Crítica:
La noticia es un despliegue de datos judiciales sólidos, aunque el título original es demasiado aséptico para la magnitud del escándalo. Falta profundizar en el papel exacto de Leire Díez dentro del grupo 'Hirurok'.
La UCO acredita que el expresidente de la SEPI cobró 132.500 euros de Tubos Reunidos
El rescate público que terminó en bolsillo
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El 'milagro' del PNV y los 112 millones
Hay quienes juegan al Monopoly con el dinero de todos, pero con la diferencia de que las casas son empresas rescatadas y los billetes son reales. La UCO ha desguarnecido el telón de la trama de Leire Díez, donde el grupo 'Hirurok' —esa selecta tertulia compuesta por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— operaba como una especie de gestoría de influencias VIP. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda de 200 euros, Tubos Reunidos recibió un chute de 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La coreografía fue casi musical. El 15 de junio de 2021, el expediente llegó al Consejo Gestor solo para 'informar', es decir, para ver si alguien se atrevía a decir que no. Como hubo dudas, Vicente Fernández activó el protocolo de la calle: pidió a Antxon que 'tanteara' al PNV para desbloquear el grifo. Un mensaje de WhatsApp, una llamada a Sabin Etxea y, mágicamente, el 13 de julio de 2021 el expediente volvió a subir y fue aprobado sin pestañear. La recompensa por este 'servicio de intermediación' no fue un apretón de manos; el grupo Hirurok se embolsó 114.950 € de la compañía rescatada. Una comisión que, comparada con los 112 millones, parece calderilla, pero que demuestra que en los despachos la meritocracia es un mito y el contacto adecuado es la única moneda que cuenta. Vicente Fernández, con la sutileza de un mazo, resumió la operación: hablar con el PNV un martes y que se apruebe el siguiente no es casualidad. No es gestión, es ingeniería de contactos aplicada al erario público.
SEPI: El 'manual' para cobrar 112 millones
Hay quien gestiona la administración pública y hay quien la usa como un club de lectura privada para amigos con hambre de millones. La UCO de la Guardia Civil acaba de destapar un manual de instrucciones sobre cómo 'aceitar' la maquinaria del Estado. En el centro del baile, la SEPI, que en lugar de actuar como guardiana del erario, parece haber funcionado como una agencia de filtraciones VIP durante la pandemia. La jugada es de manual: Vicente Fernández, el hombre de confianza de María Jesús Montero, decidió que los expedientes confidenciales eran sugerencias abiertas. Según el informe entregado a la Audiencia Nacional, Fernández no solo movió hilos, sino que ejecutó una 'hoja de ruta' para que la información privilegiada llegara a los oídos adecuados. El objetivo era claro: presionar al PNV y asegurar que el rescate de Tubos Reunidos no se quedara en un simple 'estamos evaluándolo'. Mientras el ciudadano medio peleaba con la burocracia para cobrar un subsidio, en julio de 2021, Fernández y Antxón Alonso (socio de Santos Cerdán en la ya investigada Servinabar) se escribían por Threema, esa aplicación para los que no quieren que el rastro quede escrito en piedra. En esos mensajes, la 'perspectiva del PNV' era la llave maestra. El resultado de esta ingeniería de pasillo fue un sablazo épico: Tubos Reunidos se embolsó 112,8 millones de euros de los Fondos FASEE. No fue suerte, fue asesoramiento premium. Fernández filtró dictámenes y acuerdos de dirección para que la empresa supiera exactamente qué palabras decir y qué casillas marcar para cobrar el cheque. Al final, el dinero público fluye con una facilidad pasmosa cuando el camino está pavimentado con influencias y aplicaciones cifradas.
Pasaportes retenidos y el Gobierno en llamas
En España, el pasaporte es ese librito que guardamos con celo para huir de la realidad en agosto, pero para Begoña Gómez se ha convertido en el trofeo de caza del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado, con una frialdad quirúrgica, ha citado a la esposa del presidente Pedro Sánchez y a su asesora, Cristina Álvarez, este miércoles a las 18:00 horas para que entreguen sus pasaportes. Básicamente, Peinado les ha puesto el 'grillete administrativo' para evitar que el avión despegue antes de que el jurado popular decida si hay delito o solo una tormenta perfecta de influencias. Mientras tanto, en el Palacio de la Moncloa el ambiente es de incendio forestal. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido al balcón con el guion ensayado para calificar las resoluciones del juez como «incomprensibles y contrarias a la ley». Es la clásica jugada: cuando el dato jurídico aprieta, se recurre al adjetivo político. Para rematar la jugada, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra Peinado, impulsado por un Fernando Grande-Marlaska que ve «suma gravedad» en que el juez insinuara que los guardaespaldas de Gómez podrían ser los copilotos de una fuga cinematográfica. El Financial Times, que mira nuestro circo desde la distancia cómoda de Londres, ha decidido recordarnos que el árbol genealógico y el círculo de confianza del Ejecutivo están en oferta. Entre el hermano del presidente, David Sánchez, esperando sentencia por presunta venta de influencias; el exministro José Luis Ábalos, que acaba de comerse una condena de 24 años del Tribunal Supremo; y las investigaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, la trama parece un juego de Jenga donde falta la pieza clave. Lo más irónico es que Peinado se jubila en septiembre al cumplir los 72 años. El juez se irá a casa con la satisfacción del deber cumplido, mientras que para los demás, el aterrizaje forzoso acaba de empezar.
Ábalos a la cárcel y el Gobierno señala a Ayuso
Hay que tener valor, o una capacidad de gimnasia mental digna de circo, para salir a la palestra cuando el Tribunal Supremo te ha dejado el camino marcado con cal. José Luis Ábalos se ha ganado un pase VIP al penal con 24 años y tres meses de cárcel, mientras que Koldo García se ha quedado con una 'oferta' de 19 años y ocho meses. Estamos hablando de una organización criminal operando en el corazón del Ejecutivo, un agujero contable y ético que haría temblar a cualquiera. Pero en Moncloa, en lugar de recoger los cristales, han decidido que la mejor defensa es un ataque a lo loco. El lunes empezaron intentando maquillar el asunto, quejándose de que Víctor de Aldama se ha librado con un castigo menor por ser el 'soplón' del grupo. Pero el martes, en la rueda de prensa, el giro fue digno de un guion de serie B. El ministro Óscar López, con la soltura del que sabe que el guion es absurdo, decidió equiparar la condena de un exministro por cohecho y malversación con la figura de Isabel Díaz Ayuso. Básicamente, López ha intentado vender que 'el que la hace la paga', poniendo en la misma balanza a alguien con una sentencia firme de dos décadas que a una presidenta regional que ni siquiera ha sido llamada como testigo en sus causas. Mientras Elma Saiz decía que no entraría en detalles (aunque entró hasta la cocina), el Gobierno insiste en que Pedro Sánchez ya asumió sus responsabilidades políticas hace un año. Según ellos, ya pasaron la 'pantalla final de la política'. Lo que olvidan es que, en la calle, cuando alguien te dice que 'ya lo solucionó todo' mientras su socio se lleva 24 años de cárcel, normalmente significa que el problema acaba de empezar. Intentar desviar la atención hacia la pareja de Ayuso es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: desesperado y, sobre todo, ridículo.
Criba maestra: El 'truco' técnico de Red.es
Hay una forma muy elegante de limpiar la mesa antes de repartir las cartas: se llama 'evaluación técnica'. En el caso del contrato de Red.es para la Oficina Acelera Pyme, la limpieza fue quirúrgica. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren una tasa indebida, aquí se manejaba un presupuesto de 3,685 millones de euros (que, si le sumas el IVA, supera los cuatro millones), fondos europeos que parecen deslizarse con una facilidad pasmosa hacia ciertos bolsillos. El guion es digno de un manual de 'cómo cocinar un concurso'. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto la lupa sobre una pieza donde la Dirección de Economía Digital, capitaneada por Luis Prieto Cuerdo, hizo el trabajo sucio: diseñó el contrato, fue el responsable de su ejecución y, convenientemente, redactó el informe de valoración técnica. Un concentrate de poder que haría palidecer a cualquier auditor serio. La magia ocurrió entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Durante cinco meses, la Mesa de Contratación se tomó su tiempo, como quien espera a que el café se enfríe, para decidir que seis de los diez rivales de Juan Carlos Barrabés no daban la talla. IDC Research, Internetsia, Memorándum Multimedia, Oesía Networks y las UTEs de Consultia-Nebext y Mainjobs-Fidesol fueron fulminadas por no alcanzar los cinco puntos mínimos. Un 'corte de cinta' administrativo que dejó el camino libre. Al final, la UTE KPMG-Innova se llevó el premio gordo con un 10 redondo en la puntuación técnica, dejando a PwC y DXC Technology comiendo polvo. Todo esto mientras Barrabés mantenía sus vínculos con Begoña Gómez, compartiendo másteres y cartas de apoyo. No es que el contrato sea ilegal per se, es que la coincidencia de funciones y la criba selectiva huelen a una ingeniería financiera donde el azar no tiene invitación.
UCO: Presiones y secretos del Gobierno
En el tablero del poder, la verdad es como un chicle: se estira hasta que alguien pone el dedo en la llaga. Dos exjefes de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, han jugado al juego del 'primero digo que no y luego confieso'. Ante el juez Santiago Pedraz, la historia es un delirio de presupuestos invisibles y órdenes susurradas. Resulta que estos mandos negaron inicialmente haber recibido presiones de la cúpula para 'ponerse de perfil' en causas que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, cuando los agentes de su propia unidad empezaron a apretar las tuercas, la verdad salió a flote: sí hubo presiones, y el hilo conducía directo al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Es la clásica maniobra de oficina: te piden que mires hacia otro lado mientras el hermano del presidente, David Sánchez, tiene sus asuntos en la Diputación de Badajoz bajo la lupa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se gestionan 'informaciones reservadas' como quien pide un menú del día. El imbroglio escala con Leire Díez y Santos Cerdán, señalados como los arquitectos de una trama para desestabilizar causas judiciales. Para añadir sal al guiso, se investiga si Díez pudo influir en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para abrir expedientes contra la UCO. Todo esto envuelto en notas de despacho y secretos de estado que parecen sacados de una mala serie de espionaje, donde la lealtad institucional tiene un precio y la honestidad es un accesorio opcional que solo aparece cuando el juez pide explicaciones.
Ábalos: condena, mascarillas y dramas de WhatsApp
Hay quienes confunden la gestión de un Ministerio con la gestión de un grupo de WhatsApp de barrio, y el entorno de José Luis Ábalos parece haber optado por la segunda. Mientras el Tribunal Supremo le cae encima con una condena de 24 años de prisión por el caso Mascarillas, su pareja, Andrea de la Torre Maeso, ha decidido que la culpa no es de la ingeniería financiera del exministro, sino de la exmujer, Carolina Perles. El lunes, a las 18:53 horas, De la Torre lanzó un mensaje que parece sacado de una telenovela de bajo presupuesto, preguntando cuánto le habrían pagado a Perles por 'traicionarlo' y lanzando sentencias lapidarias sobre los hijos del condenado. Es fascinante el patrón: cuando los datos aprietan, surge la narrativa del 'pago secreto'. Ábalos ya lo hizo en 2024, intentando desviar la atención de que pagaba unos 6.000 euros al mes —lo mismo que su sueldo de ministro— a una prostituta, Jésica Rodríguez García, quien cobraba la módica suma de 1.500 euros diarios por acompañarlo en viajes oficiales. En aquel entonces, el exministro llamó 'correo fake' a la evidencia, una táctica tan sofisticada como intentar tapar el sol con un colador. Ahora, la joven malagueña, que tiene una edad similar a la de Rocío, la hija mayor de Ábalos, ha recurrido a cambiar de número de teléfono para seguir el hostigamiento. Desde septiembre de 2025, con el documental 'El precio de la corrupción', hasta el pasado 17 de octubre, la estrategia ha sido la misma: amenazas sobre la maternidad de Perles y difamaciones sobre supuestas condenas por conducir ebria que nunca existieron. Al final, mientras uno se prepara para la celda, la otra se cree la directora de una campaña de desprestigio que solo consigue sumar expedientes judiciales por acoso.
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