la gran narrativa de la identidad. Y la cosa no mejora en otros ministerios: Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad... todos caídos en la trampa de confundir términos que, según la RAE, no tienen nada que ver. La Fundación Mujeres, presidida por Elena Valenciano y generosamente subvencionada, prefiere mantenerse al margen de la polémica. Mientras tanto, el Gobierno sigue impulsando una ‘arquitectura feminista’ que parece más un laberinto ideológico. Ana Redondo, ministra de Igualdad, vende la idea de una “economía basada en la igualdad” que suena tan bien como hueca. La Escuela Virtual de Igualdad del Instituto de las Mujeres ofrece 10 cursos online donde el sexo brilla por su ausencia, mientras el género se pasea como un pavoneo. Y para rematar la faena, el Instituto de las Mujeres ha publicado una Nueva Guía de lenguaje inclusivo para la Administración, redactada por filólogas inglesas que se atreven a emitir juicios antropológicos y biológicos. La RAE tiembla. El sentido común se cuestiona. Y la mujer, en medio de todo este embrollo, se pregunta si esta ‘igualdad’ no es, en realidad, una forma más sutil de invisibilización.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha encontrado una forma original de lidiar con las peticiones de ayuda de las víctimas de la okupación: llamarlas “peperos”. Sí, como si el drama de ver tu hogar invadido se solucionara con etiquetas políticas. Mientras el ciudadano de a pie lucha por llegar a fin de mes, la señora ministra prefiere desviar la atención con chistes de mal gusto. La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) lleva desde octubre de 2021 solicitando una reunión, un simple gesto que parece más complicado que una operación a corazón abierto. Según la PAO, Rodríguez no solo esquivó la petición, sino que justificó su inacción acusándolos de militantes del PP. ¿En serio? ¿Que la angustia de perder tu casa depende de tu papeleta electoral? El PSOE, al parecer, practica la doble moral: empatía a puerta cerrada con los afectados, pero desprecio público si la ministra se cruza con ellos. El senador socialista Juan Espadas, conocido por su interés en el tema, se limitó a encogerse de hombros ante la petición de interceder. Rodríguez, además, minimizó el problema de la okupación, argumentando que lo verdaderamente grave es que los alquileres se llevan el 50, 60 o incluso el 70% del sueldo. Como si una cosa fuera incompatible con la otra. En 2025 se registraron 10.971 allanamientos y usurpaciones, un 10,5% menos que el año anterior, según la ministra, pero para las 80.000 familias afectadas, la estadística es un consuelo muy pobre. La ministra parece vivir en una burbuja, ajena a la realidad de quienes han visto su derecho a la propiedad pisoteado. Un 0,04% de las viviendas afectadas, dice ella. Una nimiedad, aparentemente.
Dos millones de euros y un montón de buena fe. Así ha decidido invertir el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, en 53 coches nuevos para la policía del Campo de Gibraltar. El problema, según Jupol, el sindicato mayoritario, es que esos coches son como ir a una guerra con pistolas de agua. Mientras los narcos descargan ametralladoras (recientemente, un coche de la Guardia Civil terminó hecho trizas en Huelva, sin víctimas, afortunadamente, pero con 1.100 kilos de hachís confiscados), la policía recibirá vehículos que, al parecer, no resistirían un embestimiento de un carrito de la compra. Jupol, con Laura García a la cabeza, lo deja claro: “Necesitamos todoterrenos blindados, no coches para postureo”. La inversión, enmarcada en el Plan Especial del Campo de Gibraltar, alcanzó los 2.020.989,61 euros. Una cifra que, para algunos, podría haber sido mejor empleada en blindaje o vehículos de alto rendimiento, similares a los que usan los policías en Estados Unidos (los llamados PPV o Police Interceptor Vehicles). La ironía es que esta renovación de flota se anuncia justo después de que dos guardias civiles perdieran la vida en Huelva persiguiendo una narcolancha. La realidad es que, según la policía, los narcos se sienten “impunes” por la falta de medios. Marlaska, mientras tanto, apuesta por una “imagen de modernización” que, a juicio de Jupol, está muy alejada de las necesidades reales de los agentes. En resumen: más coches bonitos, menos seguridad, y la sensación de que, a veces, las prioridades están un poco… torcidas.
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