El texto original es una mina de oro de datos, pero falla al no cuestionar más profundamente la inacción administrativa sobre el cargo actual del implicado. Es un despliegue de pruebas que deja al lector preguntándose cómo sigue siendo 'especial' en Hacienda.
Hay que tener un talento especial para pasar de gestionar carteras ministeriales en España a coleccionar pasaportes caribeños como quien junta cromos. José Bono, el eterno superviviente, ha aterrizado en República Dominicana no precisamente para tomar sol, sino para montar un tablero de Monopoly energético. Todo empezó en octubre de 2020, cuando Luis Abinader le regaló la nacionalidad dominicana mediante un decreto presidencial, abriéndole la puerta de garaje a un ecosistema de sociedades como Sociedad Veleta y Teivelpir SRL. Mientras el ciudadano medio lucha con el precio del alquiler, Bono y su séquito —donde aparecen nombres como Dimas de Andrés Puyol y el exdiputado Juan Segovia— se han movido en la liga de los grandes. El programa '55 Minutos con Julissa Céspedes' ha destapado que Segovia y el empresario Williams Jiménez están pegados a dos proyectos solares, Las Parras Energy y Pimentel Energy. Hablamos de una inversión inicial de 146,2 millones de dólares. Sí, millones con 'M', una cifra que haría palidecer a cualquier libro de cuentas doméstico. Estas joyas fueron adjudicadas en 2024 a MedCap Energy Caribe, SRL, por la Comisión Nacional de Energía. Lo fascinante es la 'magia' administrativa: cuando los periodistas pidieron los contratos, la Comisión Nacional de Energía aplicó la técnica del 'no hay nada que ver aquí', alegando que no estaban en la web ni en el portal de contratación pública. Para rematar la función, MedCap Energy Caribe parece una empresa fantasma que juega al escondite telefónico, con respuestas contradictorias sobre si realmente existen. Y como si el sol no fuera suficiente, Bono también parece haber sido el 'consultor invisible' en la reforma de la Policía Nacional Dominicana; la institución niega el contrato, pero las fotos oficiales lo sitúan en la mesa de los jefes. Un asesorado muy eficiente: cobra en influencia y paga con invisibilidad contractual.
Imaginen que el censo electoral es como la lista de invitados de una boda: si de repente aparecen miles de desconocidos que dicen ser primos lejanos solo para comer gratis, cualquiera empezaría a sospechar. Eso es exactamente lo que Iustitia Europa ha llevado a la Junta Electoral. El partido ha lanzado un grito de alerta sobre la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —la famosa «Ley de Nietos»—, denunciando que el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en una especie de caja negra donde se inscriben electores masivamente sin que nadie sepa muy bien por qué acaban asignados a una provincia u otra. El problema es que en España los escaños se reparten por provincias. Si alguien que no ha pisado el país en décadas acaba adscrito a una provincia pequeña por un 'error' administrativo o una 'complacencia' consular en Argentina, Brasil o Cuba, el resultado electoral puede cambiar más que el precio del aceite en el súper. Luis María Pardo, portavoz de la formación, pide que la Oficina del Censo Electoral (OCE) deje de jugar al misterio y explique el soporte documental de cada alta. Para darle color a la denuncia, Iustitia Europa lanza la cifra de 3.202.002 españoles en el exterior a enero de 2026 (un subidón del 5,1%). Pero aquí hay un truco de magia contable: están usando el Padrón (PERE) del INE, publicado el 19 de marzo de 2026, que incluye a 451.968 niños que no pueden votar. El censo real de votantes (CERA) es de 2.664.898. Mientras tanto, Hazte Oír se ha ido al Parlamento Europeo el 22 de junio con unas 50.000 firmas (o 47.000, según quien cuente) llamando a esto un «golpe de Estado». Mucho ruido, mucha retórica de barricada, pero de momento, la JEC no ha dicho ni mu.
Hay formas muy elegantes de expresar el desprecio político, y luego está el método de la calle Bambú. Este domingo, la sede nacional de Vox decidió estrenar un sistema de 'decoración efímera' bastante peculiar. Primero, un anónimo decidió que la entrada del edificio necesitaba una colección de penes de plástico. Un detalle sutil, casi minimalista. Pero el arte conceptual no terminó ahí. Horas más tarde, otro individuo, probablemente con un sentido del humor piromaníaco, decidió que el plástico necesitaba un toque de calor, rociando los juguetes con líquido inflamable y prendiéndoles fuego. El resultado fue una fachada con marcas de quemaduras, un recordatorio visual de que la política actual tiene la temperatura de una barbacoa mal gestionada. Lo más cómico del asunto es que el fuego se extinguió solo. Ni siquiera hicieron falta los bomberos; la combustión de los falos fue tan breve como la paciencia de los vecinos de Madrid un domingo por la tarde. No hubo heridos, solo el orgullo herido de una formación que ahora se encuentra con el dilema de explicar en una denuncia oficial que su edificio fue vandalizado con juguetes eróticos incendiados. Santiago Abascal y su equipo ya han anunciado que acudirán a las autoridades para buscar a los responsables. Porque claro, en la era de las cámaras de seguridad, encontrar a alguien que lanza plástico y juega con mecheros debería ser más fácil que aprobar una ley en el Congreso. Mientras tanto, la sede de Vox luce esas manchas negras en la pared,lecciones de química básica aplicadas al odio político, donde el coste material es mínimo pero el ridículo es, sencillamente, monumental.
El Gobierno ha vuelto a jugar al Monopoly con la realidad y, como siempre, ha perdido la partida antes de tirar los dados. Cuando lanzaron el proceso de regularización extraordinaria, los despachos oficiales nos vendieron que habría unos 500.000 beneficiarios. Una cifra redonda, cómoda, casi de catálogo. Pero la calle, esa que no entiende de hojas de Excel optimistas, ha respondido con un bofetón de datos: entre 1,2 y 1,3 millones de personas han pedido sus papeles. Es decir, el Ejecutivo no es que se equivocara por un margen aceptable, es que calculó el presupuesto de una cena para cinco y se ha encontrado con un banquete para doce. Mientras los ministros se miran el ombligo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se frota las manos con la ironía de quien avisó y no le hicieron caso. Los especialistas policiales ya hablaban de 1,25 millones de solicitudes. Ahora, la broma pesada pasa de la estadística al barro. Las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras están operando en modo supervivencia, ahogadas en un mar de expedientes y verificaciones documentales sin que nadie haya tenido la brillante idea de enviar más personal. Es la clásica gestión de 'estirar el chicle' hasta que se rompe. Lo mejor llega ahora. El SUP advierte que las unidades de Documentación de la Policía Nacional, que ya estaban saturadas en Madrid y Barcelona —donde conseguir cita previa es más difícil que ganar la lotería—, deberán gestionar la toma de huellas y la expedición de las TIE. El Gobierno ha reforzado algunas áreas administrativas, pero ha dejado la cocina (la identificación y el papeleo real) con el mismo personal de siempre y unas retribuciones que parecen una broma de mal gusto. Planificar la regularización de un millón de personas sin reforzar quien firma el papel es como comprarse un Ferrari y no tener gasolina para salir del garaje.
Hay quien dice que jubilarse es descansar, pero para la vieja guardia del PSOE parece ser el momento ideal para dedicarse a la 'consultoría creativa' en el Caribe. José Bono, que hace seis años se consiguió la nacionalidad dominicana como quien pide un menú del día, ha pasado de los despachos de Madrid a asesorar en la sombra la reestructuración de las Fuerzas de Seguridad de la República Dominicana. Un trabajo muy noble, si no fuera porque Estados Unidos ha decidido que sus actividades son, digamos, 'poco transparentes'. Washington no se anda con chiquitas. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Bono y su círculo, donde destaca el exdiputado Juan Segovia, habrían montado un chiringuito de inversiones millonarias en energía solar. Lo curioso es que estos contratos, avalados por la Comisión Nacional de Energía, son como los calcetines perdidos en la lavadora: no aparecen en ningún registro oficial. Una ingeniería financiera donde el rastro del dinero es más invisible que la honestidad en un mitin electoral. El cerco se ha cerrado tras la cumbre 'Escudo de las Américas' en Florida el pasado marzo, donde Luis Abinader recibió el 'tirón de orejas' de la Administración Trump para limpiar el patio de juegos de la impunidad. Y es que el aire huele a quemado desde el 19 de mayo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado en la causa de Plus Ultra. Resulta casi cómico que el Departamento del Tesoro de EEUU estuviera esperando a Zapatero en el aeropuerto de Las Américas para evitar que se escapara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores. Al final, la presión de Trump sobre el régimen de Maduro hasta su caída el 3 de enero ha dejado al descubierto que el hilo que une a los exministros españoles con el Caribe es, en realidad, una autopista de fondos opacos.
Parece que en Ferraz confunden la sede de un partido con una ventanilla de créditos rápidos o una agencia de bodas. Carmen Pano, la empresaria que se convirtió en la pesadilla de los despachos, ha soltado toda la sopa ante el juez Santiago Pedraz. Resulta que Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, intentó comprar el silencio de Pano con un menú de 'ofertas' que haría palidecer a cualquier gestoría de barrio. No hablamos de un simple sobre debajo de la mesa, sino de una ingeniería financiera para borrar la memoria: 50.000 euros directos, otros 25.000 para que la hija de Pano tuviera una boda de ensueño y el alquiler de un piso pagado durante años. Un pack 'todo incluido' para que Pano olvidara que alguna vez llevó 90.000 euros en bolsas —como quien lleva la compra del mes— a la sede socialista. La generosidad no se detuvo ahí. Al chófer, Álvaro Gallego, le ofrecieron 15.000 euros para que estrenara coche, probablemente para que el vehículo corriera más rápido que las mentiras del caso. En total, la operación para 'salvar el culo' de figuras como José Luis Ábalos y Koldo García rondaba los 250.000 euros. El chófer, en un alarde de honestidad casi anacrónico, admitió que lo pensaron, pero que pasaron del tema porque el dinero olía demasiado mal. Mientras tanto, la trama de Leire Díez sigue sumando piezas, con Miriam Serrano admitiendo reuniones con Santos Cerdán y Juanfran Serrano en Ferraz, aunque convenientemente 'no recuerde' de qué hablaban. Entre la UCO de la Guardia Civil y las declaraciones, el esquema de las 'cloacas del PSOE' empieza a parecerse más a un bazar de favores que a una gestión pública.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' es el camino para todo, incluso para el perro del vecino que viene de un criadero clandestino. Bajo el ala del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'salvoconducto' administrativo. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se permitirá incluir animales con 'origen no acreditado' o de 'criadores no registrados'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si te permitieran registrar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, convirtiendo la irregularidad en legalidad con un clic. Mientras el ciudadano medio se deja la piel para que no le claven un recargo en la factura de la luz, el Ejecutivo diseña un sistema donde el comercio ilegal de animales no se combate, sino que se invita a pasar la alfombra roja y se le asigna un número de expediente. La Unión Europea ya ha recibido las alertas sanitarias a través del trámite TRIS. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado la manta avisando a Bruselas de que esto dinamita la trazabilidad sanitaria. Si no sabes de dónde viene el animal, saber cómo se llama no sirve de nada; es como ponerle una etiqueta de marca a una camiseta falsificada. El riesgo es real: vicios ocultos, patologías congénitas y un vacío absoluto de responsabilidades. En lugar de actuar como garantes, el Gobierno prefiere legalizar el hecho irregular sin abrir un solo expediente de sanción. Una ingeniería administrativa que, en lugar de limpiar el mercado, le pone un sello oficial al chiringuito ilegal.
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