Crítica:
La noticia es un fragmento procesal seco que deja demasiados huecos sobre quién es exactamente el licitador beneficiario. Se limita a citar decretos sin dar contexto sobre los importes reales del presunto fraude.
Peinado abre una pieza separada en el caso Begoña Gómez para investigar el uso de fondos europeos
Begoña Gómez: Fondos europeos y contratos 'a dedo'
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Fondos europeos: el 'truco' del Libro Blanco
El juez Juan Carlos Peinado acaba de añadir un nuevo plato al menú de complicaciones del 'caso Begoña Gómez'. No es un aperitivo, sino una pieza separada por prevaricación y fraude con fondos europeos. La jugada es tan torpe que parece escrita por un guionista de serie B: la Fiscalía Europea dio el aviso el pasado 8 de junio, alertando que en Bruselas alguien no sabía sumar ni restar honestidad. El núcleo del problema es el contrato 044/20. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si en un concurso de cocina pidieran obligatoriamente un postre y el jurado le diera la máxima nota a quien entregó el plato vacío, asegurando que era 'minimalismo vanguardista' para que nadie más se quejara. En este caso, la UTE KPMG-INNOVA se llevó el premio gordo a pesar de que no presentaron el Libro Blanco, un requisito básico que los evaluadores decidieron 'olvidar' deliberadamente en el informe de valoración. Lo más cínico es que los borradores del informe, esos que se escriben antes de limpiar la fachada, ya admitían que faltaba el Libro Blanco. Pero, mágicamente, esa frase desapareció en la versión final para que otros licitadores no pudieran impugnar el sablazo. El hilo conductor de este despropósito tiene nombre y apellidos: Luis Prieto. El señor Prieto firmó los informes de valoración en tres procedimientos distintos, dejando una huella digital tan evidente que la UCO de la Guardia Civil no tuvo que esforzarse mucho en conectar los puntos. Ahora, la Fiscalía debe analizar la tipicidad de estos hechos, mientras el dinero público europeo sigue siendo el tablero donde algunos juegan al Monopoly con la ley.
PSOE: Operación Fontanería al Estilo Yankee
El PSOE, en un giro digno de serie de Netflix, parece haber recurrido a una consultora estadounidense, Guidepost, con un historial más turbio que el agua de grifo en verano. Esta empresa, experta en “investigaciones privadas” (léase, apagar fuegos con gasolina), ha trabajado con figuras latinoamericanas de dudosa reputación, incluyendo a allegados a PDVSA. ¿Su misión en España? Gestionar citas con la trama de Leire Díez, la joven que denunció acoso al fiscal Grinda. Una de esas citas, ¡ojo!, tuvo lugar en la mismísima sede del PSOE en Ferraz, con Santos Cerdán presente. Todo comenzó con una llamada desde Nueva York, cortesía de Yohir Akerman, un supuesto periodista colombiano que, resulta, es empleado de Guidepost. Akerman y su compañero, Vytenis Didziulis, viajaron a Jaén, convencieron a Miriam S.R. (la denunciante) de reabrir un caso archivado en 2017, y la llevaron a Madrid para una serie de encuentros clave. Renfe, ajena a la trama, aportó los billetes de tren que delataron la presencia de los agentes. ¿El objetivo? Desviar la atención de fiscales incómodos. Guidepost se describe como especialista en “investigaciones de alto riesgo”. Traducido: apagar incendios judiciales a clientes adinerados. Su currículum incluye operaciones en Latinoamérica, China y Rusia, con un enfoque en fraude, corrupción y, por supuesto, sanciones. En el ajo también está Juanfran Serrano, diputado del PSOE y hombre de confianza de Cerdán, quien presuntamente medió para conseguir un “enchufe” para Miriam en una empresa de la Diputación de Jaén. Una amistad de toda la vida con el presidente de la empresa, Francisco Reyes, facilitó la operación. La frase clave, según el sumario: “Juanfran ha sido obediente”. ¿Obediente a quién? Esa es la pregunta del millón. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando la cuenta.
Sánchez: ¿Qué esconde en la caja?
El misterio de los regalos presidenciales. ¿Dónde están los obsequios de Sánchez? Una pregunta que resuena mientras el Gobierno se escuda en tecnicismos legales dignos de Kafka. Desde 2023, el abogado Guillermo Rocafort lleva intentando desentrañar el inventario de obsequios recibidos por Pedro Sánchez, encontrándose con un muro de silencio administrativo. El argumento es simple, casi infantil: “Ya lo veremos cuando deje el cargo”. Tres años de espera, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le pone la puntilla, recordando que la Casa Real sí publica sus regalos anuales. La opacidad de Sánchez contrasta con el pasado. Felipe González, Aznar y Zapatero acumularon 1.224 objetos entre 1982 y 2016, un botín que salió a la luz gracias a la Ley de Transparencia. Zapatero, por cierto, se vio envuelto en un embrollo con 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en su despacho. ¿Coincidencia? ¿O una muestra de que la falta de control abre la puerta a la ingeniería financiera y a las sombras? Mientras el ciudadano medio lucha por llegar a fin de mes, la Presidencia del Gobierno considera que las “anotaciones simples” de los regalos no son documentos públicos. Es decir, un chiste. La Abogacía del Estado defiende lo indefendible: que no hay obligación legal de llevar un inventario en tiempo real. Rocafort, tozudo, sospecha que se trata de evitar “disfrutes” y “desapariciones” de regalos. Y no es para menos. Porque en este país, donde hacer la compra es un deporte de riesgo, la transparencia parece un lujo reservado a otros. Habrá que esperar a 2027 para saber si Sánchez supera a sus predecesores socialistas en cuanto a regalos recibidos. O si, simplemente, ha decidido ocultarlos bajo la alfombra.
El 'Sablazo' de la UCO: 26 Años
El 'caso Leire' destapó una cloaca, pero el verdadero festín estaba en Gaslow. Juan Sánchez Yepes, exmando de la UCO, no solo se dedicaba a perseguir delincuentes, sino a negociar con ellos. Un auténtico 'traductor' entre la ley y el dinero sucio. El juez Pedraz, con 43 páginas de puro drama, desvela cómo Yepes infló su patrimonio un 134% entre 2018 y 2022, pasando de 251.587,89 euros a 590.300,21 euros, mientras el resto lidiábamos con la pandemia y la inflación. ¿Un golpe de suerte? No, un negocio redondo basado en 'servicios prestados'. ¿En qué consistían esos servicios? En chivatazos, claro. Yepes avisaba a los capos de la trama de hidrocarburos (Javier García Pérez, Antonio Rodríguez Estepa y José Luis Caramés Taboada) de las próximas detenciones, permitiéndoles esconder el dinero y limpiar el terreno. García Pérez, por ejemplo, le regaló 55.000 euros a través de testaferros, y a cambio recibió información privilegiada. Una 'novedad en el frente', como le preguntaba el empresario. El silencio, al parecer, se mide en billetes. La trama era tan amplia que implicó a la esposa, hijos, hermana y cuñado de Yepes, quienes canalizaban sobornos a través de tarjetas prepago hasta sumar 154.722,46 euros. Un 'aguinaldo' familiar cortesía de los defraudadores. Para colmo, Yepes fue destinado a enseñar Ética y Deontología Profesional en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, un giro argumental digno de una serie de Netflix. La ironía, a veces, es el mejor disfraz de la hipocresía. Ahora se enfrenta a 26 años de cárcel, una cifra que, considerando el nivel de impunidad en este país, podría ser una simple advertencia. Y todo, porque se atrevió a tirar de la cuerda demasiado corta. Las dádivas no se limitaban al dinero. Televisores Samsung, muebles de lujo, incluso viviendas a precio de saldo (un solar por 60.000 euros cuando valía 100.000) formaban parte del botín. El juez Pedraz, con lupa de detective y paciencia infinita, ha reconstruido una red de favores y corrupción que avergüenza al sistema. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos pagando el IVA de la gasolina y preguntándonos dónde está el dinero.
Zapatero: Se escapa de la cárcel (por ahora)
El expresidente Zapatero ha bailado sobre la cuerda floja en la Audiencia Nacional, pero el juez Calama le ha permitido seguir bailando. A pesar de que la Fiscalía pedía ataduras –retención de pasaporte, comparecencias quincenales, la guinda: prisión provisional–, el magistrado ha decidido que, por ahora, el señor Zapatero puede seguir haciendo la compra sin problemas. Mientras tanto, la acusación popular (Vox, Hazte oír y compañía) se queda con las ganas. La cosa va de 53 millones de euros rescatados a Plus Ultra en 2021, un rescate donde, según mensajes intervenidos, el 'pana' Zapatero movió los hilos. Y no solo eso. También aparecen transferencias entre cuentas del expresidente, sociedades mercantiles dudosas y, la joya de la corona, 1,3 millones de euros en joyas sin justificar, tasadas por la mismísima joyería Ansorena. Zapatero dice estar recabando información, pero el juez prefiere creer en su 'arraigo' y en el hecho de que, siendo quien es, no va a escaparse. El juez Calama argumenta que ya se han intervenido las pruebas y que Zapatero no puede obstaculizar la investigación. Además, considera que restringir su libertad sería desproporcionado. En resumen, un auto que huele a perfume caro y a impunidad. Mientras tanto, el expresidente ha negado cualquier influencia en el rescate y se ha desvinculado de su supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez, quien, irónicamente, firmó un contrato para cobrar una comisión del 1% del rescate. Zapatero sí admite haber trabajado para la consultora de Martínez, Análisis Relevante, y haber cobrado 490.780 euros, cantidad que, casualmente, está bloqueada en sus cuentas. A esto hay que sumar otros 239.755 euros que fueron a parar a la agencia de sus hijas, Whathefav. Un entramado que, a simple vista, parece más enrevesado que un nudo de marinero.
Sánchez: Corbata fuera, escándalos dentro
El Congreso se ha convertido en un desfile de cuello abierto. Mientras la ciudadanía intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes, el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha decidido que lo urgente es… quitarse la corbata. Un gesto que, según ellos, es una medida de eficiencia energética, pero que huele a truco barato a kilómetros de distancia. ¿Coincidencia que esta 'revolución textil' haya surgido justo cuando los focos apuntan a las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez? Difícilmente. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no han dudado en secundar la iniciativa, transformando la bancada socialista en un club de verano perpetuo. Recordemos que en 2011, Miguel Sebastián, entonces ministro de Industria, ya intentó lo del ‘cuello relajado’ en aras del ahorro, pero José Bono, el entonces presidente del Congreso, le puso en su sitio con una corbata prestada. La historia se repite, pero con un giro: ahora el ‘descuello’ es una estrategia. Vox, fiel a su estética conservadora, clama al cielo indignado, mientras el Gobierno se escuda en la comodidad y la modernidad. Pero la verdad es que, con presuntos casos de corrupción acechando a figuras como José Luis Ábalos y Leire Díez, hablar de corbatas parece una excusa para no hablar de lo que realmente importa. En resumen, un circo mediático para desviar la atención de los verdaderos problemas, aderezado con un toque de marketing político y una buena dosis de hipocresía.
Zapatero, Joyas y un DAO Rebelde
El caso Plus Ultra, ese rescate de 53 millones de euros que parece sacado de un chiste malo, ha vuelto a escandalizar. Y esta vez, el expresidente Zapatero está en el punto de mira. No por una crisis de esnobismo con corbatas floreadas, sino por joyas valoradas en 1.323.915 euros cuyo origen es, digamos, turbio. Unos adornos que no vienen con la factura del El Corte Inglés, vamos. La cosa se ha puesto seria: delitos fiscales, contrabando… el menú completo. El revés, según fuentes policiales que prefieren no dar su nombre (porque en esto de remover mierda, siempre hay riesgo de salpicaduras), es que el nuevo DAO, José Santafé, parece no ser tan maleable como su predecesor, José Ángel González, quien tuvo que dimitir por un presunto caso de agresión sexual. El gobierno, al parecer, creía tener a Santafé atado con alambre de piano, pero el hombre ha decidido abrir el grifo de la investigación. ¿Será que a Santafé le ha dado por ser un Indiana Jones de la justicia? La UDEF, esa unidad que se dedica a perseguir a los que se apropian más de lo debido, parece dispuesta a reivindicarse después de años de ser “defenestrada”, como dicen los expertos. Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía y hombre de confianza del exministro José Bono, observa desde arriba, con un control férreo. La partida de ajedrez está servida. Mientras tanto, el caso ha saltado del juzgado de Madrid a la Audiencia Nacional, indicando que esto va más allá de una simple disputa vecinal. El currículum de Santafé es impecable: ingresó en la Policía en 1990, ascendió poco a poco, diplomado en Magisterio y un sinfín de cursos de formación. Pero lo que importa ahora no es su expediente académico, sino si tiene el valor de enfrentarse a los poderosos y desentrañar este embrollo.
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