Crítica:
La noticia original es un ejercicio de vacuidad informativa que ignora la ridiculez estética del acto. Se limita a narrar el hecho sin analizar el surrealismo de usar juguetes sexuales como proyectiles pirotécnicos.
La noticia original es un ejercicio de vacuidad informativa que ignora la ridiculez estética del acto. Se limita a narrar el hecho sin analizar el surrealismo de usar juguetes sexuales como proyectiles pirotécnicos.
Imaginen que el censo electoral es como la lista de invitados de una boda: si de repente aparecen miles de desconocidos que dicen ser primos lejanos solo para comer gratis, cualquiera empezaría a sospechar. Eso es exactamente lo que Iustitia Europa ha llevado a la Junta Electoral. El partido ha lanzado un grito de alerta sobre la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —la famosa «Ley de Nietos»—, denunciando que el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en una especie de caja negra donde se inscriben electores masivamente sin que nadie sepa muy bien por qué acaban asignados a una provincia u otra. El problema es que en España los escaños se reparten por provincias. Si alguien que no ha pisado el país en décadas acaba adscrito a una provincia pequeña por un 'error' administrativo o una 'complacencia' consular en Argentina, Brasil o Cuba, el resultado electoral puede cambiar más que el precio del aceite en el súper. Luis María Pardo, portavoz de la formación, pide que la Oficina del Censo Electoral (OCE) deje de jugar al misterio y explique el soporte documental de cada alta. Para darle color a la denuncia, Iustitia Europa lanza la cifra de 3.202.002 españoles en el exterior a enero de 2026 (un subidón del 5,1%). Pero aquí hay un truco de magia contable: están usando el Padrón (PERE) del INE, publicado el 19 de marzo de 2026, que incluye a 451.968 niños que no pueden votar. El censo real de votantes (CERA) es de 2.664.898. Mientras tanto, Hazte Oír se ha ido al Parlamento Europeo el 22 de junio con unas 50.000 firmas (o 47.000, según quien cuente) llamando a esto un «golpe de Estado». Mucho ruido, mucha retórica de barricada, pero de momento, la JEC no ha dicho ni mu.
Hay una palabra que en los despachos del poder suena a música celestial y en la calle a estafa: 'intachable'. Así describió María Jesús Montero a José Antonio Marco Sanjuán, su antiguo 'tres', mientras el sujeto, aparentemente, decoraba su domicilio con fajos de billetes ocultos. Pero el verdadero arte no estaba en el colchón, sino en el suelo de Tarragona. Marco Sanjuán, inspector especial que hoy sigue cobrando su nómina en la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, resultó ser un experto en el 'urbanismo de oportunidad'. A través de la sociedad Naves Europark SL —donde ostenta un 7,22% vía Investment Betancunia SL—, el funcionario controlaba dos fincas en Les Gavarres que suman más de 23.000 metros cuadrados. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la luz, Marco Sanjuán y su socio, Gonzalo Perdrix Ecequiel (un subinspector de Hacienda en excedencia), vigilaban el macroproyecto Hard Rock, valorado en 2.000 millones de euros. La ironía es deliciosa: el hombre encargado de vigilar que todos paguen sus impuestos usaba su mercantil para 'canalizar pagos' de empresarios a cambio de anular pleitos fiscales. Un servicio de limpieza contable premium. Pero aquí llega el giro de guion. Esos mismos terrenos se entrelazan con la trama de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga un contrato de octubre de 2021 con Idella Consulenza, propiedad de Julio Martínez (alias 'Julito'), donde se pactó un 3% de retribución. Traducido al lenguaje de la calle: un sablazo de 60 millones de euros. Para que todo pareciera legal, alguien tuvo la brillante idea de borrar la palabra «comisión» del contrato. Mientras tanto, Marco Sanjuán escribía emocionado por WhatsApp: «Con el terreno me voy a forrar». Una honestidad brutal que rara vez se ve en los boletines oficiales.
El Gobierno ha vuelto a jugar al Monopoly con la realidad y, como siempre, ha perdido la partida antes de tirar los dados. Cuando lanzaron el proceso de regularización extraordinaria, los despachos oficiales nos vendieron que habría unos 500.000 beneficiarios. Una cifra redonda, cómoda, casi de catálogo. Pero la calle, esa que no entiende de hojas de Excel optimistas, ha respondido con un bofetón de datos: entre 1,2 y 1,3 millones de personas han pedido sus papeles. Es decir, el Ejecutivo no es que se equivocara por un margen aceptable, es que calculó el presupuesto de una cena para cinco y se ha encontrado con un banquete para doce. Mientras los ministros se miran el ombligo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se frota las manos con la ironía de quien avisó y no le hicieron caso. Los especialistas policiales ya hablaban de 1,25 millones de solicitudes. Ahora, la broma pesada pasa de la estadística al barro. Las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras están operando en modo supervivencia, ahogadas en un mar de expedientes y verificaciones documentales sin que nadie haya tenido la brillante idea de enviar más personal. Es la clásica gestión de 'estirar el chicle' hasta que se rompe. Lo mejor llega ahora. El SUP advierte que las unidades de Documentación de la Policía Nacional, que ya estaban saturadas en Madrid y Barcelona —donde conseguir cita previa es más difícil que ganar la lotería—, deberán gestionar la toma de huellas y la expedición de las TIE. El Gobierno ha reforzado algunas áreas administrativas, pero ha dejado la cocina (la identificación y el papeleo real) con el mismo personal de siempre y unas retribuciones que parecen una broma de mal gusto. Planificar la regularización de un millón de personas sin reforzar quien firma el papel es como comprarse un Ferrari y no tener gasolina para salir del garaje.
Hay quien dice que jubilarse es descansar, pero para la vieja guardia del PSOE parece ser el momento ideal para dedicarse a la 'consultoría creativa' en el Caribe. José Bono, que hace seis años se consiguió la nacionalidad dominicana como quien pide un menú del día, ha pasado de los despachos de Madrid a asesorar en la sombra la reestructuración de las Fuerzas de Seguridad de la República Dominicana. Un trabajo muy noble, si no fuera porque Estados Unidos ha decidido que sus actividades son, digamos, 'poco transparentes'. Washington no se anda con chiquitas. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Bono y su círculo, donde destaca el exdiputado Juan Segovia, habrían montado un chiringuito de inversiones millonarias en energía solar. Lo curioso es que estos contratos, avalados por la Comisión Nacional de Energía, son como los calcetines perdidos en la lavadora: no aparecen en ningún registro oficial. Una ingeniería financiera donde el rastro del dinero es más invisible que la honestidad en un mitin electoral. El cerco se ha cerrado tras la cumbre 'Escudo de las Américas' en Florida el pasado marzo, donde Luis Abinader recibió el 'tirón de orejas' de la Administración Trump para limpiar el patio de juegos de la impunidad. Y es que el aire huele a quemado desde el 19 de mayo, cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado en la causa de Plus Ultra. Resulta casi cómico que el Departamento del Tesoro de EEUU estuviera esperando a Zapatero en el aeropuerto de Las Américas para evitar que se escapara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores. Al final, la presión de Trump sobre el régimen de Maduro hasta su caída el 3 de enero ha dejado al descubierto que el hilo que une a los exministros españoles con el Caribe es, en realidad, una autopista de fondos opacos.
Parece que en Ferraz confunden la sede de un partido con una ventanilla de créditos rápidos o una agencia de bodas. Carmen Pano, la empresaria que se convirtió en la pesadilla de los despachos, ha soltado toda la sopa ante el juez Santiago Pedraz. Resulta que Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, intentó comprar el silencio de Pano con un menú de 'ofertas' que haría palidecer a cualquier gestoría de barrio. No hablamos de un simple sobre debajo de la mesa, sino de una ingeniería financiera para borrar la memoria: 50.000 euros directos, otros 25.000 para que la hija de Pano tuviera una boda de ensueño y el alquiler de un piso pagado durante años. Un pack 'todo incluido' para que Pano olvidara que alguna vez llevó 90.000 euros en bolsas —como quien lleva la compra del mes— a la sede socialista. La generosidad no se detuvo ahí. Al chófer, Álvaro Gallego, le ofrecieron 15.000 euros para que estrenara coche, probablemente para que el vehículo corriera más rápido que las mentiras del caso. En total, la operación para 'salvar el culo' de figuras como José Luis Ábalos y Koldo García rondaba los 250.000 euros. El chófer, en un alarde de honestidad casi anacrónico, admitió que lo pensaron, pero que pasaron del tema porque el dinero olía demasiado mal. Mientras tanto, la trama de Leire Díez sigue sumando piezas, con Miriam Serrano admitiendo reuniones con Santos Cerdán y Juanfran Serrano en Ferraz, aunque convenientemente 'no recuerde' de qué hablaban. Entre la UCO de la Guardia Civil y las declaraciones, el esquema de las 'cloacas del PSOE' empieza a parecerse más a un bazar de favores que a una gestión pública.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' es el camino para todo, incluso para el perro del vecino que viene de un criadero clandestino. Bajo el ala del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'salvoconducto' administrativo. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se permitirá incluir animales con 'origen no acreditado' o de 'criadores no registrados'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si te permitieran registrar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, convirtiendo la irregularidad en legalidad con un clic. Mientras el ciudadano medio se deja la piel para que no le claven un recargo en la factura de la luz, el Ejecutivo diseña un sistema donde el comercio ilegal de animales no se combate, sino que se invita a pasar la alfombra roja y se le asigna un número de expediente. La Unión Europea ya ha recibido las alertas sanitarias a través del trámite TRIS. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado la manta avisando a Bruselas de que esto dinamita la trazabilidad sanitaria. Si no sabes de dónde viene el animal, saber cómo se llama no sirve de nada; es como ponerle una etiqueta de marca a una camiseta falsificada. El riesgo es real: vicios ocultos, patologías congénitas y un vacío absoluto de responsabilidades. En lugar de actuar como garantes, el Gobierno prefiere legalizar el hecho irregular sin abrir un solo expediente de sanción. Una ingeniería administrativa que, en lugar de limpiar el mercado, le pone un sello oficial al chiringuito ilegal.
Hay quien paga la boda de su hija con ahorros y quien, según Carmen Pano, esperaba que el PSOE se la financiara a cambio de un silencio estratégico. No hablamos de una propina, sino de un 'pack' de 250.000 euros que incluía el banquete nupcial de Leonor y el alquiler de su casa durante siete años. Un plan de pensiones improvisado por las cloacas del partido para borrar los rastros de dinero en efectivo que aterrizaron en la sede de Ferraz. Este lunes, Pano volvió ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para ratificar que la oferta llegó vía Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García. El guion era sencillo: cambiar la versión, cobrar el cheque y olvidarse de los sobres. Hasta el chófer, Álvaro Gallego, entró en la ecuación con una oferta de 15.000 euros; un detalle menor, casi un 'bonus' de Navidad, que al final decidieron no cobrar para terminar denunciando el asunto. Mientras tanto, la defensa de De la Hoz juega la carta del 'estafador': sostiene que Pano fue quien llamó en febrero de 2025 buscando asesoría para vender operadoras de hidrocarburos. Según la letrada, el negocio se torció no por la ética, sino por la contabilidad: la sociedad Gran Zufaira tenía un agujero de 470.000 euros de IVA y el registro REDEF retirado. Básicamente, que no se puede comprar el silencio de alguien que tiene el libro de cuentas más rojo que una bandera socialista en campaña. Entre el caso Koldo y las ramificaciones de Santos Cerdán, la justicia intenta descifrar si estamos ante una estructura organizada de obstrucción o ante un malentendido empresarial. Lo cierto es que intentar comprar un testimonio incluyendo la lista de invitados de una boda es, cuanto menos, una audacia narrativa digna de un manual de corrupción para principiantes.
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