Crítica:
El texto original es un ejercicio de 'filtración' basado en un solo testimonio, lo que lo hace vulnerable. Sin embargo, la precisión de las cifras del Grupo Lar y BlackRock le da un ancla de realidad necesaria.
La comisión para el «primo» de Montero ascendía a 4,7 millones, según el testigo de TO
El 'primo' de Montero y los 4,7M
Otros artículos
Sánchez quiere 'fagocitar' la inteligencia militar
En el tablero del poder madrileño, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado jugar una partida de ajedrez donde el CNI es la reina y el Cifas un simple peón. La idea era sencilla: un 'acuerdo marco de colaboración' que debía firmarse antes del 1 de julio. Suena a lenguaje burocrático aburrido, pero en la calle esto se traduce como querer las llaves del coche del vecino sin darle el mando a cambio. El Cifas, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, ha mirado el borrador y ha sentido el frío de una 'tomadura de pelo'. La jugada es descarada. El CNI quiere acceso libre a los medios e información militar, básicamente entrar en la despensa ajena y llevarse lo que quiera sin dar explicaciones. Para la inteligencia militar, esto no es cooperación, es una 'fagocitación' en toda regla; es pasar de ser un jugador profesional a quedar en 'segunda división'. Mientras el mundo real arde y Europa se reúne en Alemania, Polonia y Ucrania de militar a militar, el plan es que los civiles del CNI se conviertan en los únicos interlocutores, dejando a los uniformados como simples secretarios de lujo. El trasfondo es el miedo clásico al 'seguro de vida' político. Los militares sospechan que Sánchez quiere insertar sus propios 'peones' en el Ejército para colonizar la institución antes de que unas posibles elecciones generales lo desalojen de La Moncloa. Hay una fractura interna: el jefe del Cifas quiere el apretón de manos, pero la base y el Jemad se niegan a 'pasar por el aro'. Al final, mientras la Directiva de Seguridad Nacional sugiere un modelo equilibrado como el de EE. UU. o Italia, aquí preferimos el modelo del 'acapara-todo', donde un solo servicio quiere el 60% del pastel, incluyendo la seguridad interior y la inteligencia de señales, dejando al resto bajo la bota.
El libro de Cerdán: fotos que queman
En el mundo de la política, hay silencios que gritan y fotos que funcionan como granadas de fragmentación. Santos Cerdán, el antiguo número tres del PSOE, ha decidido jugar al ajedrez con su libro 'La caída'. Pero no es un libro de memorias, es un catálogo de 'recuerdos selectivos'. El plato fuerte: un par de fotografías con Gustavo Petro y otra con Mario Delgado Carrillo, del partido Morena. Lo curioso es que en el texto no se menciona ni una palabra sobre ellos. Es como si te dejaras una factura sin pagar sobre la mesa del comedor; no hace falta que digas 'me debes dinero', el papel habla solo. La escena nos remonta a enero de 2022. Mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para llenar el carrito, en Ferraz se firmaba un 'acuerdo de fraternidad' con Colombia Humana. Pedro Sánchez posaba para la foto, pero quien puso la firma —la que realmente compromete el cheque— fue Cerdán. El objetivo era claro: Petro necesitaba gasolina económica para su campaña y Sánchez quería la silla de presidente de la Internacional Socialista, cargo que alcanzó en noviembre de ese año. Una transacción de manual: yo te ayudo con el presupuesto, tú me ayudas con el currículum internacional. Ahora, Ferraz está en modo pánico. El libro circula por WhatsApp (porque en el partido son muy solidarios y prefieren no gastar en la librería), y los cuadros sociales sospechan que Cerdán está enviando un mensaje cifrado sobre la ingeniería financiera del Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo. No olvidemos que el fantasma de Víctor de Aldama sigue rondando, sugiriendo que el PSOE usó cupos de petróleo venezolano de PDVSA para alimentar la Internacional Socialista. Cerdán no ha escrito una biografía; ha dejado caer un rastro de migas de pan que conducen directamente al cajón de los secretos sucios.
Muro de Trump: el bypass subterráneo
El muro de Trump es, básicamente, el gran monumento al optimismo ingenuo. Mientras la Casa Blanca se llena la boca presumiendo de que las entradas irregulares terrestres han caído un 90% en el último año fiscal, los cárteles han decidido que, si no pueden pasar por encima, pasarán por debajo. Es la eterna danza del gato y el ratón, pero con el ratón excavando infraestructuras que harían palidecer a cualquier ingeniero de obra pública. Desde 1990, las autoridades han detectado más de 230 túneles. No son simples agujeros de castor; hablamos de ingeniería financiera aplicada al contrabando. En Nogales, Arizona, la situación es tan surrealista que la ciudad se ha coronado como la 'capital de los túneles', concentrando más de 125 de estos pasadizos. Algunos usan el alcantarillado como si fuera una cinta transportadora de Amazon, enviando narcóticos en tubos hacia el norte mientras los agentes miran la superficie. Luego están los 'supertúneles'. En 2020, entre Tijuana y San Diego, apareció una joya de 1,2 kilómetros de longitud con raíles, electricidad de alta tensión y hasta ascensor. Un lujo que hace que el metro de cualquier ciudad europea parezca un camino de cabras. Mientras el capitán Tucker celebra que en la bahía de San Diego los intentos de entrada bajaron de 7.500 a 1.000 mensuales gracias a la operación Border Trident, el subsuelo sigue siendo el territorio libre de impuestos y vigilancia. La paradoja es deliciosa: el Gobierno gasta millones en blindar 3.140 kilómetros de superficie, pero la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional admiten que suelen llegar cuando la obra ya está terminada. Es como intentar tapar una gotera con un paraguas mientras el vecino te está cavando un sótano debajo del salón.
Drones de Sánchez: mucha foto, poca fumigación
Hay que tener valor para ir a una finca de maíz en San Martín de la Vega y posar junto a un dron como quien presume de un coche nuevo en Navidad, mientras el motor de ese juguete está medio muerto por culpa de la burocracia. Pedro Sánchez y Luis Planas se hicieron la foto el lunes para lanzar el Plan Estatal de Fertilizantes, vendiendo una modernización que, en la práctica, tiene las ruedas pinchadas. La escena es casi surrealista: el Gobierno presume de 'agricultura de precisión' mientras mantiene la prohibición de usar esos aparatos para fumigar. Para el ciudadano de a pie, esto es como si te vendieran un smartphone de última generación pero te prohibieran usar WhatsApp. El dron puede echar fertilizantes y bioestimulantes, pero en cuanto hablamos de fitosanitarios —esos herbicidas o fungicidas que mantienen la cosecha viva—, el Estado lo trata como si fuera una avioneta de los años 50. Es la clásica ingeniería administrativa: te dejan usar la tecnología para lo que no es crítico, pero te cierran el grifo donde realmente ahorrarías producto y evitarías que el veneno vuele hacia el vecino. Desde 2024, la Unión de Agricultores lleva avisando de que esto es un chiste. En Lérida, por ejemplo, hay campos convertidos en pantanos donde un dron entraría como un pincel, pero el agricultor tiene que mirar el barro desde la valla porque la normativa dice que no. Entre que la comunidad autónoma inspeccione el aparato y el Gobierno autorice el producto, pasa más tiempo que en una cola de Seguridad Social. Han soltado miles de millones de euros en modernización, pero se olvidan de que el software de la ley no se ha actualizado desde el siglo pasado. Mucho despliegue digital, pero la realidad sigue oliendo a papel sellado y despacho cerrado.
Senadora paraguaya: racismo y cocos a Mbappé
Hay niveles de mala educación, y luego está el 'estándar premium' de Celeste Amarilla. La senadora paraguaya, que parece confundir la cámara de Diputados con un patio de colegio en hora de recreo, decidió que la mejor forma de procesar la eliminación de la Albirroja frente a Francia este sábado en Filadelfia era lanzando un arsenal de prejuicios cavernícolas contra Kylian Mbappé. Mientras el capitán galo hablaba de 'ensuciarse las manos' en una rueda de prensa para M6, refiriéndose al juego sucio y al barro del campo, Amarilla decidió ensuciar la conversación con un racismo que huele a siglo XIX. No se quedó en el típico enfado deportivo. Para ella, Mbappé es un 'camerunés colonizado' y un 'rico nuevo'. Pero el verdadero desplome ético llegó cuando, justificando la rabia por el saludo denegado al portero Orlando Gill, soltó que el jugador 'en vez de leche materna chupaba cocos' y que lo más instruido que escuchó fueron 'chimpancés'. Es fascinante que alguien que cobra un sueldo público para legislar use su tiempo para redactar fantasías sobre la infancia de un atleta en Twitter. Esto no es un desliz; es el currículum de una profesional del odio. Ya lo hizo en 2021 con la reina Letizia, a quien llamó 'periodista devenida en reina' mientras le pedía ropa de armario en lugar de vacunas gratis. Amarilla opera bajo la lógica de que el cargo público es un pase libre para el insulto. En su mundo, mostrar el dedo en el Senado es un derecho adquirido, mientras que el éxito ajeno es un pecado que se castiga con el racismo más rancio. Un espectáculo triste donde la política se viste de chándal y el odio se disfraza de patriotismo.
Regularizaciones: la tómbola del Gobierno Sánchez
El Gobierno ha decidido jugar al bingo con la seguridad nacional. Mientras nosotros peleamos con la aplicación de la Seguridad Social para conseguir una cita médica que no sea para el año 2030, en el Ministerio del Interior se han montado una tómbola de regularizaciones donde el premio es el permiso de residencia y el requisito, aparentemente, es tener la suerte de que nadie mire el DNI. El subinspector Alfredo Perdiguero, soltando los trastos en 'La Noche de Cuesta', ha sacado a la luz un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 2 de febrero de 2026. El papel, dirigido a Germán Blasca, hablaba de 1.250.000 beneficiarios. Un sablazo numérico comparado con el 'medio millón' que nos vendieron al principio. La aritmética es sencilla: si el Ejecutivo decía que había 850.000 irregulares, pero ahora hay más de un millón, significa que 400.000 personas han entrado en el radar recientemente, saltándose la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 como quien se salta una cola en la carnicería. Lo más surrealista es la 'creatividad' administrativa. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras registra un boom de pasaportes perdidos que parece una epidemia: Pakistán sube un 356%, Argelia un 114%, Marruecos un 35% y Colombia un 35%. Básicamente, perder el pasaporte se ha convertido en el 'ticket dorado' para acreditar una estancia ficticia. Pedro Sánchez defiende el proceso como un acto de derechos humanos, pero las cuentas no cuadran. El plan prevé 500 millones de euros para integración, sabiendo que el 40% de estos nuevos residentes vivirá bajo el umbral de la pobreza hasta 2030. Es la gestión perfecta: gastar una fortuna pública en un proceso sin filtros para, probablemente, comprar un capital electoral futuro mientras le dejan el marrón de la sanidad colapsada a las autonomías.
Sánchez: el nombre prohibido de los Mossos
En el fascinante mundo de la disciplina institucional, parece que pronunciar el nombre de un político es ahora un deporte de riesgo. Un cabo de la ARRO de Barcelona ha descubierto que el aire de Mollet del Vallés es traicionero: el pasado viernes, durante la clausura de un curso en el auditorio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), decidió soltar un 'Pedro Sánchez' al viento. ¿El resultado? Un despliegue de burocracia que haría palidecer a cualquier escribano del siglo XIX. La Dirección General de la Policía ha activado una Información Reservada (IR) porque, al parecer, decir el nombre del presidente del Gobierno frente a 200 agentes y sus mandos es un evento que requiere un equipo de forenses semánticos. Los jefes quieren saber si fue una broma, una reivindicación o un intento de organizar un coro de insultos espontáneo. Mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y la lista de la compra se vuelve un ejercicio de malabarismo, la administración gasta recursos públicos para analizar si el cabo cometió una irregularidad administrativa o penal por un desliz vocal. Lo más cómico es la hipótesis oficial: sugieren que quizá el agente hacía alusión a los ejercicios de control de masas de la ARRO, donde se fingen manifestaciones. Es decir, que el cabo estaba 'en personaje'. Esta obsesión por la neutralidad y la ejemplaridad llega justo dos semanas después de que Diego Fuoli, portero del Centre d'Esports Sabadell, intentara dirigir una coreografía de odio desde el balcón del Ayuntamiento, terminando en denuncias de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell y disculpas forzadas en X. Al final, parece que en Cataluña el nombre del presidente funciona como un detonador: lo digas en un estadio o en un acto policial, la maquinaria del castigo se activa más rápido que un radar de velocidad.
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