La noticia es exhaustiva en datos, pero el sistema judicial parece descubrir el 'enchufismo' solo cuando los mensajes de WhatsApp se vuelven evidencia. El relato es un manual básico de cómo ignorar el sentido común en la administración pública.
Imaginen la escena: el Sabadell vuelve a Segunda División, la plaza de Sant Roc es una caldera de alegría y el Ayuntamiento ha montado el escenario perfecto para que los héroes locales se sientan dioses por un día. Todo era gloria y champán hasta que Diego Fuoli, el portero, decidió que el balcón consistorial era el lugar ideal para jugar a ser animador político. El 20 de junio, en lugar de limitarse a agradecer el apoyo, Fuoli lanzó un anzuelo peligroso: invitó a la grada a completar una frase despectiva contra Pedro Sánchez. Un chiste de bar trasladado a un acto institucional. La respuesta no tardó en llegar, y no fue un aplauso. La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha decidido que el humor del guardameta no encaja en el código postal de la ciudad. Han formalizado una denuncia por presunto delito de odio, transformando la fiesta del ascenso en un expediente judicial. Pero no se quedan ahí; la FAVS quiere el 'pack completo' de la cancelación: han pedido al Ayuntamiento que declare a Fuoli persona 'non grata' y han exigido al Centre d'Esports Sabadell que le meta un correctivo disciplinario que le quite la sonrisa. Es la danza de siempre. Mientras el equipo celebraba el fin de años de sequía profesional, el portero descubrió que hay porterías mucho más difíciles de defender que las de fútbol. Pasar de ser el héroe del ascenso a ser el objetivo de una denuncia penal por un 'rellena los huecos' político es un giro dramático digno de serie B. Al final, la celebración institucional quedó deslucida, y el portero ha aprendido que, en la plaza pública, un comentario fuera de lugar puede costar más caro que una tarjeta roja en el minuto noventa.
Hay quienes confunden la gestión pública con la gestión de un cajero automático familiar. El Alto Tribunal acaba de ponerle nombre y apellido a esta fantasía: malversación y tráfico de influencias. La trama es de un cinismo casi artesanal. José Luis Ábalos, mientras manejaba el Ministerio de Transportes, diseñó un plan maestro para que su entonces pareja, Jessica Rodríguez, disfrutara de la vida sin el estrés de, ya saben, trabajar. El esquema fue sencillo: usar la estructura del Estado como una agencia de colocación VIP. Primero entró en INECO el 1 de marzo de 2019. Allí, Jessica cobró 34.450 euros netos. ¿Su currículum de logros? Ir dos veces a la oficina: una para la entrevista y otra para recoger el ordenador corporativo, que probablemente sirvió más de pisapapeles que de herramienta laboral. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, ella realizaba trece viajes con el ministro sin pedir un solo permiso. Cuando los jefes de proyecto empezaron a preguntar qué hacía exactamente, ella enviaba informes telemáticos llenos de errores que hacían parecer que el teclado estaba roto. Pero el hambre de nómina pública es insaciable. El 2 de marzo de 2021, apenas dos días después de salir de INECO, la maquinaria —aceitada por el asesor Koldo García y el directivo de ADIF Ignacio Zaldívar— la aterrizó en TRAGSATEC. Sin entrevistas, sin méritos, solo con el 'estampillo' del ministro. Allí sumó otros 9.500,54 euros netos. Cuando en TRAGSATEC también empezaron a sospechar, Ábalos simplemente llamó a la presidencia de ADIF para que dejaran de molestar a la trabajadora. Al final, la fiesta ha pasado factura. La sentencia obliga a Ábalos y Koldo a devolver un total de 43.950,54 euros (34.477,86 para INECO y 9.500,54 para TRAGSATEC). Un sablazo contable que intenta reparar el agujero dejado por un amor basado en la malversación.
Imaginen que van a donar sangre, un acto de generosidad pura, y terminan en medio de una guerra de trincheras lingüísticas. Así es la surrealista historia de Gabriel, un donante de 65 años que el pasado 6 de febrero decidió que su sangre era demasiado valiosa para ser gestionada por un médico que no dominaba el catalán. El facultativo, buscando precisión clínica para no meter la pata con la salud del paciente, pidió continuar el cuestionario en castellano. Gabriel, indignado, prefirió que la bolsa quedara vacía antes que ceder al idioma del vecino. Lo que podría haber sido una anécdota de mostrador terminó en un delirio judicial. Acció Cassandra, la misma entidad que defiende el insulto de «puto nazi» como libertad de expresión, ha decidido que pedir hablar en español es un «delito de odio» según el artículo 510.2.a del Código Penal. Es la gimnasia mental perfecta: llamar nazi es libertad, pero pedir castellano en una consulta es una agresión. Mientras tanto, en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares reina la perplejidad. La gerente, Rosa María Tarragó, confirma que no han recibido notificación oficial alguna, aunque el ruido mediático ya está haciendo su trabajo. Es fascinante el contraste: mientras Marga Prohens intenta poner la «alfombra roja» a los médicos en 2023 eliminando el requisito lingüístico para combatir la falta de personal, hay quienes prefieren que el paciente se quede sin médico —o el hospital sin sangre— con tal de que el diccionario sea el correcto. El Banco de Sangre ya pidió perdón, Gabriel ya volvió a donar y todo estaba zanjado, pero para algunos, el rencor ideológico es un combustible que no se agota ni con transfusiones.
Bruselas ha decidido jugar al escondite con la ética. Imagínate la escena: un edificio imponente, una lona gigante que grita 'Democracia' a los cuatro vientos y, justo debajo, una delegación del gobierno talibán entrando por la puerta trasera. Es el equivalente político a decir que eres vegetariano mientras te zampas una hamburguesa de doble queso en el baño para que no te vean. Este martes, con la precisión de un reloj suizo y el secreto de una sociedad clandestina, el Gobierno belga concedió un visado de 24 horas. Solo un día. Entran, negocian y se largan sin tocar un centímetro de suelo fuera de la capital, según Reuters. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, se lavó las manos con elegancia: dice que no le gusta la idea, pero que como Bruselas es el patio de juegos de la UE, no le quedó más remedio que abrir la puerta. ¿El motivo del festín? Una 'reunión técnica' para gestionar la devolución de inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Básicamente, la Unión Europea quiere limpiar su casa y ha decidido que la mejor forma de hacerlo es pactando con quienes prohíben los móviles y fomentan el matrimonio infantil. La hipocresía tiene un precio, y en este caso, se paga con el silencio. La Comisión Europea intenta pasar la pelota, alegando que veintena de países enviaron cartas exigiendo este acuerdo. No es un experimento nuevo; ya hubo un viaje a Kabul en enero y Alemania ya había adelantado el trabajo con un pacto similar. El Gobierno talibán, que tomó el mando en 2021 tras el adiós de los estadounidenses, sigue sin reconocimiento oficial. Pero claro, para los papeles dice que no existen, pero para las devoluciones son los socios ideales. Un negocio redondo donde la 'Democracia' de la lona es solo el envoltorio de un paquete muy oscuro.
Imaginen que van al supermercado y, al pagar, el cajero decide que su dinero no vale nada basándose en un criterio que solo él entiende. Pues eso es lo que han vivido cientos de estudiantes en las PAU del País Vasco. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha tenido que salir al paso exigiendo una «explicación transparente» al Rectorado de la Universidad del País Vasco (EHU), porque los números no cuadran ni con la calculadora más generosa. Resulta que el 47 % de los ceros registrados en el examen de euskera fueron obra de un único evaluador. Sí, un solo individuo decidió que casi la mitad de los suspensos catastróficos eran correctos. La ingeniería de la desolación es fascinante: 108 de las 162 calificaciones de cero provienen de los tribunales 11 y 12, lo que supone un 64,3 % del total. El tribunal 11 es el epicentro del desastre, concentrando 80 ceros, el 47,6 % de la muestra. Es una anomalía estadística que haría palidecer a cualquier actuario. Pero lo verdaderamente cínico llega con las revisiones. Tras el proceso de reclamaciones, los ceros bajaron de 76 a 11, pero no porque los alumnos hubieran escrito poesía, sino porque la EHU decidió que subirles la nota a 0,25 o 0,45 era suficiente. Es el equivalente académico a darte una palmadita en la espalda mientras te quitan la cartera. Un profesor afectado lo resume con la crudeza de quien ya no cree en los milagros: «Se están riendo en nuestra cara». Para Sara, María o Andrea, el esfuerzo de reclamar ha terminado en un aumento ridículo de décimas, convirtiendo el derecho a la revisión en una broma de mal gusto donde lo más inteligente parece ser, sencillamente, asumir y callar.
Hay quienes juegan al Monopoly con el dinero de todos, pero con la diferencia de que las casas son empresas rescatadas y los billetes son reales. La UCO ha desguarnecido el telón de la trama de Leire Díez, donde el grupo 'Hirurok' —esa selecta tertulia compuesta por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— operaba como una especie de gestoría de influencias VIP. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda de 200 euros, Tubos Reunidos recibió un chute de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La coreografía fue casi musical. El 15 de junio de 2021, el expediente llegó al Consejo Gestor solo para 'informar', es decir, para ver si alguien se atrevía a decir que no. Como hubo dudas, Vicente Fernández activó el protocolo de la calle: pidió a Antxon que 'tanteara' al PNV para desbloquear el grifo. Un mensaje de WhatsApp, una llamada a Sabin Etxea y, mágicamente, el 13 de julio de 2021 el expediente volvió a subir y fue aprobado sin pestañear. La recompensa por este 'servicio de intermediación' no fue un apretón de manos; el grupo Hirurok se embolsó 114.950 € de la compañía rescatada. Una comisión que, comparada con los 112 millones, parece calderilla, pero que demuestra que en los despachos la meritocracia es un mito y el contacto adecuado es la única moneda que cuenta. Vicente Fernández, con la sutileza de un mazo, resumió la operación: hablar con el PNV un martes y que se apruebe el siguiente no es casualidad. No es gestión, es ingeniería de contactos aplicada al erario público.
Hay quien gestiona la administración pública y hay quien la usa como un club de lectura privada para amigos con hambre de millones. La UCO de la Guardia Civil acaba de destapar un manual de instrucciones sobre cómo 'aceitar' la maquinaria del Estado. En el centro del baile, la SEPI, que en lugar de actuar como guardiana del erario, parece haber funcionado como una agencia de filtraciones VIP durante la pandemia. La jugada es de manual: Vicente Fernández, el hombre de confianza de María Jesús Montero, decidió que los expedientes confidenciales eran sugerencias abiertas. Según el informe entregado a la Audiencia Nacional, Fernández no solo movió hilos, sino que ejecutó una 'hoja de ruta' para que la información privilegiada llegara a los oídos adecuados. El objetivo era claro: presionar al PNV y asegurar que el rescate de Tubos Reunidos no se quedara en un simple 'estamos evaluándolo'. Mientras el ciudadano medio peleaba con la burocracia para cobrar un subsidio, en julio de 2021, Fernández y Antxón Alonso (socio de Santos Cerdán en la ya investigada Servinabar) se escribían por Threema, esa aplicación para los que no quieren que el rastro quede escrito en piedra. En esos mensajes, la 'perspectiva del PNV' era la llave maestra. El resultado de esta ingeniería de pasillo fue un sablazo épico: Tubos Reunidos se embolsó 112,8 millones de euros de los Fondos FASEE. No fue suerte, fue asesoramiento premium. Fernández filtró dictámenes y acuerdos de dirección para que la empresa supiera exactamente qué palabras decir y qué casillas marcar para cobrar el cheque. Al final, el dinero público fluye con una facilidad pasmosa cuando el camino está pavimentado con influencias y aplicaciones cifradas.
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