Crítica:
El texto original es un festín de insinuaciones que roza la denuncia, pero falla al no detallar la naturaleza exacta de los 'negocios' de Bono. Es un ejercicio de 'quemar' a la casta basándose en la presión de Washington.
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Escoltas 'fugitivos': el salseo del CGPJ
Hay que tener valor para despertar un domingo a las 10 de la mañana con una reunión telemática de urgencia. Pero claro, cuando el juez Juan Carlos Peinado decide que los escoltas de Begoña Gómez no son precisamente ángeles guardianes, sino potenciales cómplices de una fuga cinematográfica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pone el pijama de gala. Peinado ha enviado a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos, pero el verdadero 'bombazo' no es la retirada del pasaporte ni la comparecencia quincenal; es la sugerencia de que los agentes del Estado podrían ayudarla a desaparecer, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes de arriba. Es como si el juez pensara que el servicio de protección es, en realidad, una agencia de viajes clandestinos. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, no ha tardado ni un segundo en montar el escenario. Ha lanzado una 'queja enérgica' a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, indignado porque el juez ha puesto en duda la profesionalidad de sus agentes. Para Marlaska, que Peinado sospeche que un superior podría dictar órdenes ilegales para facilitar una huida es un 'hecho de máxima gravedad'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración para renovar el DNI, en las altas esferas se pelean por ver quién tiene el guion más dramático. El CGPJ ahora debe decidir si el juez Peinado ha cruzado la línea o si simplemente ha tenido una epifanía sobre cómo funcionan los favores en el poder. Al final, el auto judicial es el detonante de una guerra de egos donde la profesionalidad de la policía es la moneda de cambio en un tablero de ajedrez político.
Begoña Gómez: del VIP al banquillo
En España tenemos una tradición admirable: el banquillo de los acusados es la única mesa donde todos los poderosos acaban sentados, desde Rodrigo Rato hasta la Infanta Cristina. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que es hora de ampliar la lista de invitados y ha convocado a Begoña Gómez para un juicio que, según el calendario, probablemente se celebre en 2028. No es una cita cualquiera; hablamos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La trama es un manual de 'emprendimiento' para quienes tienen el pase VIP a la Moncloa. Según el auto de 84 páginas, Gómez no se limitó a ser la esposa de Pedro Sánchez, sino que utilizó esa etiqueta como un acelerador de partículas para su carrera. El juez describe un esquema donde la Cátedra de la UCM era la fachada —el envoltorio bonito— mientras que el contenido era captar fondos privados para su propio bolsillo. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, aquí se habla de usar software financiado por la universidad y desarrollado por gigantes como Indra, Telefónica y Google para lucrarse a través de una sociedad llamada Transforma TSC. Es el clásico truco de cambiar el nombre del bote pero mantener el mismo veneno para confundir al cliente. El guion se completa con la asesoría de Cristina Álvarez y la complicidad del empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado no se ha andado con juegos y ha quitado los pasaportes, sugiriendo que, si la pena llega a los 16 años, la tentación de 'irse de vacaciones' permanentemente es alta. Incluso lanzó un dardo contra los escoltas, insinuando que podrían ayudar en una fuga, lo que ha provocado que el ministro Fernando Grande-Marlaska y sindicatos como Jupol se pongan el pecho. Mientras tanto, el PSOE ha activado el modo 'blindaje', con ministros como Puente y Morant calificando el proceso de 'ignominia' y 'persecución', transformando un auto judicial en una guerra de hashtags con el #YoConBegoña.
Ley de nietos: nacionalidad por la puerta trasera
El Gobierno ha decidido que la genealogía es una cuestión de fe y conveniencia electoral. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar un DNI, el Ejecutivo ha montado un 'todo incluido' de nacionalidades que parece más un casting de realidad que un proceso administrativo. Bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, han ejecutado una maniobra de ingeniería social digna de un casino: ampliar la nacionalidad hasta el siglo XIX. ¿El truco? Una instrucción del 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, que básicamente decidió que cualquiera que se marchara de España entre 1936 y 1955 era un exiliado, sin importar si huía de una bala o simplemente buscaba un mejor sueldo en América. Es como si en el contrato de alquiler te dijeran que no aceptan mascotas y, cinco minutos después, el portero te dejara meter un zoológico completo por la puerta de atrás. Lo más delirante es que el Parlamento ya había dicho que no. El 14 de julio de 2022, el Congreso dinamitó la propuesta de Ciudadanos con 264 votos en contra. Pero, ¡oh sorpresa!, la administración decidió que lo que el legislador rechaza, la burocracia lo aprueba con un sello. Resultado: más de 545.000 nacionalidades concedidas y una ambición de llegar a los 2,5 millones. Mientras tanto, un recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica lleva durmiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde diciembre de 2022, amenazando con convertir este castillo de naipes en un caos de anulaciones. Entre el 'coladero cubano' denunciado por Santiago Abascal y el silencio sepulcral del Gobierno sobre la falta de base jurídica, queda la duda: ¿quién vigila al vigilante cuando el fiscal de turno es un fichaje de confianza?
Begoña al banquillo: ¿Carrera o contactos?
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en la Moncloa parece que el amor tiene un olfato extraordinario para los negocios. Begoña Gómez, la mujer del jefe, se prepara para un aterrizaje forzoso en el banquillo. El juez Juan Carlos Peinado no ha tenido mucha piedad en su auto de 84 páginas, dibujando un mapa donde la carrera de Begoña no despegó por mérito propio, sino gracias a un 'impulso' presidencial tras la investidura de 2018. Es el clásico caso de 'quien tiene un amigo en lo alto, tiene la autopista despejada'. Pasamos de una consultora en el Grupo Inmark a dirigir el África Center del IE Business School y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Todo muy académico, hasta que aparecen los datos que huelen a quemado: un software llamado 'Transforma TSC', valorado en más de 113.000 euros, financiado con dinero público pero registrado como marca personal. Para que nos entendamos: es como si tu empresa pagara la reforma de tu cocina y tú luego intentaras vender la casa a tu nombre. Y para rematar el cuadro, el uso de la asesora Cristina Álvarez para gestiones privadas, convirtiendo la maquinaria del Estado en una secretaría personal de lujo. El juez Peinado ha puesto los puntos sobre las íes con cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Mientras el Gobierno grita 'lawfare' y 'persecución' al viento, Begoña se queda sin pasaporte y con la obligación de firmar cada quince días. Un recordatorio incómodo de que, aunque el marido mande en el Palacio, en el juzgado el que lleva la batuta es el instructor. Con acusaciones populares de Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, y la UCM pidiendo cuentas, el espectáculo promete ser el plato fuerte de la temporada judicial.
Marlaska deja Barajas sin táseres: ¡Sorteo!
En el Ministerio del Interior han descubierto que la seguridad es como un juego de sillas musicales: para que alguien se siente, otro tiene que quedarse de pie. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que los agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya no necesitan sus pistolas táser. Sí, las mismas que recibieron entre finales de 2023 y 2024 y que ahora, por un giro burocrático digno de un sketch, han sido retiradas para dárselas a unidades que el Gobierno considera 'más prioritarias'. Básicamente, es como si en tu casa decidieran quitarle la alarma al salón porque el garaje tiene más riesgo de robo; una lógica que en la calle llamaríamos 'estirarse para que el presupuesto llegue'. Daniel Fernández, presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC) y veterano con 18 años de servicio, no se ha tragado el cuento. Denuncia que dejar desprotegidos a los agentes en una infraestructura donde pasan millones de personas es, sencillamente, irresponsable. El contraste es sangrante: mientras el Gobierno presume de un contrato de 4,5 millones de euros con la firma estadounidense Axon para comprar 800 pistolas más, la realidad es que el ritmo de entrega es de risa: 200 unidades anuales entre 2025 y 2028. Para que nos entendamos, tenemos unas 600 pistolas para 76.000 agentes. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La hipocresía alcanza su clímax cuando recordamos que, en enero y febrero de 2025, estas armas evitaron 22 tragedias. Sin ellas, el escenario es el de La Gomera: un hombre violento, una agente con cuatro costillas rotas y un disparo en el pie para evitar una masacre. En Barajas, ahora, el agente solo tiene dos opciones: o se deja golpear como la patrulla de Palma o recurre al plomo. Una gestión brillante, sin duda.
Igualdad quiere redactar el periodismo
El Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Ana Redondo, ha decidido que el periodismo actual es, básicamente, un club de caballeros oxidado. A través del Instituto de las Mujeres, han lanzado la 'Guía de periodismo inclusivo'. No es un sugerente manual de estilo, sino un manual de instrucciones para que los redactores no se sientan 'machistas' mientras escriben. Cristina Hernández Martín, la directora del Instituto, prologó el texto con la elegancia de quien te dice que tu casa está sucia mientras te ofrece una escoba de oro: quiere un periodismo 'a la altura del país que ya estamos construyendo'. La joya de la corona es la 'regla de la reversibilidad'. Es como ese juego de niños de cambiar los papeles, pero con el peso del Estado detrás: si el titular suena ridículo al cambiar el género del sujeto, entonces es improcedente. Patético si es un hombre, prohibido si es una mujer. Lucía Quiroga, la periodista que ha cocinado el documento, propone además que los medios tengan 'corresponsales de género'. Es decir, un filtro oficial para que la noticia no se escape de la línea ideológica establecida. El documento no se queda en la superficie; se mete en el barro de los 'pequeños gestos cotidianos'. Ahora, preguntar por la maternidad o el aspecto físico es un pecado capital. Pero lo más disruptivo es la gestión de las fuentes: sugieren no dar protagonismo a voces 'LGTBIfóbicas' y preguntar los pronombres, como si estuviéramos rellenando un formulario de aduanas antes de cada entrevista. El cierre es el golpe de gracia: para ser inclusivos, los periodistas deben 'leer este libro' y asistir a sus talleres. Básicamente, el Ministerio nos dice que para informar correctamente primero hay que pasar por su academia de reeducación.
Generalitat pierde la cuenta de ayudas irregulares
La Generalitat de Cataluña ha decidido jugar al juego de las sillas con el dinero público. Tras un despliegue de honestidad administrativa, admiten haber recuperado 354.900 euros de rentas indebidas pagadas a ex Menores Extranjeros No Acompañados. Suena a cifra redonda, pero la realidad es que el organismo reconoce que no tiene ni idea del monto global de lo que se ha ido por la alcantarilla entre 2019 y 2025. Básicamente, han perdido el ticket de la compra y ahora intentan devolver cuatro productos al supermercado. La escalada de 'recuperaciones' es casi conmovedora: empezamos en 2020 con cinco casos por 3.400 euros (una propina), pasamos por los 12.500 euros de 2021 y los 66.700 de 2022, hasta llegar a los 138.300 euros registrados hasta octubre de 2025. Todo esto mientras José Muñoz Luque, el director general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, cobra un salario que para 2026 superará los 96.000 euros. Es fascinante que quien cobra casi cien mil euros al año para vigilar que no se pierda un céntimo, firme un documento admitiendo que el sistema de gestión no 'compila' la información global ni la nacionalidad de los beneficiarios. Un agujero contable del tamaño de un estadio. Para cobrar estas ayudas, el beneficiario debe ganar menos de 9622,18 euros anuales (unos 800 euros al mes), pero parece que la Administración es mucho más generosa con la ceguera voluntaria que con los solicitantes. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se escuda en la falta de 'variables informáticas' para no dar cifras totales. Todo esto ocurre en el patio de recreo de la DGPPIA, la entidad que nació del maquillaje cosmético tras el horror de una niña de 12 años violada y prostituida bajo tutela, y el eterno rumor del '3% de ERC en la infancia'. Cambiaron el nombre de la oficina, pero el aroma a gestión opaca sigue intacto.
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