El texto original es un ejercicio de indignación con datos precisos, aunque peca de ser demasiado dependiente de la narrativa de un solo medio. Le falta contrastar la respuesta técnica del Gobierno para no parecer un panfleto, aunque la hipocresía del 'no' parlamentario frente al 'sí' administrativo es un dato demoledor.
En España tenemos una tradición admirable: el banquillo de los acusados es la única mesa donde todos los poderosos acaban sentados, desde Rodrigo Rato hasta la Infanta Cristina. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que es hora de ampliar la lista de invitados y ha convocado a Begoña Gómez para un juicio que, según el calendario, probablemente se celebre en 2028. No es una cita cualquiera; hablamos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La trama es un manual de 'emprendimiento' para quienes tienen el pase VIP a la Moncloa. Según el auto de 84 páginas, Gómez no se limitó a ser la esposa de Pedro Sánchez, sino que utilizó esa etiqueta como un acelerador de partículas para su carrera. El juez describe un esquema donde la Cátedra de la UCM era la fachada —el envoltorio bonito— mientras que el contenido era captar fondos privados para su propio bolsillo. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, aquí se habla de usar software financiado por la universidad y desarrollado por gigantes como Indra, Telefónica y Google para lucrarse a través de una sociedad llamada Transforma TSC. Es el clásico truco de cambiar el nombre del bote pero mantener el mismo veneno para confundir al cliente. El guion se completa con la asesoría de Cristina Álvarez y la complicidad del empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado no se ha andado con juegos y ha quitado los pasaportes, sugiriendo que, si la pena llega a los 16 años, la tentación de 'irse de vacaciones' permanentemente es alta. Incluso lanzó un dardo contra los escoltas, insinuando que podrían ayudar en una fuga, lo que ha provocado que el ministro Fernando Grande-Marlaska y sindicatos como Jupol se pongan el pecho. Mientras tanto, el PSOE ha activado el modo 'blindaje', con ministros como Puente y Morant calificando el proceso de 'ignominia' y 'persecución', transformando un auto judicial en una guerra de hashtags con el #YoConBegoña.
Hay quien confunde la diplomacia con un club de vacaciones VIP y la República Dominicana parece haber sido el resort preferido de la vieja guardia del PSOE. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para comprar un kilo de manzanas, José Luis Rodríguez Zapatero planeaba un aterrizaje en Santo Domingo que olía a escapatoria. El plan era sencillo: saltar de la isla a Caracas en un vuelo privado fletado por el Palacio de Miraflores, evitando así que la justicia española y la causa de Plus Ultra le pasaran factura por cuatro delitos de corrupción. Pero el Departamento del Tesoro de EEUU no estaba para juegos y ya tenía a los agentes esperando en el aeropuerto de Las Américas para cortarle el paso. La Casa Blanca, bajo la mano dura de Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth, ha decidido que el 'santuario' del socialismo caviar se ha acabado. Ya no basta con que Luis Abinader mire hacia otro lado mientras José Bono se convierte en ciudadano dominicano y monta cuatro sociedades 'offshore' desde 2020 para blindar sus activos. Bono, que juega a ser el asesor de la Policía Nacional dominicana mientras reside allí varios meses al año, descubre ahora que el escudo caribeño tiene agujeros. El despliegue de ironía es total: aviones de PDVSA y hasta el jet privado de Víctor de Aldama sirvieron de taxis de lujo para el exmandatario. Mientras tanto, en Moncloa el sudor es frío; el juez Juan Carlos Peinado ya le ha quitado el pasaporte a Begoña Gómez y rastrea los vuelos de Cristina Álvarez. Solo en 2025, el Ejército del Aire hizo una docena de vuelos VIP a la isla, alegando que eran 'escalas'. Una escala muy cómoda para quienes confunden la gestión pública con una ingeniería financiera en el paraíso.
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en la Moncloa parece que el amor tiene un olfato extraordinario para los negocios. Begoña Gómez, la mujer del jefe, se prepara para un aterrizaje forzoso en el banquillo. El juez Juan Carlos Peinado no ha tenido mucha piedad en su auto de 84 páginas, dibujando un mapa donde la carrera de Begoña no despegó por mérito propio, sino gracias a un 'impulso' presidencial tras la investidura de 2018. Es el clásico caso de 'quien tiene un amigo en lo alto, tiene la autopista despejada'. Pasamos de una consultora en el Grupo Inmark a dirigir el África Center del IE Business School y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Todo muy académico, hasta que aparecen los datos que huelen a quemado: un software llamado 'Transforma TSC', valorado en más de 113.000 euros, financiado con dinero público pero registrado como marca personal. Para que nos entendamos: es como si tu empresa pagara la reforma de tu cocina y tú luego intentaras vender la casa a tu nombre. Y para rematar el cuadro, el uso de la asesora Cristina Álvarez para gestiones privadas, convirtiendo la maquinaria del Estado en una secretaría personal de lujo. El juez Peinado ha puesto los puntos sobre las íes con cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Mientras el Gobierno grita 'lawfare' y 'persecución' al viento, Begoña se queda sin pasaporte y con la obligación de firmar cada quince días. Un recordatorio incómodo de que, aunque el marido mande en el Palacio, en el juzgado el que lleva la batuta es el instructor. Con acusaciones populares de Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, y la UCM pidiendo cuentas, el espectáculo promete ser el plato fuerte de la temporada judicial.
En el Ministerio del Interior han descubierto que la seguridad es como un juego de sillas musicales: para que alguien se siente, otro tiene que quedarse de pie. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que los agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya no necesitan sus pistolas táser. Sí, las mismas que recibieron entre finales de 2023 y 2024 y que ahora, por un giro burocrático digno de un sketch, han sido retiradas para dárselas a unidades que el Gobierno considera 'más prioritarias'. Básicamente, es como si en tu casa decidieran quitarle la alarma al salón porque el garaje tiene más riesgo de robo; una lógica que en la calle llamaríamos 'estirarse para que el presupuesto llegue'. Daniel Fernández, presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC) y veterano con 18 años de servicio, no se ha tragado el cuento. Denuncia que dejar desprotegidos a los agentes en una infraestructura donde pasan millones de personas es, sencillamente, irresponsable. El contraste es sangrante: mientras el Gobierno presume de un contrato de 4,5 millones de euros con la firma estadounidense Axon para comprar 800 pistolas más, la realidad es que el ritmo de entrega es de risa: 200 unidades anuales entre 2025 y 2028. Para que nos entendamos, tenemos unas 600 pistolas para 76.000 agentes. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La hipocresía alcanza su clímax cuando recordamos que, en enero y febrero de 2025, estas armas evitaron 22 tragedias. Sin ellas, el escenario es el de La Gomera: un hombre violento, una agente con cuatro costillas rotas y un disparo en el pie para evitar una masacre. En Barajas, ahora, el agente solo tiene dos opciones: o se deja golpear como la patrulla de Palma o recurre al plomo. Una gestión brillante, sin duda.
El Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Ana Redondo, ha decidido que el periodismo actual es, básicamente, un club de caballeros oxidado. A través del Instituto de las Mujeres, han lanzado la 'Guía de periodismo inclusivo'. No es un sugerente manual de estilo, sino un manual de instrucciones para que los redactores no se sientan 'machistas' mientras escriben. Cristina Hernández Martín, la directora del Instituto, prologó el texto con la elegancia de quien te dice que tu casa está sucia mientras te ofrece una escoba de oro: quiere un periodismo 'a la altura del país que ya estamos construyendo'. La joya de la corona es la 'regla de la reversibilidad'. Es como ese juego de niños de cambiar los papeles, pero con el peso del Estado detrás: si el titular suena ridículo al cambiar el género del sujeto, entonces es improcedente. Patético si es un hombre, prohibido si es una mujer. Lucía Quiroga, la periodista que ha cocinado el documento, propone además que los medios tengan 'corresponsales de género'. Es decir, un filtro oficial para que la noticia no se escape de la línea ideológica establecida. El documento no se queda en la superficie; se mete en el barro de los 'pequeños gestos cotidianos'. Ahora, preguntar por la maternidad o el aspecto físico es un pecado capital. Pero lo más disruptivo es la gestión de las fuentes: sugieren no dar protagonismo a voces 'LGTBIfóbicas' y preguntar los pronombres, como si estuviéramos rellenando un formulario de aduanas antes de cada entrevista. El cierre es el golpe de gracia: para ser inclusivos, los periodistas deben 'leer este libro' y asistir a sus talleres. Básicamente, el Ministerio nos dice que para informar correctamente primero hay que pasar por su academia de reeducación.
La Generalitat de Cataluña ha decidido jugar al juego de las sillas con el dinero público. Tras un despliegue de honestidad administrativa, admiten haber recuperado 354.900 euros de rentas indebidas pagadas a ex Menores Extranjeros No Acompañados. Suena a cifra redonda, pero la realidad es que el organismo reconoce que no tiene ni idea del monto global de lo que se ha ido por la alcantarilla entre 2019 y 2025. Básicamente, han perdido el ticket de la compra y ahora intentan devolver cuatro productos al supermercado. La escalada de 'recuperaciones' es casi conmovedora: empezamos en 2020 con cinco casos por 3.400 euros (una propina), pasamos por los 12.500 euros de 2021 y los 66.700 de 2022, hasta llegar a los 138.300 euros registrados hasta octubre de 2025. Todo esto mientras José Muñoz Luque, el director general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, cobra un salario que para 2026 superará los 96.000 euros. Es fascinante que quien cobra casi cien mil euros al año para vigilar que no se pierda un céntimo, firme un documento admitiendo que el sistema de gestión no 'compila' la información global ni la nacionalidad de los beneficiarios. Un agujero contable del tamaño de un estadio. Para cobrar estas ayudas, el beneficiario debe ganar menos de 9622,18 euros anuales (unos 800 euros al mes), pero parece que la Administración es mucho más generosa con la ceguera voluntaria que con los solicitantes. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se escuda en la falta de 'variables informáticas' para no dar cifras totales. Todo esto ocurre en el patio de recreo de la DGPPIA, la entidad que nació del maquillaje cosmético tras el horror de una niña de 12 años violada y prostituida bajo tutela, y el eterno rumor del '3% de ERC en la infancia'. Cambiaron el nombre de la oficina, pero el aroma a gestión opaca sigue intacto.
Hay que tener un desplante monumental para que el Gobierno de Pedro Sánchez intente vender el perro por liebre en el Senado. La jugada es sencilla, de manual de autoayuda para políticos: no invitas a alguien a cenar, te aseguras de que no haya silla libre para él y luego te quejas en el periódico de que el invitado no tuvo la cortesía de llamar. Así es como el Ejecutivo justifica que María Corina Machado pasara por Madrid sin que un solo ministro se molestara en despegarse de la silla, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sí le abrieron la puerta de casa. En un documento enviado al PP, el Gobierno se lava las manos con una elegancia casi coreográfica, asegurando que hubo 'plena disposición' y que la culpa es de la 'decisión de la propia interesada'. Es el clásico 'yo quería, pero ella no quiso', similar a cuando el banco te cobra una comisión abusiva y te dice que es por tu propia seguridad financiera. Lo curioso es que Sánchez soltó públicamente que, si ella quería verlo, 'lo pidiera'. O sea, que la invitación formal era un concepto alienígena para Moncloa. Mientras presumen de acogida a Edmundo González y Leopoldo López para limpiar la imagen, el Gobierno mantiene esa 'interlocución habitual' con el régimen que huele a incienso y negocios. No olvidemos la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con Delcy Rodríguez; ahí es donde el dinero habla y la diplomacia calla. Al final, el Ejecutivo se llena la boca hablando de derechos humanos mientras se niega a admitir que Nicolás Maduro cometió un fraude electoral. Una gimnasia mental digna de medallista olímpico: acogemos a los refugiados, pero no molestemos al que manda en Caracas porque los contratos no se firman solos.
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