Crítica:
La noticia se queda en el 'estudiar' político sin entrar en la viabilidad técnica de la norma. Es un ping-pong de culpas entre la Generalitat y el Estado que oculta la falta de inversión real.
Cataluña se plantea prohibir que los camiones puedan adelantar por la autopista
AP-7: Camiones al carril derecho ya
Otros artículos
Argentina: la nueva 'ciudad' electoral española
Hacerse español hoy es más sencillo que conseguir una cita en el médico de cabecera. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir el grifo con la Ley de Nietos, transformando la geografía electoral en un juego de magia donde Argentina, de repente, se convierte en la tercera ciudad más poblada de España. No es que hayan construido rascacielos en el Plata, es que la ingeniería legislativa ha inflado el censo: pasamos de 200.000 descendientes con pasaporte en 2008 a una proyección de 1,5 millones de españoles residiendo allí. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si tu vecindario se multiplicara por ocho mientras tú sigues pagando la misma comunidad. El despliegue es fascinante. Mientras el ministro Óscar Puente intenta vendernos que el voto CERA es un ruido insignificante con una participación media del 8%, las matemáticas cuentan otra historia. Un 8% de este nuevo ejército de nacionalizados supone 120.000 votos. Para ponerlo en perspectiva, es como si de repente apareciera una provincia entera como Jaén, León o Algeciras votando desde el otro lado del charco, o el doble de lo que pesan ciudades como Segovia o Mérida. Detrás de la nostalgia por los abuelos que emigraron tras la Guerra Civil, hay un despliegue logístico con aroma a campaña electoral. El senador César Mogo, el hombre de Ferraz, ha estado recorriendo Buenos Aires, Uruguay, Paraguay y Chile, no precisamente para estudiar la fauna local, sino para cosechar votos. Mogo llegó a decir que Argentina sería la tercera o cuarta provincia española; se quedó corto en la escala, pero acertó en el objetivo: convertir el ultramar en el salvavidas del PSOE. Es la globalización del voto: nacionalidad exprés para asegurar la permanencia en el sillón.
Sánchez: menos inmigrantes, más dinero por cabeza
Hay que tener un talento especial para intentar vender un producto y terminar convenciendo al cliente de que es mejor no comprarlo. Pedro Sánchez se presentó este martes en la inauguración del Plan de Integración y Ciudadanía, bajo el eslogan institucional «¿De dónde vienen? Vienen de hacer país», con la misión de defender la regularización masiva de inmigrantes. El problema es que, mientras el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones prepara los fuegos artificiales, el presidente se ha tropezado con su propia aritmética. Sánchez soltó que, sin inmigración, España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075. Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si te dijeran que el presupuesto de casa va a caer en picado, pero que no te preocupes porque habrá menos bocas que alimentar. El presidente pintó un apocalipsis donde 90.000 bares tendrían que bajar la persiana y 50.000 aulas se quedarían vacías. El drama es que los datos, extraídos de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), dicen exactamente lo contrario a su intención política. Como bien analiza el economista Daniel Fernández, si la población cae un 27% (pasando de 55 a 40 millones de habitantes para 2075) y el PIB cae un 22%, el resultado es una paradoja deliciosa: el PIB per cápita subiría un 7,3%. En cristiano: seríamos más ricos por cabeza. El presidente, intentando justificar el flujo migratorio, ha acabado confesando, sin querer, que menos inmigración significaría más dinero en el bolsillo del español medio y, probablemente, alquileres que no requieran vender un riñón. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza sus propios estudios para dar argumentos a la oposición sin darse cuenta.
Von der Leyen: aire fresco para pocos
En Bruselas, el clima es traicionero, pero la jerarquía es eterna. El pasado viernes, mientras Bélgica activaba la tercera alerta roja de su historia con termómetros rozando los 40 grados, el edificio Berlaymont se convirtió en un experimento social sobre la casta. A mediodía, 3.000 empleados recibieron un SMS con el tacto de un mensaje de WhatsApp de un jefe tóxico: el aire acondicionado se apagaba de la planta 1 a la 7 por 'condiciones climáticas extremas'. Traducido al idioma de la calle: 'Suda el cuello, que el planeta sufre'. Sin embargo, la física del calor es curiosa en la Comisión Europea. El aire seguía soplando fresco de la planta 8 a la 13. Casualmente, ahí arriba, en el ático del poder, Ursula von der Leyen y sus comisarios disfrutaban de una brisa envidiable. Mientras los rasos se asaban en los pisos bajos, la jefa se mantenía fresca, ignorando que hace dos años tuiteaba que subir un poco la temperatura del aire traía 'resultados impresionantes' para ahorrar energía. Es el clásico manual del 'haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga'; una suerte de ingeniería financiera aplicada al confort térmico donde el ahorro energético solo se aplica a quienes no tienen el mando a distancia. La Comisión llegó incluso a repartir una guía de supervivencia, sugiriendo beber agua y entrar antes al trabajo, como si el problema fuera la falta de hidratación y no el hecho de trabajar en un horno humano. Un funcionario lo definió con precisión quirúrgica: 'esto es como el feudalismo'. Y tiene razón. En el Berlaymont, el aire acondicionado no es un servicio básico, es un símbolo de estatus. Si estás en la planta 1, eres un siervo del calor; si estás en la 13, eres la nobleza del frío.
Sánchez, Ábalos y el 'bien' de 120 millones
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo usa como un grupo de WhatsApp para cuadrar facturas pendientes. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le suban la cuota del gas, en las altas esferas del poder se manejan 120 millones de euros de la SEPI con la misma naturalidad con la que uno pide un café. El rescate a Duro Felguera en marzo de 2021 no fue un acto de generosidad patriótica, sino una coreografía donde el dinero público servía de lubricante para aceitar relaciones con el régimen de Maduro. La trama, destapada por las notas de Nervis Villalobos —antiguo viceministro de Chávez y experto en el arte de la supervivencia política—, nos revela que Pedro Sánchez no estaba precisamente mirando el paisaje. Según Villalobos, José Luis Ábalos actuaba como el mensajero personal del presidente, reportándole que las reuniones con Jorge Rodríguez habían sido 'exitosas' porque la empresa ya había cobrado una de sus facturas. Es fascinante: la Fiscalía española ya acusaba a la compañía de corrupción, pero el Gobierno decidió soltarle el cheque. Sánchez, con la parsimonia de quien sabe que el tablero le favorece, respondió con un 'bien' en WhatsApp. Un 'bien' que costó 70 millones en préstamos participativos, 20 millones en préstamos ordinarios y otros 30 millones en capital directo. Todo esto mientras Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, exministros de Zapatero, vigilaban el chiringuito desde el Consejo directivo. El telón de fondo es un contrato de 1.500 millones de dólares para la central Termocentro en 2009, donde las 'mordidas' eran el lenguaje oficial. La Audiencia Nacional ha fijado el juicio del 19 al 22 de octubre, pero la hipocresía ya tiene sentencia firme: el dinero es público, pero el beneficio es muy privado.
Botas limpias y bolsillos llenos: el saqueo
En Venezuela, el sentido común ha muerto antes que las víctimas del doble terremoto de junio de 2026. Mientras el país se desmoronaba como un castillo de naipes, el Estado decidió que era el momento ideal para una 'operación limpieza', pero no de escombros, sino de carteras y electrodomésticos. Es la paradoja del uniforme limpio: militares y policías que, en lugar de empuñar una pala, prefieren sujetar el fusil para vigilar que nadie los moleste mientras desvalijan las casas de los difuntos. La escena es surrealista. En el Edificio Coral Park, en Los Corales de Caraballeda (La Guaira), la maquinaria pesada —esa que debería estar rescatando familias— se utilizó para sacar coches de lujo y trastes. Prioridades chavistas: un Toyota es más urgente que un cadáver. Hay un voluntario que, literalmente en calzoncillos y sin guantes, rescató a más de 50 personas mientras los generales observaban el paisaje con la pasividad de quien espera el café. La hipocresía alcanza niveles artísticos con la Policía Nacional de Caracas. Mientras los civiles trabajan con las uñas durante nueve horas para recuperar cuerpos, los altos mandos se dedican a la 'ingeniería financiera' de campo, robando dólares y televisores tapados con mantas. Incluso los rescatistas de los Topos de Chile fueron hostigados cinco veces por el mismo militar paranoico, quien sospechaba que salvar vidas era una misión de espionaje yanqui. Para rematar el cuadro, la Guardia Nacional Bolivariana y otros simpatizantes se dedicaron a desviar ayudas humanitarias y a 'confiscar' siete camiones de donaciones en el estado Bolívar que iban hacia la Universidad Central de Venezuela. Con una cifra oficial de 2.000 muertos que suena a chiste, la ONU ha tenido que comprar 10.000 bolsas para cadáveres. Al parecer, la única gestión eficiente del régimen ha sido la logística del saqueo.
Zapatero y Grinda: El 'viaje' a Bolivia
Hay que tener unos huevos de acero o una cara de cemento armado para gestionar la carrera profesional como lo ha hecho el fiscal anticorrupción José Grinda. Mientras el ciudadano medio se pelea con Hacienda por un error de diez euros, Grinda parece haber dominado el arte del 'salvavidas político'. La secuencia es digna de un guion de serie B: en julio de 2024, Patricia López y Leire Díez lanzan un escrito al Ministerio de Derechos Sociales denunciando pedofilia. Un asunto que, en cualquier barrio, habría provocado un incendio mediático, pero que aquí murió en el olvido, como quien tira un ticket viejo a la basura. Cuando el agua le llegó al cuello con la Operación Cataluña entre octubre y noviembre de 2024, Grinda no buscó refugio en la ley, sino en la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero. El resultado fue una jugada maestra de ingeniería administrativa: una plaza de tres años en la Escuela de Jueces y Fiscales de Bolivia. Un destino idílico donde el camino quedó expedito gracias a que un candidato no servía y el otro pasó de todo. Pero aquí viene el giro cínico. Mientras el fiscal se instalaba en tierras bolivianas bajo el ala de la FIAP y la Fiscalía General del Estado, Zapatero operaba en el mismo territorio, mediando a favor de una empresa con problemas judiciales. El precio de esa 'cortesía' diplomática: 200.000 euros. Una cifra que hace que cualquier sueldo de funcionario parezca una propina. Para rematar el cuadro, un informe de la UCO del 23 de marzo de 2025 revela conversaciones entre Sandro Rosell, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, donde se menciona una misteriosa 'oferta a Z'. Al final, Grinda no ha sido condenado ni imputado formalmente por aquellas denuncias, pero el aroma a intercambio de favores es tan fuerte que no se quita ni con todo el aire de los Andes.
Extremadura: Hotel lleno y factura al Gobierno
La política, vista desde el mostrador de un bar, es el arte de decir que no hay sitio en el sofá mientras señalas el del vecino. Óscar Fernández, vicepresidente de la Junta de Extremadura y punta de lanza de Vox en la región, ha decidido que el sistema de protección de menores ha llegado a su límite. Según Fernández, estamos 'al borde del colapso', una frase que suena a drama griego pero que en lenguaje de calle significa que el presupuesto no da para más y que las plazas se han agotado como las entradas de un concierto agotado. La aritmética es cruel: el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado 364 plazas para menores inmigrantes en la región, un incremento de unas veinte plazas respecto al plan anterior. Sin embargo, la realidad en el terreno es que solo quedan 14 huecos libres. Catorce. Para que nos entendamos, es como intentar meter a un equipo de fútbol entero en un coche compacto y que el chófer te diga que no cabe ni el espejo retrovisor. Con 107 menores no acompañados ya en cartera —tres de los cuales llegaron hace poco activando toda la 'maquinaria' judicial para frenarlos—, la Junta ha pasado de la gestión a la ironía punzante. Fernández, en una rueda de prensa en Mérida este miércoles, ha lanzado el dardo: si el Gobierno nacional cree que hay espacio, que conviertan la sede de la Delegación del Gobierno en albergue. Un guiño sarcástico hacia José Luis Quintana, a quien tilda de 'muy solidario con los recursos de los demás'. El mismo tratamiento recibió el alcalde de Mérida, el señor Osuna, invitado a sacar la cartera personal si quiere jugar al humanitarismo. Entre el ruido, queda un dato rescatable: 19 de esos 107 menores tienen familia en España. La Junta promete reagrupación familiar, aunque en el tablero político, el mensaje es claro: el hotel está lleno y la cuenta la quiere pagar otro.
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