Crítica:
El texto original es una mina de oro de pruebas, pero se pierde en la danza procesal entre la Fiscalía Europea y el Juzgado 41. Demasiado tiempo explicando el 'ping-pong' judicial y poco tiempo resaltando la caradura del correo electrónico.
El Gobierno dio otro contrato de 4 millones a Barrabés sin cumplir los requisitos: «Que el resto no lo sepa...
Contratos a dedo: el 'milagro' de Barrabés
Otros artículos
Guardia Civil: El arte de mirar aparte
En el tablero del poder, 'ponerse de perfil' no es una cuestión de postura corporal, sino una técnica de supervivencia administrativa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las esferas altas de la Guardia Civil parece que el manual de instrucciones es más flexible. Este viernes, ante el juez Santiago Pedraz, los altos mandos se han ratificado en un baile de confesiones que huele a oficina de despacho y miedo al jefe. Resulta fascinante que Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, recuerden con tanta nitidez que Manuel Llamas Fernández, el DAO, les pidió básicamente que miraran hacia otro lado. El timing es quirúrgico: julio de 2024. En ese momento, la mesa de investigaciones estaba servida con un menú degustación de escándalos: la trama Koldo, las actividades de Begoña Gómez y los asuntos de David Sánchez. Pedir que la juez tome la iniciativa es la versión institucional de 'yo no he sido', un juego de pasavueltas donde la policía judicial se convierte en un mueble más del pasillo. Pero el surrealismo no termina ahí. El general Antonio Cortés añade sal al guiso asegurando que le ordenaron abrir expedientes internos contra los agentes que, ingenuamente, se empeñaban en investigar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Es la ley del espejo: si buscas la verdad, te encontramos la falta administrativa. Todo esto mientras Mercedes González, la directora general, mantenía citas con Leire Díez, la presunta arquitecta de una campaña contra el teniente coronel Antonio Balas. Al final, el dinero público paga la luz de la Audiencia Nacional para descubrir que, en el juego de las cloacas, el perfil más seguro es el que no molesta al que firma la nómina.
Sínodo del Terror: El juicio al cadáver
Imaginen que su jefe más odiado muere, pero que el nuevo gerente, para limpiar la empresa, decide desenterrar el cuerpo, ponerle el traje de gala y sentarlo en una oficina para juzgarlo por malversación. Suena a película de terror cutre, pero en la Italia del siglo IX era el pan de cada día. Así nació el Sínodo del Terror, donde el Papa Esteban VI decidió que no bastaba con que el Papa Formoso estuviera bajo tierra; necesitaba que el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición y con gusanos haciendo turnos de guardia en sus cuencas, fuera declarado inválido. El asunto no era por santidad, sino por puro cálculo político y rencores familiares. Formoso había jugado a tres bandas entre el Sacro Imperio Romano y los Spoleto, coronando a Arnulfo de Carintia en la Basílica de San Pedro antes de que el germano pillara una parálisis hereditaria y tuviera que largarse. Formoso murió el 4 de abril de 896, pero su tranquilidad duró poco. Esteban VI, actuando como un marioneta de Lamberto de Spoleto y su madre, exhumó la momia nueve meses después. En un despliegue de hipocresía legal, Esteban acusó a Formoso de saltarse el Derecho Canónico al cambiar su sede de Porto por la de Roma. Lo irónico es que Esteban había hecho exactamente lo mismo desde Anagni, pero claro, el muerto no podía presentar una contra-demanda. El veredicto fue un sablazo histórico: papado ilegítimo y anulación de todas sus ordenaciones. Para rematar la jugada, le cortaron los tres dedos de las bendiciones y lo tiraron al río Tíber como quien tira una bolsa de basura. La historia, sin embargo, tiene un sentido del humor negro: en el año 897, la turba romana decidió que Esteban VI también debía experimentar la 'desnudez' y lo estrangularon en una celda. Al final, Teodoro II tuvo que limpiar el desastre y devolverle la dignidad al cadáver, demostrando que en el Vaticano de aquella época, el cargo de Papa tenía una esperanza de vida más corta que un contrato temporal.
Apagones: El Gobierno delega la luz en telecos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de combatir un apagón es, básicamente, pedirle a otros que paguen la linterna. Tras el trauma del 28 de abril de 2025, cuando la Península Ibérica descubrió que vivir en el siglo XXI depende de un hilo eléctrico muy frágil, el Ejecutivo ha optado por la vía clásica: el Real Decreto. Menos ingenieros y más folios. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, soltó la noticia en el DigitalES Summit de Madrid con la naturalidad de quien te dice que la cuenta corriente está en números rojos. El plan es un 'Real Decreto de Seguridad y Resiliencia' que, para finales de 2026, obligará a las telecos a que no nos dejemos en el limbo digital. La meta es que el 75% de la población tenga cobertura durante cuatro horas si la luz decide irse de vacaciones. Pero claro, como pedirle a una empresa que instale baterías en medio campo es como pedirle al vecino que te preste el coche para mudarte, lo harán a cuentagotas: 50% el primer año, 65% el segundo y el 75% al tercero. Un goteo presupuestario para que las operadoras no sufran un infarto financiero. La jerarquía del pánico está clara. Las instalaciones de 'nivel intermedio' aguantarán 12 horas, mientras que los centros de control nacionales, los que realmente mueven los hilos, deberán resistir 24 horas sin corriente. El 112 también tendrá que presentar planes de seguridad, porque resulta que llamar a emergencias cuando no hay red es, irónicamente, una emergencia. Todo este despliegue afecta a cualquier operador con más de 500.000 usuarios o ingresos superiores a 50 millones de euros. Eso sí, la Seguridad Nacional y Defensa pasan olímpicamente de la norma; ellos ya tienen sus propios generadores y, probablemente, velas artesanales.
Holanda: Prohibido antojarte de carne y coches
Imaginen que despertar un día y descubrir que el Ayuntamiento ha decidido que usted es demasiado ingenuo para elegir su cena o su coche. Así es el nuevo paisaje en Países Bajos, donde la vanguardia climática ha pasado de plantar árboles a jugar a los censuradores de vallas publicitarias. No es que la carne haya dejado de saber bien o que los motores de combustión se hayan vuelto ilegales de la noche a la mañana; simplemente, han decidido que ver un anuncio de un chuletón en la parada del autobús es un pecado ecológico imperdonable. La cascada de prohibiciones es un despliegue de paternalismo administrativo digno de un internado victoriano. Haarlem, con sus 160.000 habitantes, abrió el baile en 2022 vetando la ganadería industrial, los vuelos de ocio y el pescado, aunque tuvieron que esperar hasta 2024 porque, curiosamente, los contratos legales pesan más que la moral climática. Luego llegó Utrecht, con 423.526 vecinos, que en 2023 decidió limpiar sus 850 estructuras municipales de cualquier rastro de carne, sumándose al veto contra la gasolina y los aviones. El efecto dominó no se detuvo. La Haya, la joya de casi 900.000 habitantes, blindó sus calles en enero de 2025 contra los combustibles fósiles, híbridos y cruceros. A este coro se sumaron Leiden (282.034 habitantes), Delft (110.174 habitantes), Nimega (163.287 habitantes) y el pequeño municipio de Bloemendaal (23.558 habitantes), que se puso especialmente creativo prohibiendo hasta los lácteos. Para rematar la jugada, la capital holandesa ha fijado la fecha límite: el 1 de mayo de 2026. Básicamente, el Estado ha decidido que el ciudadano es un niño pequeño que, si ve un anuncio de un coche diésel, correrá a comprarse uno solo por la inercia del cartel. Una ingeniería social que busca salvar el planeta borrando el menú de la calle.
Hacienda: IA secreta y nosotros desnudos
El Gobierno ha decidido que la transparencia es una virtud maravillosa para el vecino, pero un lujo peligroso para el recaudador. Mientras nosotros tenemos que justificar hasta el céntimo de un café en la declaración, la Agencia Tributaria (AEAT) se ha construido un búnker digital. A través de una disposición de tapadillo en la 'Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial', publicada el 12 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha blindado sus algoritmos. Básicamente, han modificado la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que sus sistemas de selección de obligados tributarios y sus IA sean 'reservados'. En lenguaje de calle: el fisco tiene un perro guardián electrónico que nos rastrea a todos, pero el dueño se niega a decirnos qué raza es el perro o dónde tiene la correa. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha saltado ya, denunciando que es inadmisible que se sorteen dictámenes de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado para instaurar este régimen de opacidad. Lo más inquietante no es solo el secreto, sino el arsenal. Ya tenemos el antecedente del expediente de contratación 23840010600 de 2023, donde Hacienda jugaba a los espías creando avatares falsos en redes sociales. Es el clásico cuento de nunca Jamás: para el sector privado, el Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689 de la UE exige ética y fiabilidad; para la Administración, basta con un 'no te lo cuento para que no lo eludas'. Mientras el ciudadano se siente en una vitrina, el Estado se pone las gafas de sol y cierra la persiana.
Joyas de Zapatero: Hacienda quiere su parte
Hay quien guarda los tickets del supermercado durante tres años para pelear una factura de la luz, y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que guardaba en la caja fuerte de su despacho un tesoro tasado en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. Un detalle elegante, sin duda, pero con un aroma a contrabando que ha despertado el apetito del juez Calama. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta por unos pocos euros, aquí hablamos de una cifra que permitiría comprarse varios pisos en el centro sin pedir permiso al banco. El juez Calama, que ya tiene el radar encendido con el caso Plus Ultra, ha decidido que la Agencia Tributaria no puede quedarse mirando desde la barrera. Ha invitado a Hacienda a presentarse como la «principal perjudicada», porque, claro, cuando hay brillantes de millón y medio paseando por despachos oficiales, suele haber un agujero contable del tamaño de la Plaza Mayor. El auto es tajante: esto huele a delito contra la Hacienda Pública y a contrabando. La defensa es la de siempre, esa que se usa en las cenas familiares para justificar el gasto: herencias de Sonsoles Espinosa y «regalos de viajes». Muy conmovedor. Sin embargo, la UDEF ya está custodiando los trastos brillantes para que no desaparezcan por arte de magia. Mientras tanto, el juez ha dejado fuera a Softgestor, que quería colarse en la fiesta pero no tiene invitación ni conexión material. Al final, la historia es la misma de siempre: el lujo extremo en la cima y el rigor fiscal para los que no tienen una caja fuerte donde esconder el sol.
El 'dedazo' de 8 millones en Red.es
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en Red.es el mérito es un accesorio que se ajusta con el botón de 'borrar' y un correo electrónico. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta o ve cómo el precio del aceite sube sin permiso, en los despachos de la Administración se practicaba una gimnasia contable fascinante. Estamos hablando de ocho millones de euros en fondos europeos que, mágicamente, aterrizaron en el grupo Barrabés, socio de Begoña Gómez, quien no hizo mala sangre y firmó cartas de recomendación para aceitar el camino. La UCO ha desguazado las cuentas de Office 365 de 13 empleados y lo que ha encontrado no es un proceso de licitación, sino un guion de teatro. En los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, la meritocracia fue sustituida por el 'dedazo'. Luis Prieto, director de Economía Digital, y su adjunto José Ignacio Sánchez, operaban como directores de casting: si el candidato no encajaba en la nota deseada, se le 'cascaba un 7' para dejar paso al favorito. La empresa Everis, que se había esforzado en hacer los deberes, vio cómo sus notas se desplomaban tras una reunión el 15 de marzo de 2021. Fue el equivalente administrativo a que te bajen la nota de un examen porque el profesor quiere que gane su primo. La desfachatez alcanzó su cénit con el expediente 044/20-ED, un contrato de 4.053.500 euros para 'Acelera Pyme' con una UTE de Innova Next y KPMG. Aquí el truco fue el camuflaje: el evaluador sugirió el 30 de diciembre de 2020 ocultar que la empresa no presentó el 'libro blanco' exigido. A otros los penalizaron con notas de 2 a 4 puntos; a los amigos, se les perdonó el olvido y se les dio la máxima calificación. Todo esto ha aterrizado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la lupa de Juan Carlos Peinado, donde 182 folios de atestado confirman que, en el mundo de los elegidos, los pliegos son meras sugerencias.
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