Crítica:
La noticia es un despliegue de testimonios cruzados que deja demasiados huecos sobre la reacción del Ministerio. Es un rompecabezas de 'él dijo que yo dije' donde la hipocresía es el único dato sólido.
Los altos cargos de la Guardia Civil se ratifican en que les pidieron "ponerse de perfil" en "causas políticas"
Guardia Civil: El arte de mirar aparte
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Cartas de Begoña: el 'empujoncito' millonario
En el mundo de las licitaciones públicas, existen reglas y luego existe la 'magia'. La UCO acaba de destapar que en los contratos de formación digital de Red.es, la magia consistía en adjuntar cartas de apoyo que, aunque no valían más que un ticket de parking en un pliego técnico, sirvieron para inflar la puntuación de la UTE formada por Innova Next y The Valley Business School. Entre esas misivas, destaca una firmadita en julio de 2020 por Begoña Gómez, la esposa del presidente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren una tasa indebida, aquí se gestionaban 8,4 millones de euros de fondos europeos (Fondo Social Europeo y Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con una laxitud pasmosa. La Intervención General de la Administración del Estado no se ha andado con rodeos: llamar 'valoración técnica' al hecho de contar cartas de recomendación es, básicamente, adulterar el examen para que el alumno favorito apruebe. El sistema era un buffet libre de influencias. Barrabés presentó 35 documentos de apoyo, usando una plantilla que parecía un formulario de Ikea, donde Begoña Gómez reconoció explícitamente que la jugada estaba financiada con dinero público. Los expedientes 014 y 016, adjudicados en julio de 2021, fueron el escenario de este baile. Lo más cínico es el contraste: mientras una evaluadora decía que le 'costaba horrores' creer que los rivales eran malos, la jefa de área blindaba el sistema alegando que esas cartas 'daban valor'. Al final, el juez Juan Carlos Peinado tiene sobre la mesa un atestado donde la firma de la mujer del presidente no es un detalle anecdótico, sino un activo que sumó puntos reales en un tablero que ya estaba inclinado a favor de Barrabés.
Contratos a dedo: el 'milagro' de Barrabés
En el mundo real, si te olvidas de adjuntar un documento clave en una solicitud de alquiler o en una beca, te mandan a paseo sin pestañear. Pero en el universo paralelo de Red.es, que te falte el 'libro blanco' —esa especie de currículum glorificado que pesaba un 60% de la nota— es un detalle menor que se soluciona con un truco de magia administrativa. Mientras que a empresas como IDC Research España les dieron un rapapla de 2 puntos por ser 'insuficientes', la UTE formada por Innova Next SL (del grupo Barrabés) y KPMG se llevó un 8,5 points sin haber entregado el papel. Un auténtico milagro burocrático. Lo mejor es la naturalidad del engaño. Un evaluador, con la soltura de quien oculta una multa de tráfico, sugirió por correo el 30 de diciembre de 2020: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco». Es la versión institucional de 'no digas nada y nos lo llevamos'. Así, sin despeinarse, el expediente 044 se convirtió en un cheque de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER. Luis Prieto, el director de Economía Digital, firmó este y otros dos contratos (el 014 y 016) que suman más de ocho millones de euros. La UCO de la Guardia Civil ha dejado claro que esto no fue un despiste, sino un patrón de 'predilección'. Mientras Red.es intenta ahora lavar su imagen diciendo que el contrato 044 no acabó usando fondos europeos y que Begoña Gómez no firmó cartas para este en concreto, la realidad es que el sistema estaba aceitado. El juez Juan Carlos Peinado ya tiene el atestado sobre la mesa para juzgar corrupción y tráfico de influencias. Al final, parece que en Red.es el mérito no estaba en el libro blanco, sino en el libro de contactos.
Sínodo del Terror: El juicio al cadáver
Imaginen que su jefe más odiado muere, pero que el nuevo gerente, para limpiar la empresa, decide desenterrar el cuerpo, ponerle el traje de gala y sentarlo en una oficina para juzgarlo por malversación. Suena a película de terror cutre, pero en la Italia del siglo IX era el pan de cada día. Así nació el Sínodo del Terror, donde el Papa Esteban VI decidió que no bastaba con que el Papa Formoso estuviera bajo tierra; necesitaba que el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición y con gusanos haciendo turnos de guardia en sus cuencas, fuera declarado inválido. El asunto no era por santidad, sino por puro cálculo político y rencores familiares. Formoso había jugado a tres bandas entre el Sacro Imperio Romano y los Spoleto, coronando a Arnulfo de Carintia en la Basílica de San Pedro antes de que el germano pillara una parálisis hereditaria y tuviera que largarse. Formoso murió el 4 de abril de 896, pero su tranquilidad duró poco. Esteban VI, actuando como un marioneta de Lamberto de Spoleto y su madre, exhumó la momia nueve meses después. En un despliegue de hipocresía legal, Esteban acusó a Formoso de saltarse el Derecho Canónico al cambiar su sede de Porto por la de Roma. Lo irónico es que Esteban había hecho exactamente lo mismo desde Anagni, pero claro, el muerto no podía presentar una contra-demanda. El veredicto fue un sablazo histórico: papado ilegítimo y anulación de todas sus ordenaciones. Para rematar la jugada, le cortaron los tres dedos de las bendiciones y lo tiraron al río Tíber como quien tira una bolsa de basura. La historia, sin embargo, tiene un sentido del humor negro: en el año 897, la turba romana decidió que Esteban VI también debía experimentar la 'desnudez' y lo estrangularon en una celda. Al final, Teodoro II tuvo que limpiar el desastre y devolverle la dignidad al cadáver, demostrando que en el Vaticano de aquella época, el cargo de Papa tenía una esperanza de vida más corta que un contrato temporal.
Apagones: El Gobierno delega la luz en telecos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de combatir un apagón es, básicamente, pedirle a otros que paguen la linterna. Tras el trauma del 28 de abril de 2025, cuando la Península Ibérica descubrió que vivir en el siglo XXI depende de un hilo eléctrico muy frágil, el Ejecutivo ha optado por la vía clásica: el Real Decreto. Menos ingenieros y más folios. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, soltó la noticia en el DigitalES Summit de Madrid con la naturalidad de quien te dice que la cuenta corriente está en números rojos. El plan es un 'Real Decreto de Seguridad y Resiliencia' que, para finales de 2026, obligará a las telecos a que no nos dejemos en el limbo digital. La meta es que el 75% de la población tenga cobertura durante cuatro horas si la luz decide irse de vacaciones. Pero claro, como pedirle a una empresa que instale baterías en medio campo es como pedirle al vecino que te preste el coche para mudarte, lo harán a cuentagotas: 50% el primer año, 65% el segundo y el 75% al tercero. Un goteo presupuestario para que las operadoras no sufran un infarto financiero. La jerarquía del pánico está clara. Las instalaciones de 'nivel intermedio' aguantarán 12 horas, mientras que los centros de control nacionales, los que realmente mueven los hilos, deberán resistir 24 horas sin corriente. El 112 también tendrá que presentar planes de seguridad, porque resulta que llamar a emergencias cuando no hay red es, irónicamente, una emergencia. Todo este despliegue afecta a cualquier operador con más de 500.000 usuarios o ingresos superiores a 50 millones de euros. Eso sí, la Seguridad Nacional y Defensa pasan olímpicamente de la norma; ellos ya tienen sus propios generadores y, probablemente, velas artesanales.
Holanda: Prohibido antojarte de carne y coches
Imaginen que despertar un día y descubrir que el Ayuntamiento ha decidido que usted es demasiado ingenuo para elegir su cena o su coche. Así es el nuevo paisaje en Países Bajos, donde la vanguardia climática ha pasado de plantar árboles a jugar a los censuradores de vallas publicitarias. No es que la carne haya dejado de saber bien o que los motores de combustión se hayan vuelto ilegales de la noche a la mañana; simplemente, han decidido que ver un anuncio de un chuletón en la parada del autobús es un pecado ecológico imperdonable. La cascada de prohibiciones es un despliegue de paternalismo administrativo digno de un internado victoriano. Haarlem, con sus 160.000 habitantes, abrió el baile en 2022 vetando la ganadería industrial, los vuelos de ocio y el pescado, aunque tuvieron que esperar hasta 2024 porque, curiosamente, los contratos legales pesan más que la moral climática. Luego llegó Utrecht, con 423.526 vecinos, que en 2023 decidió limpiar sus 850 estructuras municipales de cualquier rastro de carne, sumándose al veto contra la gasolina y los aviones. El efecto dominó no se detuvo. La Haya, la joya de casi 900.000 habitantes, blindó sus calles en enero de 2025 contra los combustibles fósiles, híbridos y cruceros. A este coro se sumaron Leiden (282.034 habitantes), Delft (110.174 habitantes), Nimega (163.287 habitantes) y el pequeño municipio de Bloemendaal (23.558 habitantes), que se puso especialmente creativo prohibiendo hasta los lácteos. Para rematar la jugada, la capital holandesa ha fijado la fecha límite: el 1 de mayo de 2026. Básicamente, el Estado ha decidido que el ciudadano es un niño pequeño que, si ve un anuncio de un coche diésel, correrá a comprarse uno solo por la inercia del cartel. Una ingeniería social que busca salvar el planeta borrando el menú de la calle.
Hacienda: IA secreta y nosotros desnudos
El Gobierno ha decidido que la transparencia es una virtud maravillosa para el vecino, pero un lujo peligroso para el recaudador. Mientras nosotros tenemos que justificar hasta el céntimo de un café en la declaración, la Agencia Tributaria (AEAT) se ha construido un búnker digital. A través de una disposición de tapadillo en la 'Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial', publicada el 12 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha blindado sus algoritmos. Básicamente, han modificado la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que sus sistemas de selección de obligados tributarios y sus IA sean 'reservados'. En lenguaje de calle: el fisco tiene un perro guardián electrónico que nos rastrea a todos, pero el dueño se niega a decirnos qué raza es el perro o dónde tiene la correa. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha saltado ya, denunciando que es inadmisible que se sorteen dictámenes de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado para instaurar este régimen de opacidad. Lo más inquietante no es solo el secreto, sino el arsenal. Ya tenemos el antecedente del expediente de contratación 23840010600 de 2023, donde Hacienda jugaba a los espías creando avatares falsos en redes sociales. Es el clásico cuento de nunca Jamás: para el sector privado, el Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689 de la UE exige ética y fiabilidad; para la Administración, basta con un 'no te lo cuento para que no lo eludas'. Mientras el ciudadano se siente en una vitrina, el Estado se pone las gafas de sol y cierra la persiana.
Joyas de Zapatero: Hacienda quiere su parte
Hay quien guarda los tickets del supermercado durante tres años para pelear una factura de la luz, y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que guardaba en la caja fuerte de su despacho un tesoro tasado en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. Un detalle elegante, sin duda, pero con un aroma a contrabando que ha despertado el apetito del juez Calama. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta por unos pocos euros, aquí hablamos de una cifra que permitiría comprarse varios pisos en el centro sin pedir permiso al banco. El juez Calama, que ya tiene el radar encendido con el caso Plus Ultra, ha decidido que la Agencia Tributaria no puede quedarse mirando desde la barrera. Ha invitado a Hacienda a presentarse como la «principal perjudicada», porque, claro, cuando hay brillantes de millón y medio paseando por despachos oficiales, suele haber un agujero contable del tamaño de la Plaza Mayor. El auto es tajante: esto huele a delito contra la Hacienda Pública y a contrabando. La defensa es la de siempre, esa que se usa en las cenas familiares para justificar el gasto: herencias de Sonsoles Espinosa y «regalos de viajes». Muy conmovedor. Sin embargo, la UDEF ya está custodiando los trastos brillantes para que no desaparezcan por arte de magia. Mientras tanto, el juez ha dejado fuera a Softgestor, que quería colarse en la fiesta pero no tiene invitación ni conexión material. Al final, la historia es la misma de siempre: el lujo extremo en la cima y el rigor fiscal para los que no tienen una caja fuerte donde esconder el sol.
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