El auto del juez Pedraz es exhaustivo, pero la verdadera pregunta es: ¿quién más estaba implicado? La punta del iceberg siempre es la más visible, pero la masa oculta es mucho más peligrosa. El titular, aunque llamativo, simplifica una trama compleja.
El PSOE, en un giro digno de serie de Netflix, parece haber recurrido a una consultora estadounidense, Guidepost, con un historial más turbio que el agua de grifo en verano. Esta empresa, experta en “investigaciones privadas” (léase, apagar fuegos con gasolina), ha trabajado con figuras latinoamericanas de dudosa reputación, incluyendo a allegados a PDVSA. ¿Su misión en España? Gestionar citas con la trama de Leire Díez, la joven que denunció acoso al fiscal Grinda. Una de esas citas, ¡ojo!, tuvo lugar en la mismísima sede del PSOE en Ferraz, con Santos Cerdán presente. Todo comenzó con una llamada desde Nueva York, cortesía de Yohir Akerman, un supuesto periodista colombiano que, resulta, es empleado de Guidepost. Akerman y su compañero, Vytenis Didziulis, viajaron a Jaén, convencieron a Miriam S.R. (la denunciante) de reabrir un caso archivado en 2017, y la llevaron a Madrid para una serie de encuentros clave. Renfe, ajena a la trama, aportó los billetes de tren que delataron la presencia de los agentes. ¿El objetivo? Desviar la atención de fiscales incómodos. Guidepost se describe como especialista en “investigaciones de alto riesgo”. Traducido: apagar incendios judiciales a clientes adinerados. Su currículum incluye operaciones en Latinoamérica, China y Rusia, con un enfoque en fraude, corrupción y, por supuesto, sanciones. En el ajo también está Juanfran Serrano, diputado del PSOE y hombre de confianza de Cerdán, quien presuntamente medió para conseguir un “enchufe” para Miriam en una empresa de la Diputación de Jaén. Una amistad de toda la vida con el presidente de la empresa, Francisco Reyes, facilitó la operación. La frase clave, según el sumario: “Juanfran ha sido obediente”. ¿Obediente a quién? Esa es la pregunta del millón. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando la cuenta.
El misterio de los regalos presidenciales. ¿Dónde están los obsequios de Sánchez? Una pregunta que resuena mientras el Gobierno se escuda en tecnicismos legales dignos de Kafka. Desde 2023, el abogado Guillermo Rocafort lleva intentando desentrañar el inventario de obsequios recibidos por Pedro Sánchez, encontrándose con un muro de silencio administrativo. El argumento es simple, casi infantil: “Ya lo veremos cuando deje el cargo”. Tres años de espera, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pone la puntilla, recordando que la Casa Real sí publica sus regalos anuales. La opacidad de Sánchez contrasta con el pasado. Felipe González, Aznar y Zapatero acumularon 1.224 objetos entre 1982 y 2016, un botín que salió a la luz gracias a la Ley de Transparencia. Zapatero, por cierto, se vio envuelto en un embrollo con 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho. ¿Coincidencia? ¿O una muestra de que la falta de control abre la puerta a la ingeniería financiera y a las sombras? Mientras el ciudadano medio lucha por llegar a fin de mes, la Presidencia del Gobierno considera que las “anotaciones simples” de los regalos no son documentos públicos. Es decir, un chiste. La Abogacía del Estado defiende lo indefendible: que no hay obligación legal de llevar un inventario en tiempo real. Rocafort, tozudo, sospecha que se trata de evitar “disfrutes” y “desapariciones” de regalos. Y no es para menos. Porque en este país, donde hacer la compra es un deporte de riesgo, la transparencia parece un lujo reservado a otros. Habrá que esperar a 2027 para saber si Sánchez supera a sus predecesores socialistas en cuanto a regalos recibidos. O si, simplemente, ha decidido ocultarlos bajo la alfombra.
El expresidente Zapatero ha bailado sobre la cuerda floja en la Audiencia Nacional, pero el juez Calama le ha permitido seguir bailando. A pesar de que la Fiscalía pedía ataduras –retención de pasaporte, comparecencias quincenales, la guinda: prisión provisional–, el magistrado ha decidido que, por ahora, el señor Zapatero puede seguir haciendo la compra sin problemas. Mientras tanto, la acusación popular (Vox, Hazte oír y compañía) se queda con las ganas. La cosa va de 53 millones de euros rescatados a Plus Ultra en 2021, un rescate donde, según mensajes intervenidos, el 'pana' Zapatero movió los hilos. Y no solo eso. También aparecen transferencias entre cuentas del expresidente, sociedades mercantiles dudosas y, la joya de la corona, 1,3 millones de euros en joyas sin justificar, tasadas por la mismísima joyería Ansorena. Zapatero dice estar recabando información, pero el juez prefiere creer en su 'arraigo' y en el hecho de que, siendo quien es, no va a escaparse. El juez Calama argumenta que ya se han intervenido las pruebas y que Zapatero no puede obstaculizar la investigación. Además, considera que restringir su libertad sería desproporcionado. En resumen, un auto que huele a perfume caro y a impunidad. Mientras tanto, el expresidente ha negado cualquier influencia en el rescate y se ha desvinculado de su supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, quien, irónicamente, firmó un contrato para cobrar una comisión del 1% del rescate. Zapatero sí admite haber trabajado para la consultora de Martínez, Análisis Relevante, y haber cobrado 490.780 euros, cantidad que, casualmente, está bloqueada en sus cuentas. A esto hay que sumar otros 239.755 euros que fueron a parar a la agencia de sus hijas, Whathefav. Un entramado que, a simple vista, parece más enrevesado que un nudo de marinero.
El Congreso se ha convertido en un desfile de cuello abierto. Mientras la ciudadanía intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes, el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha decidido que lo urgente es… quitarse la corbata. Un gesto que, según ellos, es una medida de eficiencia energética, pero que huele a truco barato a kilómetros de distancia. ¿Coincidencia que esta 'revolución textil' haya surgido justo cuando los focos apuntan a las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez? Difícilmente. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no han dudado en secundar la iniciativa, transformando la bancada socialista en un club de verano perpetuo. Recordemos que en 2011, Miguel Sebastián, entonces ministro de Industria, ya intentó lo del ‘cuello relajado’ en aras del ahorro, pero José Bono, el entonces presidente del Congreso, le puso en su sitio con una corbata prestada. La historia se repite, pero con un giro: ahora el ‘descuello’ es una estrategia. Vox, fiel a su estética conservadora, clama al cielo indignado, mientras el Gobierno se escuda en la comodidad y la modernidad. Pero la verdad es que, con presuntos casos de corrupción acechando a figuras como José Luis Ábalos y Leire Díez, hablar de corbatas parece una excusa para no hablar de lo que realmente importa. En resumen, un circo mediático para desviar la atención de los verdaderos problemas, aderezado con un toque de marketing político y una buena dosis de hipocresía.
El caso Plus Ultra, ese rescate de 53 millones de euros que parece sacado de un chiste malo, ha vuelto a escandalizar. Y esta vez, el expresidente Zapatero está en el punto de mira. No por una crisis de esnobismo con corbatas floreadas, sino por joyas valoradas en 1.323.915 euros cuyo origen es, digamos, turbio. Unos adornos que no vienen con la factura del El Corte Inglés, vamos. La cosa se ha puesto seria: delitos fiscales, contrabando… el menú completo. El revés, según fuentes policiales que prefieren no dar su nombre (porque en esto de remover mierda, siempre hay riesgo de salpicaduras), es que el nuevo DAO, José Santafé, parece no ser tan maleable como su predecesor, José Ángel González, quien tuvo que dimitir por un presunto caso de agresión sexual. El gobierno, al parecer, creía tener a Santafé atado con alambre de piano, pero el hombre ha decidido abrir el grifo de la investigación. ¿Será que a Santafé le ha dado por ser un Indiana Jones de la justicia? La UDEF, esa unidad que se dedica a perseguir a los que se apropian más de lo debido, parece dispuesta a reivindicarse después de años de ser “defenestrada”, como dicen los expertos. Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía y hombre de confianza del exministro José Bono, observa desde arriba, con un control férreo. La partida de ajedrez está servida. Mientras tanto, el caso ha saltado del juzgado de Madrid a la Audiencia Nacional, indicando que esto va más allá de una simple disputa vecinal. El currículum de Santafé es impecable: ingresó en la Policía en 1990, ascendió poco a poco, diplomado en Magisterio y un sinfín de cursos de formación. Pero lo que importa ahora no es su expediente académico, sino si tiene el valor de enfrentarse a los poderosos y desentrañar este embrollo.
El juez Calama, un tipo con la paciencia de un santo y el olfato de un detective de novela negra, le ha dicho a la Fiscalía que, por mucho que insistan, José Luis Rodríguez Zapatero no se va a escapar con la pasta. No, señor. El expresidente, investigado por cuatro delitos –más que algunos atracadores de bancos–, ha visto cómo su pasaporte se mantenía intacto, como un billete de ida a la tranquilidad (o eso parece). Mientras el ciudadano de a pie se pelea con Hacienda por 30 euros, el caso Plus Ultra y sus comisiones siguen dando vueltas, con un empresario amigo, Julio Martínez Martínez, en el centro del huracán. Zapatero se desvincula de todo, como si fuera un espectador en un partido que él mismo armó. Su empresa, Análisis Relevante, canalizaba comisiones, dice la UDEF, pero él nada sabe, nada. Sus hijas, con una empresa de marketing que casualmente también recibió encargos de Martínez Martínez, prestaban servicios reales, insiste. Y las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que encontraron en su despacho oficial… mejor no hablar de eso, claro. Calama, eso sí, no se come el cuento del riesgo de fuga. Zapatero es “figura pública” y tiene “arraigo”. En resumen, el ex-presidente puede seguir viajando, mientras el resto de mortales soñamos con las vacaciones. El caso, lejos de desvelar una trama turbia, parece más un sainete de poder y amistades influyentes. La Fiscalía pedía medidas cautelares, pero el juez ha decidido que, por ahora, el expresidente puede seguir disfrutando de su “manifiesto arraigo” con el dinero de todos.
El expresidente Zapatero, un tipo que solía hablar de “tener poco y dar mucho”, ahora tiene que explicar a un juez de dónde salió lo “mucho”. Entró a la Audiencia Nacional como si fuera VIP, por una puerta reservada para jueces, mientras el exministro Ábalos, presumiblemente con menos contactos, hacía la cola como un ciudadano más. La cosa huele a chamusquina, a privilegio y a “ingeniería financiera” de la que pocos se libran. Los gritos de “¡sinvergüenza!” y “¡chorizo!” al bajar del coche, un clásico, le recibieron como una factura de la luz en pleno invierno. Zapatero, imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se enfrenta a preguntas sobre el caso Plus Ultra y, aunque no declarará sobre las joyas encontradas en su despacho (otro detalle curioso), ya está en el punto de mira por tráfico de influencias, falsedad documental y, para rematar, posibles delitos contra la Hacienda Pública. El hombre que prometió cambiar España, ahora es el primer expresidente en pisar la Audiencia Nacional como imputado. Un giro de guion digno de Netflix. La entrada reservada, a 100 metros de la principal, no evitó los improperios. ¿Privilegio o simple cortesía? La pregunta está en el aire, igual que el olor a corrupción que impregna los pasillos de la justicia. La declaración ante el juez Calama promete ser un espectáculo, aunque Zapatero se acoja a su derecho a no declarar sobre el tema de las joyas. En resumen, un día de emociones fuertes para el establishment y una confirmación más de que, en este país, todos somos iguales… pero algunos más iguales que otros.
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